Por: Óscar Díaz
¿Cómo se produce su llegada al cargo?
A los cargos normalmente se aplica individualmente, porque las personas que ejercen la relatoría lo hacen a título personal, no es representación de país. Además de ser abogado en derechos humanos, he sido periodista de radio, incluso soy miembro de la Asociación de Locutores de Guatemala. Apliqué a Naciones Unidas, me comuniqué con la gente del GRULAC, el Grupo Latinoamericano y del Caribe, que vio con muy buenos ojos que un latinoamericano estuviera en el cargo. Tuve el apoyo del embajador de Guatemala y de todo el GRULAC en general, que jugaron un papel activo. Coincidió, y esto fue una coincidencia muy importante, que hubo un debate muy serio en Naciones Unidas entre Este y Oeste, pero ahora más en el tema religioso. Los países islámicos estaban planteando como demanda la reivindicación de que se hablaba de difamación de religiones, incluyendo lo que ellos llaman islamofobia. Esto había generado mucha tensión, tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en la Asamblea General, y realmente se buscaba un relator que no cayera en ese debate Este-Oeste.
Generalmente son los periodistas o los medios los que abanderan la libertad de expresión y de prensa. Pero, ¿cómo se ayuda al ciudadano para que conozca que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos le garantiza esa libertad?
La libertad de expresión es un derecho individual, de toda persona en un territorio, pero es un derecho colectivo, porque se pueden expresar asociaciones, pero también es el derecho de la sociedad de estar informados. Cuando se ejerce la libertad de prensa se ejercen dos derechos: el de los periodistas que expresan su opinión o ejercen su profesión, pero también, el de la sociedad que está ejerciendo el derecho de ser informados libremente y en forma diversa por la prensa. Y tercero, es un derecho cultural de los pueblos. Pero además, es un derecho que se ejerce en dos direcciones distintas. El derecho a recibir y buscar información, como es el derecho de expresar y difundir información. En ese sentido, el acceso a la información pública por ejemplo, es un derecho de todos los ciudadanos, no solo de la prensa. En todos los países del mundo, y es una recomendación, deben haber leyes de acceso a la información pública, todo lo que es el manejo del presupuesto nacional, las decisiones políticas de Estado, el establecimiento de políticas públicas deben ser de acceso a la opinión pública, sean periodistas o ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil. El gobierno verdaderamente democrático es verdaderamente transparente.
¿Cuáles son los principales focos de preocupación en material de libertad de expresión en el mundo actualmente?
Son tres. La primera es el tema de la progresiva criminalización de la libertad de expresión. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay una tentación creciente que yo creo que está vinculada al fenómeno de internet, aunque no es solo por eso. Por ejemplo, en América Latina han ido desapareciendo los delitos de desacato y delitos que la misma relatoría de la OEA había recomendado que se quitaran; sin embargo, últimamente se empiezan a dar un sinnúmero de delitos por difamación. El caso más reciente es el del presidente (Rafael) Correa en Ecuador. Yo hice un comunicado público criticando seriamente esta práctica, donde él logra –de un juez– una sentencia por $40 millones contra el diario El Universo, lo cual lo lleva a la quiebra. La difamación, y esto es un consenso que hay entre la relatoría de la ONU con las relatorías de organismos regionales como la OEA, de que la difamación puede existir para proteger el honor y la reputación de personas, pero debe ser una acción y no una acción penal, meter a alguien a la cárcel o poner una multa desmedida contra un medio, un periódico o que lleve a la quiebra a una persona, no recupera el honor de otra persona que se siente ofendida. La difamación se ha utilizado para silenciar la crítica en el mundo entero. También, el delito de ofensa a las religiones en el mundo islámico es la difamación de religiones.
La tercera amenaza en el mundo es la creación de grandes conglomerados y monopolios de prensa. Aquí el caso más típico es el de Rupert Murdoch, que fue un escándalo en Inglaterra, pero esto está pasando en nuestra América Latina y pasa en otros continentes. ¿Y por qué es una amenaza? Es una amenaza de otro tipo, pero la libertad de expresión se rige por un principio, que es de la diversidad y pluralismo, especialmente en los medios de telecomunicaciones. Tiene que haber diversidad de medios y pluralismo de ideas, porque es el pueblo el que tiene el derecho a formular su pensamiento, sus opiniones y a decidir por sí mismo cuál información toma y cuál rechaza.
Y agregaría una cuarta preocupación, es el tema de internet. Hay una tentación de querer bloquear y filtrar el internet, hay países que lo hacen claramente, China, por ejemplo. Cuando yo hablo de acceso lo divido en dos formas: acceso al contenido, amplio, libre, con diversidad; y acceso a la infraestructura, a las computadoras, conectividad y al servidor. Y eso implica de los Estados un esfuerzo incluso económico. Me parece a mí que el internet, especialmente con los casos de Egipto y Túnez, ha provocado temor en los líderes políticos del mundo que fácilmente caen en la tentación de querer silenciar a los blogueros, a los críticos y a la gente. Y todos los grandes medios de comunicación tienen una versión en línea y eso también les asusta, porque antes un periódico llegaba a los lectores que lo compraban, un círculo relativamente reducido, pero hoy un periódico que tiene una versión en línea llega no solo a los que compran el impreso, también a los que ven en internet la noticia a escala mundial.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su asamblea en Lima, en octubre, dijo que los gobiernos autoritarios y el crimen organizado son las principales amenazas de la libertad de expresión en América. ¿Comparte usted esa preocupación?
Eso que dice la SIP se enmarca en lo que yo estoy diciendo; o sea, ¿quiénes son los que usan el derecho penal indebidamente? Los gobiernos autoritarios. ¿Quiénes son los que no investigan los casos de violencia contra periodistas? A quienes no les interesa una prensa libre y protegida. ¿Quiénes son los gobiernos que tienen la tentación de monitorizar o interferir con el internet? Los gobiernos autoritarios. Lo que dice la SIP es cierto, lo que pasa es que yo lo traduzco en las cuatro formas en que se da este tipo de censura. El peligro se lleva en los países autoritarios. La comunicación y la libertad de expresión son elementos fundamentalísimos de toda democracia y está claro que los gobiernos que no son democráticos son los que la quieren limitar.
En el caso de El Universo es que el juez hizo corresponsable al medio por la columna de opinión que generó la demanda. ¿Considera usted que es acertado hacerlos corresponsables?
Ahí tengo dos opiniones. La primera es que difamación no se debe usar ni siquiera contra quien escribió la columna (el exeditor de opinión de ese diario), porque para mí la difamación no debe ser una acción penal. Para mí, los funcionarios públicos están obligados a permitir un espacio más amplio de crítica, porque la función pública va con el escrutinio público, la transparencia y van de la mano con la crítica pública. No se pueden dar por ofendidos, estén de acuerdo con la crítica o no. Se está queriendo hacer corresponsable al medio, yo lo dije en el caso de El Universo, pero también en el caso de WikiLeaks. Si hay una filtración de información, uno no puede hacer al intermediario, responsable del contenido establecido por terceros.
Fuente: La Prensa Gráfica