En su edición del 4 de noviembre del 2011, el semanario Hildebrandt en sus Trece, de Perú, publicó un amplio informe sobre cómo el grupo ATV, presumiblemente controlado por el broadcaster mexicano-estadounidense Ángel González, viene acentuando su posición de dominio en el ámbito de la televisión de señal abierta en el Perú (analógica y digital), principalmente a través de la obtención de canales digitales adjudicados en los últimos dos años por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Según el informe periodístico, el grupo ATV (que incluye a Red Global Televisión, La Tele y, recientemente, a Perú TV) estaría al menos rozando el discutible límite establecido por le Ley de Radio y Televisión (2004) para evitar el acaparamiento en el sector: 30% del total de frecuencias disponibles (asignadas o no) en una banda por localidad.
De manera casi simultánea, el 3 de octubre de este año ATV se adjudicó el canal 30 (digital) mediante un concurso público en el cual fue el único postor y por el que desembolsó cerca de 17 millones de nuevos soles. Con esto el grupo ATV consolida su posición de dominio en la televisión peruana del presente y del futuro. Le siguen en términos de participación en el mercado publicitario y en niveles de audiencia a nivel nacional América Televisión (Plural TV), Frecuencia Latina y Panamericana Televisión.
El caso de Plural TV configura un escenario mucho más crítico en materia de concentración mediática en el país. El grupo El Comercio, con predominio en la prensa nacional a través de sus cinco diarios (El Comercio, Perú.21, Trome, Gestión y Depor) tiene el 70% de participación en Plural TV, y en tal virtud conduce las líneas editoriales de América Televisión y de Canal N. Ello ha sido posible porque en el Perú no se establecen límites a la propiedad cruzada de medios de comunicación, a diferencia de otros países con regulaciones democráticas como Inglaterra y Francia.
En el campo de la radio, tienen predominio en el mercado los grupos de origen limeño RPP (con seis emisoras) y Corporación Radial del Perú (con ocho emisoras), y el grupo de origen provinciano Corporación Universal.
El alto nivel de concentración mediática en nuestro país configura una barrera de carácter estructural al pluralismo y limita seriamente la libertad de expresión, si se entiende que ésta no es un derecho exclusivo de los principales grupos mediáticos ni de los periodistas que trabajan en ellos. La estructura de propiedad de los medios de comunicación, tradicionalmente utilizados como vehículos de influencia de los grupos de poder económico, posibilita el predominio de ciertas visiones y discursos sobre la economía y la política, sobre las autoridades y su desempeño, respecto del escenario internacional, sobre los conflictos sociales y sus causas y, en general, sobre la vida social, económica y política del país. La concentración impide la construcción de un espacio público mediático más democrático y plural.
El panorama se hace más crítico debido al carácter centralista del sistema de medios en el Perú, en virtud del cual las cadenas de radio y televisión con sede en la capital transmiten más del 90% de contenidos producidos o programados en Lima. Así, al amparo de un marco jurídico institucional excluyente, centenares de empresas y organizaciones locales y regionales que operan diversas estaciones de radio y televisión producen y difunden contenidos, sobreviven y en algunos casos crecen y se modernizan, en el contexto de un mercado publicitario bastante limitado y de un alto nivel de vulnerabilidad política, especialmente en el marco de conflictos sociales. Basta recordar los casos de radio La Voz de Bagua o de Radio Televisión Oriente de Yurimaguas, cuyas licencias fueron canceladas por el gobierno aprista por razones estrictamente políticas.
El alto nivel de concentración mediática en nuestro país configura una barrera de carácter estructural al pluralismo y limita seriamente la libertad de expresión, si se entiende que ésta no es un derecho exclusivo de los principales grupos mediáticos ni de los periodistas que trabajan en ellos.
En el inicio de la primera vuelta para las últimas elecciones generales, Gana Perú propuso como parte de su plan de gobierno, denominado “La Gran Transformación”, impulsar “[…] una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y social)”. El propósito de la ley sería “[…] incorporar las distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la libertad y pluralidad de la información y opinión, y recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación”. Para ello se crearía un consejo público, con presencia de la sociedad civil, encargado de administrar las frecuencias digitales de radio y televisión.
Las críticas y, en no pocos casos, la desinformación promovida por un sector importante de los medios de comunicación, arreciaron contra el entonces candidato y sus principales voceros. Al empezar la segunda vuelta, en el contexto de la presentación de los “Lineamientos centrales de política económica y social para un gobierno de concertación nacional”, el candidato Ollanta Humala prometió respetar la libertad de expresión. La propuesta referida a los medios de comunicación, consignada en el ya citado documento “La Gran Transformación”, no volvería a ser abordada y mucho menos sostenida por los voceros de Gana Perú.
Ya como presidente, Humala reiteró su vocación de respeto por una auténtica libertad de expresión en el marco de la 67.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de la 41.ª Asamblea General de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), ambas realizadas en Lima.
Desde mi perspectiva, el compromiso asumido por el presidente Ollanta Humala en el contexto de la segunda vuelta — “respetar la libertad de expresión”— no tiene por qué significar una ruptura con el planteo inicial referido a una distribución más democrática de las frecuencias digitales. Al contrario: una regulación democrática y transparente, con verdaderos límites a la concentración mediática, incluyendo a la propiedad cruzada, no haría sino profundizar la libertad de expresión y el pluralismo principalmente en el sistema de radio y televisión, la principal arena de la política de hoy.
El problema radica en la viabilidad política del cambio, pues para modificar una ley se necesita mayoría en el Congreso. Y reside también en la aparente falta de voluntad desde el Gobierno para, al menos, impulsar un amplio debate sobre un tema central para la democracia en el país, sobre el cual han empezado a llamar la atención organizaciones de sociedad civil como Red TV, la Coordinadora Nacional de Radio, la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP a través del Foro permanente Hacia una Comunicación Plural, y algunos medios independientes.
Fuente: Revista ideele