Respecto de la distribución de los montos correspondientes a la pauta oficial, se indicó que “la ausencia de criterios transparentes para la asignación de contratos de publicidad gubernamental, a nivel federal y en algunas provincias, crea un riesgo de discriminación política contra los medios que critican a los funcionarios del gobierno”
Se señaló que el gobierno presentó una querella criminal “contra los responsables de los diarios Clarín, La Nación y los antiguos propietarios de La Razón por crímenes contra la humanidad porque se habían apropiado ilegalmente de la compañía de papel de diario Papel Prensa en 1976, durante la dictadura militar”.
HRW sostiene que fueron “secuestrados y torturados cinco miembros de la familia Graiver, dueña de la mayoría de las acciones de Papel Prensa”.
El gobierno -dice la ONG- alega que los representantes de los periódicos acordaron con el gobierno militar “para presionar a los miembros de la familia, pero que Clarín y La Nación insistieron en que la adquisición de las acciones fue legal y negaron cualquier vínculo entre su compra y la detención de los Graiver, y acusaron al Gobierno de atacar a los periódicos por sus críticas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
Sobre la Ley de Medios, se advirtió que “contiene definiciones vagas de lo que puede considerarse como fallas que podrían dar lugar a sanciones como la revocación de las licencias de radiodifusión”.
Más detalles del informe
Papel Prensa
En septiembre, el gobierno presentó una querella contra el propietario y presidente del periódico Clarín, el director de La Nación y los ex propietarios de La Razón por su presunta participación en delitos de lesa humanidad. La querella acusa a los tres periódicos de apropiación ilegal de la empresa fabricante de papel para periódicos Papel Prensa en 1976, durante la dictadura militar. En 1977, agentes del gobierno secuestraron y torturaron a cinco miembros de la familia Graiver, entonces titular de la mayoría accionaria en Papel Prensa. El gobierno afirma que representantes de estos periódicos, en connivencia con el gobierno militar, amenazaron y presionaron a miembros de la familia para que transfirieran sus acciones. Clarín y La Nación afirman que las acciones se compraron en forma lícita y niegan cualquier vínculo entre la compra y la detención de la familia Graiver. Han acusado al gobierno de atacar a los periódicos por sus críticas a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Libertad de expresión e información
En octubre de 2009, el Congreso aprobó una ley de reglamentación de medios de radio y televisión que busca fomentar la diversidad de opinión y limita la posibilidad de que las empresas posean porcentajes significativos del espectro de frecuencias de radiodifusión. La nueva ley contiene definiciones imprecisas sobre qué tipo de "faltas" podrían dar lugar a sanciones, como la revocación de licencias de difusión. La interpretación y aplicación de la ley están a cargo de una nueva autoridad de aplicación. La justicia ha dictado medidas cautelaras para suspender la aplicación de algunos de sus artículos mientras se estudia la ley.
En octubre de 2010, varias comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron un proyecto de ley presentado por la Presidenta Fernández que busca reglamentar la empresa que produce y distribuye el papel para periódicos en Argentina. Asimismo, la ley declara de interés público el suministro de papel para la impresión de periódicos y reconoce facultades de supervisión a un organismo de aplicación que depende del poder ejecutivo.
En 2010, ambas cámaras del Congreso trataron proyectos de ley sobre acceso a la información en poder de organismos del estado. En septiembre, el Senado aprobó un proyecto de ley presentado por un senador de la oposición que garantiza el acceso a la información en manos de los tres poderes del gobierno y otras instituciones públicas, como universidades, empresas financiadas por el estado y el Banco Central. El proyecto de ley prevé la creación de un organismo encargado de la aplicación de estas reglamentaciones, cuyos miembros serían designados por los distintos poderes del gobierno, el Defensor del Pueblo, la Auditoría General de la Nación y el Archivo General de la Nación. En octubre, el Congreso aún no había acordado un texto definitivo.
La falta de criterios transparentes en la asignación de contratos de publicidad oficial en el ámbito federal y en algunas provincias genera un riesgo de discriminación política contra medios que critican a funcionarios gubernamentales. En septiembre de 2007, en un caso contra el gobierno provincial de Neuquén, la Corte Suprema determinó que si bien los medios no tienen derecho a recibir publicidad oficial, las autoridades no pueden aplicar criterios discriminatorios en la asignación de la publicidad. Se han presentado diversos proyectos de ley para regular esta cuestión, que aún están siendo analizados.
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