El 14 de febrero la policía agredió y rompió elementos de trabajo al propietario de FM Radio de Todos, de General Güemes, Horacio M’Dalel, en momentos en que cubría la represión policial en Campo Santo.
El 22 de febrero, en la Comisaría 42 de Tartagal, los periodistas Víctor y Raúl Cortez denunciaron haber recibido amenazas del concejal Ricardo Flores.
En el primer hecho Sosa acusó a Gauna de haber acordado con el Procurador General de la Provincia , Pablo López Viñals, recibir información sobre supuestos delitos. Según el abogado, de esta manera el Procurador se valía de las noticias para iniciar investigaciones penales, mientras que el supuesto beneficio de Gauna consistía en la venta del diario.
Sosa acusó al Procurador y a Gauna “por la comisión del delito ‘negociación incompatible con el ejercicio de sus funciones públicas’ (…) y/o cualquier otro ilícito penal que el señor juez infiera de mi relato”.
Más allá de que la denuncia tiene todos los visos de poco seria, APeS llama la atención sobre la intención de limitar el trabajo de la prensa. La denuncia del abogado se realiza cuando Nuevo Diario venía publicando una serie de notas sobre diferentes operatorias de compraventa de tierras llevadas a cabo durante la gestión del ex gobernador Juan Carlos Romero, actual senador nacional. Entre estas operatorias hay una llevada a cabo por el propio Sosa.
En el caso de Campo Santo, la Policía impidió con violencia el trabajo de M’Dalel, cuando filmaba la represión a los vecinos que habían ocupado tierras fiscales. La Policía argumentó que M’Dalel estaba en su calidad de candidato a intendente por Salta Somos Todos. Sin embargo, testigos de los sucesos afirmaron a APeS que el médico estaba realizando tareas propias de la prensa y que no participaba de la toma.
En Tartagal los hermanos Víctor y Raúl Cortez, que realizan el programa Reporter 4 que se emite por el canal de cable Video Tar, afirmaron que el sábado 19 de febrero, cuando cubrían los corsos, el concejal Flores los increpó recriminándoles sus comentarios críticos sobre la actuación de los concejales tartagalenses frente a los casos de desnutrición en las comunidades originarias. “Tengan cuidado”, denunciaron los Cortez que les dijo el concejal.
Consultado por APeS el concejal negó haber amenazado a los periodistas aunque reconoció haber hablado con ellos. “Creo que tuvieron una mala interpretación de cómo me dirigí a ellos”, especuló. “No pensé que iba a llegar a esto. Si se molestaron, pido disculpas”, añadió.
El edil consideró que la denuncia es puramente “mediática”, y opinó que hay diferentes posiciones sobre el tema de la desnutrición y que en su caso considera que más que asistir a reuniones en el Concejo su deber en este momento es trabajar con las comunidades. En tal sentido, recordó que él mismo proviene de una comunidad originaria, la guaraní de Piquirenda.
Elena Corvalán, Presidenta; Andrés Gauffín, Secretario. Asociación de Periodistas de Salta