Las senadoras Laura Montero (UCR), María Eugenia Estenssoro y Norma Morandini (FAP) llevaron a cabo en el Salón Azul la audiencia pública sobre la aplicación de la Ley de Medios. Bajo el título “Evaluación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: a tres años de su sanción”, la jornada contó con la presencia de expertos académicos, periodistas y miembros de organizaciones civiles que integran el panel de debate.Cabe señalar que a la cita no pudieron concurrir Santiago Aragón, extitular del AFSCA quien sorprendió con su renuncia a cargo del organismo; y Tristán Bauer, presidente del Directorio de RTA S.E.
Estenssoro fue la encargada de moderar la primera mesa de debate integrada por Henoch Aguiar, docente de la UBA; Guillermo Mastrini, docente de la Universidad de Quilmes; y José Crettaz, periodista del diario La Nación. En este sentido, los concurrentes analizaron los cumplimientos de los objetivos de la ley.
Si bien reconocieron la necesidad de impulsar una ley que reemplazara la normativa vigente desde la última dictadura, los participantes criticaron el poderío de las empresas telefónicas que aún no ha sido mermado y destacaron el predominio de las nuevas tecnologías que no han sido tomadas en cuenta.
Henoch puntualizó sobre el desorden en el espectro radiofónico, así como la falta de designación del defensor del pueblo y la integración de la Autoridad Federal, aún pendiente. Por su parte Mastrini advirtió que “todavía no hemos podido verificar la aparición de los nuevos actores”; en tanto que Crettaz determinó que no se ha cumplido con las promesas de “transparencia, desmonopolización y modernidad”.
Por su parte, Laura Montero moderó la mesa integrada por Leandro Despouy, titular de la AGN; Edmundo Rébora, titular de ARPA; y Walter Bursaco, presidente de ATVC. Cabe destacar que Despouy denunció sobre la “dificultad que tiene la AGN con la entrega de la información” por parte de organismos oficiales. “En la Argentina uno de los principales déficits es el derecho activo de los individuos de acceder a la información”, determinó.
La jornada no contó con la réplica oficial ya que, pese a ser invitado, el presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA) Tristán Bauer, estuvo ausente.
Durante el evento se denunciaron irregularidades. Entre ellas que la ley no pasó por la comisión de libertad de expresión del Congreso, ni se constituyó regularmente la AFCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) que solo cuenta con representantes del oficialismo.
"La radio y tevé públicas no promueven la pluralidad (como exige el texto normativo), sino todo lo contrario, por ello presenté un recurso de amparo a la justicia", indicó Montero.
Por su parte Bertoni subrayó que si bien el país necesitaba una ley a partir de la democracia, lo que se verifica es una "hegemonía comunicacional" en manos del gobierno, y comparó el proceso argentino con el venezolano y ecuatoriano. "La comisión bilateral no funciona, no se ha designado el defensor público, y pese a que los licenciatarios deben publicar las cifras de publicidad oficial, no lo hacen", fueron otros de los defectos esgrimidos por Bertoni quien agregó que no es la actual administración central la que no cumple este último recaudo sino casi todos los Ejecutivos.
La docente de la Universidad Nacional de La Matanza, (Unlam) Adriana Amado Suárez, destacó que desde 2003 al 2007 el área de prensa del gobierno creció un 600%. "Hay 27 direcciones relacionadas con la prensa cuyos presupuestos se multiplican".
Morandini dijo que enseguida quedó evidenciado que el objetivo –de la norma en cuestión– era ir contra un grupo con nombre y apellido (por "Clarín").
El periodista de "La Nación" Hugo Alconada Mon, recordó que cuando investigó hechos de corrupción de los gobiernos de Menem, De la Rúa y Duhalde lo llamaban desde innumerables emisoras, mientras ahora cuando aborda los negocios de Alejandro Vandenbroele (supuesto testaferro de Amado Boudou) con el gobierno de Formosa solo lo invitan de TN y el 26. El gobierno ni siquiera sale a desmentir".
Montero se quejó por la conformación incompleta de los organismos
La legisladora denunció que los órganos de control no cuentan con la participación parlamentaria debido al inconveniente en la conformación de la Comisión Bicameral y aseguró que, de esta manera, existen “sobradas muestras de discrecionalidad”.
La senadora Laura Montero (UCR) reiteró sus quejas acerca de la conformación incompleta de los organismos de control estipulados en la Ley de Medios ya que no cuentan con participación legislativa, debido a un inconveniente en la formación de la Comisión Bicameral encargada.“No hemos logrado reconstruir la bicameral para regular los órganos directivos sin la presencia de este cuerpo legislativo. Una autoridad de aplicación con muestras sobradas de discrecionalidad”, señaló la legisladora radical.
Asimismo, lamentó la ausencia de Tristán Bauer quien podría darle respuesta a reiterativo su reclamo sobre el acceso a la TV Pública de distintas fuerzas políticas. “No hemos tenido la posibilidad de participar en los medios públicos de gestión estatal”.
Si bien reconoció la nobleza de los objetivos de la ley en cuento a pluralizar el acceso a la información y garantizar el derecho de expresión, Montero sentenció: “Parece que se borraba con el codo lo que se escribía con la mano, con respecto a las dudas sobre el funcionamiento y las ejecuciones de lo establecido”.
Para Estenssoro, el Gobierno apunta a una “hegemonía comunicacional”
La flamante senadora del FAP alertó sobre una posible pérdida de la libertad de expresión y le recordó al Gobierno que los canales públicos deben reflejar “la totalidad de las demandas de la sociedad”.
Durante la audiencia pública por la evaluación de la aplicación de la Ley de Medios a tres años de su sanción, la senadora María Eugenia Estenssoro (FAP) alertó sobre la actual situación de conflicto entre ciertos grupos mediáticos y el kirchnerismo.“Muchos de nosotros vemos que la libertad de expresión se puede estar perdiendo porque el Gobierno tendría un proyecto de hegemonía comunicacional”, señaló la legisladora. Si bien apuntó sobre una diferencia con respecto a la falta de libertades absolutas en el último régimen militar, sostuvo que “es un tema que nos importa a todos”.
Asimismo, se valió de una presentación de Power Point para exponer el mapa mediático actual. Con respecto a los que se encuentran bajo la tutela estatal, Estenssoro señaló: “No tienen que ser medios del Gobierno sino del Estado, en donde se refleje la totalidad de las demandas de la sociedad”.
Fuente: Parlamentario.com y Diario Río Negro
Desmonopolización, transparencia y modernidad: tres grandes promesas incumplidas de la ley de medios audiovisualesPor: José Crettaz
Anoche, mi hijo mayor –que tiene 6 años y es muy futbolero- se quedó sin TV porque no cumplió con alguna indicación de su madre. Mi hijo mira todos los partidos que puede, y anoche se complicó. Pero TV no es PC. Y preguntó si podía usar la computadora. Se le dijo que sí porque después de todo aquella pequeña falta no era para tanto. Los siguientes pasos: Google, Roja Directa y, en pocos segundos, gracias a una conexión normal de 5 megas, allí estaba mirando en la PC los partidos en vivo. Como todo chico de esa edad con acceso a la web, prefiere ver TV en Internet. Y de hecho, contra lo que muchos aquí podrían llegar a pesar, mi hijo es fanático de José Zamba, el personaje principal de Paka-Paka. No dejó un solo capítulo sin ver –algunos más de una vez- .
Doy clases en la universidad, y cada comienzo de cuatrimestre hago una encuesta rápida entre los estudiantes, de 18 a 20 años aproximadamente, sobre qué ven y cómo ven. En los últimos años, ya contabilicé algunos primeros casos de alumnos universitarios que no tienen televisor en su casa, que ven TV por Internet. Y sobre películas y series: 11 millones de usuarios únicos mensuales llegó a tener Cuevana, el sitio de cine y series sobre el que los tribunales argentinos no han sabido todavía qué decir.
Estas anécdotas, me parece, vienen a cuento para poner en contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de medios y de comunicación en estos tiempos, donde la convergencia tecnológica y las profundas transformaciones en el cambio de hábitos de las audiencias desdibujó completamente las fronteras entre la radio, la televisión y la prensa escrita, pero también está borrando los límites que nos permitían distinguir la radiodifusión de las telecomunicaciones, e incluso más, lo que distinguía a los fabricantes de dispositivos de los productores y distribuidores de contenidos. Hoy podemos decir que grandes conglomerados globales como Time Warner o Disney compiten por la audiencia con AT&T, pero también con Google, Microsoft, Sony o Apple.
Este es el verdadero contexto: convergente, miltimedial, global, hiperconectado, hipersocial y con una audiencia activa, que no sólo consume contenidos de manera pasiva sino que produce sus propios mensajes, o reinterpreta y reelabora los que recibe.
La ley de medios, a la que se intentó dotar de un carácter refundacional del país, prácticamente como si fuera una segunda Constitución, se debatió de espaldas a esas realidades. No obstante, es justo reconocer que esta norma trajo al marco regulatorio de la comunicación mediada algunas novedades positivas. En general, un conjunto de buenas intenciones que fueron el resultado de años de búsqueda, investigación y militancia de múltiples actores de la comunicación.
A tres años de su sanción, la ley de medios no cumplió ninguna de aquellas promesas. Quince minutos no alcanzan para un análisis extenso, por lo que sólo me voy a centrar en algunos aspectos:
- La promesa de la desmonopolización
- La promesa de la transparencia
- La promesa de la modernidad
La promesa de la desmonopolización
Cuando hablamos de medios hablamos de comunicación y la comunicación pública va más allá de los medios tradicionales, de los que hemos conocido hasta ahora. Hoy, la libertad se llama acceso a Internet. Y el debate clave de esta época pasa por el grado de neutralidad que tendrá esa red de los gobiernos y de las propias empresas que le dan forma. O mejor, qué tan neutral está siendo en este preciso instante.
Creo que se habla mucho de la ley de medios porque no se quiere hablar de una ley de telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones actual es de 1972, y en realidad es un decreto de facto del dictador Alejandro Lanusse. En el 72 no existía prácticamente ninguna de las tecnologías actuales, y las tecnologías de aquella época en general ya desaparecieron. Ni los cables son los mismos.
Si realmente se hubiera buscado desmonopolizar hoy tendríamos triple play o cuádruple play (tres servicios a cambio de una única tarifa y por una misma red). Técnicamente posible sin que se requiera ninguna gran evolución tecnológica. Eso hubiera impactado en mejores servicios, hubiera bajado los precios y agregado oferta de comunicación.
La única situación oligopólica en la que aparece el Grupo Clarín está en Cablevisión en las zonas donde no tiene competencia. Ahora se lo quiere desguazar. Un absurdo total. Incomprensible para cualquier extranjero que trabaje en el ámbito de la conectividad digital. Todavía recuerdo la frase del ministro De Vido diciendo: “Fibertel no existe más”.
En lugar de desguazar Cablevisión, la única red ya instalada capaz de competir con las telefónicas, por qué no se lo deja como está y se permite a las telefónicas dar TV paga. Que todos compitan con todos, y si hay pymes o cooperativas que proteger, que se las proteja mediante excepciones específicas. Eso ya pasó. Si ese proceso se realiza adecuadamente, insisto los precios bajan y los servicios mejoran. Con más y mejor conectividad, seremos más libres todos. Y los pobres, serán menos pobres.
No tenemos triple play ni cuádruple play. Aunque, los que viven en la zona correcta, tal vez tengan suerte. En el área metropolitana de Buenos Aires tenemos un solo proveedor de triple play, Telecentro. A mi me gusta el servicio que ofrece Telecentro, pero me pregunto por qué Cablevisión no puede darme teléfono. Por qué Telefónica, Telecom y Claro y ninguna otra empresa de telecomunicaciones puede darme televisión paga, si tecnológicamente pueden hacerlo.
Ya no sólo no tendremos buenos contenidos, información de calidad, tampoco estamos teniendo formas de transmisión eficientes. Y la política de comunicación que dio como resultado la ley de medios es la principal responsable.
Cablevisión, Supercanal, Telecentro y otros cableoperadores también podrían tener más competencia si nuevos proveedores de televisión satelital directa al hogar hubieran lanzado sus productos en el mercado argentino. ¿Es posible? Sí. ¿Hay interesados? Sí. ¿Pidieron permisos en AFSCA? Dicen que sí. Se los dieron, no.
Por eso tenemos un único proveedor extranjero de televisión directa al hogar, DirecTV, que prácticamente duplicó la cantidad de abonados en los últimos dos años. En dos de los tres años que lleva esta historia.
A propósito, si hubiera real interés desmonopolizador, ¿Por qué se autorizó el ingreso de Telefónica de España en el accionariado de Telecom Argentina? ¿Por qué no se desmonopoliza el mercado de la telefonía móvil, hacia donde convergen aceleradamente nuevas formas de consumo cultural?
Ahora tendremos posiblemente una operadora estatal en ese ámbito, Arsat. A mi no me asustan las empresas estatales porque no tengo prejuicios ideológios. Lo que sí me frustra es que la falta de planificación demore el desarrollo. Argentina necesita redes de comunicación más robustas. En su lugar, estamos desguazando las que tenemos con el argumento falso de una desmonopolización que hasta ahora ha concentrado más los mercados.
La ley de medios fue hecha en un laboratorio académico pobre, ombliguista y soberbio. En toda la política puesta en marcha no se le ha preguntado ni una sola vez a la audiencia qué es lo que quiere. Y en eso no cuentan los foros que se hicieron en todo el país, donde las voces predominantes fueron las de la “difusión”, la “emisión”, la “enunciación”. La referencia más importante que hay en la ley de medios a la audiencia está en el defensor que la norma creó. ¿Está entre nosotros ese defensor? ¿Comenzó el proceso para elegirlo? No.
Desde una pretendida supremacía intelecto-cultural se pretende que niños, jóvenes y adultos vean lo que el Estado quiere, pero resulta que todos nosotros vemos lo que tenemos ganas, cuando queremos y, de manera creciente, en el dispositivo que tengamos a mano o mejor nos quede. No subestimemos más a la audiencia, no hace falta simular que interesa distinguir espacio de publicidad de espacio de contenidos.
A esta altura ya debería estar claro que tener canales, radios, diarios y hasta una multitud organizada de ciberactivistas no alcanza para tener audiencia. Tener audiencia es otra cosa, es un trabajo arduo, más complejo, que empieza con un contenido atractivo. La audiencia es indescifrable, caprichosa, insatisfecha, cambiante.
La promesa de la transparencia
A tres años de la sanción de la ley, nunca hubo menos transparencia que hoy en la propiedad de los medios. Paradójicamente, del único medio del que estamos seguros de sus dueños es del demonizado grupo Clarín. No trabajo, no trabajé y no tengo ninguna relación con Clarín más allá de la que un periodista tiene con una fuente.
Es cada vez más difícil descifrar los entramados societarios detrás de las empresas de medios. Y si AFSCA aprueba los “planes de adecuación” presentados por los grupos que deberán desguazarse lo será todavía más. Ick, Uno y otros grupos de medios propusieron a AFSCA desagregados y menjunjes accionarios pensados para disimular, y no para cumplir con el muy claro y específico planteo del artículo 45.
¿Quiénes son los socios del grupo Indalo, de Cristóbal López, en C5N? ¿Son o no son socios Raúl Moneta y Matías Garfunkel en el grupo de radios encabezado por Rock and Pop? ¿Por qué se permitió de hecho la transferencia de esas radios cuando la ley ya estaba vigente y por qué ahora se frena el traspaso de las emisoras de Hadad a Cristóbal López?
La resolución N°1 de AFSCA convocó a un censo de medios de comunicación que terminado aún no fue difundido. Sólo sabemos lo que dijo el primer presidente del organismo, Gabriel Mariotto: hay 15.000 empresas de comunicación.
También queremos saber qué pasó con la medidora de rating oficial, para la cual se compró tecnología y know how, y cuánta gente está disfruntando de la televisión digital terrestre estatal, en la que se invirtieron 3000 millones de pesos. En ese sentido, los datos extra oficiales no son alentadores: el 40% de los jubilados y beneficiarios de planes sociales que recibieron por correo los decodificadores autoinstalablres no los están usando.
Parafraseando a Abraham Lincoln, “no se puede mentir a todos todo el tiempo”. Por eso, la falta de un plan técnico saltó a la vista con el fracaso de la licitación para la creación de 220 canales de televisión. Fracaso que se renovó en estos días porque tampoco se cumplió con el plazo de un mes en el cual se iban a presentar los nuevos pliegos para la TV sin fines de lucro. Como no hay plan técnico es temerario otorgar nuevas frecuencias, sobre todo en zonas limítrofes donde podrían verse afectados terceros actores de otros países.
El plan técnico es imprescindible para cumplir con uno de los aspectos más celebrados de la ley: el destino del 33% del espectro a organizaciones sin fines de lucro. En la mayor parte del país, no hay espectro de radio disponible. Por eso AFSCA comenzó a entregar frecuencias de FM en sólo 10 provincias. Tal vez ya no sea relevante porque la audiencia de radio, un poco empujada por la falta de calidad de audio por espectro, migra hacia Internet, donde la variedad es infinita y la calidad de audio excelente, siempre que la conectividad lo permita.
A tres años, y hasta donde se sabe, una sola cooperativa accedió finalmente a la posibilidad de competir en el negocio del cable. Y eso no se debió a una medida judicial cautelar, que la hubo y fue rechazada rápidamente. Sólo la presión popular en Santa Rosa, La Pampa, logró que AFSCA y Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) lo permitieran. Otras cooperativas tienen la licencia de AFSCA, pero la CNDC demora sus pronunciamientos. ¿Por qué la CNDC demora esos expedientes?
Esto nos lleva a la tercera promesa de la que quiero hablar.
La promesa de la modernidad
Hoy, en comunicación, la nueva normalidad es digital. Y digital es comunicación simétrica bidireccional. Me temo que Argentina esté entrando en un proceso de subdigitalización, una suerte de cámara lenta en la que parece haber entrado por el freno que las regulaciones y la falta de debate en los temas clave.
El debate serio en el mundo, el que se centra en el presente y el futuro y no en un pasado que ya no se puede reescribir, está enfocado en qué uso se le dará al espectro radioeléctrico. En varios países territorialmente pequeños, toda la televisión ya va por cable. En un país de relevancia territorial más importante, como el Reino Unido, un informe técnico acaba de recomendarle al Parlamento que resuelva destinar todo el espectro que usa la TV a mejorar la Internet inalámbrica. Y que la TV vaya por banda ancha.
En Argentina, los operadores de movilidad –que podrían considerarse oligopólicos- funcionan con menos espectro que en 1999. Lo que tienen no alcanza para las redes 3G y de la próxima generación (4G o LTE) nadie dice nada. En el área metropolitana de Buenos Aires (una de las zonas urbanas económicamente más importantes de América latina), no se puede mantener una conexión móvil 3G entre La Plata y Zárate. Y qué decir de la calidad del servicio, que lidera todos los rankings de quejas de los usuarios.
El celular es la tecnología más democrática, no porque las empresas privadas sean buenas, sino porque las audiencias la adoptaron y la hicieron predominante. Con Internet móvil 4G ver TV y escuchar radio en el móvil será como hacerlo en casa con una conexión de 2 o 3 megas. Les propongo el siguiente ejercicio de imaginación: si uno está en una plaza con su celular y escucha una emisora captándola por aire, esa emisora está sujeta a la ley de medios; si lo hace por internet usando la red wi fi pública o una privada que esté en el rango de cobertura, no.
¿Qué decir de los servicios de video over the top? Netflix presentó en un hotel de Buenos Aires una plataforma de alquiler de video que vende ese servicio en Argentina sin ser una empresa radicada localmente, cobra mediante tarjeta de crédito una tarifa en dólares. Y a mi me parece bien, me hace libre. Puedo ver en Netflix o en cualquier otro proveedor de video on line por internet lo que yo quiera, cuando quiera, donde quiera y hasta en el dispositivo que quiera, así como puedo hacerlo si me descargo libros electrónicos de i-Tunes o Google Play. La realidad global y tecnológica actual se ríe a carcajadas de la ley de medios argentina.
La lucha contra la pobreza y por la integración de la sociedad no pasa por darle televisión con fútbol gratis a los pobres, sino por conectaros a Internet para que ellos sean libres de ver y hacer lo que quieran. Países como Australia o Brasil están invirtiendo en redes estatales de fibra óptica. También la Argentina, y ojalá que eso –que está en manos de Arsat- sea una realidad muy pronto.
Hasta que eso se concrete, cuanto más lejos de Buenos Aires más cara es la conectividad a Internet, por eso las tasas de penetración de la tecnología en las provincias más pobres son, casualmente, las más bajas. Y ese alto costo se debe precisamente al oligopolio que Telefónica y Telecom tienen de las redes mayoristas de conectividad. Donde hay competencia, porque otros grandes proveedores cruzan esa geografía, los precios son más bajos, y qué decir donde se han instalado nodos locales, como los impulsados por Cabase, la cámara de empresas de internet.
Las bases tecnológicas predominantes en la ley de medios son el par de cobre, el cable coaxil y el espectro de radio y TV. Pero el presente está en la fibra óptica y el espectro destinado a Internet móvil. Ni la Televisión Digital Terrestre, impulsada por el propio gobierno, se desprende de la ley de medios. Es una excepción a la ley, y no podría serlo de otra manera.
Además, considerar a la televisión digital terrestre como tecnología experimental cuando ya varios países hicieron su apagón analógico sólo se explica si se observa a los beneficiados: las señales privadas que sin concurso ni licencia, con subsidio estatal y abundante pauta publicitaria del Estado son emitidas hacia más de la mitad de la población lo que viola la restricción del 35%, que por la deficiente redacción del artículo 45 no nos queda claro si es sólo para el cable o, como dice textualmente, “a nivel nacional y para todos los servicios”.
Podríamos decir muchas otras cosas más:
• La ley de medios es la promesa de un gran banquete al que ahora no se puede ingresar porque nadie tiene los recursos para pagar la entrada. A esta norma le falta un capítulo económico, lo dicen sus propios impulsores, que piden “planes de negocios” para los medios comerciales y “planes de sustentabilidad” para los no comerciales. Se dice que habrá más voces pero no se sabe cómo se van a financiar.
• El artículo que restringe la participación extranjera es lisa y llanamente una mentira. Para cumplirlo, Argentina debería denunciar el tratado de reciprocidad de inversiones que tiene firmado con Estados Unidos. Mientras tanto, cualquier sociedad radicada en ese país será tratada incluso en la ley de medios como si fuera argentina. Por eso, el dueño de Canal 9 es mexicano pero compró esa emisora desde una empresa suya estadounidense, lo mismo que las españolas Prisa y Telefónica. A mi no me molesta la inversión extranjera en medios de comunicación siempre que también se fomente la propiedad argentina en el mismo sector. E incluso más, siempre que se fomente la internacionalización de las empresas argentinas de medios, como Brasil ha hecho con sus contenidos en el mundo lusoparlante.
• Se viola sistemáticamente la prohibición de que funcionarios públicos no puedan ser titulares de licencias. En mi pueblo, las radios FM tienen nombre propio: está la radio del intendente, la radio del diputado, la radio del senador. Si quieren, les puedo dar los nombres. Muchos de ustedes pueden seguramente dar testimonio aquí si quisieran sobre casos similares.
• Un capítulo aparte merece la situación de Radio y Televisión Argentina (RTA) que, lejos de ser un canal estatal, ya ni siquiera es un canal del gobierno. En su faz informativa y periodística es una señal de una facción del gobierno en el que los ajenos –los que no pertenecen a la facción, aunque formen parte del gobierno- son injuridados, insultados, condenados públicamente sin que se les de voz. El ABC del periodismo, darle voz a todos los involucrados en un tema. Consultar todas las fuentes.
Las leyes, es obvio, están hechas para ser cumplidas. Si alguien siente afectado su derecho particular, puede ir a la Justicia a reclamar.
Las leyes no crean por sí solas la realidad, hay una sociedad, hay un mercado, hay tecnologías, hay un contexto que los legisladores debieron haber considerado. Yo sigo creyendo que el resultado de este marco regulatorio terminará dirimiéndose sobre la delgada línea que separa el papelón y el autoritarismo.
Fuente: Latin American Media & Entertainment Observatory