Pachecoy explicó que, en este caso, es una cautelar planteada exclusivamente por el Grupo Clarín, ya que en realidad el artículo 161 se aplicó a los demás medios que tuvieran exceso de licencias. “Los otros grupos que gozan todavía de protecciones cautelares son el Grupo Vila-Manzano, el Grupo Ick de Santiago del Estero y Cadena Tres”, precisó. Con respecto a éste último, recordó que “mantenía una cautelar que fue revocada hace 20 días por la Cámara de Apelaciones de Córdoba”.Así, la especialista diferenció el caso del Grupo Clarín por el volumen de licencias que debería adecuar, particularmente las de cable. “La nueva ley habla de 24 licencias en todo el país y que en ningún caso supere el 35% de la audiencia potencial. Y el grupo, entre Cablevisión y Multicanal, está arriba de las 250 licencias”, contrastó.
Firmeza en las fechas
En su acordada de los martes, la Corte Suprema definió en un fallo unánime mantener hasta el 7 de diciembre la medida cautelar que había suspendido la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios, por lo que en esa fecha la empresa periodística deberá desprenderse de las licencias que excedan el tope fijado por la norma. La resolución fue firmada por Ricardo Lorenzetti, Helena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.
El máximo tribunal advirtió que, habiendo vencido el plazo del artículo 161 de la ley 26.522 el 28 de diciembre de 2011, por efecto de la finalización de la cautelar, “a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del artículo 161 de la ley 26.522”.
“En realidad, el fallo pone alguna firmeza respecto de las fechas de aplicación del artículo que establece, en la nueva Ley de Medios, cuál es el plazo en que los que tienen excesos de licencias deben adecuarse a los nuevos topes”, explicó Pachecoy en declaraciones a Radio Universidad.
Así, recordó que la nueva ley establece un límite de 24 licencias (una por localidad), pero en ningún caso deben superar el 35% de la audiencia nacional. En tanto, el grupo deberá optar por la televisión por aire o por cable en una misma área de cobertura (Canal 13 y Cablevisión en la Ciudad de Buenos Aires). “Si opta por el cable, tiene derecho a tener una señal propia. Pero en el caso de Clarín tiene Metro, Volver, Magazine, TN que tendrán que adecuar”, reveló la abogada.
“Lo que la Corte con mucha seriedad trató es la determinación de plazos para dar certeza y seguridad. Estableció un plazo de vigencia de la medida cautelar. Dijo que resulta adecuado el plazo de vigencia de tres años en tanto y en cuanto deba resolverse la acción de fondo, que es la acción de inconstitucionalidad de la norma”, señaló Pachecoy.
La cautelar tendrá vigencia hasta el 7 de diciembre de este año. A partir de allí, correrá para Clarín el plazo del artículo 161 de la ley, de un año para la adecuación. Deberán entonces presentar al Estado la propuesta de adecuación y transferencia de las licencias. Desde la aplicación de la ley, el plazo que establecía el artículo 161 venció en noviembre de 2011. “Muchos licenciatarios que excedían el tope de la ley presentaron sus propuestas de adecuación para esa fecha”, indicó la especialista.
Por otra parte, explicó que se están produciendo algunas situaciones puntuales respecto del tope de 30% de capitales extranjeros en la propiedad de los grupos periodísticos, “a excepción de los casos en los que haya tratados de reciprocidad, como con Estados Unidos, cuyos capitales son considerados como nacionales en función de la vigencia del tratado”, reveló.
En su edición de ayer, Clarín marca que el resto de los medios está disfrutando de una “protección política de hecho”, ya que el Gobierno acordó incumplimientos con grupos aliados como Telefónica, González, Vila-Manzano, Moneta, Szpolski-Garfunkel, Electroingeniería y Cristóbal López, entre otros.
Telefónica es el principal operador del sector infocomunicacional. Tiene nueve canales de TV abierta, cuya transferencia tramitaba el ex ComFeR -y ahora AFSCA-, que nunca fueron resueltos, porque siempre estuvo prohibido que las licenciatarias del servicio básico telefónico den servicios de radiodifusión, que las empresas de capital español tengan el 100% de licencias de radio y TV y que las empresas de servicios públicos desembarquen en radiodifusión.
En tanto señaló el multimedios que al mexicano Ángel Remigio González y González le permiten seguir con Canal 9 y FM Aspen, pese a que no podría ser el dueño porque es extranjero. Denuncia también que a Electroingeniería le dieron una licencia de TV digital sin concurso, para que emita la señal 360 TV por la plataforma estatal, al igual que a Szpolski-Garfunkel para que emitan CN23 y Vibra.
La normativa establece que están prohibidas las transferencias de licencias y que AFSCA puede aprobar la venta de hasta el 49,9% de las emisoras, previamente a que su concreción. Pero el organismo no intervino en la compra de Raúl Moneta y Matías Garfunkel de siete radios que eran de Grupo CIE.
Tampoco dijo nada AFSCA cuando Sergio Szpolski le vendió la mitad de Radio América a Garfunkel, ni cuando ambos socios pasaron a gestionar la FM de Rivadavia, que se llama Vorterix Rock.
Cristóbal López compró a Daniel Hadad el canal C5N, Radio 10 y cuatro FM, pese a que están prohibidas las ventas y que los concesionarios no pueden ser titulares de licencias (tiene concesiones de casinos y de áreas petroleras).
Tampoco el Gobierno dijo nada sobre Grupo UNO, de Daniel Vila y José Luis Manzano, que tiene concesiones petroleras, más de 24 licencias de TV por cable e incompatibilidad entre sus canales de TV abierta y Supercanal. No intervino pese a que -igual que Clarín- tiene una medida cautelar que suspende la cláusula de desinversión.
Fuente: Diario Norte