Fue la gran noticia de cierre del año 2011 para las secciones de negocios de los medios: Falabella compra el canal Megavisión por 143,5 millones de dólares, en una operación que se debe materializar el próximo 15 de marzo una vez que culminen las formalidades burocráticas para el traspaso de acciones de Cristalerías Chile (grupo Claro), actual propietario de la estación televisiva, al grupo Bethia, controlador de la cadena de tiendas de retail.
La transacción se produce en un momento muy particular, signado por expectativas de desenlace a mediano plazo de un sempiterno debate parlamentario del marco legal que regirá la televisión de señal abierta en el país con el advenimiento de la digitalización. No se trata, por tanto, de un mero movimiento de salida o entrada de actores empresariales en una estructura tradicional de canales de TV, sino de una apuesta a futuro de un emergente grupo comercial y financiero, fortalecido al alero de una economía de servicios, prototípica de la actual expansión de los negocios privados.
Lo preocupante es que este escenario parece ser asumido como natural por el gobierno y por los actores empresariales de la televisión. Para las autoridades, tanto en las administraciones concertacionistas como en la actual de derecha, la mejor política de comunicaciones es la que no existe, de acuerdo a la comentada sentencia de Eugenio Tironi. Así, en el propio debate sobre la futura televisión digital predominan las visiones técnico-comerciales que emanan de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y de Anatel.
El holding tiene inversiones en Chile, Argentina, Colombia y Perú. En el área del retail actúa con las multitiendas Falabella, los supermercados Tottus y San Francisco y las tiendas Sodimac. Su presencia en los servicios financieros tampoco es despreciable, con las tarjetas CMR, el Banco Falabella, Seguros Falabella y Viajes Falabella.
No es arriesgado suponer que el grupo Bethia tiene una buena interlocución con personeros gubernamentales y parlamentarios y que seguramente se hace asesorar por algún equipo de consultores y potenciales lobbistas en sus decisiones de inversión. Los 143,5 millones de dólares destinados a la compra de Megavisión no son un gasto a “fondo perdido” para darse el gusto de tener un canal propio, anhelo de muchos magnates, sino un síntoma de confianza por parte de los dueños de Falabella en que el trámite parlamentario de la normativa para la televisión digital terrestre culminaría con una ley favorable para los “actuales concesionarios”.
El gobierno de Sebastián Piñera dio señales en esa dirección cuando en el 2010 intentó dar curso a una “ley corta” de TV digital. Desde mayo de 2011, la Anatel (Asociación Nacional de Canales de Televisión), representativa de siete concesionarios actuales de señales de libre acceso, presiona para que la futura ley les faculte la creación de canales digitales de pago, al estilo del cable, bajo el eufemístico nombre de “televisión digital de acceso condicionado”.
Si el actual negocio televisivo es grande, el que se viene con la digitalización es gigantesco. Por eso, no resulta extraña la expansión hacia las pantallas de los mayores conglomerados empresariales, como el grupo Luksic, que en agosto de 2010 compró 67% del Canal 13, y ahora Bethia-Falabella, que adquiere la totalidad de Mega, el primer canal privado chileno, inaugurado el 30 de junio de 1993 gracias a un decreto de las postrimerías de la dictadura que introdujo la televisión comercial en un escenario reservado hasta entonces, al menos en teoría, al Estado y las universidades.
Se dijo que el grupo Claro optó por vender el Mega porque la caída de las utilidades del canal, del orden de 24,9% a septiembre de 2011, lo dejaban en mal pie para asumir las inversiones que demandará la digitalización. Por ello, nada mejor que traspasar la propiedad a otro conglomerado empresarial, con más liquidez, sin alterar el modelo televisivo chileno que, a contrapelo de las leyes, devino en un modelo de mercado, donde la televisión pública (TVN) opera con criterios comerciales y de la televisión universitaria solo queda el nombre.
La “televisión digital de acceso condicionado” es un rótulo eufemístico con que los socios de Anatel pretenden que los usuarios paguemos su expansión digitalizada. El argumento central es que hacer televisión es caro y que el financiamiento, basado en una torta publicitaria anual de “apenas” 450 millones de dólares, es insuficiente para cubrir los costos operativos y las inversiones adicionales de la digitalización, del orden de unos 210 millones de dólares.
Bajo estos cálculos, o virtuales amenazas, se notifica a los televidentes que la TV digital será “más de lo mismo”, aunque con mejor calidad de definición, para quienes están excluidos hoy del cable y que en el futuro tampoco podrían pagar por el “acceso condicionado” para programaciones segmentadas, cuya calidad tampoco está asegurada bajo los parámetros con que se hace actualmente televisión en Chile.
En agosto de 2010 la transnacional Turner pagó 155 millones de dólares por Chilevisión a Piñera, quien en 2004 había comprado en 24 millones la concesión del canal al magnate venezolano Gustavo Cisneros, quien a su vez la había adquirido por apenas ocho millones de dólares en 1993 a una Universidad de Chile ahogada financieramente desde la dictadura de Augusto Pinochet.
Algunos pensaron que con la llegada de Turner habría un cambio sustantivo en el antiguo canal universitario. Lo cierto es que más allá de inversiones en el área dramática, Chilevisión ha mantenido incólume su modelo de noticieros que chorrean sangre y programas de variedades en que campea la vulgaridad. Y no tendría por qué cambiarlo, ya que le reporta un alto rating, que a su vez, le permite competir con ventajas en el acceso a la torta publicitaria.
El grupo Luksic cerró a su vez el año del canal 13 con señales de alarma por la pérdida de audiencias sobre todo en sus noticieros, pese a la fiebre de contrataciones con que se posicionó en la ex estación católica apostando a supuestas “cartas seguras”, con ex funcionarios públicos del área, como el ex ministro René Cortázar, un concertacionista más que accionó la puerta giratoria para instalarse en la empresa privada.
Con Falabella en el Mega podrán modificarse algunos de los parámetros de la competencia. No en vano, uno de los mayores avisadores en las pantallas tendrá ahora su propio canal. Pero en lo esencial las bases del modelo de televisión de mercado permanecerán incólumes, con el tótem del People Meter, un aparato que mide impactos y no calidad y que no se usa ni en Estados Unidos ni Europa.
Lo preocupante es que este escenario parece ser asumido como natural por el gobierno y por los actores empresariales de la televisión. Para las autoridades, tanto en las administraciones concertacionistas como en la actual de derecha, la mejor política de comunicaciones es la que no existe, de acuerdo a la comentada sentencia de Eugenio Tironi. Así, en el propio debate sobre la futura televisión digital predominan las visiones técnico-comerciales que emanan de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y de Anatel.
Las diversas expresiones de la sociedad civil, del mundo académico, los pueblos originarios, los periodistas, los comunicadores comunitarios, los trabajadores de la creación cultural, son hasta hoy actores marginales en el debate legislativo. La Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital, representativa de este espectro, ha planteado cuestiones fundamentales con propuestas concretas para materializar la promesa de una televisión digital que contribuya a la pluralidad de voces, al desarrollo de la cultura y que sea, en última instancia, un instrumento para mejorar la calidad de la democracia.
Las movilizaciones ciudadanas por la educación en el transcurso del año 2011, ricas en consignas de interpelación y cuestionamiento a la televisión y al duopolio de la prensa escrita, demuestran que este no es un tema menor y que, por lo mismo, el debate acerca de los medios tiene que incluir voces de alerta sobre la penetración de grandes holdings empresariales en la televisión de señal abierta, por la cual se informa y se entretiene, alrededor del 80% de los chilenos.
Chile está de espaldas al debate sobre el derecho a la comunicación como expresión de los derechos humanos, instalado en varios países latinoamericanos. Pero aun los más refractarios a ese debate, abanderados con la libre competencia, tendrán que convenir que no es saludable para la libertad de expresión la presencia de mega grupos económicos en los medios, sobre todo en un país como Chile donde las abiertas prácticas dictatoriales de censura han sido reemplazadas hoy por la autocensura y el silenciamiento de las voces disidentes.
Este mismo manto de silencio parece posarse sobre el escenario de fondo de la digitalización, obviado en las propuestas legislativas y que contribuiría a explicar la irrupción en el sector televisivo de los grupos Luksic y Bethia. Se trata de los negocios asociados a la televisión digital, como la transmisión de datos y la instalación de plataformas de servicios con fines sociales, como la tele-educación y la tele-medicina. Ámbitos que podrían tentar a los privados si no se definen coherentemente políticas públicas para los mismos.
Los megagrupos de la comunicación no se circunscriben actualmente a nichos tradicionales de la prensa escrita, la radio y la televisión de libre acceso o cable. Amén de los emprendimientos en Internet, hoy por hoy, la telefonía celular es la plataforma de mayor expansión para difusión de contenidos informativos. Por eso, resulta sintomático que discreta y simultáneamente a la compra de Megavisión, el grupo Bethia iniciara ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones el trámite para crear Falabella Móvil. Algo así como la guinda de la torta.
*Periodista. Académico del Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile
Ver más: Chile: Grupo Bethia concreta promesa de compraventa del canal Mega por US$ 143 millones
Fuente: Agencia de Noticias Medio a Medio