Por: María Eugenia Estenssoro
Carteles amarillos con el lema "Haciendo Buenos Aires" y anuncios de obras públicas con la imagen del rostro de Cristina Kirchner reflejan a dos gobiernos "distintos" que sin embargo comparten una misma concepción de la política: es más importante lo que se comunica que lo que se hace. Intentaré, en este artículo, mostrar lo que hacen y no comunican ambos gobiernos.
En este año electoral, tanto el gobierno de Macri como el de Cristina Kirchner casi duplicaron el gasto destinado a publicidad y propaganda con respecto al año anterior. Buscan legitimarse a través de la imagen.
Con la aprobación de la nueva ley 26.571 de reforma política, sancionada en diciembre de 2009, se pretendió aclarar las reglas del juego electoral, fortalecer a los partidos políticos, transparentar los mecanismos (mafiosos y corruptos) de financiamiento de los partidos y lograr que la ciudadanía participara en forma democrática luego de la crisis de representación político-partidaria que estalló en diciembre de 2001 al grito de "que se vayan todos".
Entre los cambios que propuso la ley se encuentra la prohibición de apoyos económicos de empresas durante la campaña (art. 58), una medida que hace años adoptó la Coalición Cívica; la prohibición de la compra privada de espacios de televisión y radio durante la campaña (art. 56), y el acceso a espacios de televisión y radio por parte de los partidos políticos sólo a través de la distribución del Ministerio del Interior de la Nación (art. 56). Desde la Coalición Cívica hubiésemos adherido a estos principios generales si los objetivos -reales- hubieran sido mejorar con honestidad la competencia electoral.
Este nuevo diseño de comunicación entre la ciudadanía y los partidos políticos que prohíbe a cualquier persona u organización distinta del Estado comprar o difundir mensajes electorales a través de esos medios durante las campañas se encuentra presente en otros países de América latina.
Entre 2007 y 2008, en México se realizó una reforma electoral. A diferencia de la Argentina, en ese país se creó una única autoridad, el Consejo Federal del Instituto Federal Electoral, responsable, entre otras cosas, de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión destinados a la propaganda de los partidos políticos, y no sólo durante el período de campaña sino de manera constante. El Consejo, integrado por nueve miembros elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, vigila la buena administración del tiempo en radio y televisión destinado al ejercicio del derecho de los partidos.
En la Argentina esta reforma, que en sus discusiones debería haber involucrado a todos los partidos, fue impuesta desde el Gobierno. Una ley que, por el momento, genera más incertidumbre que certezas. En particular hay un punto -de extrema importancia- que debería preocupar a todos los partidos políticos: la "ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral" no regula la publicidad oficial durante las campañas. Podríamos decir, entonces, que estamos frente a una competencia desleal.
Por eso, como senadora, presenté un proyecto de ley que propone eliminar la emisión de todo tipo de publicidad oficial por el plazo de 90 días incluyendo, así, el período de la campaña de las primarias. Las únicas excepciones serían con respecto a la publicidad relacionada con el desarrollo del proceso electoral, la necesaria para informar sobre el funcionamiento de los servicios públicos y las relativas a la prevención de la salud, el medio ambiente y la seguridad de la vida humana.
Sucede que, mientras los espacios gratuitos en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora que podrán tener los partidos serán distribuidos por el Ministerio del Interior de la Nación, y emitidos sólo durante los 25 días previos a la elección general (art. 92), el gobierno nacional no tiene limitantes en el uso de la publicidad oficial. Recordemos que el gasto en publicidad oficial entre 2003 y 2009 subió en 1700% (pasó de 46 millones de pesos en 2003 a más de 832 millones de pesos en 2009). Para este año, el Gobierno tiene presupuestados más de 450 millones de pesos y cuenta también con una maquinaria de medios oficialistas que contará con un presupuesto de 1600 millones y que ha recibido recientemente un adicional de 41 millones. Además, financia activamente todo tipo de "periodismo militante"-un perturbador oxímoron- pagado con fondos públicos, que incluye a la propia agencia TelAm, que, como su nombre lo indica, es una sociedad del Estado, es decir, de todos los ciudadanos, y no del director de turno.
Días atrás, la Corte reconoció la arbitrariedad en el manejo de la publicidad oficial por parte del Gobierno. En la acción judicial iniciada por la Editorial Perfil contra la Secretaría de Medios, la Corte confirmó que existió una conducta discriminatoria por parte del Poder Ejecutivo con el único objeto de castigar las publicaciones no afectas al gobierno de turno. Dispuso "que en el término de quince días disponga la distribución de publicidad oficial en las distintas publicaciones de la editorial, respetando un equilibrio razonable con aquellas de análogas características".
En este año electoral, varias medidas tomadas por el Gobierno debieran llamar la atención de todos los partidos políticos y de la ciudadanía: el presupuesto para publicidad oficial se incrementó cerca de un 50 por ciento con respecto a 2010; se creó una "mega-Secretaría" de Comunicación Pública que administrará el presupuesto de "prensa y publicidad de actos de gobierno", el de publicidad y propaganda de todos los ministerios, así como de los demás organismos del Estado y también la ejecución del programa Fútbol para Todos. Además, se estableció la creación de un Consejo de Coordinación de Políticas de Comunicación Pública que incluye a todos los órganos nacionales relacionados con la comunicación. Dentro de este Consejo estará el titular de la Afsca -autoridad que en principio debía ser un organismo colegiado, autónomo y neutral- que tiene otras funciones y que no debe ser parte del dispositivo de medios de comunicación del gobierno. Esta decisión devela una clara intención proselitista de la comunicación pública, supuestamente institucional, que debería alarmarnos a todos los ciudadanos.
En suma, el Gobierno ha redoblado la apuesta creando una mega-Secretaría de Comunicación, al tiempo que encadena al resto de los partidos políticos a emitir publicidad en medios de comunicación sólo 25 días previos a las elecciones, impidiéndoles contratar en forma privada publicidad en radio y televisión, hecho sancionado como una falta grave, no sólo de la agrupación política sino también de la emisora televisiva o de radio, que inclusive pueden perder la licencia.
Existe, claramente, una competencia desigual estimulada desde el Gobierno.
En cuanto al gasto en publicidad oficial en la ciudad, para 2008 el presupuesto fue de 57 millones de pesos en el rubro Publicidad y Propaganda. Para 2009, se le asignó en la ley de presupuesto un monto total de 70 millones. Sin embargo, esa partida fue incrementada a 119 millones de pesos. Para el ejercicio 2010, conforme el presupuesto sancionado, el monto asignado ascendía a 95 millones.
Para este año electoral, el monto presupuestado es de 140 millones de pesos; es decir, cerca de un 45% más. Así, quienes se quejan de lo que hace el gobierno nacional no se limitan en su propia jurisdicción.
Además, en enero de 2010, el gobierno de Macri vetó la ley 3391, que regula la distribución de publicidad oficial en la ciudad. Entre los más importantes, el jefe de gobierno vetó el artículo que establecía estrictas prohibiciones respecto de incluir nombre, voz, imagen, frases, símbolos, logos, color o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la ciudad autónoma de Buenos Aires (artículo 8); también, aquel que establecía limitaciones durante los procesos electorales prohibiendo la emisión de publicidad oficial durante los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha fijada para las elecciones (artículo 9); aquel que prohibía la reasignación presupuestaria para publicidad oficial, salvo con autorización legislativa (artículo 18), y aquel relacionado con la transparencia activa (artículo 16).
Las leyes electorales no son trajes a la medida y conveniencia del gobernante. Por el contrario, se trata de normas de extrema importancia para la consolidación de nuestra democracia, que tienen como objetivo mejorar la comunicación entre la ciudadanía y los partidos políticos. En tiempos electorales, esta tarea resulta titánica.
La autora es senadora nacional y candidata a jefa de gobierno por la Coalición Cívica
Fuente: Diario La Nación
