AdEPA manifestó su “profunda preocupación” por la inhibición de bienes de la empresa editora del diario La Nación y sostuvo que se trata de otro episodio destinado a “condicionar a la prensa independiente”
El juez federal Carlos Folco ordenó la medida contra la editora del centenario matutino porteño a requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Pero luego de decretar la inhibición por 162 millones de pesos, el magistrado admitió públicamente que el organismo de recaudación no le había informado sobre una medida cautelar dictada en 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Al respecto, AdEPA destacó que “preocupa que un organismo gubernamental (por la AFIP) desconozca de modo tan flagrante una orden del máximo tribunal de la Nación, apartándose de las más elementales reglas que regulan la vigencia de un Estado de Derecho”, como también “resulta inadmisible” que el juez Folco “no subsane de inmediato” esa ilícita inhibición.
La declaración de la entidad representativa de la prensa argentina expresa textualmente:
“La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresa su profunda preocupación por la decisión del juez federal tributario Carlos Folco que, a requerimiento de la AFIP, ordenó la inhibición de bienes de la empresa editora del diario La Nación, sobre la base de un presunto crédito fiscal.
“Esto se suma a otra serie de hechos producidos en los últimos días, todos ellos dirigidos a condicionar a los medios de prensa independientes.
“Basta citar la sanción de la ley que regula la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios, así como de normas que definen conductas punibles que afectan el orden económico-financiero o que se identifican como terroristas; la citación a indagatoria de directivos de empresas periodísticas por presuntos delitos de lesa humanidad, y el operativo montado para designar un coadministrador en Cablevisión S.A.
“La supuesta deuda que se reclama a La Nación, así como a muchos otros medios de prensa de todo el país, se origina en la caída del régimen de competitividad que rigió hasta 2003 y en el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de su compromiso de procurar una solución para todas las empresas afectadas.
“Ello dio lugar a la promoción de acciones en el marco de las cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación comunicó en 2009 a la AFIP que debía abstenerse de reclamar judicialmente esas presuntas deudas, hasta tanto haya decisión sobre el fondo de la cuestión.
“Preocupa que un organismo gubernamental desconozca de modo tan flagrante una orden del máximo tribunal de la Nación, apartándose de las más elementales reglas que regulan la vigencia de un Estado de Derecho.
“Asimismo, resulta inadmisible que un juez no subsane de inmediato la sentencia inspirada por su ignorancia de los fallos de Corte Suprema de Justicia y difiera la solución del caso hacia la feria judicial, con lo cual se mantienen los efectos de una medida claramente ilícita.
“AdEPA recuerda que desde hace años viene reclamando una solución para la situación generada con la eliminación de los planes de competitividad a los medios gráficos de prensa, lo cual constituye un serio problema que afecta a decenas de diarios, y en especial a los de menor tamaño económico, lo que en muchos casos pone en riesgo su sustentabilidad como empresas.
“Por todo, insta a la Justicia para que deje de inmediato sin efecto la inhibición dispuesta respecto de S.A. La Nación, porque al margen de su manifiesta ilegalidad, no se corresponde con el grado de independencia y pluralismo que garantizan a la prensa la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, como elemento esencial para la vida en democracia”.
Fuente: AdEPA
