Por: Ailín Bullentini
Los medios televisivos comunitarios, autogestivos y populares son una pata fundamental dentro del multidisciplinario grupo de organizaciones sociales creador de los 21 puntos que consolidaron la base conceptual de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como bastiones de lucha por la aprobación y aplicación de esa norma. Sin embargo, a casi dos años de haber nacido la conocida “ley de medios”, quienes crearon y sostienen proyectos comunicacionales de ese estilo se reunieron ayer en la puerta de la flamante Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para reclamar reconocimiento. “Siguen tratándonos con desigualdad. Se niegan a trabajar concursos de licitaciones específicos para medios comunitarios, con requerimientos que tengan en cuenta nuestro funcionamiento”, explicó Natalia Vinelli, una de las creadoras de Barricada TV. Su descontento comenzó con la puesta en marcha de la licitación de 220 licencias de televisión abierta digital, cuyas bases los medios comunitarios reclaman que los “dejan afuera”. Desde la Afsca explicaron, en cambio, que todavía no se abrió la licitación para medios de baja potencia.
Las televisoras exigieron tres puntos fundamentales a la Autoridad Federal. La creación de concursos específicos para medios comunitarios alternativos y populares, “que estén construidos en base a nuestra situación real, y en cuya elaboración podamos participar, debatir los requerimientos, proponer jurados”, amplió Mafut; la legalización de las señales comunitarias y populares censadas y reconocidas como emisoras de baja potencia entre fines de 2009 y principios de 2010 para que puedan acceder a una señal en la televisión por cable; y la posibilidad de poder gestionar una o varias señales nacionales en colectivo con otros medios comunitarios.
Según las televisoras, ninguno de esos temas fue tenido en cuenta por la Autoridad Federal, que los esperó en el último encuentro, concretado el martes pasado, con la noticia de la elaboración de un nuevo concurso para medios locales de alcance geográfico limitado. “En cierto punto, la exclusión provocada con la 685 y la 686 se subsanaría con estos concursos, que ofrecerían la posibilidad a los comunitarios de transmitir inmediatamente”, apuntó Néstor Busso, titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias y flamante presidente del Consejo Federal de Comunicación, asesor y a la vez ente controlador de Afsca. Los precios de los pliegos del nuevo concurso serían ampliamente menores, pero el alcance de las señales que ofrecen son de 17 kilómetros como máximo. No hay información acerca de los requerimientos solicitados para concursar.
En ese sentido, Vinelli apuntó: “Nos dijeron que no nos pueden tomar como medios comunitarios porque la ley no habla de nosotros con ese concepto. Sí aparecemos en un glosario que se encuentra en el inicio de la norma. Pero, además, ahora también nos limitarían en el alcance. Siguen tomándonos como al último orejón del tarro”.
“La cuestión de los recursos necesarios para sostener una señal de televisión, y lo mismo en el caso de las radios, es un tema que se debe discutir aún, ya que la ley no especifica de dónde el Estado sacaría los recursos que dice destinará a organizaciones sin fines de lucro, ni el monto, ni cuándo los pondrá a disponibilidad. Hasta tanto no se defina eso, es ilógico discutir el valor de los pliegos”, consideró Busso.
Para Ariel Tcach, de Faro TV, la cuestión es grave: “Nos preocupa el total desconocimiento de la existencia de medios comunitarios, cuando fuimos el apoyo y a la vez el argumento principal de la nueva ley: la transformación del esquema comunicacional convencional”, remarcó.
Ayer por la tarde volvieron a recordárselo a las autoridades federales, en compañía de organizaciones sociales, medios gráficos alternativos y autogestionados y radios comunitarias con las que comparten la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular (CoorDeCCAP). A través de un nuevo acampe cultural –llevaron a cabo uno a fines de julio con el que consiguieron que el directorio del organismo los reciba–, que realizaron desde las 17 frente al edificio de la Autoridad, exigieron reconocimiento jurídico, inclusión de los medios comunitarios en la distribución de los recursos estatales para la comunicación y el cese de las restricciones técnicas, económicas, legales y políticas al acceso a las licencias.
“Nos reuniremos las veces que haga falta”
“Estamos trabajando en pliegos adecuados a este tipo de emisoras y trabajando con este colectivo que nos importa, nos interesa, reuniéndonos todas las veces que haga falta”, explicó a Página/12 Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos de la Afsca. Con respecto al valor del pliego de licitación, la funcionaria detalló que “todos los que están reclamando se inscribieron como emisoras de baja potencia y ya les explicamos –el martes pasado cuando nos reunimos– que los pliegos de las resoluciones 685 y 686 son para emisoras de alta potencia que transmiten a 70 kilómetros”.
La autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual considera que aún dentro de las entidades sin fines de lucro, los pliegos que se pusieron a la venta tienen “más que ver con organizaciones no gubernamentales grandes o cooperativas”. Peñafort informó que los pliegos en los que están trabajando tendrán un costo de “dos mil quinientos a cinco mil pesos y, obviamente, tendrán menos requisitos para las garantías”. La funcionaria recordó que “ellos mismos se censaron como emisoras de baja potencia”.
Con respecto al tiempo que transcurrió desde la sanción de la ley, Peñafort explicó que “la ley recién está activa desde hace un año: estuvo un año en el freezer de tribunales por sucesivos recursos de amparo en Salta y Mendoza, luego entramos en el período de reglamentación, de ordenamiento del espectro y ahora estamos en la licitación de alta frecuencia para luego empezar con las comunitarias”.
Las condiciones laborales de los trabajadores de las emisoras es otro de los puntos de conflicto. Peñafort dijo que representantes de televisoras comunitarias dicen que se sostienen en base a trabajo voluntario que no tendrían que cumplir con exigencias laborales específicas, “para nosotros, y la ley lo establece, quienes manejan equipos cómo no van a tener ART. Esos requisitos se pusieron para evitar la precarización laboral”.
“No existen los permisos precarios. Estas emisoras, apenas se sancionó la ley, nos preocupamos en saber cuáles estaban trabajando sin autorización. En función de ese relevamiento sacamos dos resoluciones: una para radio y otra para televisión. La inscripción implicaba autorización para funcionar hasta tanto se llamara a un concurso. Hasta que haya concurso, el Estado les garantiza seguir funcionando. No hay riesgo”, señaló Peñafort.
Pliegos para alta potencia
Las resoluciones 685 y 686 fijan las reglas para acceder a una licencia de televisión abierta digital de alta potencia. Entre varios otros requerimientos, exigen:
El pago de entre 40 y 140 mil pesos por un pliego de licitación. Para los actores con fines de lucro el precio asciende a 200 mil pesos.
La presentación de una garantía de parte de los oferentes equivalente al valor de un pliego y medio y, en caso de acceder a una licencia, el pago mensual de 24 mil pesos para el mantenimiento de tecnología.
Presentación de inscripción en la AFIP, documentación contable, al día y refrendada por certificaciones cuyo costo no es menor, además de una nómina detallada de los empleados involucrados en la televisora, con sus cargas sociales y ART actualizada.
Fuente: Diario PáginaI12
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