La deficiente cobertura informativa de los medios televisivos y radiales sobre las manifestaciones del pasado 13 de septiembre, demuestran los efectos contrarios a los proclamados objetivos de la Ley de Servicios Audiovisuales, comúnmente denominada ley de Medios.
A tres años de su sanción y aplicación casi completa (sólo falta la decisión final sobre la constitucionalidad del art. 161 y normas complementarias), el resultado resulta contrario a dichos objetivos , puesto que l a mayoría de radios y canales pertenecen en forma directa al gobierno o están en manos de grupos empresarios ostensiblemente cercanos al poder , que reciben generosas pautas de publicidad oficial.
La concentración de los medios de información en el Estado resulta un severo atentado contra un sistema de circulación de información que asegure la pluralidad de fuentes y opiniones.
La omisión de la realidad o su tergiversación efectuada el jueves pasado por la gran mayoría de los medios argentinos son la prueba del incumplimiento flagrante al art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica y de los propios objetivos mencionados en la deficiente norma sancionada en el año 2009 y su más defectuosa aplicación.
Sostuve que la vigencia durante más de medio siglo de una ley de comunicación sancionada por la última dictadura militar era un déficit grave para la democracia argentina, pese a las numerosas reformas que esa ley había recibido durante la post dictadura, incluidos los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Sin embargo, debe señalarse que los dos grandes proyectos para su reforma integral impulsados durante el gobierno de Raúl Alfonsín por el senador Alvarez Guerrero y luego por el gobierno de Fernando de la Rúa a partir de un amplio debate público, donde participaron todas las áreas gobierno y sectores privados involucrados, y que tuviera al entonces titular del ComFeR, Gustavo López y al diputado nacional Luis Brandoni como principales impulsores, fracasaron en su intento legislativo por la oposición del partido hoy gobernante en el Congreso.
La necesaria sanción de una nueva ley que regulara los servicios audiovisuales y permitiera la participación de nuevos grupos empresariales o sin fines de lucro, debió ser efectuada con la convicción de lograr un sistema de medios donde todas las voces de la sociedad pudieran tener sus canales de comunicación.
La pluralidad en una sociedad democrática es siempre contradictoria, porque sino sólo se escuchan variaciones sobre un mismo tema: la melodía oficial .
Los medios audiovisuales tal como están hoy organizados demuestran lo contrario. Hay una concentración de medios gubernamentales que tratan de imponer una visión única de la realidad y esconder aquellos hechos que no resultan favorables a los intereses del gobierno, como sucedió con las mencionadas manifestaciones, a las cuales no adherí ni asistí pero que fue un hecho social que debió tener cobertura, cualquiera fuera la opinión y sentimiento que despertara.
La aplicación de la Ley de Medios tiene un solo vencido: la diversidad informativa. Y, por lo tanto, al pueblo. Esto no es un daño a un grupo económico o a un sector de pensamiento, sino que es un grave atentado al sistema de protección de derechos humanos que nuestro país se obligó a respetar a nivel nacional e internacional.
El derecho a la libre expresión es una atribución de toda la ciudadanía , especialmente de los que no tenemos intereses en los medios pero deseamos estar informados y recibir diferentes interpretaciones de la realidad.
Como expresó Bill Clinton respecto del candidato republicano Rommey, tener como meta vencer a un enemigo es al menos un objetivo tacaño.
*José Miguel Onaindia es abogado. Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Culturales en la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Dirige el programa de posgrado sobre Cultura y Derecho en la misma Facultad. Es profesor de posgrado en UNC, UNLAM, UNLP, FLACSO y UP
Fuente: Diario Clarín