Por: Alberto R. Laria Rajneri - DNI 7579356
En mi carácter de accionista de Editorial Rio Negro SA, expreso mi rechazo a la acción de amparo promovida contra el Gobierno nacional por el dictado del decreto 936, que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual. Muy por el contrario a la valoración que se hace de dicho decreto, estimo que la iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un gesto instituyente de históricos reclamos de la sociedad civil, movimiento de mujeres y diferentes ONGs, que aspiraron a dotar al Estado de un instrumento legal, para profundizar el combate contra la trata de personas, uno de los delitos más aberrantes de las sociedades actuales.
No resulta auspicioso para un periodismo que debiera ser de fuerte compromiso con esa causa y de lograda connotación ética, recurrir al subterfugio de la defensa de “la libertad de expresión” y el de “una actividad lícita”, para saltar una norma necesaria y tomar un atajo que desemboca directamente en la defensa de un negocio repudiable y el riesgo demostrado de la complicidad con explotadores y tratantes de personas.
Por las consecuencias del hecho, se ubica a “Rio Negro” en una encrucijada innecesaria ante la mayoría de la opinión pública. Tan importante decisión seguramente quedará marcada de la forma ofensiva para la historia de “Rio Negro” y hubiera merecido una reflexión previa, en un ámbito más amplio y propicio, como lo es el del directorio de la empresa.
Pero una vez más se imponen los estilos autoritarios de gestión. El tedioso llamado del personalismo invulnerable y expansivo del héroe providencial. El que se convoca hasta las alturas de revocar el estatuto societario. Personalismo que naturaliza prácticas impropias y quiere, sin embargo, mostrarse desde un estrado purificado para enunciarse como guarda y fiscal del republicanismo más acendrado. Es el signo de la mayor de las imposturas. La de adjudicarse para sí el personaje intachable de hombre de la democracia, respetuoso de la ley, preocupado en garantizar transparencia en los procedimientos, sin renunciar nunca a dejar la mínima sospecha de un acto de corrupción.
Nada de esas virtudes cívicas se reflejan en el interior del trabajo de la empresa. Un verdadero estado de excepción y limbo moral, son pilares de la vida institucional actual. Y lo que si fulgura es : La confección de actas de reuniones de directorio inexistentes, la adjudicación de formidables retribuciones personales y para un pequeño círculo de incondicionales falderos, con el agravio de ser mantenidas en oculto secreto, la resistencia a ejercitar el derecho a la información de los accionistas, el sigiloso retiro de fondos a cuentas de dividendos, como forma de otorgamiento de autocréditos, la interdicción o censura, para la publicación de notas de opinión, aunque sean de accionistas, discrepantes con la línea editorial impuesta, la vigencia de códigos dogmáticos de elaboración de un periodismo colonizado, que tiene como fuente referencial la pasiva reproducción de Clarín y La Nación. Esbozos todos, de un proyecto que desmiente la perfección periodística o de alguna integridad cívica y enuncia en cambio, el tiempo sombrío de la anomia y desidia ética.
Cuando “Rio Negro” se anima a introducir la dimensión del asco y editorializa “Un caso que sí da asco”, (19-jul-11), habrá que detectar primero las inducciones que producen ese sentimiento en quienes somos parte de la empresa. Ver, también, cuánto supura del interior de las entrañas de quién lo escribe para desacreditar a las Abuelas de Plaza de Mayo y a la política del gobierno de esclarecer y juzgar los crímenes dictatoriales. Dintel que parecía insospechado de atravesar por “Rio Negro”, pero que cobra impulso en quién ejerce con vehemencia un cuentapropismo moral y le da la bienvenida a editoriales de aliento asqueante que quieren disputar por el retorno al clima político y cultural de una etapa dolorida y aún no cerrada de nuestra historia reciente.
Por otra parte, la elección como patrocinador legal en la figura Hugo Worman Yofre, abogado de Héctor Magnetto en la causa Papel Prensa, deja claramente expresado que la iniciativa impulsada responde al interés político de favorecer al grupo Clarín. Se trata nada menos que de someterse voluntariamente a un grupo surgido manchado de sangre, vocero y cómplice de las dictaduras y al que un periodista de estatura definió con perfección, como “el mayor cáncer de la democracia argentina”.(Víctor Hugo Morales).
¿Qué extraña afinidad se produce? Resulta inexplicable constatar la divergencia de intereses con el Grupo Clarín, y al mismo tiempo converger en un estilo y fin común demasiado explícito: El de afrentar al gobierno e influir en la opinión pública para torcer la voluntad de los electores proclives a reelegir a la Presidenta. No es de recibo que por ese fin, ajeno a la función de informar, se menoscaben los intereses y credibilidad de “Rio Negro”. No se puede olvidar que históricamente Clarín fue hostil a sus intereses. Siempre impuso el precio del papel de manera arbitraria y lesiva para el interés de nuestra empresa. Ejercitó prácticas mafiosas en el establecimiento de precios de pautas publicitarias que hicieron fracasar el proyecto de desarrollo del diario “La mañana de Córdoba”. Antes, obligó a la venta de Cablevisión del Comahue, como efecto de su presión oligopólica y se perdió una empresa local genuina y se disiparon cientos de puestos de trabajos. Por ello el colaboracionismo con Clarín es una misión que indigna y consuma una estafa para los accionistas de “Rio Negro”.
Poner empeño y riesgo en distorsionar el espíritu del decreto presidencial, no es una causa noble que merezca afán alguno. Salvo que se tenga el inconfesable deseo de alentar la imaginaria voluntad de construir el lugar del equívoco para la Presidenta, deslegitimizar y herir, una vez más, su condición e investidura. “Rio Negro” no ahorra ingenio, ni tinta, ni papel , para desplegar ésa, la más pertinaz de sus devociones.
Paradójicamente, tan enconado espíritu no se corresponde con los beneficios recibidos de iniciativas gubernamentales. La primera, como fondo, el crecimiento y ampliación de la economía real cuya consecuencia directa es el robustecimiento de la demanda de publicidad y ventas. También hay que valorar el decreto presidencial que establece el precio igualitario para la venta de papel, el de la anulación del delito de calumnias e injurias y el decreto que habilita la posibilidad de acogimiento al canje de deuda impositiva en litigio, por publicidad oficial. Sólo por este concepto nuestra empresa recuperó del pasivo una cifra varias veces millonaria en dólares. Muy a pesar de ello, puede más la tentación obnubilada de la aversión política, que no puede valorar con justicia la contribución a la libertad de los medios de prensa. Y en el caso del decreto impugnado, se elige un oposicionismo dañino, antes que comparecer con palabras y actos edificantes que contribuyan a la causa del combate a la trata de personas.
“Rio Negro” está próximo a cumplir cien años, es la oportunidad de rememorar la figura de su fundador D Fernando E. Rajneri. Repasar su historia y el significado de su legado. Recordar también los nombres desaparecidos de quienes contribuyeron a engrandecer su obra. Salir del ensimismamiento renegrido y reconocer a la comunidad que acoge diariamente a “Rio Negro”, le da vida y espera, que los propósitos fundacionales no sean trastocados. Es tremendamente injusto que una personal iniciativa exasperada, hunda y confunda las metas de aquel honroso pasado.
