La única certeza, no obstante, es que lo que vaya a ocurrir se podrá observar recién a partir del lunes 10 de diciembre, que es el primer día hábil después del 7D. Así lo manifestaron, tanto Cristina Kirchner como Martín Sabbatella, el titular de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual). El viernes 7, según lo que estableció en mayo la Corte Suprema, vence la medida cautelar por la cual dos artículos clave de la ley no se podían aplicar para el Grupo Clarín: el que establece el límite de licencias (el 45) y el que fija el plazo de un año para presentar el plan de adecuación (161). Una posterior resolución de la AFSCA extendió ese plazo para el resto de los grupos en infracción, por más que ya habían superado el año y no tenían ninguna cautelar que los protegiera. El Grupo Clarín, además, sigue alegando que el 7D empieza a regir el año para presentar el plan de adecuación. Para el Gobierno, en cambio, ese plazo ya está cumplido.
Para desentrañar lo que pueda ocurrir desde el 10D, hay dos aspectos a considerar: el plano judicial y el político. Y lo que suceda en los Tribunales, sin lugar a dudas, marcará el camino de lo que pueda terminar desarrollando el Gobierno al actuar de oficio e intentar llevar adelante la desinversión del Grupo Clarín.
Esta semana, todas las miradas estarán puestas en la Justicia.
Allí hay dos cuestiones que pueden embarrar o allanar la estrategia del Gobierno. El juez Horacio Alfonso debe fallar sobre la cuestión de fondo, que es el reclamo de inconstitucionalidad que hizo el multimedios. La Corte Suprema le exigió que lo haga con celeridad, sin embargo, como difundió Perfil en su edición de ayer, esa definición podría llegar recién en febrero, tras la feria judicial. Un fallo, de todas formas, promete generar su posterior apelación, tanto del Gobierno como de Clarín, por lo que la aplicación de la ley quedaría suspendida.
Por otra parte, la Cámara Civil y Comercial debe decidir si acepta el pedido de Clarín de que se extienda la medida cautelar. La Corte ya dijo que si no hay fallo de fondo, hay “denegación de Justicia”, por lo que ese argumento podría ser el utilizado.
Sin fallo ni cautelar, el Gobierno se encontraría liberado para actuar de oficio, lo que genera nuevos interrogantes. La posición más blanda sería la de notificar a Clarín del incumplimiento y darle treinta días para su adecuación. La más dura, por el contrario, sería la intervención de las empresas y el inicio del proceso licitatorio. En el medio, se abre un amplio abanico de posibilidades.
Fuente: Diario Perfil