La catártica transmisión de la propaganda del “7D” en los spot y discursos oficiales adelanta el camino que el Gobierno planea recorrer. Y ese camino ya no se trata de que se escuchen nuevas voces y se terminen con los monopolios como establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales sancionada hace tres años para democratizar la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información de los argentinos. El eje cambió en los últimos días y estamos ante una la posible colisión del Poder Judicial y el Ejecutivo. Hoy estamos en el límite del Estado de Derecho.
La Presidenta, a través de sus funcionarios, el ministro de Justicia Julio Alak y el titular de la AFSCA Martín Sabbatella, puso en duda la honorabilidad de los jueces y adelantó no va a esperar las instancias procesales de la Justicia como le pide la Corte Suprema para exigirle al Grupo Clarín que se adecue a la norma y se deshaga de algunos de sus medios y que recién va a aplicar la Ley de Medios para el resto de los grupos el 7 de diciembre. Todo lo contrario a lo que la Corte indicó que hiciera.Para peor, el mismo Sabbatella reconoció que ese accionar podría ser sancionado por la Justicia en un futuro. Una sanción que se traduce en indemnización a las compañías vulneradas. Una sanción que no la van a pagar los funcionarios que se equivocan sino que la vamos a pagar los 40 millones de argentinos, como puede ser que tengamos que pagar la demanda de Repsol por YPF y a los holdouts por las bravuconadas de esta gestión.
Lo trágico para los argentinos no es la pelea judicial entre una empresa (el Grupo Clarín) y el Gobierno sino que una norma sancionada en 2009 no se cumple. Ni los privados ni, lo que es peor, el propio Estado.
Cuando un privado incumple una ley, siempre se puede recurrir al Estado para que lo obligue a acatarla, pero cuando el que la viola es el propio Estado, estamos ante una severa crisis institucional.
El Gobierno no necesita que se resuelva el amparo de Clarín para poder aplicar la ley al Grupo en el resto de los artículos que no fueron cuestionados ante la Justicia y hacérsela cumplir al resto de las empresas de medios.
Pero en vez de eso, se hizo el distraído y permitió reemplazar la posición monopólica de Clarín con la posición monopólica de los amigos. Esta aplicación selectiva es la que hemos denunciado ante la Justicia, incluso acompañado por el entonces y actual subsecretario de la Presidencia, Gustavo López, cuando Raúl Moneta compró las radios Rock & Pop, Metro, Splendid y Blue. Ahí planteamos que se estaba violando la nueva ley y denunciamos que la AFSCA miraba para el costado ante ello.
Y como si esto no fuera dramático, ahora Sabbatella les dijo ligeramente a los holdings que deben desprenderse de algunos medios, que pueden hacerlo poniéndolos bajo la titularidad de sus familiares. El Grupo UNO de Daniel Vila y José Luis Manzano así lo hicieron, según el plan de desinversión que presentaron ante la AFSCA. Una burla absoluta a todos los que peleamos por democratizar la comunicación y la cultura.
Lo cierto es que la gestión de Cristina Fernández no ha avanzado en ninguno de los tres pilares de la ley cuyo proyecto presenté en 2008 e impulsé en el Congreso hasta que se sancionara. No avanzó sobre la presencia de monopolios o posiciones dominantes, la distribución arbitraria de la publicidad oficial y que los medios públicos no cumplan con el principio de pluralidad.
*Fue diputada nacional, autora del proyecto base de la Ley de Medios y una de sus principales impulsoras en la Cámara baja. Es presidente del Frente Concertación Social
Fuente: Infobae