El presidente de Ecuador, Rafael Correa, mantiene que el ente regulador es necesario para mejorar la calidad de la información, mientras que sectores de la oposición opinan que atenta contra la libertad de expresión.
"El bloque está en contra de una ley mordaza, en contra de que se restrinja la libertad de expresión", afirmó el parlamentario del PSP Galo Lara a Efe.
Esta ley contempla que se cree un Consejo de Regulación que supervisará la emisión de contenidos racistas, discriminatorios, sexuales y violentos, tal como fue aprobado por los ecuatorianos en un referendo en mayo de 2011.
La Constitución, aprobada en las urnas en 2008, obligaba a crear una ley de comunicación en un período de un año, pero no se llegó a un consenso y, finalmente, Correa lo incluyó en un referendo.
"No pueden hacer tabla rasa, no pueden burlarse de dos expresiones claras populares en las urnas", dijo hoy Correa en una rueda de prensa.
Asimismo, resaltó que le "molesta" que se desacate el mandato popular y advirtió a los asambleístas que si archivan la ley "el pueblo ecuatoriano sabrá juzgar".
Sin embargo, el asambleísta del movimiento CND, César Montúfar, resaltó hoy a Efe que el referendo pide que se haga una ley de comunicación, "pero no cualquier ley".
Según Montúfar es una "ley antidemocrática" porque quiere "entregar al presidente de la república el control de un Consejo de regulación para castigar a los medios de comunicación", pues, a su juicio, está "concebida para constituir un control del Gobierno en lo que los ciudadanos pueden leer en los periódicos, escuchar o ver en las radios o televisiones".
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, exigió "a los asambleístas cumplir con el mandato Constitucional de aprobar la Ley de Comunicación, garantizando la libertad de expresión, libertad de opinión e información" y rechazó "la intención de la oposición de archivar" el proyecto legislativo, según un comunicado.
A su modo de ver, esta propuesta de ley "debe orientar para democratizar el Estado", puesto que plantea una redistribución del espacio radioeléctrico en la que los medios privados tendrán el 33 % de las frecuencias, los públicos otro 33 % y los comunitarios un 34 %.
Para Montúfar, el 33 % destinado a los medios públicos servirá para dar voz a las instituciones públicas, mientras que el espacio de los medios comunitarios "va a ir a parar a organizaciones afines al Gobierno. No hay ningún tipo de democratización, sino que hay una concentración y un monopolio de los medios a manos del Gobierno".
Para que se apruebe el proyecto de ley debe de contar con el respaldo de 63 de los 124 legisladores del país.
La asambleísta del movimiento oficialista Alianza País, María Augusta Calle, aseguró en la oficial Radio El Ciudadano que mantienen "conversaciones con otros sectores democráticos" para que apoyen el proyecto que, por ahora, cuenta con el respaldo de los 49 asambleístas del oficialismo y otros cuatro del Partido Socialista.
"Yo no podría decir que estamos absolutamente tranquilos, no puedo afirmar que los votos de la Conaie sean para la ley, digo que tengo esperanzas", resaltó Calle.
Si se aprueba el proyecto de ley, este pasará al Ejecutivo, quien podrá aplicar el veto presidencial.
Por otro lado, el mandatario explicó que si no se aprueba la ley o se archiva, la Constitución permite que "cuando se desacata un mandato popular" la Corte Constitucional "dicta una norma transitoria o temporal".
Una fuente de la Asamblea explicó a Efe que si no se aprueba la ley, entonces la Corte Constitucional da un plazo, normalmente de 90 días, para que el legislativo apruebe el proyecto de ley y si no lo hace en ese tiempo, entonces, la Corte resuelve una norma transitoria.
Fuente: La Información
Intelectuales de diez nacionalidades apoyan proyecto de Ley de Comunicación
La Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, integrado por miembros de diez nacionalidades, considera al proyecto de Ley de Comunicación como una oportunidad única para la democratización en las comunicaciones: equidad en la distribución del espectro, fomento de la interculturalidad, libertad de expresión y promoción de la producción nacional.Mediante un comunicado enviado este lunes y difundido por el portal web ecuadorinmediato.com, los intelectuales dieron a conocer su respaldo al proyecto que será votado este miércoles.
A continuación publicamos la carta enviada por los intelectuales.
Apoyo al proyecto de Ley de Comunicaciones de Ecuador
“Sin democratización de la comunicación no hay democracia”, proclama nacida de las luchas sociales, fue incorporada en Ecuador en la Constitución adoptada en el 2008 pero la ley de comunicación que, precisamente, desarrolla el mandato constitucional, está por aprobarse en la Asamblea Nacional de Ecuador en los próximos días.
Desde la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad queremos expresar nuestro más amplio apoyo a este proyecto que ciudadaniza el espectro radioeléctrico ecuatoriano mediante una redistribución equitativa de la frecuencias de radio y televisión (33% para el sector público, 33% para el sector privado y 34% para el sector comunitario), elimina los monopolios, fomenta la producción nacional, promueve la comunicación intercultural y plurinacional y garantiza la plena libertad de expresión e información, entre otros puntos centrales.
Esta ley será un aporte valioso a la democratización de las comunicaciones en toda nuestra América.
Argentina: José Seoane
Brasil: Elder Andrade de Paula
Canadá: Marta Harnecker, Gerardo Otero, Minerva Gutiérrez
Cuba: Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología (Galfisa); Fabio Grobart
Guatemala: Simona Yagenova
México: Ana Esther Ceceña, Ángel Guerra Cabrera, Carlos Fazio, José Steinsleger, Oscar Ugarteche, Josefina Morales, Miguel Socolovsky, Mirabel Mejía, Nayar López Castellanos, Catalina Eibenschutz, Aldo Rabiela, Rebeca Peralta Mariñelarena
Nicaragua: Aldo Díaz Lacayo
Perú: Javier Diez Canseco
Venezuela: Luis Britto, Humberto Mata, Paulino Núñez
Alemania: Ulrich Brand, Ricarda Schlittgen
Fuente: Andes