En las últimas horas, el Gobierno y el grupo Vila-Manzano avanzaron para volver a intentar tomar la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín. El miércoles pasado, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se reunió con el empresario mendocino Daniel Vila y el ex ministro menemista José Luis Manzano para ultimar detalles de un plan político-judicial que tiene como objetivo desguazar la compañía de televisión por cable e internet y asumir el control de sus operaciones.
Uno de los ejecutores de este plan es el juez mendocino Walter Bento, el mismo que allanó ilegalmente la sede de Cablevisión el 20 de diciembre de 2011, con más de 50 gendarmes.Bento fue sometido a juicio político por estas irregularidades pero fue salvado de manera escandalosa por el kirchnerismo el pasado 5 de julio en el Consejo de la Magistratura.
El trámite se hizo en tiempo récord y de manera antirreglamentaria, ya que varios consejeros no pudieron ni siquiera analizar el expediente. Envalentonado por este respaldo político, Bento -de fluidos vínculos con Vila-Manzano y juez de una provincia donde Cablevisión no tiene operaciones- habría ordenado en las últimas horas un nuevo allanamiento a la empresa e incluso un agravamiento de la intervención dictada en diciembre.
En ese momento el allanamiento fracasó, ya que Bento es un juez sin competencia en la Capital Federal y no podía ordenar el desembarco de Gendarmería. De hecho, el juez federal Claudio Bonadío consideró ilegal ese allanamiento y ordenó investigar a Bento y a la propia ministra Nilda Garré.
Sin embargo, ahora el polémico juez y Vila-Manzano buscarían redoblar la apuesta con la colaboración de un juez de la Capital Federal. Este fue uno de los ejes de la reunión de esta semana con Abal Medina.
El apoyo oficial se plasmaría en la búsqueda de un juez capitalino cercano al Gobierno que les permita utilizar la fuerza pública para intentar entrar a la empresa. Vila-Manzano, a su vez, están obteniendo numerosos beneficios del kirchnerismo: desde concesiones petroleras y servicios públicos hasta juegos de azar e incrementos del 900% en pauta oficial. Y negocian frecuencias de telefonía celular.
La causa iniciada en Mendoza tiene como objetivo la desintegración de Cablevisión. “Se trata de un reclamo disparatado e ilegítimo que carece de sustento legal y donde se han violado las reglas de competencia, ya que no tiene nada que ver con Mendoza”, sostuvieron los asesores legales de Cablevisión.
De hecho, el origen es una disputa comercial entre una empresa de TV por cable de otra provincia (Salta) y Artear por el precio de la señal de Canal 13. Este año, la Justicia declaró la incompetencia de Bento en esta causa en dos inhibitorias: una de la Justicia Federal de Salta y otra de la de Capital Federal.
Lo que buscan Vila-Manzano y el Gobierno es tener injerencia en la administración de Cablevisión y lograr una eventual división de la compañía, buscando quedarse con parte de ella.
De hecho, tanto el interventor nombrado por Bento, Enrique Anzoise, como su abogado, Ricardo Mastronardi, tienen fluidos vínculos con Vila-Manzano, lo que también fue denunciado por Cablevisión.
Otro dato que revela esa intención es que Vila y Manzano vienen tramitando nuevas licencias del Afsca para dar cable en las mismas ciudades donde está Cablevisión, pese a que el grupo mendocino está ampliamente excedido del límite de licencias. Pero además Supercanal, su empresa de cable, está concursada desde hace doce años y sus dueños procesados penalmente, por lo que deberían haber perdido su licencia.
Las nuevas medidas que Vila y Manzano vienen solicitando al juez Bento apuntan no sólo a entrar en las oficinas de Cablevisión y Fibertel sino también acceder a la base de datos de sus clientes y así obtener información sensible tanto de la empresa como de sus abonados de cable e internet.
En diciembre pretendieron hacer lo mismo mediante un espía privado que luego fue procesado por la Justicia. También buscarían tomar control de la operación de Cablevisión mediante el desplazamiento de sus autoridades naturales.
Para el Gobierno esta maniobra es claramente funcional porque le permite acelerar su objetivo de desmembrar al Grupo Clarín sin tener que esperar a que la Justicia se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios, que son el que desconoce retroactivamente las licencias vigentes y el que establece pautas arbitrarias y discriminatorias de multiplicidad de licencias.
Con la maniobra que impulsan Vila-Manzano, el Gobierno violaría la intangibilidad de las licencias de Clarín, que la Corte Suprema ratificó el pasado 22 de mayo. Funcionarios K han dicho que quieren desguazar al Grupo Clarín el 7 de diciembre, lo que viola abiertamente ese fallo de la Corte, ya que el artículo 161 está suspendido al menos hasta entonces, así como todas sus reglamentaciones.
El Gobierno lograría, además, que un grupo aliado tomara el control de un medio independiente. Es lo mismo que viene haciendo en los últimos tres años, con un proceso de colonización mediática que ya ha llevado a que más del 80 % de los medios audiovisuales del país dependan del oficialismo.
Lo hace a través de la publicidad oficial (el último semestre creció un 74%), de la compra de medios por empresarios K (el último ejemplo es Cristóbal López con el grupo Hadad) o por la tolerancia a incumplimientos legales a cambio de acompañamiento editorial.
Los vínculos del juez mendocino
La estrecha relación del juez federal de Mendoza Walter Bento con el grupo Vila-Manzano suma cada día nuevos capítulos. Luego de que Bento fuera salvado por el bloque K en el Consejo de la Magistratura hace poco más de un mes, se intensificaron sus reuniones con representantes del grupo empresario mendocino. Los recibe en su despacho, fuera del horario de Tribunales.
Uno de los que concurre en representación de Vila-Manzano es su abogado Richard Arguiñano. La última semana asistió cuatro de los cinco días hábiles. El viernes estuvo allí a alrededor de las 14, dijeron fuentes judiciales.
“Lo mas grave es que el juez Bento continúe actuando en la causa pese a haber sido recusado, dado que ello implica una flagrante violación del debido proceso de Cablevisión. Más allá de que toda orden que disponga es absolutamente nula, esta circunstancia acredita la decisiva influencia que tiene el grupo Vila-Manzano sobre el magistrado para que actúe según sus tiempos y necesidades”, dijeron asesores legales de Cablevisión.
Un precedente peligroso
El kirchnerismo salvó el mes pasado de manera escandalosa al juez Bento de todas las denuncias que tenía en el Consejo de la Magistratura.
El representante de los abogados, Alejandro Fargosi, sostuvo que ocurrió todo “de manera irregular y contraria” a lo que se hizo siempre en el organismo, ya que los consejeros kirchneristas dictaminaron por su cuenta, sin el dictamen del consejero informante, que llevaba esa causa y había pedido varias medidas de prueba. Se obstaculizó la investigación “para favorecer a un juez muy cuestionado, sentando un precedente muy peligroso, ya que cada vez que queramos investigar a un juez cercano al Gobierno, lo van a impedir”, dijo Fargosi.
El senador radical Mario Cimadevilla, que integra el Consejo por la oposición, va a plantear este jueves “la nulidad de todo lo actuado”, porque los consejeros kirchneristas trataron ese día la causa Bento para que no vote Cimadevilla -que estaba en Ecuador -, además de no permitir que emita dictamen Fargosi, que había sido sorteado para llevar adelante esa causa.
“A Bento le desestimaron todas las denuncias porque tiene complicidad con el Gobierno en su pelea contra Cablevisión. Si se venden los jueces al poder político es muy grave, porque los ciudadanos perdemos libertades”, afirmó ayer Cimadevilla.
Fuente: Los Andes
Mañana se realizaría un nuevo allanamiento a la sede central de la empresa en la Capital Federal. Acuerdo del grupo Vila-Manzano con Abal Medina.
Por: Redacción LaVoz
Walter Bento. Al centro, el juez del allanamiento a Cablevisión (TelAm / Archivo)
Impulsado por el grupo mendocino Vila-Manzano, y con el respaldo del Gobierno nacional, mañana se realizaría un nuevo allanamiento a la sede central de la empresa Cablevisión, en la Capital Federal. Así trascendió en las últimas horas, luego de una reunión que habría mantenido el miércoles el jefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Abal Medina, con Daniel Vila y el ex ministro menemista José Luis Manzano.
En el encuentro, se habrían debatido alternativas para intentar una nueva acción judicial que lleve al desguace de la compañía de televisión por cable e Internet, de propiedad del Grupo Clarín.
La empresa fue allanada el 20 de diciembre de 2011 por orden del juez Walter Bento y con la participación de más de medio centenar de gendarmes, pero ese intento fracasó ya que el magistrado, con actuación en Mendoza (donde Cablevisión no presta servicio), carece de competencia en la ciudad de Buenos Aires y no podía disponer la participación de gendarmes.
Fruto de esa grave irregularidad, Bento fue sometido a juicio político, pero una maniobra del kirchnerismo lo salvó en un brevísimo trámite en el Consejo de la Magistratura.
Para evitar una nueva frustración, Bento y Vila-Manzano contarían ahora con la colaboración de un juez de la Capital Federal, cercano a la Casa Rosada.
“Reclamo disparatado”. Desde Cablevisión se advirtió que el reclamo promovido por el grupo empresario mendocino es “disparatado e ilegítimo”, “carece de todo sustento legal” y llevó a violar “todas las reglas de competencia, habiéndose forzado los hechos para que intervenga la Justicia de Mendoza”.
Según se precisó para demostrar la irregularidad que se atribuye a Bento y a Vila-Manzano, el origen de la causa es una disputa comercial de un cable de la provincia de Salta con Artear por el precio de la señal de Canal 13 de la Capital Federal. Se agregó que la incompetencia de Bento en esta causa fue declarada judicialmente en dos inhibitorias: una de la Justicia federal de Salta y otra en la de Capital Federal.
“Lo más grave es que Bento continúe actuando en la causa pese a haber sido recusado, dado que ello implica una flagrante violación del debido proceso de Cablevisión. Más allá de que toda orden que disponga es absolutamente nula, esta circunstancia acredita la decisiva influencia que tiene el grupo Vila-Manzano sobre el magistrado para que actúe según sus tiempos y necesidades”, concluyeron desde la empresa. El consorcio mendocino cuestionó en su momento la sanción de la ley de medios, pero luego retomó sus sólidos contactos con el Gobierno nacional, beneficiándose con concesiones petroleras, de servicios públicos y para explotar juegos de azar, incrementos del 900% en la pauta publicitaria oficial y nuevas licencias para brindar servicio de cable, pese a estar ya ampliamente excedido en la cantidad de licencias que explota.