Horacio Verbitsky disculpa a Néstor Kirchner por alentar la concentración de medios mediante el decreto N° 527. Así lo refleja en su columna de hoy en PáginaI12:
Licencia para divagar
La prórroga por diez años de todas las licencias de radiodifusión, dispuesta en mayo de 2005 por el decreto 527, no fue un favor al Grupo Clarín (que acababa de renovar las suyas) sino a sus competidores de los canales de televisión 2 y 9, que las tenían a punto de vencer y para colmo estaban en convocatoria de acreedores. Esto era causal de extinción de las licencias, según el artículo 53, inciso c, de la ley de radiodifusión 22.285 vigente entonces.
En tal caso, Clarín reinaría sin competencia, dado que el restante canal de aire, en manos de la española Telefonica, se abstenía de cualquier intervención política.
El entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, intercedió ante Telefonica para que condonara o refinanciara la deuda que Daniel Hadad contrajo al adquirir el canal 9, como informó este diario oficialista el 26 de diciembre de 2004. Cuando esas gestiones fracasaron, Kirchner acudió a la prórroga de las licencias. De ese modo revalorizó a los contrincantes del Grupo Clarín y los rescató de la quiebra. Es decir que ya en el segundo año de su presidencia, Kirchner estaba prevenido contra la enorme concentración de poder mediático en un solo grupo, que además procuraba expandirse al campo de las telecomunicaciones, para lo que solicitaba el apoyo oficial. Que no lo haya enfrentado entonces obedece a debilidad objetiva y subjetiva. “Hay cosas que no me animé a hacer, para no de-sestabilizar, para no profundizar, y que, gracias a Dios, Cristina las está haciendo”, dijo en enero del año pasado (“Hombre de la Plaza Rosada”, Página/12, 10 de enero de 2010). Una vez más, la cronología ayuda a comprender los procesos. En diciembre de 2007, tres días antes de su conclusión, el gobierno de Kirchner había autorizado la operación conjunta de Cablevisión y Multicanal, si se cumplían las condiciones de desmonopolización señaladas por el Tribunal de Defensa de la Competencia. El 4 de abril de 2008, a diez días del primer lockout agropecuario, la presidente recibió a los directivos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el 16 de abril a los miembros de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, quienes le presentaron los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación”en los que desde 2003 trabajaron 300 organizaciones sociales y cooperativas, sindicatos, universidades, organismos de derechos humanos, asociaciones de radiodifusores y radios comunitarias y le solicitaron que reformara la vetusta ley de Radiodifusión, sancionada por Videla en 1980 y empeorada por Menem diez años después.
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