Sindicato Ávila, intervenida por el Estado desde julio, pertenece al también liquidado Banco Federal, presidido por Nelson Mezerhane, acusado de fraude y prófugo de la justicia, al que se le han confiscado numerosas propiedades en Venezuela.
"Sindicato Ávila, C.A. posee únicamente 20% de las acciones de Corpomedios, porcentaje que no le da facultad para designar a miembros de la Junta Directiva de la empresa ni de afectar la gestión de la misma", señaló Globovisión en un comunicado este martes.
Además, Globovisión recordó que decisiones como la elección de los miembros de la Junta Directiva son tomadas con el voto favorable del 65% del capital social.
Corpomedios GV Inversiones también es propiedad de Guillermo Zuloaga, presidente de esta televisión, actualmente prófugo de la justicia venezolana, del ex director de la cadena, Alberto Ravell, y de otra empresa privada.
Ravell, vía su cuenta en la red social Twitter, corroboró que el Estado podrá ser accionista y participar en las juntas pero no tendrá capacidad para nombrar un director del medio.
Sin embargo, la entrada del Estado en el grupo de accionistas de este medio de comunicación privado es algo más que simbólico. Globovisión tiene varios procesos abiertos desde hace años y ha sido amenazada de cierre en varias ocasiones por Chávez, quien les acusa de ser "terroristas mediáticos".
En julio, cuando se intervino Sindicato Ávila, Chávez ya anunció que el Gobierno iba a convertirse en accionista de Globovisión. "Nadie va a decir que lo estamos expropiando. No, nos estamos incorporando al negocio", dijo en aquel momento el jefe de Estado.
En estos días, Chávez llamó a las instituciones venezolanas a "hacer algo" con las propiedades de Zuloaga, entre ellas Globovisión, y acusó al presidente del medio de comunicación, quien ha solicitado asilo en Estados Unidos, de formar parte de un grupo que planea asesinarlo.
"Cualquier acción legal que se intente contra Globovisión será un atropello para la empresa y sus trabajadores, ya que usted sabe que Globovisión tiene todos sus permisos perfectamente en orden", respondió Zuloaga al jefe de Estado, en una intervención en Globovisión.
Zuloaga está requerido por la justicia venezolana por supuesta usura y asociación para delinquir.
El Gobierno venezolano asegura que estas acciones contra el medio de comunicación y sus directivos no tienen nada que ver con la línea editorial del canal y responden a razones estrictamente legales.
En Venezuela, el Estado es el encargado de conceder los permisos de transmisión para radios y televisiones. En el caso de Globovisión, un medio cuya programación está compuesta esencialmente por noticias, su concesión vence en 2015.
En 2007, el Ejecutivo de Chávez ya revocó la concesión de la televisora RCTV, una de las más populares del país, a cuyos directivos acusó de fomentar un golpe de Estado.
Fuente: AFP