Amigos,
Hace 27 años, cuando estudiaba periodismo, empecé a interesarme por la relación de los gobiernos con la prensa, con los medios de comunicación. Dicha relación es, por su propia naturaleza, difícil, tensa, porque su rol es, justamente, controlar, investigar a los gobernantes. Los beneficios que hoy la sociedad, los ciudadanos, deberíamos tener es la posibilidad de acceder a mucha más información, tanto política como cultural, a más entretenimiento, de producción local nacional, regional e internacional. Mientras el gobierno creyó conveniente la consolidación del Grupo Clarín y de otros medios, porque eran funcionales a su estrategia partidaria y a su proyecto de gobierno, tomó la decisión política de incumplir la ley de radiodifusión, la de defensa de la competencia y la ley de bienes culturales. Renovó las licencias sin fiscalización alguna y, además, las extendió por otros diez años adicionales: o sea, veinte años más. Permitió la fusión de Multicanal y CableVisión con un decreto firmado por el Presidente Kirchner, avalado por la Comisión de Defensa de la Competencia.
Desde la llegada al gobierno de Néstor Kirchner en 2003 -y esto ha continuado en el mandato de Cristina Kirchner-, ningún gobernante como ellos ha mostrado tanto desdén por la prensa independiente y profesional. Su único objetivo ha sido deslegitimarla, cooptarla o desmembrarla. Y ¿cuál ha sido el mecanismo de esa deslegitimación? No acceder a entrevistas con la prensa y no permitir que sus ministros ni sus funcionarios accedan libremente a requisitos de la prensa como si fuera algo normal; y, en realidad, nosotros -como servidores públicos- estamos obligados a rendir cuentas ante la prensa. No es algo que podamos elegir. En todas las democracias serias la prensa entrevista normalmente, con cuestionario libre, a Presidentes, Ministros, funcionarios.
Una sociedad que congela la dinámica del libre acceso a la información se cancela como sociedad democrática. Años de autoritarismo y emergencias económicas han impedido generar un consenso cívico y político en torno a lo que sustenta al sistema democrático: el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, ideas y opiniones de toda índole, sin consideración de fronteras, como establecen nuestra Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales con jerarquía constitucional.
La naturalización de fenómenos que son claramente antidemocráticos, tales como que los gobernantes sigan confundiendo prensa con propaganda, medios públicos con medios de gobierno y eludan la obligación de brindar acceso pleno a la información pública, advierte que todavía nos resta construir una cultura democrática compartida por todos.
Nada mide mejor el desarrollo democrático de una sociedad que la calidad del debate público.
Por eso, a tres años de aprobada la norma que prometía democratizar el sistema de medios audiovisuales, es necesario que nos interroguemos sobre los avances y retrocesos en materia de las libertades que toda ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debe garantizar: la información como derecho.
Ni mercancía ni propaganda, derecho.
Y por eso, junto con las Senadoras Montero y Morandini, invito a todos a participar, el próximo jueves 16 de agosto -entre las 12,00 hs. y las 17,30 hs.-, a la Audiencia sobre Evaluación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a 3 años de su sanción.
El encuentro tendrá lugar en el Salón Azul del Palacio Legislativo, sito en Hipólito Yrigoyen 1849, 1er. piso.
Mucho les agradeceré que informen su participación a los teléfonos 011 - 4010-3168/5875/3379 o que remitan un correo electrónico a audiencialsca@gmail.com María Eugenia Estenssoro
Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y al frente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), compartió en “CoNaDU en el medio” cómo viene la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También, el fallo de la Corte Suprema que puso un tope a la medida cautelar de Clarín, y los debates y desafíos pendientes El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual es una de las nuevas figuras que genera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el fin de que haya más participación de los distintos sectores que hacen a la comunicación. ¿Es así?
Claro. El Consejo Federal está integrado por todas las provincias, por representantes de radios comunitarias, de empresarios privados, trabajadores de la comunicación, de pueblos originarios, de las universidades y de las entidades gestoras de derechos. Es decir, es un consejo asesor y de control de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
¿En qué estado está la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está plenamente vigente. Eso significa que hay que hacerla cumplir. Ya lleva dos años y medio desde que fue aprobada y ha habido dificultades en su implementación; dificultades políticas, jurídicas y de gestión. La oposición no integró los organismos que la ley crea y buscó dificultar la aplicación de la ley.
A nivel judicial hubo suspensión en la aplicación de la ley durante casi un año. Hasta hoy está suspendido el artículo 161, que establece el plazo para desarmar los monopolios y oligopolios. Este plazo tiene fecha de vencimiento: 07 de diciembre, porque así lo ha dictaminado la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el 07 de diciembre es la fecha límite en la cual los grupos deberán cumplir con lo que la ley establece y por lo tanto no podrán tener más de tres servicios en una misma localidad, no más de diez en todo el país y no más de 24 servicios por suscripción o televisión por cable en la práctica en todo el país. Así que estas dificultades judiciales están siendo superadas y ahora corresponde a la gestión del Estado hacer cumplir, tener la fuerza necesaria y la capacidad para que todos cumplan con la ley, con lo que es una ley votada en el Congreso por amplias mayorías y que debe regir en la radio y en la televisión definitivamente.
Se está trabajando y avanzando también con algunas cosas más concretas. Por ejemplo, el llamado a adjudicación de frecuencias de baja potencia en zonas de amplia disponibilidad. O sea, en los pueblos y localidades más aisladas o de menor tamaño podrán tener sus radios legalizadas. Además, se están otorgando autorizaciones a comunidades de pueblos originarios, se han otorgado autorizaciones a todas las universidades nacionales tanto para radio como para televisión, a todas las provincias del país, a todos los municipios. También hay un llamado a concurso en agosto para radios de frecuencia modulada. Se está avanzando y hay mucho por hacer.
En lugares como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde existe una gran cantidad de radios comunitarias ¿se van a unificar algunas frecuencias y limpiar un poco el aire?
La ley establece un período de normalización en el cual tendrán que legalizarse las radios, tanto las llamadas comerciales como las sin fines de lucro o comunitarias, para las cuales está reservado un 33% del espectro. Todo esto tiene que ordenarse y es necesario normalizar a la nueva ley.
¿Esto se está realizando?
Todavía no. Se ha comenzado por diez u once provincias donde ya se han llamado a concursos para hacer este proceso de normalización, pero todavía está pendiente en las zonas más difíciles -lo que en el AFSCA se llama las zonas de conflicto-, donde hay mayor cantidad de demandas de frecuencias que disponibilidad de frecuencias. Eso está pendiente.
Y eso puede traer algunas dificultades, por ejemplo con quienes tengan que dejar sus espacios…
Es un proceso complejo. Yo creo que si están funcionando sin interferencias quiere decir que pueden seguir funcionando, pero en muchos casos hay conflicto e interferencias. Es una cuestión que hay que definirla técnica y políticamente.
¿Y en cuanto a las formas de funcionamiento dentro de las emisoras? Por ejemplo la contratación del personal, si se le paga según convenios, etc. ¿Cómo regula la ley ese tipo de cuestiones?
Hay diferentes situaciones. Hay cosas que tienen que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero otras, como las relaciones laborales, competen en todo caso al Ministerio de Trabajo. Lo mismo que es obligación de los Municipios cumplir con la salubridad de los locales. No se le puede pedir todo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
¿Pero existe alguna exigencia a los pliegos de los concursos?
La exigencia es lo que explica la ley: que no haya deuda o situaciones irregulares con trabajadores de las emisoras. Y en ese sentido se solicita, según los casos, una declaración jurada o una certificación de que no hay deudas sindicales ni tampoco con entidades gestoras de derechos.
Cuando hay un patrón y empleados la situación es muy clara: la ley de trabajo y los convenios colectivos. Pero cuando se trata de un emprendimiento autogestionado por un grupo de vecinos, de un grupo de trabajadores que se desempeñan en la misma emisora a veces voluntariamente o con algún pequeño ingreso producto de la publicidad o de otros proyectos que la organización ejecuta, hay que ver en cada caso cuál es la situación y si hay dependencia laboral o no. Evidentemente, hay que tener en cuenta nuevas formas de trabajo en esta economía social y solidaria sin que signifique disfrazar relaciones laborales o explotar trabajadores.
La ley establece una diferenciación entre entidades sin fines de lucro y los privados de carácter comercial, porque hay muchos pequeños radiodifusores privados que dicen ser comunitarios pero su forma jurídica es de propiedad privada-comercial, y en ese caso tienen empleados que deben regirse por los convenios colectivos de trabajo, por la legislación laboral. En cambio, los comunitarios o sin fines de lucro son de propiedad social, de propiedad de organizaciones sociales y ahí hay mucho de trabajo autogestionado, mucho de trabajo voluntario, porque no hay un patrón que se lleve lucro, no hay un capital que obtenga ganancia sino trabajo solidario que se pone en común. Eso supone una relación de trabajo diferente.
Otra de las cosas que dijiste era que la oposición no ocupaba los espacios que tenía que ocupar. ¿Se puede hacer algo para que se pueda cumplir la ley en su totalidad y que la oposición esté representada en los espacios que tiene que estar?
En su momento el oposicionismo duro rechazó debatir la ley y después integrar la comisión bicameral de seguimiento de la comunicación audiovisual, y eso hizo que no se pudiera designar al defensor del público. Ahora dicen que quieren integrar los organismos. Me llamó la atención que hace unos días hubo una jornada organizada por el radicalismo: ahora dicen que la ley es buena y que hay que cumplirla, cuando antes decían que la ley era poco menos que perversa y, de hecho, no participaron del debate parlamentario.
Esperamos que cambien la actitud, que integren la comisión bicameral y a partir de eso tienen los dos lugares que le corresponde a la oposición: en el directorio de la autoridad federal, también en el directorio de radio y televisión argentina, y que además se pueda asignar al defensor del pueblo. Son todas cuestiones pendientes.
Otra pregunta que se hacen muchos es si los grandes grupos, los que se tienen que desprender del cable, radios y canales para estar en cumplimiento con la ley, lo están haciendo…
Todavía el grupo Clarín, que es el más poderoso, no lo ha hecho. Debe hacerlo y la Corte ha fijado el 07 de diciembre como plazo para hacerlo. Hay otros grupos, empresas que tienen más servicios de lo que la ley permite, que están buscando adecuarse. Algunos ya lo han hecho y otros están buscando la forma de hacerlo.
¿Y para hacerlo pueden vender ellos? Porque la ley no permite vender las licencias…
Justamente la única excepción a la prohibición de transferencias es esta primera etapa de adaptación al régimen de multiplicidad de licencias de la ley. Así que pueden vender ellos y presentar el plan de adecuación. Para hacerlo tienen que pedir permiso antes, ser autorizados los nuevos operadores y el plan de transferencias que se programan.
Néstor, sabés que todos los materiales que se producen en FARCo y, sobre todo, en ALER son utilizados por suerte en casi todas las cátedras de comunicación de todas las universidades nacionales. Realmente, el trabajo que ustedes han realizado, produciendo conocimiento y luchando por la democratización de la comunicación, ha sido muy importante y han marcado las agendas y hasta las currículas de las facultades de comunicación.
Gracias por ese reconocimiento, que no es hacia mi trabajo sino al trabajo de la radio popular-comunitaria en América Latina que ya lleva años y que ha sido muy trabajada, estudiada y sistematizada. Que ese material llegue a las universidades y que sirva para multiplicar estas experiencias es una forma de ejercer el derecho a la comunicación de todas las personas. Fuente: CoNaDU
Por: Alejandro Pereyra, abogado y ex director de Jurídicos del ComFeR
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lleva casi tres años de vigencia, pero en dicho plazo sigue siendo poca o nula su aplicación.
En efecto, a la fecha, las máximas autoridades del Ejecutivo Nacional podrían preguntarse por qué?. Y con dicha pregunta, tratar de sondear en los funcionarios a cargo del área, para poder discernir los motivos reales de su poca o nula aplicación, más allá de la excusa rápida y repetida que no se ha podido hacer por la medida cautelar que impide el ejercicio de la cláusula de desinversión que regula el artículo 161.
Si sus respuestas fuesen sinceras, se desnudarían los graves errores que se han ido cometiendo desde la entrada en vigencia de la Ley.
Tales errores se agravarían en el futuro, si se pretenden subsanar esos errores a través de la aplicación de la caducidad de licencias (artículo 113 de la Ley) y la prosecución del servicio caído en cabeza de licenciatarios autorizados para ello.
Es decir que además de estar recomendando nuevos errores en cuanto al derecho aplicable, se obligan a terceros a ser cómplices de dichos errores.
Si cupiesen dudas sobre las contínuas equivocaciones en la aplicación de la Ley, vale la pena recordar que los actos dictados por el AFSCA pueden dividirse en: una inocultable cantidad de Resoluciones que adjudican licencias (muy pocas a nuevas voces) y todas o casi todas bajo la aplicación de la Ley Nro. 22.285. Las demás Resoluciones se refieren a rechazos de nuevas voces, y existe un remanente menor de Resoluciones respecto al llamado a un censo de radios y estaciones de televisión abierta, cuyo resultado no se conoce aún, luego de tres años. O el llamado a concurso, más tarde suspendido y en las últimas semanas dejado sin efecto.
Ni que hablar con el retroceso que implicó el dejar sin efecto el llamado a concurso de televisión abierta.
Gran parte de estas equivocaciones se podrían solucionar mediante la intervención obligatoria de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, tal como prevé la Ley.
Pero el oficialismo continúa empecinado en no constituirla, agravando aún más los errores antes apuntados.
Sin embargo, la verdadera respuesta a la falta de aplicación de la Ley radica en la permanencia oficial durante nueve años de gestión, donde siempre fue y sigue siendo el juego de uno solo.
¿Qué cambió desde la Intervención del ComFeR, a la participación de un AFSCA colegiado, con un sentido unívoco del oficialismo?. O ¿qué cambió en la actual composición, con relación a la aplicación del poder de policía administrativa, dador y administrador del espectro radioeléctrico?. La respuesta es simple: Nada.
El verdadero monopolio del ejercicio de la potestad pública lo tuvo y lo tiene el mismo elenco de funcionarios públicos. Si a ello se le suma cierta parálisis social, en materia de interpretación de tiempos y personajes en esta historia, lo concreto es que la perversidad del sistema no parece que sea producto de los actores que lo componen, sino de la ineficiencia de los resortes políticos del Gobierno en la materia.
En este sentido, más temprano que tarde será el propio oficialismo el que termine auto incriminándose con cada una de sus revisiones, avances, retrocesos y fundamentalmente errores simples o dobles, que haga en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y allí estaremos atónitos tal vez viendo un monólogo del funcionario que se vea alcanzado por su propia sombra.
Y la afirmación que antecede será consecuencia matemática de la falta de alternancia, debate constructivo o aplicación del ejercicio de la función administrativa reglada en los actos de la administración pública que se reflejan en resoluciones o decretos, sino por la ecuación del unicato del Poder que implicó e implicará el unicato de la responsabilidad. Fuente: El Cronista
El empresario de medios retomó el control de la emisora AM líder y de las FM que le había vendido al dueño del grupo económico que más creció en la era Kirchner
Fue un operativo relámpago que sorprendió a todos los empleados. El empresario de medios Daniel Hadad decidió -en forma sorpresiva y sin explicaciones públicas- mudar a Radio 10, que transmitía con sus estudios desde Fitz Roy al 1900, al edificio ubicado en Uriarte y Nicaragua, en el barrio porteño de Palermo, donde había nacido, hacia fines de la década del 90. La inesperada decisión de trasladar las operaciones a la antigua sede ocurre en medio de una fuerte tensión entre Hadad y Cristóbal López, el titular del Grupo Indalo , la corporación económica que tuvo el crecimiento más vertigionoso en el país durante la llegada del matrimonio Kirchner a la Casa Rosada, a quien le vendió todo su grupo de radios y el canal de noticias C5N.
Según confiaron esta mañana a La Nación fuentes de los medios involucrados en la polémica, el propio Hadad estuvo ayer al frente de la mudanza, que debió hacerse a las apuradas, al punto que varios conductores que estaban al aire en las FM PoP y Mega tuvieron que dejar de transmitir para dar paso al regreso de la nave insignia de las radios de ese grupo de emisoras que habían sido vendidas en abril pasado por un monto del orden de los 40 millones de dólares.
La Nación intentó comunicarse con Hadad y con sus principales colaboradores, pero todos los contactados evitaron responder a la requisitoria periodística.
Sin embargo, se pudo saber que la mudanza se inscribe en un contexto conflictivo más amplio, que involucra no solo a los dos empresarios, sino también al gobierno nacional, que monitorea y controla toda la operación y tiene la llave definitiva, ya que debe dar su autorización para el traspaso del paquete accionario.
De hecho, en junio pasado, cuando se produjo la rebelión de Marcelo Longobardi y Oscar González Oro a la llegada del periodista kirchnerista Javier Romero, el CEO nombrado por Cristóbal López, Alfredo González Luenzo, reconoció que no habían tomado posesión de las emisoras radiales, pero sí de la señal C5N.
De hecho, la operación en principio había sido adquirir Radio 10, la primera del dial en AM, y las FM PoP, Vale, Mega y TKM, y C5N. Todo el paquete implicaba un monto de 40 millones de dólares, al tiempo que el acuerdo obligaba a Hadad no tener medios similares, ni radios ni canales de televisión, hasta el año 2015, justo cuando culmina el segundo período de la presidenta Cristina Kirchner, con quien no pudo anudar una relación similar a la que mantuvo durante toda la gestión de Néstor.
Pese a eso, de acuerdo con los mismos informantes, el total del dinero comprometido en el traspaso no se llegó a desembolsar, debido, principalmente, a la falta de autorización oficial. La decisión del gobierno kirchnerista podría ser tomada en cuenta para el proceso de desinversión que, afirma el kirchnerismo, se debería ejecutar a partir del 7 de diciembre. El principal afectado es el Grupo Clarín, con quien Cristina Kirchner mantiene un encono sin tregua. Fuente: Diario La Nación
Ámbito.com: Fugaz mudanza de Radio 10. Hadad optó por el profesionalismo
Una vez más, el empresario Daniel Hadad optó por el profesionalismo. Ante el limitado manejo profesional y la falta de pago de los compradores de sus radios, ordenó una fugaz mudanza de Radio 10 del edifico que compartía con el canal C5N en Fitz Roy 1940 a los viejos estudios de la calle Uriarte y Nicaragua.
El cortocircuito entre Hadad y Cristóbal López tiene origen en el desdoblamiento del pago de la señal de TV por cable y las emisoras de AM y FM Radio 10, Pop, Vale, Mega y TKM. El total de la venta se pactó por más de 40 millones de dólares en dos pagos desdoblados: por un lado el canal (ya empezó el desembolso) y por otro las radios.
Sin embargo, la operación todavía no cuenta con la aprobación de la AFSCA. El exComFeR debe aprobar el traspaso de cinco licencias de radiofonía teniendo en cuenta la posible concentración que implicaría poseer más de dos emisoras que emiten en un mismo radio geográfico en poder de un solo propietario. Por este motivo, López negó el desembolso restante hasta que la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual apruebe la movida. En respuesta, Hadad optó por el profesionalismo y, viendo que podía naufragar la radio en este entuerto, decidió reunir a los hombres de su máxima confianza y preparar el regreso a Radio 10.
La intempestiva salida del edificio donde se trasmite C5N -en control efectivo de López- demuestra que Hadad no estuvo de acuerdo en dilapidar la trayectoria cosechada por la AM más escuchada de los últimos años, el verdadero botín de esta pelea.
Para tomar la decisión, Hadad se reunió al menos tres veces el último mes con algunos de sus periodistas referentes en las radios como Oscar González Oro, "Beto" Casella y Eduardo Feimann. La última charla la mantuvieron el lunes pasado al mediodía en el restaurante Tomo I.
Los allegados a Hadad dicen que "en realidad Daniel nunca se fue". Cuentan, por ejemplo, que hace dos meses el gerente comercial de C5N, Gonzalo Figueras, que estuvo con Hadad en las radios y tiempo atrás en la gestión de Canal 9, volvió a trabajar para las emisoras en las oficinas de Uriarte y Nicaragua. Remarcan que tampoco se removió de la jefatura de programación y contenidos al gerente periodístico de las radios, José Luis Rodríguez Pagano, con quien Hadad mantuvo fluidos contactos desde el anuncio de la venta a López.
Inclusive, los allegados al exconductor de televisión recuerdan que en la portada principal del sitio Infobae.com, que se mantiene bajo dominio de Hadad, se publican contenidos periodísticos de las radios y se ofrecen diariamente los link para escuchar los programas de "La 10" en vivo, con webcam y todo.
Al parecer, Hadad tampoco estuvo conforme con cierto manejo que los enviados de Cristóbal López a Buenos Aires dieron a los medios que le compró. "Hadad era más profesional, más laburador y tenía palabra", señaló un empleado de peso y de varios años en el grupo.
El desembarco del chubutense en los medios porteños inclusive estuvo muy bien vista por un sector del Grupo Clarín, que nunca quiso a Hadad porque lo veía un competidor de peso real, a diferencia de Cristóbal López de quien dicen que pagará su absoluto desconocimiento en el manejo de las radios y canales. Por ejemplo tras la compra, desde Radio Mitre, principal competidora de Radio 10, se mostraron exultantes y empezaron a soñar con acercarse a la 10 en la batalla por el encendido.
Por: Pascual Calicchio
Por un lado, hubo que admitir que las resoluciones 685 y 686 no estaban enmarcadas en un plan técnico sólido y no se adecuaban a las necesidades de los medios sin fines de lucro, algo que fue señalado en reiteradas oportunidades por el Espacio Abierto de Televisoras Populares Comunitarias. Por otro, después que el presidente de la AFSCA, Santiago Aragón, declarara frente a la venta de medios (ilegal a mi entender) entre Hadad y Cristóbal López: “Para nosotros, como todo lo que se publica en los medios sin que se presenten los papeles en el organismo, ese supuesto acuerdo tiene carácter de versión". La misma autoridad dictó la Resolución 901/12 que crea la Comisión de Análisis, Asesoramiento y Seguimiento de los Procesos de Adecuación que tendrá entre sus misiones hacer cumplir el Decreto 1225/10 que establece que la AFSCA puede actuar de oficio si se entera por los diarios de una transferencia de licencias. Sin hablar de la discrecionalidad en el uso de la cadena y la publicidad oficiales. Esas medidas “para la tribuna” no favorecen a que se avance en el cumplimiento de la 26.522 sino al desprestigio de una ley por la que trabajamos una infinidad de sectores populares. Para que avance y se prestigie, antes de conformarse la Comisión de la AFSCA debe funcionar la Comisión Bicameral (artículo 18) y elegir los directores de la oposición que faltan sumar.
Dar estos pasos permitiría que el proceso de adecuación se haga en el marco de más pluralismo y menos dudas sobre su transparencia. Debería acompañarse de la puesta en funcionamiento de la Defensoría del Público, de un proyecto para el manejo de la Publicidad Oficial. *@pascualicchio Fuente: Tiempo Argentino
Por: Martín Becerra*
La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre de 2009 fue un cambio trascendente en política de medios. La norma reemplazó un decreto de la Dictadura Militar, de 1980, que a su vez había sufrido modificaciones (sobre todo entre 1989 y 2003) que empeoraron el original. Pero las expectativas abiertas con la (ex) nueva ley no se han cumplido aún.
¿Cuáles son los ejes de esta ley? En el plano estructural, establece que el 33% de las licencias de radio y televisión se destinen a organizaciones sin fines de lucro. Impone límites a la concentración de la propiedad, en particular a la propiedad cruzada.
Exige cuotas de contenidos de producción propia a los licenciatarios. Dispone controles sociales y políticos de una amplitud inédita en la historia de la regulación de medios, incorporando a la oposición política y a fuerzas sociales al Directorio de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual y de los medios de gestión estatal.
Asimismo, requiere información de acceso público sobre la titularidad de las licencias y sobre la recepción de publicidad oficial por parte de los licenciatarios. Los usuarios del sistema de radio y televisión tendrían, según la ley, un Defensor del Público.
Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta ahora, su concreción sólo es visible en la asignación de licencias a municipios, provincias y universidades (ello no significa que hayan comenzado a operar o que puedan hacerlo); también en concursos para radios de baja potencia en algunas provincias y además en la promoción de contenidos con criterio federal que son organizados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
¿Qué obturó la ejecución del resto de la ley? Por un lado, el Gobierno enfocó prioritariamente su energía contra el Grupo Clarín. Como este grupo, el principal del paisaje mediático, cuenta con una medida cautelar que impide que el artículo 161 de desconcentración se le aplique hasta el 7 de diciembre, el Gobierno juzgó asimétrico hacer cumplir la ley a otros grupos (Vila-Manzano, Hadad -ahora Cristóbal López -, o Cadena 3). Y como la atención del Gobierno está centrada en Clarín, el resto de la ley quedó relegado.
Ese resto es importante porque, entre otros aspectos, permitiría a los grupos sociales no lucrativos acceder a licencias; oxigenaría con una necesaria transparencia la titularidad de los medios. También contribuiría a que la oposición ejerza su rol de control de los actos de gobierno. Otro aspecto sería que inauguraría una cultura ciudadana de diálogo con los medios y modificaría la impronta partidaria de emisoras que deberían ser públicas.
Sería injusto, por otro lado, asignar toda la responsabilidad al Gobierno. Hasta diciembre de 2011 la oposición se resistió a integrar la Comisión Bicameral que debería controlar la gestión de la ley. Desde entonces, es el Gobierno el que frena la presencia de otras voces.
La justicia, además, actúa con tiempos vaticanos para resolver una cuestión que combina doctrina sobre competencia en mercados de medios, libertad de expresión y derecho a la comunicación.
Y las empresas, acostumbradas que los gobiernos regulen a favor de una mayor concentración, objetaron las nuevas reglas de juego que limitan sus planes de expansión.
La ley no es perfecta. Elude, por ejemplo, cuestiones como la convergencia tecnológica y la viabilidad económica de un sistema en el que deberán convivir medios privados, comunitarios y públicos.
La pendiente aplicación de la ley, y su mejora con nuevas regulaciones que respondan las cuestiones que la ley dejó ausentes, requieren de un compromiso que hasta ahora no fue percibido como necesario por los principales actores del sistema de medios. *Universidad Nacional de Quilmes - CoNICET Fuente: Diario El Cronista
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual representa un orgullo de la vida democrática. No sólo porque su sanción fue fruto de más de 25 años de discusión, ni por los múltiples foros que nutrieron el proyecto, ni siquiera por la abrumadora mayoría con la que fue robustecida en las Cámaras sino, y fundamentalmente, por su vigencia reflejada en toda la extensión del país Por: Santiago Aragón
La concepción federal de la norma justifica la apertura de 687 licencias de FM, en 381 municipios de diez provincias, aportando capacitación para facilitar la apertura de los concursos. El derecho a la información y la libertad de expresión son elementos que garantizan ciudadanía y vectorizan la voluntad del Estado. El imperativo categórico que hermana libertad de expresión con libertad de mercado dio paso a una mirada que encuentra en la multiplicidad de voces el verdadero registro de una Argentina que se transforma día a día en una Patria Grande y para todos.
A contramano del discurso hegemónico, que se desentiende de las experiencias territoriales y del espíritu colectivo, nuestra ley aporta voz en cada lugar y en cada sector social que ha revitalizado sus formas en el proyecto nacional. Porque la posibilidad de multiplicar las voces sólo puede concebirse en un Estado que garantiza los derechos de todos. Esas voces son las de nuestros pibes, alcanzados por la netbook y protegidos por la Asignación Universal por Hijo. Son el decir de nuestras organizaciones intermedias, unidas y solidarias. Son nuestros viejos y sus jubilaciones. La recuperación de un aparato productivo que pone un trabajador en cada hogar argentino. Es la distribución inédita de un presupuesto que asigna un valor central a la educación y promueve la movilidad social por la formación y el empleo.
Para multiplicar las voces es necesario promoverlas.
Las autorizaciones de emisión para cooperativas, las radios para escuelas y pueblos originarios, reflejan el espíritu de una norma pensada para escucharnos entre todos.
Por eso este proyecto nacional garantiza el cumplimiento de la ley, porque es la evidencia de una Argentina en la que cada realidad ofrece una nueva narrativa y los múltiples discursos que nacen en cada sector renovado son la alternativa ante la letanía del desánimo que impulsan los sectores concentrados.
El incumplimiento manifiesto de estos grupos con esta norma que beneficia a todos los argentinos, no hace más que ratificar la vigencia. Porque en ese incumplimiento se esconde, y no tanto, la nostalgia de impunidad, los métodos ilegales y arbitrarios, y el evidente desprecio por las instituciones con el que el monopolio pretende seguir desarrollando sus actividades. La añoranza de ese tiempo es la evidencia de que ese tiempo ya no existe.
Por eso hemos iniciado los procesos de adecuación para que el 7 de diciembre, tal cual lo ha estipulado la Corte, aquellos grupos de medios que infringen la Ley 26.522 tengan la posibilidad de operar acorde a lo establecido y eviten las sanciones previstas.
Nuestra única estrategia es garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promoviendo el derecho a la información entre todos los argentinos. Fuente: Tiempo Argentino NdE: El sábado, las Señales, un referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena confirmó qué hasta el momento sus emisoras no recibieron licencia definitiva
Sancionada en octubre de 2009, la norma se encuentra en plena vigencia. Más allá de la batalla judicial de Clarín, las demás empresas alcanzadas por la ley continúan manteniendo la misma estructura que antes de haber sido votada la legislación Por: Andrés Sanguinetti
Sólo dos meses faltan para cumplirse tres años desde que el 10 de octubre de 2009, el Congreso sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios). Sin embargo, casi nada cambió en el mundo periodístico argentino.
Ninguno de los postulados más importantes que dieron origen a esta norma supuestamente creada para democratizar y pluralizar se encuentra vigente.
No hubo venta o desguace de activos; las ONG siguen sin aparecer en la grilla o en el dial; la producción de contenidos propios es escasa; la oposición no tiene representación en el órgano de control (AFSCA); la publicidad oficial se distribuye a discreción del Gobierno; y no hay rastros del defensor público de usuarios de radio y TV.
Es decir, no parece haber temor a la columna vertebral de la ley, conformada por los artículos 25 (incompatibilidad para prestadores de servicios públicos); 41 (intransferibilidad de licencias); 45 (topes a la concentración) y 161 (desinversión).
Ni siquiera luego de que en las últimas semanas el Gobierno pareció acelerar los plazos para reclamar lealtad a una ley engendrada luego de la ruptura de relaciones entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín y cuyos postulados hablan de promover, desconcentrar y fomentar la competencia; abaratar, democratizar y universalizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Pero 1.095 días después ni su principal impulsor, el Gobierno, cumple con la ley. De hecho, defensores y críticos coinciden en que si hay una norma que no se respeta es la Ley de Medios. En estos tres años, sólo el Grupo Clarín la ha rechazado por vía judicial, presentando amparos contra artículos, como el de desinversión, que considera “inconstitucional” y que supone son “herramientas del Gobierno para colonizar y debilitar a los medios”. Será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra.
El máximo tribunal ya dispuso que el 7 de diciembre debería dejar de regir la cautelar que suspende para Clarín el artículo 161. Sin embargo, la fecha no afecta el juicio de fondo por inconstitucionalidad que podría o no estar resuelto ese día. En Clarín aseguran que seguirán la pelea para evitar tener que desprenderse de empresas valiosas como Canal 13, Cablevisión, Radio Mitre, TN o algún otro activo de su larga lista.
Pero más allá de este caso puntual, la vigencia de la Ley de Medios fue admitida en AFSCA ante una consulta de El Cronista. Sin embargo, evitaron enumerar las razones por las cuales no se aplican los artículos más temidos.
“No podemos opinar”, fue la respuesta, aunque saben que lo único que se cumple es lo vinculado con el inicio y cierre de las tandas publicitarias.
Por su parte, voceros de grupos alcanzados por la ley reconocieron estar en infracción, aunque admitieron que en estos años “nunca fueron presionados para cumplir”. Otros aseguraron tener herramientas legales para sortear las limitaciones.
Un caso es el de Telefe por estar en manos del grupo español Telefónica que a su vez controla una empresa de servicios públicos.
Telefe superaría el límite del 35% de audiencia a nivel nacional impuesto por la ley. Sin embargo, El Cronista pudo saber que recurrirá a la Ley de Bienes Culturales que, si bien establece un tope de 30% al capital extranjero en los medios, no tiene carácter retroactivo como la de Medios.
Además es anterior a esta norma. La idea es evitar la venta de activos. También plantean que la sociedad dueña de Telefe es Telefónica Media, controlada por Telefónica Holdings y no por Telefónica Argentina. Es decir, forman parte de un mismo holding pero con actividades independientes.
En el caso de los límites a la audiencia, aseguran que aplica sólo a la TV por cable.
El caso de otro grupo español, Prisa, dueño de radio Continental, FM HIT y de otras 10 licencias de radio, no sería bendecido por la ley de Medios Culturales. Sin embargo, Prisa asegura haber comprado mediante una firma con sede en Delaware, Estados Unidos, lo cual la blindaría ante la Ley de Medios por existir un tratado de reciprocidad de inversiones con el gobierno norteamericano.
Otras operaciones cuestionadas son la venta a Raúl Moneta de un paquete de radios encabezado por la Rock&Pop, en 2010, y la más reciente transferencia de Radio 10, C5N y varias FM a Cristóbal López. Voceros cercanos a este empresario reconocieron que deberían vender dos de sus radios, pero aclararon que antes AFSCA debe aprobar la transferencia de las acciones. También recordaron que quien debería haber desinvertido es Daniel Hadad, ex dueño de esos medios.
En el caso Supercanal, admitieron estar adecuándose al proceso de desinversión voluntario.
Otros medios que deberían cumplir son Cadena 3 de Córdoba; el grupo González González (Canal 9, FM Aspen); el Grupo Ick de Santiago del Estero. También Electroingeniería y la dupla Szpolski-Garfunkel. Una norma que nació con graves errores Alejandro Pereyra, abogado y ex director de Jurídicos del ComFeR La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lleva casi tres años de vigencia, pero en dicho plazo sigue siendo poca o nula su aplicación
En efecto, a la fecha, las máximas autoridades del Ejecutivo Nacional podrían preguntarse por qué?. Y con dicha pregunta, tratar de sondear en los funcionarios a cargo del área, para poder discernir los motivos reales de su poca o nula aplicación, más allá de la excusa rápida y repetida que no se ha podido hacer por la medida cautelar que impide el ejercicio de la cláusula de desinversión que regula el artículo 161.
Si sus respuestas fuesen sinceras, se desnudarían los graves errores que se han ido cometiendo desde la entrada en vigencia de la Ley.
Tales errores se agravarían en el futuro, si se pretenden subsanar esos errores a través de la aplicación de la caducidad de licencias (artículo 113 de la Ley) y la prosecución del servicio caído en cabeza de licenciatarios autorizados para ello.
Es decir que además de estar recomendando nuevos errores en cuanto al derecho aplicable, se obligan a terceros a ser cómplices de dichos errores.
Si cupiesen dudas sobre las continuas equivocaciones en la aplicación de la Ley, vale la pena recordar que los actos dictados por el AFSCA pueden dividirse en: una inocultable cantidad de Resoluciones que adjudican licencias (muy pocas a nuevas voces) y todas o casi todas bajo la aplicación de la Ley Nro. 22.285. Las demás Resoluciones se refieren a rechazos de nuevas voces, y existe un remanente menor de Resoluciones respecto al llamado a un censo de radios y estaciones de televisión abierta, cuyo resultado no se conoce aún, luego de tres años. O el llamado a concurso, más tarde suspendido y en las últimas semanas dejado sin efecto.
Ni que hablar con el retroceso que implicó el dejar sin efecto el llamado a concurso de televisión abierta.
Gran parte de estas equivocaciones se podrían solucionar mediante la intervención obligatoria de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, tal como prevé la Ley.
Pero el oficialismo continúa empecinado en no constituirla, agravando aún más los errores antes apuntados.
Sin embargo, la verdadera respuesta a la falta de aplicación de la Ley radica en la permanencia oficial durante nueve años de gestión, donde siempre fue y sigue siendo el juego de uno solo.
¿Qué cambió desde la Intervención del ComFeR, a la participación de un AFSCA colegiado, con un sentido unívoco del oficialismo?. O ¿qué cambió en la actual composición, con relación a la aplicación del poder de policía administrativa, dador y administrador del espectro radioeléctrico?.
La respuesta es simple: NADA. El verdadero monopolio del ejercicio de la potestad pública lo tuvo y lo tiene el mismo elenco de funcionarios públicos.
Si a ello se le suma cierta parálisis social, en materia de interpretación de tiempos y personajes en esta historia, lo concreto es que la perversidad del sistema no parece que sea producto de los actores que lo componen, sino de la ineficiencia de los resortes políticos del Gobierno en la materia.
En este sentido, más temprano que tarde será el propio oficialismo el que termine auto incriminándose con cada una de sus revisiones, avances, retrocesos y fundamentalmente errores simples o dobles, que haga en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y allí estaremos atónitos tal vez viendo un monólogo del funcionario que se vea alcanzado por su propia sombra.
Y la afirmación que antecede será consecuencia matemática de la falta de alternancia, debate constructivo o aplicación del ejercicio de la función administrativa reglada en los actos de la administración pública que se reflejan en resoluciones o decretos, sino por la ecuación del unicato del Poder que implicó e implicará el unicato de la responsabilidad.
Cómo enfrentar la ley: desde seguir la batalla judicial a readecuación de licencias Clarín: El más afectado. Debe vender varios de sus medios y restringir las estructuras de otros. Rechaza la norma por inconstitucional y apuesta a la vía judicial. Sabiendo que la Corte Suprema tendrá la última palabra y que esto llevará varios años de disputa, más allá del 7 de diciembre, no se plantea un escenario de desguace. Telefe: Se encuentra abarcada por la nacionalidad de su accionista, Telefónica, porque su dueño es concesionario de un servicio público y por controlar más canales que los permitidos. Argumenta que la Ley de Bienes Culturales, anterior a la de medios, no los alcanza y es la que reglamenta al capital extranjero. Plantea que la dueña de Telefe es Telefónica Media y no Telefónica Argentina. Es decir, son actividades independientes. Y dice que los límites a la audiencia aplican al cable. Supercanal: El grupo mendocino de Vila-Manzano presentó un plan de adecuación para vender activos y a la vez, encarar un proceso de reordenamiento de sus licencias de TV por cable. Cristóbal López: Admite la venta de dos de sus radios, una vez presentados los papeles de la compra del grupo C5N a Daniel Hadad. Rechaza que sus inversiones en petróleo sean consideradas como servicio público. González-González: Por su nacionalidad mexicana, el dueño de Canal 9 y FM Aspen debería transferir sus licencias o quedarse con no más del 30%. Grupo Prisa: Controla radio Continental y otras cuatro emisoras. Debería adecuarse por duplicidad de frecuencias y capital extranjero. Podría argumentar que la licenciataria es una sociedad argentina. De todos modos, dejó de retransmitir la programación de AM 590 por la FM 104.3. Telecentro: Estaría excedido en señales por el artículo 45 que establece que los prestadores de TV por suscripción no pueden tener señales, con excepción de la de generación propia. Sus voceros no respondieron la consulta de El Cronista. Fuente: Diario El Cronista
Juan Cruz Sanz* contó en su cuenta de Twitter (@juancruzsanz) la situación que vivió ante la convocatoria y posterior "despido" de C5N la señal de noticias del Grupo Indalo (Cristóbal López). Este es su relato:
"Los siguientes tweets serán referidos a una situación personal y profesional. No los voy a repetir y no hablaré más del tema. Me parece importante contarlo porque uno se cansa de siempre escuchar la misma hipocresía. Se nos ríen en la cara y de eso se trata.
La primera semana de Julio fui convocado para integrar un panel de periodistas en un programa de C5N.
La oportunidad me tomó por sorpresa pero decidí escuchar lo que tenían para ofrecerme.
Ya de por sí era extraño que un canal de empresarios cercanos al Gobierno decida contar con mis servicios profesionales.
Escuché la propuesta. Endulzaron los oídos con palabras como "periodismo" "independencia" "verdad" "somos distintos" y todas esas cosas.
Luego la propuesta se formalizó. Hubo un arreglo económico y un pedido de autorización de mi parte a las autoridades de Clarín.
Hablé con mis jefes y les conté que tenía ganas de aceptar la propuesta. De seguir demostrando mi trabajo profesional en distintos lados.
Por parte de Clarín no hubo ni reclamos, ni condiciones. Me dieron libertad. Solo me preguntaron "si me servía". Dije que creía que sí.
Pasaron las semanas. Reuniones una y otra vez preparando la salida para el lunes 2 de julio: "HD Periodismo en alta definición"
La última semana de junio. Lunes 25, me dieron el OK para que anuncie que iba a estar en el programa. Yo decidí esperar.
El martes 26 arrancó el tema. Me avisan que "por las dudas" yo no iba a estar en el primer programa. Que mi aparición iba a ser progresiva.
Me dejaron en claro que no querían "molestar a nadie". Me avisan que el mismo jueves era la fiesta lanzamiento del programa. No habíamos arrancado y ya estaban presentes las cosas extrañas.
El mismo martes que me anuncian que mi aparición iba a ser progresiva me piden que prepare una columna "sobre el tema subte".
Yo les aclaré que no iba hacer una columna solo atacando al Gobierno de la Ciudad y que pensaba tocar ambas responsabilidades.
El miércoles 27 me mandan un mensaje "para tomar un cafecito" a la sede del canal.
Ese mismo miércoles, por la mañana, sale en pantalla el primer anuncio de "HD" anunciando mi participación.
Primero me avisan que si quería ir a la fiesta de lanzamiento (jueves 28), podía hacerlo pero que iban a contar mi participación.
Con Moyano a pleno en Plaza de Mayo, me explican que al salir la placa con mi nombre hubo varios llamados desde la Casa Rosada.
Me explican que el propio jefe de Gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina, llamó a la autoridades del canal pidiendo mi salida.
A los llamados del jefe de Ministros, se le sumaron llamados del vocero presidencial, Alfredo Scoccimaro. Todos en el mismo sentido. "No podés arrancar. Tenemos que esperar", fueron las palabras.
No era extraño ni me tomaba por sorpresa, pero pensé que al menos iban a esperar que participe del programa.
En plena pelea con Moyano, con un paro de camioneros, el jefe de Gabinete se preocupada por sí un pichi, iba a estar en un programa de TV.
Me pidieron 15 días "para negociar con ella". En las palabras que les estoy diciendo. Y me repitieron una y otra vez "que yo iba a estar".
¿Entienden la locura no? Negociar con la Presidenta de la Nación si un periodista puede estar o no en un programa de televisión.
Decidí esperar los 15 días. Buscaron un reemplazo y me mantuve a la espera.
Lo que vino después fue un ninguneo y una constante falta de respeto. Pedí reuniones y explicaciones. Nada.
Sin contar el desmadejo. Gacetillas oficiales del lanzamiento del programa con mi nombre. Publicidades en las radios en el mismo sentido.
Vuelvo a repetir. No estaba sorprendido pero si asombrado.
Cuento estos detalles porque me canso de escuchar a los mismos de siempre llenarse la boca sobre "libertad de voces".
Ya no se trata de peleas entre grupos empresarios. Se meten con el trabajo nuestro, el de los laburantes.
No doy nombres porque no me interesa mandar en cana a nadie. Solo les aseguro que cuando digo "autoridades del canal", es eso mismo.
Estaba contento con la oportunidad. Que el grupo Indalo decida contratarme sabiendo que les conté las costillas varias veces... Hablaba muy bien de mi trabajo y mi profesionalismo.
Un grupo empresario tiene la libertad para contratar, echar o hacer lo que se les cante pero por suerte tengo la libertad de contar cómo fue
No quiero debatir, lo distinto en este caso es que se trata de funcionarios decidiendo en grupos empresarios que periodistas contratar.
Esto también es "pluralidad de voces". Esto también es Ley de Medios.
Fue mi participación más corta en un medio periodístico: una placa con mi nombre en un avance de 15 segundos.
No hay más que contar. Creo que la "negociación con ELLA" (Presidenta) no llegó buen puerto.
Me piden que de nombres No lo voy hacer porque creo que ellos solo transmiten un mensaje de las oficinas de la Rosada. No tienen alternativa.
Que quede claro, yo no hablo de censura porque tengo la posibilidad de dar a conocer mi posición. Censura es otra cosa. Lo que trato de mostrar es la injerencia absoluta de la Casa Rosada en la planificación de varios medios que dicen ser privados"
Alfredo Luenzo, director periodístico del grupo de medios adquirido por Cristóbal López; que se define como Periodista. Gerente Propietario de radiocracia. Psicologo Social Escuela de Psicologia Social Pichon Profesor Superior de Musica , teoria y solfeo; abrió una cuenta en Twitter para responderle a Juan Cruz Sanz: "Es correcto que Juan Cruz Sanz mantuvo conversaciones con C5N para integrarse al programa HD, al igual que otros colegas. Finalmente, y en la búsqueda de diferentes miradas, se seleccionaron a Mariano (diario Perfil) y Julian (Cronista Comercial). La elección, lejos de constituir un acto de censura, queda en el ámbito de la libertad de empresa. Sinceramente lamento el error de interpretación de Juan sobre hechos que han sido utilizados con otros fines, lejos de la pretendida ldp". ¿...?
Sanz le respondió: "Sr @alfredoluenzo no entiendo que puede decir usted sino participó de ninguna negociación. Solo lo vi sentado en la redacción. No mienta. Dejé mi tel en la producción de su programa, pidiendo el derecho a réplica de las cosas que usted dijo. Espero su llamado". Más tarde contó "Me llaman de Radiocracia, la radio de @alfredoluenzo (Gerente de medios del Grupo Indalo) me dan el derecho a réplica pero sin él en estudio. Pedí que mi descargo sea con @alfredoluenzo en piso cuando él lo crea conveniente. El mintió, con él quiero hablar. Yo no tengo apuro". Al día siguiente publicó: "Pasó otro día: @alfredoluenzo sigo esperando?" Luego aportó: "En una de las reuniones @alfredoluenzo estaba en la redacción pero no lo invitaron a participar. El martes llamé a su radio y pedí un derecho a réplica con @alfredoluenzo. Todavía estoy esperando".
*Periodista de Clarín; autor del blog "No cualquiera suma sin restar"; conductor junto a Lucas Morando del programa "Día de cierre", Canal Metro y ex miembro de la redacción del Diario Perfil
Exigen al Gobierno que informe sobre la "prohibición" de participación del periodista Juan Cruz Sanz en C5N
La Presidente del Bloque Unión Por Todos acompañada por los Diputados Nacionales Paula Bertol (PRO), Gerardo Milman(GEN), Graciela Ocaña(UDESO), Omar De Marchi (DEMOCRATA DE MENDOZA) y Ramona Pucheta (MIJD), presentó en el día de hoy un pedido de informe en el Congreso para que el Poder Ejecutivo Nacional explique los motivos por los cuales no se concretó la participación del periodista Juan Cruz Sanz en calidad de columnista político en el programa HD Alta Definición en Noticias, que a principios de mes lanzó C5N, de lunes a viernes a las 23, con la conducción de Antonio Laje.
El Gobierno le prohibió al canal de noticias del empresario Cristobal López la participación, de dicho periodista, a través del secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
La Diputada Nacional expresó al respecto “Demás está decir que debemos arbitrar todos los medios necesarios para evitar que este hecho se repita, porque empresarios, comerciantes, comunicadores sociales, dueños de radios, operadores de cable, consultoras económicas, entre otros actores de la vida nacional, son diariamente atacados desde los distintos organismos oficiales con actitudes autoritarias.”
“Le exigimos las respuestas que correspondan por parte del Poder Ejecutivo nacional, quien -además de desconocer los fallos judiciales, incumplir las leyes vigentes y no respetar la libertad de expresión- ahora impide a un periodista que disiente con el relato oficial, desarrollar honestamente su labor profesional.” Finalizó Bullrich.
Proyecto de resolución
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Resuleve
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que informe, a través de quien corresponda, sobre la denuncia pública realizada por el periodista Juan Cruz Sanz en la cual acusa al Gobierno Nacional de prohibirle formar parte de un ciclo en el programa HD que se emite por el canal C5N. Fundamentos Sr. Presidente:
Hemos tomado conocimiento de la denuncia pública que realizó el 30 del corriente el periodista Juan Cruz Sanz, contra funcionarios del Gobierno Nacional sobre la prohibición de su participación en un ciclo en C5N.
El hecho se produjo, según contó el mismo Sanz, cuando fue convocado a formar parte del programa HD que se emite por el canal de cable C5N.
Es de público conocimiento que este canal fue adquirido hace muy poco tiempo por el empresario kirchnerista Cristóbal López.
El periodista “acusó al Gobierno Nacional de prohibirle formar parte del ciclo, afirmando que el Secretario de Comunicación Pública Alfredo Scoccimarro y el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina se comunicaron con el medio para solicitar su expulsión del ciclo. El canal le pidió 15 días “para negociar con ella“, en referencia a la Presidenta Kirchner, con el fin de destrabar su ingreso como columnista, hecho que finalmente no se logró”
Sanz ironizó que “fue la participación más corta que tuvo en un ciclo periodístico: “una placa con mi nombre en un avance de 15 segundos“.
Al respecto debemos expresar nuestra doble preocupación. Por una parte la violación a la libertad de expresión que es el derecho que más veces aparece custodiado en nuestra Carta Magna y otorga a todos los ciudadanos que habitan nuestro suelo la sagrada posibilidad de manifestar toda clase de ideas u opiniones sin ningún tipo de condicionamiento ni represión.
Y por otra la trasgresión y desacato al artículo 14 que garantiza a todos los ciudadanos de nuestra Patria el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita.
El Estado Nacional está utilizando todas las herramientas, que debería poner al servicio del bien común, para dominar y sojuzgar a quienes piensan distinto.
De más está decir que debemos arbitrar todos los medios necesarios para evitar que este hecho se repita, porque empresarios, comerciantes, comunicadores sociales, dueños de radios, operadores de cable, consultoras económicas, entre otros actores de la vida nacional, son diaria y violentamente atacados desde los organismos oficiales con actitudes autoritarias como elemento de coerción desde los diversos estamentos de su gestión.
Es por ello que exigimos las respuestas que corresponden por parte del Gobierno Nacional que, además de desconocer los fallos judiciales, incumplir las leyes vigentes y no respetar la libertad de expresión ahora impide a un periodista que disiente con el relato oficial, ganarse honestamente el sustento en el desarrollo de su labor profesional.
Teniendo en cuenta lo expresado, es que le solicitamos Sr. Presidente la aprobación del presente pedido de resolución.
El kirchnerismo bloquea su participación en el órgano de aplicación y en la comisión parlamentaria Por: Laura Serra
Hace tres años que se aprobó la ley de medios y, sin embargo, el Gobierno la aplica sin control político alguno. La oposición denuncia que el oficialismo bloquea en forma intencional su ingreso a la comisión bicameral legislativa encargada de seguir su instrumentación y al directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), órgano de aplicación de la norma. Sostiene que el propósito es monopolizar la toma de decisiones sobre el futuro de los medios, y cerrarle el paso para evitar un mayor control y mecanismos de transparencia. Pero el problema se ha agravado particularmente en las últimas semanas, porque el oficialismo ha comenzado a tomar por su cuenta medidas cruciales en el ámbito de los medios, aprovechando la ausencia de opositores.
Prueba de ello, advierten legisladores de la oposición, son las últimas resoluciones que emitió la AFSCA con la sola firma de sus miembros oficialistas. En ellas no sólo se dejó sin efecto, por falta de interesados, el concurso público lanzado el año pasado, a través del cual buscaba instalar 220 canales de televisión en todo el país.
También se ordenó crear una Comisión de Análisis, Asesoramiento y Seguimiento de los Procesos de Adecuación a la ley 26.522 (de medios), integrada sólo por representantes del kirchnerismo.
Esa comisión tiene como objetivo detectar aquellas empresas de comunicación que se encuentran en "infracción" por no cumplir con el artículo 161 de la ley de medios, la columna vertebral de la norma que pergeñó el kirchnerismo.
Es el artículo que obliga a los grupos mediáticos a desprenderse en el plazo de un año de las empresas que excedan el límite impuesto por la norma, el arma con la que el Gobierno pretende desarticular al Grupo Clarín, su declarado enemigo mediático.
Hasta ahora, este artículo nunca se hizo efectivo debido a las medidas de amparo que interpuso el Grupo Clarín ante la Justicia. La Corte Suprema, en un reciente fallo, instó a la Justicia a que antes del 7 de diciembre resuelva sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre la constitucionalidad o no del polémico artículo 161. El Gobierno consideró este fallo como un triunfo y descuenta que a partir de diciembre podrá exigir al Grupo Clarín la desinversión de sus empresas.
Sin embargo, el jueves último la AFSCA envió notificaciones a Canal 13, Radio Mitre y Cablevisión, todas del Grupo Clarín, para solicitarle información detallada sobre accionistas, servicios prestados, grilla de contenidos, estructura y datos técnicos de las redes o plantas transmisoras, cantidad de clientes, montos facturados y competidores, entre otros.
"Estas intimaciones deben suspenderse hasta tanto se integre a la oposición al organismo", reclamó la ex titular de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados Silvana Giudici.
La dirigente radical también señaló que "crear una comisión ad hoc va en contra de la ley de medios porque no respeta la proporcionalidad de integración que allí se exige.Funcionará en la órbita del coordinador general elegido a dedo. Una absoluta truchada que se suma a la decisión de proscribir a la oposición de la AFSCA y RTA".
Ante esta situación, legisladores de la UCR y del Frente Amplio Progresista (FAP) presentarían en los próximos días un amparo ante la Justicia para reclamar los lugares que les corresponden como representantes de la oposición tanto en la comisión legislativa de contralor como en los directorios de la AFSCA y de Radio y Televisión Argentina (RTA), actualmente integrados sólo por oficialistas.
"Hasta el cansancio hemos enviado notas al oficialismo para que la comisión bicameral de control que fija la ley se integre. Hasta ahora sólo se reunió una sola vez, en diciembre de 2009", reprochó el jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, quien confirmó que su partido evalúa una demanda judicial.
El pedido de amparo podría presentarse junto con el FAP, anticipó a La Nación la diputada Margarita Stolbizer (GEN). "Es evidente que el Gobierno nos margina para tomar las decisiones de manera discrecional. Para hacer lo que quieran", asestó.
La comisión bicameral tiene como misión, además de controlar cómo se aplica la ley de medios -una actividad por demás sensible y de interés estratégico para el Gobierno-, la de designar los representantes oficialistas y opositores del Congreso en los directorios de la AFSCA y de RTA. El oficialismo envió los suyos, pero al no conformar la bicameral, inhibe la designación de los miembros opositores.
"En realidad, la culpa es de la oposición. Durante los dos años que ejerció la mayoría legislativa en el Congreso evitó reunir la comisión. Nosotros sólo llevamos un semestre en falta", señaló a La Nación el jefe del bloque de diputados oficialistas Agustín Rossi, quien aseveró que en las próximas semanas la comisión bicameral quedará debidamente integrada.
La AFSCA debería estar integrada, según la ley, por un directorio de siete miembros: un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo; tres directores nombrados por la comisión bicameral parlamentaria de seguimiento de la ley, uno por la mayoría, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría, y dos directores propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Sin embargo, como hasta ahora la comisión bicameral no se conformó, la AFSCA hoy está integrada sólo por cuatro miembros oficialistas.
La comisión bicameral, que tiene como misión controlar el cumplimiento de la ley, debería estar integrada por ocho diputados y ocho senadores oficialistas y opositores, pero la comisión no se reúne desde diciembre de 2009.
Los engranajes de una propuesta controvertida La AFSCA La autoridad de aplicación
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) debe aplicar y hacer cumplir la ley. Como la comisión bicameral aún no se conformó, el actual directorio está integrado sólo por oficialistas.
La Comisión Bicameral Ausencia de controles
La comisión parlamentaria que no está conformada debería estar integrada por ocho diputados y ocho senadores oficialistas y opositores. Pero la comisión no se reúne desde diciembre de 2009.
Consejo Federal de Comunicación Política pública
Su objetivo es colaborar y asesorar al AFSCA en el diseño de la política pública de comunicación. Está integrado por 38 miembros (entre ellos, un representante de cada provincia) y se desempeñan de manera honoraria.
Problemas irresueltos Desinversión. El 7 de diciembre vence el plazo que beneficia al Grupo Clarín. Aunque para el resto de los holding de medios ese plazo está vencido, la AFSCA no tomó ninguna decisión. Nuevos medios. El plan para crear 220 nuevos canales de TV quedó "sin efecto" por falta de interesados. Este mes, se lanzó un concrurso para crear 687 FM en diez provincias. La distribución. No se avanzó en la entrega del 33% de las licencias a medios sin fines de lucro. Falta un plan técnico que verifique la disponibilidad de espectro radioeléctrico. Participación extranjera. La prohibición del control extranjero sobre los medios es inaplicable porque un acuerdo con EE.UU. da a las firmas radicadas en ese país un tratamiento idéntico al de las empresas locales. Control parlamentario. Ningún organismo de aplicación tiene presencia de la oposición, tal como prevé la norma. El directorio de la AFSCA tampoco envió al Congreso los informes dispuestos por la norma. Espacio publicitario. La advertencia de comienzo y fin de la pauta fue una de la primeras evidencias de la ley, pero parecen irrelevantes si se observa la carga de avisos dentro de los programas. Fuente: Diario La Nación
NdE: Corrijo algunos datos de la nota de Laura Serra. Dice “La Corte Suprema, en un reciente fallo, instó a la Justicia a que antes del 7 de diciembre resuelva sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre la constitucionalidad o no del polémico artículo 161” Lo que hizo la Corte es marcar un fin a la cautelar
En otro párrafo comenta que “el jueves último la AFSCA envió notificaciones a Canal 13, Radio Mitre y Cablevisión, todas del Grupo Clarín”, no solo el Grupo Clarín
Más adelante menciona que “la AFSCA hoy está integrada sólo por cuatro miembros oficialistas“, son cinco: 2 del Poder Ejecutivo Nacional, 1 del Congreso y 2 del Consejo Federal de Comunicación
Bertol criticó al Gobierno por "improvisación" en la Ley de Medios
La diputada del PRO Paula Bertol denunció hoy que "a casi tres años" de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "poco se ha democratizado" el mapa de medios y acusó al Gobierno de retrasar "injustificada y alevosamente" la conformación de la Comisión Bicameral que debe controlar la aplicación de la normativa.
"Si bien (el ex titular de AFCSA, Gabriel) Mariotto repetía incansablemente que la Ley significaría la democratización de la palabra, a casi tres años de la sanción de la ley poco se ha democratizado y el Gobierno sigue demostrando gran improvisación y negligencia en la materia", sostuvo la legisladora mediante un comunicado.
Al respecto, Bertol recordó que esa ley establece que la Comisión Bicameral "debe ser integrada también por miembros de la oposición" y se quejó de que el oficialismo "retrasa injustificada y alevosamente su integración teniendo en cuenta que una de sus funciones es el control sobre el desempeño del organismo y sus autoridades".
"Una vez más este Gobierno no acepta el diálogo ni el debate, sumando así otra irregularidad", concluyó la diputada macrista. Fuente: Noticias Argentinas
El relator habló sobre el informe de Lanata y el libro de Haberkorn y Álvarez en el que se lo vincula con los militares en la dictadura. "No te es fácil Jorge. Andás con aparatos. Me parece bien que la última parte de tu vida se la des a (Héctor) Magnetto. La vida nos separó Jorge. Cada uno tiene lo que se merece", respondió con saña Víctor Hugo Un fuerte cruce entre el periodista Jorge Lanata y el locutor Víctor Hugo Morales desató una nueva polémica este lunes, luego de que ayer en su programa “Periodismo Para Todos” Lanata presentara un informe que revela supuestos vínculos entre el uruguayo y la dictadura militar en ese país.
El periodista lo presentó así: "Les voy a contar de qué va la nota. En la dictadura hubo mucha gente que se quedó, otra que colaboró activamente, gente que miró para otro lado. El problema no es tanto ese. Estamos hartos de gente que inventa un pasado de Che Guevara que no tuvo".
Víctor Hugo Morales respondió este lunes al periodista Jorge Lanata, quien este domingo en su programa presentó un informe del libro “Relato oculto, las desmemorias de Víctor Hugo Morales”, en el que los periodistas Leonardo Haberkorn y Luciano Álvarez revelan las conexiones del relator con la dictadura militar uruguaya.
"No tengo más remedio que dar respuesta", dijo el uruguayo en su programa de radio, según informa La Nación. Indicó que todo se trata de una "operación" de diversos medios, entre los que citó a Clarín y La Nación y a la revista Noticias, del grupo Perfil.
"Como soy un personaje público no pueden matarme, entonces intentan matar mi credibilidad", expresó Morales.
El relator también criticó a Lanata. "Estás dando la vida, Jorge", le dijo. "No te es fácil Jorge. Andas con aparatos. Me parece bien que la última parte de tu vida se la des a Magnetto (capo del grupo Clarín, opositor al gobierno)", agregó.
Morales destinó 45 minutos de su programa en radio Continental para responder al informe. "Vos te quedaste con la mayoría. Tenés todas las trompas de botox, los pibes de Pro, la Sociedad Rural, Clarín y Monsanto", le recriminó a Lanata.
Luego, transmitió varios relatos, entre ellos el de los autores del libro “Relato oculto, las desmemorias de Víctor Hugo Morales”, los periodistas Leonardo Haberkorn y Luciano Alvarez, y diferentes testimonios que aseguran que el relator “iba a jugar al fútbol” con militares al centro de detención La Florida del vecino país.
Morales reconoció que jugó “dos partidos en un cuartel uruguayo en once años” y admitió que tenía un estrecho vínculo con el mayor Juan Carlos Grosso, uno de los que da su testimonio en el informe, a quien calificó como un “caballero”, informó Clarín, uno de los diarios a los que Morales critica.
Según publicó la revista “Noticias”, Grosso fue quien le mostró el “Batallón Florida” y quien le presentó a los tenientes y alféreces “que quedaron encantados”.
Con respecto a Haberkorn y Álvarez, dijo que su libro devela el vínculo con los militares como parte del “viejo truco de la derecha”, según informa Clarín. "Pensé que podían tener más", dijo en referencia a la publicación y al informe de Canal 13.Agregó que los autores fueron "contratados desde Buenos Aires" y que el libro está basado en el testimonio de "unos pocos militares añosos y supuestamente creíbles".
"Ninguna persona de izquierda fue entrevistada. En general, son estas personas las que denuncian y sufren. Jamás las denuncias son de las Fuerzas Armadas. No fue consultado ningún tupamaro ni ningún representante de la izquierda uruguaya", señaló. Escuchá el relato de Víctor Hugo Morales:
Lanata lo presentó así en su programa PPT: "Les voy a contar de qué va la nota. En la dictadura hubo mucha gente que se quedó, otra que colaboró activamente, gente que miró para otro lado. El problema no es tanto ese. Estamos hartos de gente que inventa un pasado de Che Guevara que no tuvo".
En el informe da cuenta de las presencias de Morales en el Batallón Florida del Ejército, a donde concurría habitualmente para jugar al fútbol con militares.
Haberkorn indicó que "el batallón Florida había sido un centro muy importante de detención". "Habían ocurrido graves violaciones a los derechos humanos. Es muy difícil que desconociera sobre todo trabajando en medios", añadió.
En la investigación se cita el testimonio de Juan Carlos Grosso, quien comentó que con Morales "comenzamos a hacer amistad, jugábamos al fútbol de salón". "Era una figura prominente", dijo.
En tanto, Eduardo Tiscornia, ex tupamaro y preso político, narró que el comandante le dijo que "él tenía como objetivo limpiarle el rostro al Florida".
Otro testimonio fue el de Jorge Rosales, ex Comandante en Jefe del Ejército, quien contó que "tenía una relación muy estrecha". "Los domingos en el fútbol enviaba saludos", comentó.
Los autores del libro contaron que "para nosotros fue una novedad encontrar todo este material sobre sus relaciones con el batallón Florida".
Una campaña que empezó Noticias
"Es una campaña que ya había empezado la revista Noticias", agregó Morales, quien se refirió a Grosso como "un fabulador" que cuenta "siempre historias distintas" del momento en que ambos se conocieron.
Agregó que "no todos los militares son iguales" y que en esa época "Grosso se portó como un caballero" con él, aunque dijo que "más que por buena fe, fue por cholulismo".
"En el apogeo de la dictadura, Grosso fue un tipo que me dijo: 'No joda, no se pase de la raya, miran su carrera'", dijo el relator.
Morales también habló sobre el audio en el que se lo escucha presentando Grosso, a quien califica como “un amigo”. "Me pidieron que hable, me paré y dije algo improvisado. Uno es a veces muy fácil con la palabra amigo, y le dice amigo a quien nunca fue a su casa, con quien nunca compartió una comida".En su programa, el relator puso audios para argumentar que los militares perseguían a personalidades con alta credibilidad en la opinión pública. En ese sentido divulgó declaraciones de la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, del ministro del Interior Eduardo Bonomi y del periodista argentino Adrián Paenza.
“No se puede todo Jorge. No te digo nada casi nunca porque te admiro. Quedate tranquilo hombre. Sos el número 1”, le dijo con ironía a viva voz. “Yo quería tener un programa con vos incluso. Después, el Gobierno me enganchó con la estatización de las AFJP y Aerolíneas, la asignación universal, el Fútbol para Todos y los 10 millones de pesos que me dieron. Y a vos te enganchó Magneto”, le retrucó.
Al mismo tiempo sostuvo que el informe que lo acusa es “una operación” de diversos medios: “Como soy un personaje público no pueden matarme, entonces intentan matar mi credibilidad”, dijo.
Lanata respondió a Víctor Hugo
Fuertes cruces de los periodistas durante sus programas radiales; "Cada uno tiene lo que se merece", dijo Morales; "Miente cuando se inventa un pasado", retrucó el conductor de PPT
Horas después de que Víctor Hugo Morales se despachara contra Jorge Lanata por el informe que éste último puso al aire anoche en el programa Periodismo Para Todos por los vínculos del relator con la dictadura en Uruguay, el periodista aseguró que "Víctor Hugo miente cuando se inventa un pasado".
Lanata aprovechó la apertura de su programa en radio Mitre para contestarle al conductor que hoy dedicó gran parte de la hora inicial del suyo en Continental para salir al cruce del informe. "El reconoció haber estado dos veces en un batallón en Uruguay" comenzó su descargo el periodista de Mitre que luego añadió "creo que miente cuando dice que fue sólo dos veces, porque se notó una relación fluida con el Mayor". Para graficar sus palabras, Lanata comparó: "Es lo mismo que decir que Víctor Hugo se jugó dos picaditos en la ESMA".
Hoy por la mañana, en su programa, Morales criticó con dureza a su colega: "No te es fácil Jorge. Andas con aparatos. Me parece bien que la última parte de tu vida se la des a Magnetto", le dijo y añadió: "La vida nos separó Jorge. Cada uno tiene lo que se merece".
En lo que fue un verdadero capítulo aparte del programa, cuando se extendió unos 45 minutos, Víctor Hugo Morales no escatimó en críticas hacia el conductor de Periodismo Para Todos. "Vos te quedaste con la mayoría. "Tenés todas las trompas de botox, los pibes de Pro, la Sociedad Rural, Clarín y Monsanto", le recriminó.
"Yo quería tener un programa con vos incluso. Después, el Gobierno me enganchó con la estatización de las AFJP y Aerolíneas, la asignación universal, el Fútbol para Todos y los 10 millones de pesos que me dieron". "Y a vos te enganchó Magneto", le retrucó.
Lanata, por su parte, criticó a Víctor Hugo por "disfrazarse de Che Guevara". "Miente cuando se inventa un pasado. No es el único que miente. En estos 10 años pasó seguido", dijo. "Es el relator del relato, le guste o no, se convirtió en eso", deslizó.
Sobre las acusaciones de Morales sobre la salud de Lanata, el periodista solamente aseguró que "yo no tengo nada de nada para decir. Quien mejor habla de sí mismo, lo hace él con lo que dijo". Esto dijo Jorge Lanata en Radio Mitre:
Entrevista a Leonardo Haberkorn y Luciano Álvarez, autores del libro “Relato oculto. Las desmemorias de Víctor Hugo Morales”
Fragmentos del libro: Salidas nocturnas
"El relator también visitaba el cuartel cuando se organizaban reuniones sociales y veladas de gala para escuchar a algún cantante. A veces llegaban al batallón Florida cantantes de fama de Argentina. Ahí cantó Roberto Goyeneche, dijo Grosso. Y Enrique Dumas era una visita recurrente. Existen fotos y grabaciones que lo atestiguan. De esas veladas participaba Crespo, el dueño de la cantina Mario y Alberto, que hacía la comida, y también amistades civiles de los militares.
El petiso Crespo hacía unos capeletis a la Caruso que ni te cuento”, relató el excomandante Rosales. “Y Dumas venía muy seguido, con su pianista. Nosotros lo íbamos a buscar al aeropuerto. Después –agregó– se hacía una cadena de llamados por teléfono para que todos los amigos vinieran. Después de la actuación en el cuartel todos salíamos para la tanguería La Cumparsita. Víctor Hugo venía siempre con nosotros.
Para los oficiales más jóvenes, como Rosales, Pla y Beneditto, aquellas salidas nocturnas a la tanguería eran un clavo.Nos acostábamos tardísimo, y al otro día teníamos que madrugar como siempre. Apenas dormíamos un par de horas. ¡Y el tango no era nuestra música preferida!
Pero nadie podía fallar. Aquello era una barra de amigos, y si se salía de noche había que estar".
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Despedida del mayor Grosso
Luego Ximena volvió a tomar el micrófono y anunció: Llegó el momento de tener que presentarles a alguien muy conocido, un conspicuo amigo de todos los integrantes del batallón Florida, y muy especialmente del mayor Juan Carlos Grosso. Es Víctor Hugo Morales, que nos va a dirigir unas palabras.
Ximena y el conspicuo amigo del batallón intercambiaron saludos:
–Mucho guuusto.
–Muchas graacias.
Luego el relator tomó el micrófono. Hay una foto que lo muestra de pie, en pleno discurso; detrás de él, en la pared que hace de fondo de la imagen, aparecen dos cuadros de temática militar.
La voz de Víctor Hugo suena inconfundible en los viejos casetes que el coronel retirado Grosso tuvo en un cajón durante más de 30 años. El periodista que le juró a Ramón Mérica, por lo que más quería en el mundo, que nunca había tenido agendado el teléfono de un militar, comenzó su discurso con el verso inmortalizado por el cantautor Alberto Cortez:
Cuando un amigo se va queda un espacio vacío. Mayor Grosso: no lo podrá llenar la presencia de otro amigo. Me gustaría poder dedicarle, como los artistas, canciones o poemas ...1 que no sabe hacer cosas artísticas. Igualmente quiero dirigir unas palabras para quien, en muchas oportunidades, yo sé que es algo que le tiene que haber pasado a muchos de los presentes, cuando he tenido algún problema o alguna dificultad –humana, profesional, familiar– ha estado a través del teléfono o de su propia presencia personal para decirme qué necesitás, qué te hace falta, en qué te puedo ayudar. Esa es simplemente una de las tantas facetas del mayor Grosso.
Me imagino que el comandante Sequeira y todos los amigos del batallón Florida dejarán muy listo su escritorio, dejarán muy pronta la canchita de básquetbol donde tantas veces, tantas mañanas, nos entreveramos en picados inolvidables, que ahora se nos van a hacer todavía más gratas en el recuerdo porque no estará presente quien no solamente desparramaba una calidad humana excepcional, sino también algunas buenas condiciones futbolísticas. Yo, que no estoy acostumbrado al halago, puedo decirlo. ¡Mayor Grosso! El deseo de todos los que estamos aquí, el deseo de los que no han podido venir, es que en la India, allá muy lejos, sepa que nos quedamos todos esperándolo, con los brazos abiertos, para preguntarle cómo le fue, convencidos de que le va a ir muy bien, convencidos de que va a hacer una muy linda experiencia para después repartirla entre todos nosotros y para beneficio del país. Le entrego un gran abrazo, todo el cariño de todos nosotros, le digo que le vaya muy bien, y que la vuelta será todavía más linda, porque en este año, todo lo que lo vamos a recordar nos permitirá ir acumulando ese cariño que se ha sabido ganar hasta este día. ¡Suerte mayor Grosso! 1 La grabación tiene aquí un pequeño salto.
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Jorge Rosales
Rosales fue enviado en 1978 a hacer un curso a Brasil y desde entonces nunca más habló con Víctor Hugo Morales.
Nunca más tuve ningún contacto con él. Todos estos recuerdos duelen muchísimo, porque uno se entregó a una relación de verdadera amistad, que ahora parece que de su parte no era tal. Lo que me rebela es que haya hecho un uso tan torcido. Cuando uno recuerda toda aquella época y la compara con lo que Víctor Hugo dice hoy, uno siente dentro que algo se rebela. Él nos usó.
Rosales cuenta que Víctor Hugo nunca lo volvió a contactar, tampoco cuando asumió como comandante. Si me hubiera llamado, no sé si lo hubiera atendido. Pero si lo hubiera hecho, si volviera a hablar con él alguna vez más, sería solo para preguntarle por qué hizo todo lo que hizo.
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Mundial 78
En concordancia con tales antecedentes, Víctor Hugo celebró con fervor a los organizadores militares de la Copa del Mundo de Argentina, por haber dejado de lado a la tradicional dirigencia deportiva del país.
Nuestros vecinos hicieron nada menos que un mundial y en el futuro servirá como modelo de organización el esquema, la infraestructura y hasta el espíritu de los argentinos. Como broche de oro a tan destacado proceso, bien respaldados desde arriba, sus jugadores y Menotti pudieron trabajar como quisieron para ganar finalmente el campeonato. Nombres desconocidos hasta ahora como los de (el general Antonio) Merlo y (el vicealmirante Carlos Alberto) Lacoste, sustituyeron a los eternos mandamases de siempre*. *Mundocolor, 4 de julio de 1978.
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Militares lo rehabilitan
Esa misma jornada, El Día publicó unas breves declaraciones del comandante en jefe de la Armada, el inefable vicealmirante Hugo Márquez1, explicando por qué se había obligado a la AUF a dar marcha atrás en su sanción a Paullier y Víctor Hugo Morales.
Márquez señaló que en nuestro país ese tipo de resoluciones o prohibiciones corresponden a las autoridades nacionales2.
En otras palabras: somos nosotros los que podemos prohibirle a alguien trabajar, pero nadie más puede.
No hacía falta que lo dijera: todo el país lo sabía.
El País también reprodujo declaraciones del vicealmirante Márquez: Siempre se acusa a los militares de querer limitar la libertad de expresión pero fueron los civiles los que limitaron a estos periodistas. Ahora es el gobierno cívico-militar el que les permite hacer uso de ese derecho consagrado en la Constitución3.
Víctor Hugo Morales, mientras tanto, comentó la decisión de Aparicio Méndez y los comandantes de las Fuerzas Armadas en un artículo que publicó el 20 de julio en Mundocolor.
Ante la decisión del gobierno dictatorial, Víctor Hugo –según escribió– sintió vergüenza. Pero no por haber obtenido el amparo de un gobierno que violaba todos los derechos que él mismo invocaba para relatar.
Sentí una cierta vergüenza por haber distraído a nuestros gobernantes en un tema infinitamente menor al que les ocupa día a día, escribió sin pudor.
Y agregó:
El gobierno nacional no me ha condecorado, ni respaldado. Debió actuar muy por encima de eso ... Sería veleidoso suponer que conocen mis crónicas. Por eso las felicitaciones están de más, son casi absurdas. Yo no fui respaldado en mi prédica. Apenas (pero eso sí, grandemente) fui defendido en los mismos derechos que usted goza…4. 1.- Entre otros aspectos menos pintorescos de su trayectoria, la leyenda popular le atribuye al vicealmirante Márquez el haber dicho cierta vez que Uruguay se hallaba al borde del precipicio, pero gracias a la intervención militar había dado un paso adelante. También, que el gobierno castrense le había dado al país un giro de 360 grados
2 .- El Día, 20 de julio de 1978
3.- El Día, 20 de julio de 1978
4 .- Mundocolor. Reproducido en El Intruso, pp 278-282 ¿Que dice Víctor Hugo Morales sobre el libro?
Fuentes: Noticias Argentinas, Radio Mitre, Radio Continental, Víctor Hugo Morales, 180.com.uy y OceanoFM
Mientras el gobierno creyó conveniente la consolidación del Grupo Clarín y de otros medios, porque eran funcionales a su estrategia partidaria y a su proyecto de gobierno, tomó la decisión política de incumplir la ley de radiodifusión, la de defensa de la competencia y la ley de bienes culturales. Renovó las licencias sin fiscalización alguna y, además, las extendió por otros diez años adicionales: o sea, veinte años más. Permitió la fusión de Multicanal y CableVisión con un decreto firmado por el Presidente Kirchner, avalado por la Comisión de Defensa de la Competencia.
