Por: Carlos Rojas
¿Por qué hay tanta preocupación de Reporteros Sin Fronteras (RSF), por la política de comunicación del Gobierno ecuatoriano, en estos cinco años?
No somos una organización partidaria. Eso hay que dejarlo en claro antes de señalar que lo que nos preocupa de Ecuador es la polarización que existe y, en ese ambiente, la prensa privada tiene su responsabilidad. ¿El Gobierno ha reaccionado porque se siente inmerso en esta polarización?
Ha habido ataques muy duros. Las palabras de Emilio Palacio (ex editor de Opinión de El Universo), como llamar a Rafael Correa dictador; son cosas que RSF no puede aprobar. Allí están sus artículos ‘Camilo el matón’ o ‘No a las Mentiras’ con palabras muy duras que las condenamos, porque conllevan acusaciones que hay que probarlas. Esto expresa la polarización que existe.
¿Le parece que Emilio Palacio refleja el comportamiento general de la prensa?
No y eso quiero precisar. En Ecuador, Venezuela, Bolivia, EE.UU. y otros países hay una crítica muy dura contra presidentes de tendencia progresista. Pero es la respuesta de esos presidentes lo que agrava la polarización. Así, los gobiernos deciden actuar con medidas como mantener vigentes los delitos de prensa, con penas de cárcel y multas que, como en el caso El Universo, son exorbitantes. ¿Cómo se puede culpar a todo el personal de ese diario, al pedir USD 40 millones?
Es la otra cara de la polarización…
Otra cosa que condenamos de manera fuerte, no solo en Ecuador, es el uso y abuso de cadenas donde finalmente el Gobierno actúa exactamente de la misma forma que los periodistas que él reprocha: insultos, acusaciones personales, descrédito. Eso es grave para el debate público.
¿Cabe en este momento preguntarse quién lanzó la primera piedra?
No me parece algo importante, porque también debo decir que la prensa está expuesta a las críticas y a la vigilancia ciudadana, porque la prensa tiene un papel de contrapoder.
Para el Gobierno, ser contrapoder es representar el interés económico y político de quien tiene un medio de comunicación, nada más.
También puede ser una dificultad, eso existe y no solo en Ecuador, pero se puede construir debates equilibrados y plurales. En la discusión sobre la Ley de Comunicación se han abierto espacios interesantes, como repartir las frecuencias de radio de manera equitativa, eso positivo. En cambio no lo es dejar sin regulación el uso de las cadenas oficiales y, peor aún, aprobar un veto electoral que regula la actividad de la prensa sobre los contenidos políticos de la campaña y que eso no se aplique a las cadenas. Las ventajas de la propaganda oficial crecen a medida que se ponen restricciones la prensa privada.
¿No es eso polarizar?
Usar cadenas oficiales sin regulación y sin límites es un atentado contra el pluralismo.
¿Contra los DD.HH.?
El pluralismo es un derecho humano. Correa se enfrentó a la Relatoría de la Libertad de Expresión y a la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), tras el reclamo de Dinah Shelton por las cadenas intimidantes contra la gente que denunció las agresiones a la prensa. Eso es muy grave, fue un ataque del Gobierno.
¿Es una retaliación contra la Relatoría, que Ecuador apoye las reformas al esquema de trabajo, financiamiento y preparación de informes de la Relatoría previstas para este 25 de enero?
Se busca debilitarla en términos de visibilidad, financiamiento e independencia. Temo que la Relatoría deje de existir después si pasan las reformas.
¿Por qué?
Porque van a reducir su capacidad de reaccionar, de prender alertas y de dar seguimiento en casos verdaderamente graves contra la libertad de expresión en países como México, Honduras...
¿El Gobierno, al buscar limitar a la Relatoría, no se da cuenta que estaría afectando aún más la integridad de periodistas en zonas más conflictivas del continente?
Me parece que sí. ¿Quién va a ser, para la ciudadanía de esos países, el interlocutor internacional que permitirá mantener la atención sobre sus problemas? En Ecuador hay un problema de agresión a la prensa, pero en otros países el riesgo de los periodistas es físico.
¿Qué le pide al Gobierno de cara a las reformas que se discutirán en la OEA?
Que retiren las propuestas. Realmente creo que hay que pensar en las consecuencias que puede tener el debilitamiento de la Relatoría en países donde hay periodistas amenazados en su integridad y solo cuentan con las medidas cautelares de la CIDH.
El Gobierno dice que estas reformas no han sido patrocinadas solo por Ecuador...
Hay varios países que han apoyado estas reformas.
¿Cuáles?
De Colombia no sé. Veo que en Chile hay cierto apoyo, pues ha propuesto una ley que hace a los periodistas auxiliares de la Policía en la lucha contra la delincuencia. Lo veo en Venezuela, México… Más allá de hablar de países, hablemos de responsabilidades.
¿Cómo mira el liderazgo de José Miguel Insulza, secretario de la OEA?
No he visto muchas reacciones de su parte.
¿Qué hará RSF si las reformas pasan?
Será difícil tomar medidas. Sería un precedente muy grave para las relaciones entre ciudadanos y gobiernos. Claro que todavía queda toda una jurisprudencia continental que habrá que fortalecer desde la CIDH.
Consejo definirá la suerte de la CIDH
Este miércoles, un grupo de trabajo conformado por la OEA presentará ante el Consejo Permanente un documento en el que se plantean recomendaciones para reformar el Sistema Interamericano de DD.HH. Se trata de sugerencias que atañen al funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Salvo el caso específico de la Relatoría para la Libertad de Expresión, las recomendaciones apuntan al perfeccionamiento del sistema. Pero, entre la CIDH, las ONG y la sociedad civil hay preocupación, pues se piensa que los cambios podrían acabar por debilitar a la Comisión. Entre los cambios planteados figura que el informe anual de la Relatoría, que evalúa la libertad de expresión en los 35 países de la región, se integre al informe anual de la CIDH. En otras palabras, que sea un capítulo más, lo cual le restaría visibilidad. Algunos creen que, incluso, esto podría acabar con el informe, pues los capítulos de las relatorías no suelen tener más de una página, mientras que el de libertad de expresión suele llegar a 400. También se pide igualar el financiamiento de todas las relatorías. Dado que la Relatoría para la Libertad de Expresión recibe más del triple de los recursos, vería su presupuesto reducido. Además se quiere prohibir que capte fondos de cooperantes externos a la OEA.
Fuente: Diario El Comercio
Ver anterior: La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no es un juguete político