Pero esto no fue todo, el jefe de la bancada K, Miguel Pichetto, anunció que su bloque presentó en las últimas horas un proyecto de ley para reglamentar la utilización del "per saltum", un mecanismo extraordinario contemplado en el Código Procesal Penal de la Nación para que la Corte nacional se aboque a resolver un pleito sin que antes se hayan expedido las instancias intermedias. El mecanismo es entendido como un "atajo" ya que permite saltear la resolución de una Cámara de Apelaciones y llegar antes al Tribunal Supremo. La Corte no acepta estos pedidos porque no hay una ley que los reglamente.
Pichetto recordó que él y Cristina Kirchner, cuando ésta era senadora por Santa Cruz, presentaron un proyecto en este sentido, en 2002, pero éste no llegó al recinto.
Trascendió que el Gobierno pretende utilizar esta herramienta para obligar a la Corte a dar una sentencia definitiva sobre la inconstitucionalidad del artículo 161 de desinversión de la Ley de Medios.
"Lo vamos a poner en debate, pero no solo por la Ley de Medios, sino para otros temas que son de gravedad institucional. A veces hay temas que la Corte tiene que participar, con valentía institucional", sostuvo el legislador rionegrino en el recinto.
El proyecto lleva las firmas de los senadores Pichetto, Marcelo Fuentes, Aníbal Fernández, Marina Riofrío, Marcelo Guinle y José Mayans, y establece que se podrá presentar "el recurso extraordinario por salto de instancia ante la Corte prescindiendo del recaudo de tribunal superior" en causas de "gravedad institucional del fuero federal". Este recurso se aplicará en aquellas causas "cuya solución definitiva y expedita sea necesaria".
La iniciativa interpreta como causas de "gravedad institucional" a aquellas cuestiones sometidas a juicio "que excedan el interés de las partes de la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución".
En esos casos, proponen los legisladores, la Corte deberá habilitar la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad, y sólo serán susceptibles del recurso las sentencias definitivas de primera instancia y no los casos del fuero penal. Agrega el escrito que el hecho de que el máximo tribunal declare la admisibilidad del recurso "tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida". El radicalismo ya avisó que no acompañará este proyecto, que se comenzará a tratar en comisiones la semana entrante.
Pichetto hizo estos anuncios mientras discutía fuertemente con la oposición a raíz de un proyecto de comunicación presentado por todo el Frente para la Victoria para pedirle a la Corte nacional que se aboque a destrabar el conflicto que hay en el Consejo de la Magistratura por el concurso del cual debe salir la terna de candidatos para el juzgado número 1 porteño.
En concreto, el FpV pide al Máximo Tribunal que intervenga en el Consejo de la Magistratura, un órgano independiente, y le reclama que la Cámara Federal Civil porteña no haga más sorteos de los jueces subrogantes y anule todo lo actuado en este sentido. Pichetto dijo que los "concursos son truchos", "hechos en la oscuridad" y tienen como fin poner al frente del juzgado a jueces jubilados, sobre los que no pesa el control del Consejo de la Magistratura.
Recogió el guante el radical Mario Cimadevilla, miembro del Consejo, quien le espetó que es el oficialismo el que no da quórum para elaborar la terna. "Yo ni siquiera pude opinar y ya me quieren meter preso", dijo en alusión a la denuncia penal que formuló el oficialismo en contra de los consejeros de la oposición. Y, sostuvo: "Es improcedente decirle a la Corte qué tiene que hacer".
Fuente: DyN
Rectores presentan recursos de amparo
La Procuraduría General de la Nación denunció a cinco integrantes del Consejo de la Magistratura y dos de la Cámara Civil y Comercial por llevar adelante una supuesta maniobra para impugnar el concurso del juez que debe fallar sobre el amparo del Grupo Clarín al artículo de desinversión incluido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por otra parte, los rectores de 30 universidades nacionales presentaron un amparo en la Justicia para que se aplique en su totalidad la norma aprobada en 2009 por el Congreso en reemplazo de la Ley de Medios de la Dictadura.