La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó hoy la inclusión de seis periodistas argentinos en una demanda presentada por un grupo mediático por “incitación a la violencia”, que incluyó también a altos funcionarios del gobierno
El 22 de noviembre, el Grupo Clarín denunció penalmente ante la Justicia por “incitación a la violencia y coacción agravada” al ministro de Justicia, Julio Alak, al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, y al presidente de la autoridad de aplicación de la “ley de medios”, Martín Sabbatella.
Pero la denuncia también incluyó “como propagadores” de “incitación a la violencia” a seis periodistas afines al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone.
“El Grupo Clarín tiene todo el derecho de defenderse de los constantes ataques que recibe del gobierno. Pero no debería demandar a periodistas por lo que informan u opinan porque, en ese caso, atenta contra su libertad de expresión”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
En un comunicado difundido en las últimas horas, el Grupo Clarín aclaró que con la denuncia “no se busca imputar a periodista alguno” sino que “sólo serán testigos” para que, “de poseerla, aporten información sobre los hechos denunciados”.
En su demanda, el Grupo Clarín solicitó a la Justicia abrir una investigación para “acreditar si una serie de acciones públicas y declaraciones de funcionarios que llamaron a combatir a los medios del Grupo, sus periodistas y directivos, los acusaron de atentar contra la democracia y hasta de ser responsables de secuestros o levantamientos de fuerzas de seguridad, tenían detrás una autoría ideológica con entidad para constituir el delito de incitación a la violencia colectiva (art. 212 del Código Penal)”.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, manifestó su satisfacción por la aclaración del Grupo Clarín en cuanto a que no busca imputar penalmente a los periodistas, pero destacó que, aun como “testigos”, éstos no pueden ser forzados a aportar ningún tipo de información en la Justicia.
La Declaración de Chapultepec establece que “toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente”, que “nadie puede restringir o negar estos derechos” y que “no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”.
