El máximo tribunal penal se pronunció sobre una cuestión negativa de competencia. Dispuso que sea la Sala III de ese cuerpo judicial quien se expida sin más trámite. Se investigan los hechos de privación ilegal de la libertad y transferencia de acciones
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este martes -mediante la actuación de las Salas II y IV- que es la Sala III de ese tribunal la que deberá resolver, sin más trámite, el recurso interpuesto por las defensas particulares de Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto con motivo de la competencia territorial para la tramitación de la causa donde se investigan los hechos de privación ilegal de la libertad y transferencia de acciones que tuvieron por víctimas a personas vinculadas a la firma "Papel Prensa".
Así, conforme auto que se adjunta, se resolvió: "Dirimir la cuestión negativa de competencia planteada en autos, dando intervención a la Sala II de esta Cámara Federal de Casación Penal para la resolución -sin más trámite- de la causa nº 15.600 de su registro", con la firma de los magistrados Pedro David, Alejandro Slokar, Ángela E. Ledesma, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos.
No firmó la jueza Ana María Figueroa por su inhibición, ya que aun cuando no litigó en la causa se atendió su condición de ex letrada apoderada de la Secretaría de Derechos Humanos, denunciante y querellante en el expediente, que también la había recusado en todas las causas de lesa humanidad donde se constituyó como parte.
Se trata de la causa que investiga el pase de "Papel Prensa" a manos de las empresas editoras de "Clarín" y "La Nación" en la última dictadura, y que según denuncias de Lidia Papaleo, la viuda de David Graiver, se obtuvo mediante amenazas y apremios ilegales tras el secuestro de parte de la familia del banquero.
Actualmente el caso está en manos del juez Ercolini, quien todavía no hizo nada en el expediente porque espera, precisamente, que Casación resuelva las apelaciones de Mitre y Magnetto.
La causa llegó desde La Plata, donde se tramita la pesquisa por el secuestro de la familia Graiver a la Justicia federal porteña, tras un conflicto de competencia que terminó cuando un tribunal de apelaciones determinó que tramiten por separado.
Fuente: CIJ y Gaceta Mercantil