La decisión de la Corte Suprema de solicitar a la ANSES información presupuestaria y sobre la cantidad de juicios que tiene el organismo revela la enorme importancia que el acceso a la información pública tiene para tomar una decisión justa. La Corte puso énfasis en la necesidad de contar con información relevante para analizar las decisiones que puedan trascender el marco de la causa en la que se adoptan. Es decir: el máximo tribunal necesita datos públicos confiables para tomar una decisión que atribuya derechos
Desde la óptica del derecho a acceder libremente a la información pública, esta resolución es central. Los datos públicos producidos por el Estado son fundamentales para analizar, monitorear y tomar decisiones tanto judiciales como de política pública. Sin datos confiables y abiertos, la Justicia, los legisladores, las organizaciones de la sociedad civil, los medios y los ciudadanos no pueden tener un rol activo en el diseño, el análisis y el monitoreo de las políticas públicas. Esta resolución de la Corte se produce dentro de un proceso judicial iniciado por el defensor del pueblo de la Nación contra el Estado nacional para proteger los haberes de los jubilados. Sin embargo, la resolución también da cuenta de que, una vez más, la Justicia suple la falta de normas. La Argentina no tiene todavía una ley nacional de acceso a la información pública. De hecho, la información que pidió la Corte debería estar publicada en la página web de la ANSES, a libre disposición de quien quiera consultarla.
Por otro lado, con esta decisión la Corte enfatiza su rol activo de garante de derechos y de fiscalización del cumplimiento de sus propias sentencias. Cuando la ANSES responda, la Corte estará en condiciones de evaluar si los fallos que otorgaron beneficios monetarios a los jubilados han sido respetados por el organismo estatal. También determinará si el organismo está en condiciones de afrontar futuras decisiones judiciales adversas que impliquen nuevos gastos.
El rol de la Justicia como garante del cumplimiento de sus propias decisiones hace a la institucionalidad democrática. Una Justicia que actúa como freno y contrapeso de los otros poderes fortalece la gobernabilidad, a la vez que profundiza el acceso a derechos.
Pero la posición de la Corte es todavía más importante frente a la pretensión del Poder Ejecutivo Nacional de limitar su responsabilidad civil y en el cumplimiento de las sentencias. Una de las modificaciones que propone el Poder Ejecutivo al anteproyecto de Código Civil y Comercial unificado establece que la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo. En la práctica, esto implica la imposibilidad de los jueces civiles de imponer sanciones por incumplimiento. De aprobarse esta modificación, se facilita aún más lo que en la práctica ya ocurre: el Estado no cumple necesariamente con las obligaciones que le impone la Justicia.
Una Corte Suprema fuerte, el acceso a la información pública y un Estado que cumpla con sus obligaciones legales son tres pilares para un Estado de Derecho vigoroso y que protege los derechos individuales.
*Directora del Programa de Justicia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el CrecimientoFuente: Diario El Cronista