Por: María Rius
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que limitó al 7 de diciembre próximo el alcance de la medida cautelar que interpuso el Grupo Clarín para suspender la aplicación de la Ley de Radiodifusión reactivó los movimientos en los medios, y promete sorpresas.
Aunque el grupo que comanda Héctor Magnetto confía en ganar tiempo pidiendo una ampliación de la medida cautelar si su demanda por inconstitucionalidad no está resuelta en diciembre, sus competidores ya trabajan en adecuarse a la norma y evalúan las chances de quedarse con alguna de las joyas de las que deba soltar el grupo.
Más allá del poder mediático de Canal 13, Radio Mitre y TN, la gran apuesta es ver quién puede entrar en Cablevisión, la operadora de televisión paga más grande de la Argentina y la caja más atractiva de Clarín, con ganancias de 600 millones de dólares según su Ebitda.
El grupo lo niega, pero fuentes financieras y del negocio de medios aseguraron a Perfil que el socio de Clarín, David Martínez, del fondo Fintech, tendría intenciones de desarmar y vender su participación. El grupo UNO, en manos de Daniel Vila y José Luis Manzano, y Telecom habrían iniciado conversaciones con el inversionista.
Cambios en sociedad jurídica. El diputado Francisco de Narváez transfirió sus acciones en América a un fideicomiso familiar, lo que le permite adecuarse a la norma que prohíbe a los legisladores ser propietarios de licencias.
Tercerizados. El Grupo UNO debería desprenderse de sus canales de aire o del cable Supercanal. Sin embargo, Vila y Manzano hicieron una presentación ante la AFSCA argumentando que cuando concluya el concurso de acreedores que tramita la operadora ellos tendrán una participación minoritaria, por lo que dejarían de ser los dueños. Aunque como los acreedores que asumirían el control son bancos y fondos internacionales, es muy probable que ellos continuaran como gerenciadores de Supercanal.
Venta de licencias. Además, UNO ya se desprendió de LV2 de Córdoba y su FM y puso en venta LT3 de Rosario.
Dueños extranjeros, empresas nacionales. Telefónica, el Grupo Prisa y también el mexicano González González, dueño de Canal 9, podrían saltar la prohibición de que un extranjero controle más del 30% de un medio argumentando que la licenciataria es una sociedad argentina, más allá de que sus propietarios sean extranjeros.
Venta de repetidoras. La nueva ley limita la cantidad de licencias a 24 por grupo y establece un tope de licencias por actividad. Telefónica, Cadena 3, Grupo PRISA, y la sociedad entre Raúl Moneta y Matías Garfunkel se desprenderían de la red de retransmisoras de sus señales en el interior del país.
Cambios de porcentaje accionario. La Ley de Medios prohíbe a un propietario de servicios públicos controlar una licencia. El grupo UNO argumentó ante la AFSCA que ninguno de los accionistas del grupo de medios tiene más del 5% de participación en la energética Andes Energía, que es el límite fijado por la ley. Sin embargo, la página web de la distribuidora mendocina dice que Manzano controla el 10,8% de la sociedad.
El camino del empresario kirchnerista Cristóbal López –que adquirió el grupo de medios de Daniel Hadad– para escaparle a esa restricción es argumentar que los peajes y la recolección de residuos no pueden ser considerados como servicios públicos. Un argumento difícil de defender.
Los efectos de la instrumentación de la Ley de Radiodifusión afectan a todos los grupos de medios, aunque todos saben que la pelea de fondo es por el espacio de poder que logrará conservar Clarín.
Por Daniel Bilotta
Presentadas en las noticias como hechos aislados, existe una relación íntima entre tres novedades difundidas por los medios el pasado 22 de mayo: el fallo de la Corte que limita al 7 de diciembre los efectos de la medida cautelar favorable al Grupo Clarín contra el artículo 161 de la Ley de Medios; la reunión del PJ que resolvió prorrogar el mandato de sus autoridades y convocar a elecciones para renovarlas el 31 de marzo; y la cotización del dólar paralelo que ese día rozó por primera vez los 6 pesos.
Al contrario de lo que ha sostenido siempre el peronismo casi como uno de sus clásicos apotegmas, reverdecido en estos años de bonanza por la producción de soja, la red conceptual que vincula estos acontecimientos sirve también para demostrar que es la economía la que induce el desenvolvimiento de la política y no al revés.
Lentos pero persistentes y difíciles de percibir a simple vista, son sus movimientos subterráneos, los que determinan cuáles son los hechos que alcanzarán relieve en la superficie y cobrarán visibilidad. Lo que acepta, de algún modo, el oficialismo.
“Quienes están pensando en 2015, están mirando otro canal”, fue la hipérbole de Juan Gabriel Mariotto en un fallido intento por acotar el estado de inquietud que conmueve de manera muy particular al segundo turno del mandato presidencial de Cristina Fernández cuando aún no transcurrieron los primeros seis meses de los próximos cuatro años.
Las palabras del vicegobernador desnudan, sin embargo, la impotencia del poder institucional para mantener bajo control la variable que marca el ritmo de la evolución de los hechos: la velocidad, como unidad de medida del tiempo. El insumo no renovable que alimenta el motor de la actividad desplegada por las fuerzas del mercado. Que siguen entre nosotros, aunque la administración kirchnerista se empecine en sostener que el país permanece fuera del alcance de ellas.
Nadie más interesado en anticipar lo que pueda ocurrir al final de ese período que la plana mayor del oficialismo, con dificultades crecientes para intervenir en todos los planos de la realidad con la que había sido hasta ahora su receta más exitosa. Comprar tiempo con dinero. Como le ocurre al programa económico y la incontenible marea consumista que agita, la mayor demanda de un bien escaso alimenta una estampida en el precio.
El 2008 había anticipado este escenario. El conflicto con el campo por las retenciones móviles que promovía el Ministerio de Economía mediante la Resolución 125 para cubrir las dificultades de caja no fue homologada por el Congreso y desató las tensiones entre Clarín y el Gobierno, que le atribuyó a sus medios inclinarse de forma arbitraria a la defensa de los intereses de los ruralistas.
La aceleración de los plazos en la Ley de Medios luego de la derrota de Néstor Kirchner en las legislativas de 2009, coronó el final de la alianza que habían mantenido durante cinco años. Que el ex presidente termine enfrentado con dos actores que hicieron de su discurso un estandarte de la resistencia a las medidas de corte neoliberal prohijadas por el Estado, es una de las más curiosas paradojas de este proceso.
Como la de los derechos humanos, Kirchner abrazó esa causa una década más tarde y después de haber convertido a Santa Cruz en un pilar de la gestión presidencial de Carlos Menem, que, entre otras cosas, se caracterizó por un sinceramiento brutal de la progresiva dolarización de la economía iniciada después del golpe de Estado de 1955 contra el mismo Perón.
El gobernador Daniel Peralta fue el primero en desdoblar el pago de salarios a raíz de la crisis financiera que atraviesa en estos días esa provincia, cuyos ingresos provienen de la explotación del suelo: minerales y petróleo.
Desvinculada, en apariencias, del manejo de los recursos naturales, la Ley de Medios entra de lleno en el sensible tema de la soberanía e intenta saldar una disputa a favor de quienes defienden ejercerla dentro de las fronteras políticas ligadas al sistema de ideas que gira en torno a la de nación. Opuestos a los que aseguran que la innovación tecnológica en las comunicaciones dio lugar a una nueva territorialidad que absorbe y anexa la anterior, además de borrar sus límites.
Bajo la formalidad de defender valores democráticos que cada bando reivindica para sí, se libra una batalla por la legitimidad del ejercicio del poder entre dos élites que, a la vez, remite a un debate actual. Cómo superar esa rémora que la democracia arrastra desde su invención y donde la elección entre las minorías que se imponen o las que se proponen no ofrecerían una alternativa real.
Que en medio de este combate las disquisiciones resultan inaceptables, fue confirmado por la entrevista que Eduardo Anguita realizó a Beatriz Paglieri en Radio Nacional y que La Nación reprodujo el 24 de mayo. La secretaria de Comercio Exterior corrigió al periodista por entender que daba por cierta la fuga de divisas cuando la interrogaba sobre ella. La cerrada posición de la funcionaria hizo que después de 13 minutos de intentar explicarle lo contrario, el director de Miradas al Sur terminase por afirmar que la mentada fuga existía.
Casus beli que debería merecer la atención de Sergio Szpolski, propietario del semanario y de otros medios afines al Gobierno, como los adquiridos por Cristóbal López a Daniel Hadad. Incluso el periodismo militante encuentra difícil eludir preguntas que comienzan a volverse elementales. Antes que pluralidad de voces, la Ley de Medios podría garantizar un coro tedioso y desganado.
La poca disposición de la AFSCA en dar cumplimento a la misma norma por la que fue creada cuando se trata de aplicarle el rigor a otro que no sea Clarín, fue advertida por el tribunal supremo. Lo que vuelve ineludible una lectura política del fallo, que deja abierta la puerta a nuevas instancias de apelación si no es resuelta la cuestión de fondo: la inconstitucionalidad de una ley de efectos retroactivos.
Es casi seguro que el Grupo termine asido a ese picaporte para insistir en lo hecho hasta ahora. Fugar hacia adelante. Sorprendido ante una dirigencia que lo desafía y se le opone, parece haber perdido de vista el secreto de su éxito: hacer periodismo de excelencia. Error en el que no incurren sus adversarios, a quienes debe reconocerse la habilidad de arrastrarlo a pelear en el terreno que le es favorable. El oro y el barro de la política bajo las luces de un escenario montado para la lucha libre.
En la pelea por la supervivencia del más apto, el Gobierno procura eliminar de la competencia a quien asome como competidor: Clarín, Macri o Scioli, y hasta algún amigo, si las circunstancias lo imponen. Hipótesis que elucubran círculos políticos y empresarios y que expresa el temor que infunde un paso de marcha que imaginan inagotable. Apostarán, como siempre, a que las cosas sean vueltas a su lugar con el tiempo. Invicto en todas las carreras de su dilatada campaña.
*Titular de la cátedra Planificación Comunicacional, Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Una ley, un artículo, una placa
Por: Adriana Amado
No recuerdo otra ley que haya sido más promocionada durante y después de su sanción que la 26.522. Ni tampoco que tanta conversación haya contribuido tan poco a poner las cosas en su justa dimensión.
Por caso, sigue siendo mentada como “Ley de Medios” a pesar de que se trata de una reglamentación de la propiedad de un sector. Para peor, el debate sigue sin incluir una discusión franca de algo más allá que la aplicación de un artículo a un prestador.
A resultas, andamos por ahí con una ley que tiene una expectativa de máxima (algunos todavía hablan como si viniera a organizar todos los medios) con una aplicabilidad de mínima (si fuera como dicen, que su éxito o su fracaso dependería de lo que resulte la acción jurídica emprendida por Clarín). Un escenario un tanto inquietante para una ley con aspiraciones de revolución mediática y ciudadana.
Muchos de quienes no dejan de recordarnos que es una ley para beneficiar a los ciudadanos hablan poco de los artículos que los incluyen específicamente. Por caso, el 19° (Defensoría del público), 73° (abono social), 81° y 82° (emisión de publicidad), 111° (difusión de las sanciones por incumplimientos).
Mucho más trascendente que el tan mentado 161° parece ser el artículo 121°, que impone expresamente a los medios que conforman la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado los objetivos de “garantizar el derecho a la información de todos los habitantes de la Nación Argentina”.
Sus autoridades, funcionarios públicos, tienen, entre varias obligaciones que le impone el artículo 134°, las de “dar a sus actos difusión pública y transparencia en materia de gastos, nombramiento de personal y contrataciones” y de aprobar “un código de ética y establecer los mecanismos de control a efectos de verificar transgresiones a sus disposiciones”.
Todos estos artículos, hasta donde se sabe, no tienen ningún obstáculo legal que impida su pleno cumplimiento. Todos representan una oportunidad para que el Estado muestre su compromiso con la ley y con sus beneficiarios.
El fallo alrededor del cumplimiento de un artículo para un operador recuerda que el mismo está en plena vigencia para otros prestadores. Indirectamente, viene a recordar que existen otros 165 artículos que deben ser cumplidos.
Para ello es imprescindible poner en marcha el complejo andamiaje de autoridades que la norma dispone. Funcionarios, consejeros, comisionados son más críticos para el éxito de la ley que el resultado de cualquier pleito.
Todos ellos tienen la imposición legal de ejecutar acciones que permitirían rápidamente construir confiabilidad de la ciudadanía para con su sistema de medios. La mayoría de ellos ni siquiera son conocidos por los usuarios de medios audiovisuales.
Los medios de comunicación son algo más que una cuestión de propietarios. Son, sobre todo, sus audiencias, para quienes la principal innovación de la ley resultó una placa de “Espacio de publicidad” que irrumpe en la programación. Con ella, el Estado viene a recordarnos que no confía mucho en que podamos distinguir una propaganda de un programa, limitación que se vendría a solucionar obligando a los programadores a avisarnos cuando debemos activar la perspicacia.
Al mismo tiempo, ese mismo Estado protector parece consentir que esos mismos operadores pasen avisos, menciones y demás variantes de publicidad por fuera del límite que marca la placa. Muchas son propagandas del propio Gobierno en los canales públicos que la mismísima Ley 26.522 regula.
En ese simple acto cotidiano, no sólo se burla la ley a diario sino que se insulta la inteligencia del ciudadano-espectador de medios audiovisuales, que advierte publicidad que no percibe aquel que venía a avisarle porque no confiaba demasiado en la capacidad de sus votantes para distinguir un aviso de una información.
*Investigadora de comunicación y medios
Fuente: Diario Perfil