La organización de DDHH relevó las notas publicadas por el diario y realizó un extenso informe donde analiza los lugares discursivos que utiliza el medio para construir una línea editorial que fomenta la discriminación, la violencia y el enfrentamiento entre personas.El tratamiento desigual del matutino platense en las coberturas periodísticas opera sobre los actores sociales involucrados en conflictos por el acceso al suelo urbano y se averigua en el uso de determinados clichés, en la reproducción de declaraciones cargadas de connotaciones negativas, en la adjetivación prejuiciosa y la descalificación constante de los protagonistas de las tomas. Ese discurso apuntala un sentido común discriminatorio, fortaleciendo y anclando el estigma en el imaginario social, al tiempo que oculta, desautoriza y ahoga las voces de los actores desafiliados y las razones sociales que anteceden las tomas de tierras.
El diario le niega el estatus político al conflicto de toma de tierras que debiera ser entendida antes que nada como una forma de protesta que visibiliza un problema social de graves consecuencias para la dignidad de las personas y como una forma de interpelar al Estado y a la sociedad. Las voces de los actores de la protesta y sus prácticas políticas no son entendidas como una interpelación sino como actos y personas fuera de la ley. Se transforma en ese tratamiento periodístico un conflicto social en litigio judicial. Se criminaliza la protesta.
En la vasta cobertura de El Día durante los 17 días que duró la toma de San Carlos, -7 tapas y 17 notas- desarrolló un discurso que fue desde el “miedo de los vecinos” ante la presencia amenazante del “otro”, un “barrio que vive atemorizado” hasta llegar al punto de afirmar el “robo de un barrio” a manos de “usurpadores”. El proceso de la información se dio de manera tal que el conflicto social por el acceso al suelo urbano se transmitió como una “guerra” entre "vecinos establecidos" y "usurpadores", a quienes se responsabilizó por desatar una ola delictiva de terror y violencia.
La toma de tierras es visualizada como un foco de inseguridad, donde “los vecinos” temen salir de sus casas y no quieren dar sus nombres por miedo a represalias. Del otro lado, los “usurpadores” aparecen como violentos, ladrones y causantes de todos los males del barrio (saqueos, cobros de peaje, intentos de violación, son algunos de los hechos que el diario cuenta en esas notas).
En ninguna de las 17 notas el diario dijo algo respecto del grave problema del acceso al suelo urbano por parte de los sectores de más bajos recursos, ni sobre la “ociosidad” de las tierras tomadas o de la especulación con que suelen mover sus negocios los holdings inmobiliarios. No existió posición crítica por parte del matutino, -a lo sumo la puesta entre comillas de algunas citas- que reflejara los antecedentes sociales, culturales y económicos del conflicto en la cada vez más difícil inserción de los sectores populares al suelo urbano. No sólo se ignoraron las consecuencias sociales que trae aparejada para un grupo social la vida estigmatizada, sino que el estigma fue propiciado y en ningún momento puesto en duda.
La Ley Antidiscriminación 23.592 es clara en su artículo primero que establece actos u omisiones discriminatorios y en ella se basa el CIAJ para presentar esta denuncia contra el diario El Día, entendiendo que “el tratamiento periodístico brindado por el matutino platense incurre en ambas formas discriminatorias. Por un lado estableciendo una relación directa entre el delito y la presencia de los ocupantes del predio de San Carlos –su afirmación llana de que se trataba de una ‘usurpación’ es sólo un ejemplo-, y por otro bloqueando el acceso a la palabra de quienes eran inculpados socialmente de tales delitos. La pretensión de objetividad, de exponer sin poner en crisis el discurso de un grupo social que se manifiesta de manera estigmatizante, escapa a toda visión ética de la función periodística”.
En la imagen: montaje de tapas denunciadas de el Diario El Día
Fuente: CIAJ