En medio del debate sobre “el 7D”, Ernesto Lamas invita a tener una mirada más amplia y, con datos en la mano, a verificar algunos de los logros ya generados por la aplicación de la norma
Por: Ernesto Lamas*
Hace tres años fue aprobada la Ley 26.522. Los primeros nueve meses estuvo frenada por dos medidas cautelares. Hasta hoy no se pudo aplicar el ya célebre artículo 161 de adecuación. Se acerca el 7 de diciembre y la discusión gira en torno de lo que sucederá el día después. Sin embargo, la ley de servicios de comunicación audiovisual es mucho más que el 7-D.
Cuando en ámbitos académicos y eventos de medios comunitarios se denunciaba la ley de radiodifusión de la dictadura, en pocas ocasiones esa discusión logró traspasar el microclima. Luego del envío por parte del Ejecutivo del proyecto de ley al Congreso, el proceso de discusión en foros de todo el país, las movilizaciones convocadas por organizaciones vinculadas al campo de la comunicación y la acumulación de años en los que el tema fue prioritario en la agenda de los medios alternativos, la cuestión del derecho humano a la comunicación tuvo aire y tinta en los medios tradicionales y luego en los debates cotidianos. Ya no es posible volver atrás, existe una nueva conciencia acerca de la producción de sentidos, las empresas de medios, el rol del periodismo y el derecho a recibir, buscar y difundir información. Constituye un logro simbólico de suma importancia, pero hay otros logros que no son tenidos en cuenta por buena parte de las empresas de medios comerciales y opinadores que en estos días repiten que “no se hizo nada” con la ley de medios. Información concreta –que puede ser verificada por cualquiera que la solicite a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual– es importante para el balance que permita reconocer que en la inclusión de nuevas voces (uno de los principales objetivos de la ley) se han dado pasos importantes.
Se encuentran en curso los concursos para 687 frecuencias de FM baja potencia (con y sin fines de lucro), en diez provincias. Estos concursos sientan un precedente, ya que fueron los primeros convocados con la reserva del 33 por ciento para el sector sin fines de lucro. Se realizaron talleres de capacitación para la confección de los pliegos, para minimizar errores y ampliar las posibilidades de los potenciales licenciatarios que no pueden recurrir a abogados o gestores.
En marzo de este año se reglamentó el artículo 49, que permite la adjudicación directa para radios de baja potencia ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad social. La reglamentación se hizo en diálogo con las principales redes de radios comunitarias (FARCo y AMARC). En este momento hay más de 250 actuaciones de solicitud de licencia en trámite enmarcadas en este artículo.
La AFSCA está tramitando más de cien expedientes de cooperativas de servicios públicos que solicitan prestar servicio de cable. Existen alrededor de 50 solicitudes que cuentan con alguna oposición y esos trámites se encuentran en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Los otros 50 se están tramitando en el organismo. Ya se adjudicaron 16 licencias y se espera duplicar el número a fines del año.
Según está previsto en el artículo 151, las comunidades originarias pueden solicitar licencias para crear radios. Actualmente hay 45 solicitudes en trámite, que están siendo analizadas por una comisión integrada por la AFSCA y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Asimismo, se está analizando otorgar una autorización para gestionar una señal de TV abierta a una comunidad mapuche en la zona de Bariloche.
En el marco del artículo 149, ya hay 134 escuelas primarias autorizadas para contar con su radio. Existen otros 80 expedientes en trámite, de los cuales más de 50 ya tienen la frecuencia reservada. A fin de 2012 habrá 200 escuelas con radios operativas.
También hay temas pendientes. Son prioritarios la convocatoria a concursos para licencias de televisión con condiciones razonables para los canales comunitarios, actualización de un plan técnico que transparente el estado del espacio radioeléctrico, la puesta en marcha del fondo de fomento previsto en el artículo 97 por medio del cual se prevé apoyar proyectos especiales de comunicación audiovisual, medios comunitarios, de frontera, y de los pueblos originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización, la creación de un espacio de capacitación para los medios de comunicación emergentes, un debate con participación del Estado, el Parlamento y las redes de medios sin fines de lucro acerca de la sostenibilidad económica de radios y canales comunitarios que requieren condiciones especiales.
Los medios comunitarios junto con otros sectores de la sociedad civil vieron materializarse un reclamo histórico y tienen sus propios desafíos. Poder “aprovechar” la legalidad para desarrollar una comunicación de nuevo tipo convocante, interesante, que además de abrir los micrófonos y las cámaras a quienes no tenían voz pública, también puedan demostrar que lo comunitario no está reñido con producciones de excelente nivel, investigación periodística rigurosa, uso de las tecnologías creativo y eficaz.
*Fundador de FM La Tribu, Coordinador AMARC (2003-2011), representante de los medios comunitarios en el Consejo Federal de SCA (2010-2012)
Fuente: Diario PáginaI12
