En Uruguay enjuician a los canales 4, 10 y 12 y a tres periodistas por abordaje “abusivo” de la muerte de una bebé
Por: Lourdes Rodríguez
La denuncia civil busca reparar el daño moral y material de una familia que durante junio de 2009 fue colocada en la escena pública, luego de que una de sus hijas llegara sin vida a una policlínica de Piedras Blancas, Montevideo. La causa de la muerte fue una afección pulmonar, pero en un primer momento se diagnosticó erróneamente “muerte violenta” con “probable violación”. Los demandantes entienden que la cobertura del hecho por parte de los tres canales privados fue “notoriamente abusiva, amarilla, sensacionalista, llena de falsedades” y perjudicó para siempre su imagen ante la sociedad.
Un estudio sobre el tratamiento informativo de la crónica policial televisiva en Uruguay, realizado por egresados de la Universidad Católica del Uruguay, da cuenta de la consolidación de una tendencia al crecimiento del tiempo destinado a la información policial en los informativos centrales de los canales 4, 10 y 12. En 2005 la televisión privada y abierta dedicó 352.395 segundos a este tipo de noticias, mientras que en julio de 2010 se habían alcanzado los 473.318 segundos. Esta cifra ya superaba la cantidad de segundos emitidos en los tres primeros años del período (2005/06/07) y representaba 68% de lo emitido durante la totalidad de 2009.
Los autores, Martín Natalevich
y Leonardo Silvera, concluyen en esta investigación que “las policiales” conforman una de las porciones con mayor presencia y preponderancia en los noticieros centrales de los tres canales, y su tratamiento noticioso busca intencionalmente la espectacularidad mediante el uso de “estratégicas ficciones”. Todo esto en desmedro de la calidad informativa.
Algunos de los aspectos marcados por los autores tienen puntos de contacto con la acción judicial iniciada por intermedio del estudio de abogados Leiva-Pereyra, que busca la indemnización por daños morales y materiales a la familia Velázquez-Freire pero también ir más allá: cuestionar el accionar de los canales, tal como consta en el escrito al que accedió la diaria: “En este proceso civil que se entabla está en juego el papel de los medios como formadores de opinión y fuente de información, en dónde se encuentra el límite de los datos que pueden informar y de qué forma lo hacen. Están en juego derechos fundamentales como la intimidad, el honor y el decoro, los cuales deben prevalecer ante el derecho a la libertad de expresión y de información, cuando coliden entre sí y no existe interés público”, señala la denuncia de 25 páginas.
Los acusados son los canales 4, 10 y 12 y los periodistas Jean Georges Almendras, Santiago Bernaola y Nazario Sampayo, respectivamente, de esos canales a la fecha del caso en cuestión, según la información que la semana pasada divulgó sobre la denuncia Océano FM .
Los hechos
El 16 de junio de 2009, al constatar que su hija de diez meses tenía dificultades para respirar, Ana Freire pidió ayuda al 911 y fueron llevadas en un móvil policial a una policlínica de Salud Pública de Piedras Blancas, barrio en que la familia reside hasta la actualidad. La niña fue atendida por una doctora que diagnosticó “muerte violenta” por “probable violación”. Freire fue detenida en ese momento por los efectivos que la habían trasladado y su esposo, Washington Velázquez, cuando llegó a la policlínica. La pareja quedó incomunicada en la Seccional 17ª.
Los policías fueron en busca de sus otras dos hijas, de seis y ocho años, quienes se encontraban en la casa de una amiga y fueron llevadas a la policlínica para una revisación médica que descartara o confirmara señales de abuso sexual. Los funcionarios acudieron también al domicilio de la familia en busca de evidencia, pero la puerta estaba con llave. El juez Juan Carlos Fernández Lecchini dispuso que la niña fallecida fuera vista por los forenses y que continuaran las averiguaciones.
La autopsia dictaminó muerte por infección pulmonar y descartó cualquier signo de abuso sexual: la sustancia encontrada y confundida con semen se trataba de crema para paspaduras, mientras que la dilatación anal era la propia de cualquier cadáver. Al día siguiente la pareja fue liberada. El abogado Nicolás Pereyra señaló en diálogo con la diaria que las fuentes de información en que se basaron los medios para presumir un abuso sexual fueron legítimas. “El tema es todo lo que arman a partir de esas fuentes y es por lo que quiero que los responsables respondan, porque abusaron del derecho a informar”, explicó.
La cobertura
El escrito habla de preguntas “realmente denigrantes” que los periodistas hicieron a la pareja cuando era trasladada desde la comisaría a la seccional -“estando esposados, filmaron sus rostros adentro del patrullero”- y aun después de que el juez decidiera dejarlos en libertad. Los abogados remarcan que los tres canales mostraron la cédula de identidad de la niña fallecida “de forma que los televidentes pudieran averiguar los apellidos de los comparecientes”, de quienes se dio “información individualizadora”, por ejemplo, el lugar de trabajo del padre.
También se mostró en primer plano y sin pixelar los rostros de las otras dos menores bajo custodia policial. Se recogieron testimonios de vecinos que mostraron indignación y se tomaron imágenes de la fachada, el frente y el fondo del domicilio de la familia y se difundió la dirección completa. Los denunciantes cuestionan el valor periodístico de esta información. Esto, añaden, estuvo acompañado de juicios de valor del hecho por parte de los presentadores de los noticieros y afirmaciones falsas, tales como “la Policía comprobó que fue violada”. Después de esta cobertura, la casa de la familia fue saqueada y destrozada por vecinos.
“Ejercieron el derecho a informar con ribetes abusivos, lo cual sin duda aportó más ‘rating’ a su crónica roja, provocando el enardecimiento de la sociedad contra los detenidos e investigados, lo cual constituyó un verdadero llamado tácito a la justicia por mano propia”, constata el escrito. Desde esta perspectiva se afirma que el abuso continuó al día siguiente, en la puerta de la comisaría, cuando la pareja era liberada. “Aprovechándose de la inocencia, poca instrucción y ligereza de los comparecientes, [se] les hizo preguntas capciosas y engañosas, que lejos de brindar una especie de derecho de respuesta hacían generar aún más dudas sobre su inocencia”, cuestionan los abogados, y ejemplifican con algunos de los comentarios que se escucharon: “Seguramente hay gente que en la casa se debe de estar preguntando: ‘hace 24 horas a estos padres se les murió una bebé, la madre está hablando con nosotros y la vemos muy tranquila’ o ‘Sabe, señor, que la doctora que habló con nosotros dejó planteada la duda y realmente cree que había existido abuso sexual de acuerdo a su experiencia por cómo estaba la niña. ¿Usted ante esta cámara asegura que no le hizo nada a la niña?’”.
“La cobertura periodística fue notoriamente abusiva, amarilla, sensacionalista, llena de falsedades y lo único que buscó fue perjudicar a los comparecientes, haciéndolos quedar como los peores delincuentes. […] Ya no hay derecho de respuesta que pueda volver las cosas al estado anterior. […] Sin el abuso de derecho de los medios no hubieran sufrido los daños que sufrieron”, se consigna. Además del saqueo de su vivienda, Freire padece secuelas psicológicas de importancia y Velázquez vio lesionada su reputación profesional y comercial mediante la pérdida de clientes, se indica. “El descrédito sufrido es incalculable. Ha sido vulnerada su intimidad, su honor, su decoro, su dignidad, su imagen ante la sociedad”, resumen.
Fuente: La Diaria
