Por: Alejandro Pereyra, abogado y ex director de Jurídicos del ComFeR
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lleva casi tres años de vigencia, pero en dicho plazo sigue siendo poca o nula su aplicación.
En efecto, a la fecha, las máximas autoridades del Ejecutivo Nacional podrían preguntarse por qué?. Y con dicha pregunta, tratar de sondear en los funcionarios a cargo del área, para poder discernir los motivos reales de su poca o nula aplicación, más allá de la excusa rápida y repetida que no se ha podido hacer por la medida cautelar que impide el ejercicio de la cláusula de desinversión que regula el artículo 161.
Si sus respuestas fuesen sinceras, se desnudarían los graves errores que se han ido cometiendo desde la entrada en vigencia de la Ley.
Tales errores se agravarían en el futuro, si se pretenden subsanar esos errores a través de la aplicación de la caducidad de licencias (artículo 113 de la Ley) y la prosecución del servicio caído en cabeza de licenciatarios autorizados para ello.
Es decir que además de estar recomendando nuevos errores en cuanto al derecho aplicable, se obligan a terceros a ser cómplices de dichos errores.
Si cupiesen dudas sobre las contínuas equivocaciones en la aplicación de la Ley, vale la pena recordar que los actos dictados por el AFSCA pueden dividirse en: una inocultable cantidad de Resoluciones que adjudican licencias (muy pocas a nuevas voces) y todas o casi todas bajo la aplicación de la Ley Nro. 22.285. Las demás Resoluciones se refieren a rechazos de nuevas voces, y existe un remanente menor de Resoluciones respecto al llamado a un censo de radios y estaciones de televisión abierta, cuyo resultado no se conoce aún, luego de tres años. O el llamado a concurso, más tarde suspendido y en las últimas semanas dejado sin efecto.
Ni que hablar con el retroceso que implicó el dejar sin efecto el llamado a concurso de televisión abierta.
Gran parte de estas equivocaciones se podrían solucionar mediante la intervención obligatoria de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, tal como prevé la Ley.
Pero el oficialismo continúa empecinado en no constituirla, agravando aún más los errores antes apuntados.
Sin embargo, la verdadera respuesta a la falta de aplicación de la Ley radica en la permanencia oficial durante nueve años de gestión, donde siempre fue y sigue siendo el juego de uno solo.
¿Qué cambió desde la Intervención del ComFeR, a la participación de un AFSCA colegiado, con un sentido unívoco del oficialismo?. O ¿qué cambió en la actual composición, con relación a la aplicación del poder de policía administrativa, dador y administrador del espectro radioeléctrico?. La respuesta es simple: Nada.
El verdadero monopolio del ejercicio de la potestad pública lo tuvo y lo tiene el mismo elenco de funcionarios públicos. Si a ello se le suma cierta parálisis social, en materia de interpretación de tiempos y personajes en esta historia, lo concreto es que la perversidad del sistema no parece que sea producto de los actores que lo componen, sino de la ineficiencia de los resortes políticos del Gobierno en la materia.
En este sentido, más temprano que tarde será el propio oficialismo el que termine auto incriminándose con cada una de sus revisiones, avances, retrocesos y fundamentalmente errores simples o dobles, que haga en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y allí estaremos atónitos tal vez viendo un monólogo del funcionario que se vea alcanzado por su propia sombra.
Y la afirmación que antecede será consecuencia matemática de la falta de alternancia, debate constructivo o aplicación del ejercicio de la función administrativa reglada en los actos de la administración pública que se reflejan en resoluciones o decretos, sino por la ecuación del unicato del Poder que implicó e implicará el unicato de la responsabilidad.
Fuente: El Cronista
