El Diario El Mundo refleja la situación en que se encuentran las empresas españolas Telefónica y Prisa en Argentina
Por: Juan Ignacio Irigaray
El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner ha comunicado a las filiales de Prisa y Telefónica que deberán adecuar sus inversiones en medios de comunicación audiovisuales de Argentina a la nueva ley del sector, que ha establecido límites y prohibiciones para las licencias de emisora de televisión y de radio, según informó la prensa bonaerense.
Telefónica es adjudicataria de Telefe en la capital porteña y de ocho canales más de televisión abierta en provincias. Las autoridades cuestionan, además del número, que se trate de capital extranjero en su totalidad -la norma sólo permite hasta un 30 por ciento- y que el propietario preste a la vez un servicio público, algo prohibido por la ley.
Prisa cuenta con las licencias de radio Continental en Buenos Aires -la quinta AM más oída, que compró a Telefónica- y otras cuatro emisoras aquí y en otras ciudades. En su caso, los cuestionamientos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) se refieren a la duplicidad de frecuencias y la mayoría de capital extranjero.
La nueva ley de medios audiovisuales fue promulgada en 2010 pero su aplicación de hecho está retrasada por varios recursos puestos en la Justicia de parte de algunos locatarios. La norma, basada en el espíritu del informe del Premio Nobel de la Paz Sean Mc Brady para la Unesco, 'Voces múltiples, Un solo mundo', establece la redistribución de las licencias en tres tercios a cada sector: privado, público y sociedad civil.
Por eso es que los medios privados, hasta ahora mayoritarios, deberán empezar a desprenderse de algunas emisoras traspasándolas a quien pudiera interesarse. Según los diarios 'Clarín' y 'La Nación', en la situación actual de los medios argentinos nadie puede comprar si antes no ha amarrado con el Gobierno de Fernández una buena cuota de propaganda oficial, para lo cual debe alinearse políticamente con la Casa Rosada.
El Grupo Clarín -opositor al kirchnerismo gobernante, una variante del peronismo- presentó un recurso de amparo en la justicia y, a la vez, planteó la inconstitucionalidad de la nueva ley. Con ello consiguió paralizar el artículo 161 que le obliga a desprenderse de algunas licencias de televisión. Sin embargo, la semana pasada, la Corte Suprema puso de plazo hasta el 7 de diciembre para que cumpla con ese artículo, si antes no consigue un fallo a favor de su reclamo de inconstitucionalidad.
