Por: Matías Garfunkel
Ya quedan pocos días para el famoso 7D. Después de más de tres años, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso el pasado 10 de octubre de 2009 está a punto de entrar en vigencia. Ese día, según falló la justicia, vence la validez de la medida cautelar que interpuso Clarín el 7 de diciembre de 2009, para evitar que se cumpla la ley.
Seguramente, la nueva ley no sea perfecta. El mundo no lo es. Pero vale la lucha planteada por esta nueva Argentina que busca la pluralidad de voces. Y la lucha, como todas, como cada una que se viene dando en estos "tiempos en que suceden cosas estrambóticas" es durísima.
Como ejemplo, sólo basta retrotraerse una semana atrás, cuando Hugo Wortman Jofré, mi ex letrado y actual abogado del Grupo Clarín, contradijo su propia denuncia y mintió sin descaro. Ocurrió en radio Vorterix, en Guetap, el programa que conducen Reynaldo Sietecase y Romina Manguel. Los periodistas se comunicaron a propósito de la acusación que presentó el Grupo contra los periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente, el viernes de la semana pasada. Sin embargo, durante la entrevista, el abogado desconoció que las afirmaciones vertidas por periodistas acusados constituían meras opiniones. "Si es así –dijo– desisto el testimonio." Sin embargo, durante la entrevista sostuvo: "Llámenlos ustedes y que Sandra Russo y Roberto Caballero digan al aire: 'No, en realidad era una opinión nuestra y no tenemos ninguna información de que realmente los gendarmes recibieron plata del Grupo Clarín para hacer lo que hicieron.' Bueno, listo, si ellos salen y dicen eso yo desisto la mañana."
Finalmente, y después de semejante papelón, desde Clarín se desistió de la denuncia y más, se aclaró que los periodistas no iban a ser llamados a declarar ni siquiera como testigos.
Que la Suprema Corte de Justicia haya fallado, como fallo tiene dos aristas, una positiva y otra negativa. La positiva es que obliga a que el juez se expida sobre el fondo de la ley. Y lo hizo con firmeza, utilizando el término "inadmisible" para referirse en contra de la intención de Clarín de prorrogar el plazo de aplicación de la ley. La negativa es que sería necesaria una reforma constitucional, ya que las leyes las dicta el Poder Legislativo y las mismas deberían ser inmunes al Poder Judicial de la nación. Es decir, el Poder Judicial está para velar por los intereses de todos nosotros y no en salvaguarda de un conglomerado.
No obstante, a partir del 7D, la pluralidad de voces se verá favorecida porque cada grupo empresario de medios tendrá un número de licencias razonables. Eso acabará, de una vez y para siempre, con los discursos dirigidos que los argentinos y argentinas copiaron y reprodujeron durante tantos años. Es decir, se cumplirá por fin con un derecho constitucional como lo es la libertad de expresión. Así lo podrán certificar las delegaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Sociedad Internacional de Radiodifusión que estarán en Buenos Aires el 6 y el 7 de diciembre con el objetivo de velar por la libertad de expresión en este país y que sostendrá reuniones con funcionarios, magistrados y políticos. Y podrá constatar también que la cuestionada empresa Telefe no sólo reconoció el carácter democrático de la Ley 26.522 sino que anunció que presentará "en tiempo y forma, antes del 7 de diciembre" un plan de adecuación. La empresa comunicó, a través de su gerente de relaciones institucionales, Heber Martínez, que la cuestión es "sencilla", que las leyes están para cumplirlas. Todos, "que es lo que corresponde cuando las normas están sancionadas por los poderes democráticos", al tiempo que destacó la participación que tuvo la ley para su conformación a través de los foros.
El caso de Telefe es interesante, sobre todo porque fue utilizado como artera chicana, el pasado domingo, en una entrevista que el diario Perfil le realizó al titular de la AFSCA, Martín Sabbatella. El viernes, sin embargo, la misma empresa se encargó de aclarar y dejar en negro sobre blanco que la compañía debe desinvertir. "El artículo 45 de la ley tiene dos partes: una que dice que podés tener hasta diez licencias de aire de radiodifusión. Nosotros tenemos nueve, en ese sentido estamos bien. Pero estamos mal en el hecho de que no podés cubrir más del 35% de la audiencia potencial según la norma. En ese caso estamos excedidos… el punto que tenemos que solucionar es el del 35% de la cobertura. Tema que vamos a solucionar desinvirtiendo: Telefe va a desinvertir", explicó Martínez.
No hay que temer. La ley ampara a todos los ciudadanos. Su aplicación es para todos y sus múltiples y enormes beneficios alcanzarán a todos los argentinos. Es un buen momento. Quizás uno de los mejores desde que en 1978, en plena vigencia de la dictadura cívico-militar, Papel Prensa pasó a manos de Clarín. Pero esa es otra batalla que está por venir.
Fuente: Tiempo Argentino