La resistencia de cientos de vecinos y vecinas de Famatina, Belén, Tinogasta, Chilecito, Fuerte Quemado y Amaicha del Valle, se ha expresado en las calles y a través de diferentes medios comunitarios. En cada actividad de resistencia a la megaminería han logrado estar en contacto y hacerse escuchar a través de esta herramienta de comunicación popular, salvaguardando a los vecinos a través de la difusión pública de las persecuciones y golpizas recibidas.
En el caso particular de la radio comunitaria El Algarrobo, nace en el 2009 en Andalgalá, Catamarca, en un contexto de resistencia contra la megaminera “Agua Rica”, la cual viene explotando los cerros y contaminando el agua desde 1995.
Desde entonces, las vecinas y los vecinos organizados en torno a este medio de comunicación comunitario trabajan todo el año para sostener la grilla de programación y hacer crecer la radio. Así, radio El Algarrobo se fue convirtiendo en en un espacio de acceso y participación ciudadana tanto como en un medio plural y democrático.
No obstante, las amenazas a la Radio por parte de la empresa megaminera son constantes. Amenazas de violencia física contra los radialistas, exigencias de cortes de transmisión y persecuciones a los periodistas y vecinos se han evidenciado en esta última semana de cortes y manifestación de la población.
La violencia física y simbólica llegó a su techo con el silencio
El 9 de febrero a las 21hs, mientras se transmitía el conflicto en Tinogasta, fue interferida la transmisión de aire de la radio impidiendo la comunicación entre los pueblos, censurando la posición de las y los vecinos en contra de la megaminería y violando el derecho fundamental a expresarse y comunicar.
Pese a la presión y reclamos del pueblo, pese a la relativa facilidad con que se podría rastrear la emisión de interferencia, la radio continúa interferida.
Denunciamos y exigimos el inmediato cese de la interferencia de la Radio Comunitaria El Algarrobo por parte de la Megaminera. Las Organizaciones de Medios comunitarios, populares y alternativos denunciamos la violación de los derechos de libertad de expresión, el acceso a la información, y la participación de los medios de comunicación que acompañamos a un pueblo que se niega al silencio de los cementerios, porque también somos parte de esos pueblos que luchan por sus derechos y sus vidas.
Nos negamos al silencio. Basta de interferencia.
Ninguna radio comunitaria, alternativa y popular silenciada por dar información y participación.
FoPeA alerta por graves hechos que deterioran la libertad de expresión en Catamarca
El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) reclama que en medio de la conflictiva situación que se vive en las localidades de Andalgalá, Belén y Tinogasta (Provincia de Catamarca) por las protestas sociales contra los emprendimientos de megaminería, no se atente desde el Estado contra la libertad de expresión y se permita el trabajo profesional con total libertad de aquellos manifestantes ambientalistas que cumplen funciones informativas y colaboran en la difusión de los hechos a través de los medios comunitarios
Los habitantes de las localidades catamarqueñas involucradas en el conflicto, así como el resto de los habitantes de la provincia y de todo el país, tienen el derecho a recibir información plural y veraz en relación al tema de la megaminería y los planteos de las organizaciones ambientalistas. Son varios los indicios recibidos por FoPeA en relación a que los medios provinciales en Catamarca y otras provincias donde se están desarrollando emprendimientos mineros y donde se dan conflictos con sectores ambientalistas, no están respetando los estándares profesionales de pluralismo, y es por eso que se hace necesaria la tarea de los circuitos informativos asociados a las asambleas y grupos ambientalistas.
Como ya señaló FoPeA hace dos años, en ocasión de un conflicto similar en Andalgalá, los fuertes intereses económicos y sociales relacionados con el tema de la minería en varias provincias argentinas están funcionando, a veces, como una mordaza para varios periodistas que intentan ofrecer una visión que refleje las diferentes posiciones del conflicto. Tanto empresas del sector y funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales, como algunos directivos de medios y la reacción de algunos grupos de manifestantes, han coartado en muchos casos la labor profesional del periodismo.
En los recientes episodios de Catamarca, varios manifestantes ambientalistas que cumplen tareas informativas y de comunicación social fueron detenidos en varias ocasiones por la Policía provincial en procedimientos sumamente agresivos y con un inusual despliegue de la fuerza represiva. Además, los integrantes de la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, denunciaron que la emisora La Voz del Algarrobo, que se transmite por FM 105.3, fue interferida por más de 10 horas desde la noche del jueves 9 de febrero y que recibieron una gran cantidad de amenazas a través de mensajes de texto y llamados telefónicos. Los cortes en la transmisión provocaron que la emisora no pudiera ser escuchada en varias de las zonas aledañas a Andalgalá, lo cual implica un grave atentado a la libertad de expresión, especialmente en momentos en que habían sido detenido decenas de manifestantes en las adyacencias de Belén. Los integrantes de la Asamblea continuaron su transmisión por Internet, gracias a la colaboración de otras organizaciones integrantes de la Red de Medios Alternativos que redistribuyeron la señal.
FoPeA solicita a las autoridades de Catamarca y del Gobierno nacional que, al mismo tiempo que aseguren la paz social en la provincia y la libertad de manifestación, garanticen las condiciones para que no se continúe deteriorando la libertad de expresión, derecho básico fundamental para el sistema democrático.
Por otra parte, FoPeA señala la peligrosidad para la vigencia de los derechos humanos de los ciudadanos la presunta aplicación por parte de la justicia local de la “Ley Antiterrorista”, sancionada en diciembre pasado por el Congreso de la Nación. FoPeA en su momento cuestionó dicha medida y vuelve a reiterar su preocupación ante la aplicación de esta legislación represiva por parte del Estado ante la protesta social.
Foro de Periodismo Argentino