El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fija el plazo para que el Grupo Clarín acate la "cláusula de desinversión", no asegura, todavía, su plena vigencia
Por: Irina Santestaban
Aunque la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida comúnmente como la nueva Ley de Medios, fue un duro golpe para los monopolios de los medios de comunicación de nuestro país, era lógico que no iban a quedarse quietos y acatar, como cualquier otro ciudadano de a pie, una ley que venía a poner límites a su enorme poder mediático.
La ley 26522 fue aprobada el 10 de octubre de 2009 y establece que ningún licenciatario puede tener más de 10 licencias de radiodifusión y hasta 24 licencias de medios de cable, en este último caso, con un tope del 35 por ciento del mercado. También está prohibido tener "medios cruzados", esto es, si el licenciatario tiene un canal de aire, no puede tener uno de cable.
Según Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación, el Grupo Clarín tiene el 56 por ciento del mercado de cable de la Argentina y en algunas localidades se le superponen canales de aire con los de cable.
Cláusula
El fallo de la Corte Suprema se refiere a la vigencia del artículo 161 de la Ley de Medios, el cual establece el plazo de un año para que las empresas licenciatarias de medios de comunicación audiovisual, se adecuen a las disposiciones, en cuanto a la cantidad de licencias de radio y televisión que pueden tener. Por ello se lo llama "cláusula de desinversión", porque aquellas empresas que superen el máximo de licencias que establece la ley, van a tener que vender o transferir las mismas.
Es en realidad una cláusula antimonopólica, porque justamente busca limitar el número de medios audiovisuales que puede tener una misma empresa o grupo económico, en un mercado como el de la comunicación, donde se ha producido, en los últimos años, una altísima concentración. El periodista Jorge Lanata, hace algunos años, cuando criticaba al grupo que hoy lo tiene como uno de sus "periodistas estrella", tuvo la virtud de graficar, en un programa de televisión, a través de una gran pizarra, el mapa de medios del Grupo Clarín. Allí se veía, muy gráficamente, la enorme cantidad de empresas que constituyen ese grupo, que no abarca sólo el campo de las comunicaciones radiales, televisivas y gráficas, sino también una amplia gama de inversiones en otros sectores de la economía.
Batalla judicial
Para hacer un poco de historia en esta batalla judicial, que es política, apenas se sancionó la nueva Ley de Medios en 2009, Clarín solicitó una medida cautelar para suspender la vigencia de algunos artículos de la norma, que fue concedida por el juez Carbone. Luego, en febrero de 2010 interpuso una demanda para que se declare la inconstitucionalidad de esos mismos artículos.
Luego de muchas idas y vueltas, la Corte Suprema resolvió que el juez Carbone debía poner un plazo para la vigencia de la medida cautelar que beneficiaba a Clarín y que suspendía respecto del grupo, la vigencia de algunos artículos de la ley, entre ellos el 161. Como el magistrado no fijó ese plazo, la Cámara Civil que había intervenido en las apelaciones interpuestas por el Estado nacional, lo fijó en 36 meses. Como nuevamente se dio la controversia sobre cuándo se comenzaba a contar ese plazo, ahora la Corte lo fija en la fecha en que fue concedida la medida cautelar, que fue el 7 de diciembre de 2009. En consecuencia, el plazo de vigencia de esa medida expira el próximo 7 de diciembre, y a partir de allí comienza a correr el plazo que establece el artículo 161 de la ley. En esa fecha, entonces, el Grupo Clarín deberá elaborar un plan y presentarlo a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), sobre cómo y de qué manera, se desprenderá de aquellas licencias que superan el máximo que la ley establece para una misma empresa.
Sigue la batalla
Al respecto y anticipando lo que será seguramente otra batalla judicial para lograr la plena vigencia de una ley que fue el resultado de un amplísimo debate democrático a lo largo y a lo ancho del país, el abogado del Grupo Clarín, Luis María Novillo Linares, ha afirmado que este fallo de la Corte sólo se refiere a la medida cautelar solicitada oportunamente, y no al fondo de la cuestión, que no es otro que la demanda de inconstitucionalidad de ciertos artículos de la norma, interpuesta por Clarín, porque, según su opinión, violan principios como la libertad de expresión, la inviolabilidad de la propiedad, los derechos adquiridos o la no retroactividad de la ley. Efectivamente, el fallo de la CSJ aclara expresamente que la resolución de la cautelar no afecta el fondo de la cuestión, que se encuentra en trámite y que debe resolver el juez Carbone. Pero a la vez es incuestionable su decisión de poner en vigencia el artículo 161 de la ley, donde se establece el plazo de un año para que las empresas procedan a notificar el plan para adecuar sus licencias a las disposiciones de la ley.
Libertades
Es muy probable que esta pelea no termine ahora ni tampoco el próximo 7 de diciembre, pues el Grupo Clarín no se dará por vencido, y defenderá a capa y espada sus intereses, que van más allá de las comunicaciones, como lo demostraba el mapa de sus empresas, que difundía Lanata en sus épocas de periodista democrático. Además, en la Justicia hay muchos magistrados que comparten los argumentos favorables no a la "libertad de expresión" sino a la "libertad de mercado", pues la información es un arma muy poderosa, que incide sobre la percepción de la realidad de millones de personas. De esta forma, se informa lo que los grandes medios de prensa promueven y se oculta aquella realidad que les molesta, por ejemplo, la situación de los trabajadores de prensa y sus derechos en sus propias empresas.
Uno de los argumentos del Grupo Clarín es que el gobierno solo busca limitar su poder, y no el de otras grandes empresas de medios, que también incumplen varios artículos de la ley de medios. Sin embargo, dicen los voceros de Clarín, ningún expediente ni acción judicial se ha iniciado en su contra para obligarlas a ajustarse a la norma.
Mencionan así al grupo Telefe, cuya socio accionario mayoritario es Telefónica de España, que es también dueña de Telefónica de Argentina y es concesionaria de un servicio público, el de telefonía fija y celular.
Contenido político
Los argumentos del gobierno kirchnerista son contradictorios, pues sus funcionarios insisten en reiteradas ocasiones que "la ley de medios está vigente", pero también reconocen que es muy difícil hacer cumplir la norma a algunas empresas, mientras no se ha superado la etapa de judicialización de los efectos de la ley, a la que están obligados por las continuas demandas que interpuso el Grupo Clarín desde su sanción.
Volviendo al fallo de la Corte Suprema, una vez más el Alto Tribunal tuvo que intervenir en causas de un gran contenido político, y lo hizo bien. Pero la voluntad del gobierno de hacer cumplir la ley, aún con las dificultades judiciales comentadas, debería ser más firme. Esa fue la intención de los legisladores que aprobaron la norma, y antes que eso, fue la voluntad de los miles de argentinos que elaboraron, discutieron y aprobaron en foros y debates, una legislación que busca la democratización de la palabra.
Fuente: Diario La Arena
