reglas que nos limiten. Algunos opinan que 'la mejor ley reguladora es la que no existe'", estableció el documento, en alusión a una frase que suelen repetir el presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo AstoriEn una postura contraria, el trabajo elaborado por el Frente Nacional de Trabajadores (FNT) con aportes de periodistas de diversos medios defendió la aplicación de una normativa como la "Ley K.", aplicada por el gobierno de Cristina Fernández, a la que calificó como "buena y considerada. Se logró el objetivo, muy a pesar de los poderosos que todo lo manejaban con total impunidad".
El trabajo al que tuvo acceso Ultimas Noticias, y que forma parte de decenas de aportes militantes hacia el VIII Congreso del Movimiento de Participación Popular que tendrá lugar en diciembre, advirtió que el Frente Amplio (FA) "no puede ni debe apostar a la eterna improvisación" sino que debe utilizar las herramientas de comunicación existentes, que a entender de los firmantes deben ser reguladas. El FNT argumentó que las leyes actuales en la materia "son pocas, desactualizadas, ineficaces e inaplicables" por lo que aspiran a que el gobierno se prepare para enfrentarse "a lobbies muy importantes, a gente sin escrúpulos capaz de todo por seguir manteniendo esa gran porción de poder que surge de la tenencia y utilización impune de los medios".
Con el objetivo de obtener en Uruguay un efecto similar al logrado por la presidenta argentina, el grupo propuso "limitar la tenencia de determinada cantidad de medios en manos de una sola persona" y "exigir la propiedad nominativa del medio". Además las licencias serían limitadas a un plazo de quince años y no podrían ser titulares "ciudadanos que hayan tenido alguna vinculación con la dictadura", "ocupen cargos en el gobierno de turno" o que hayan "estafado, robado o evadido al fisco en empresas anteriores".
El grupo también propuso prohibir a las telefónicas privadas que brinden servicios televisivos por entender que "les generaría un poder extra en la oferta que atentaría contra las empresas nacionales". Para promover la producción nacional, plantearon exigir que el 70% del material emitido sea nacional y un 35% de producción propia, además de lo cual las empresas privadas deberán pagar un canon para acceder al 33% del espectro, ya que el resto se destinaría en partes iguales a medios comunitarios y públicos.Entre los públicos, Canal 5 sería "la vanguardia en el nuevo sistema digital", como cabeza de un sistema de medios estatales que ofrezca "productos alternativos que compitan en el mercado". La idea es generar un Sistema Estatal de Información y Comunicación (SEIC) que cuente con profesionales de reconocida trayectoria y sea liderado por personas que no sean "únicamente políticos, técnicos o gerentes".
En lo que refiere a las radios comunitarias, se elaboró una moción a ser considerada por el Congreso del MPP para "aceptar la legalidad como forma de competencia" y promover su funcionamiento con proyectos rentables, que les permitan competir con "poderosísimos adversarios". En ese punto se advierte: "Ojo, la concesión, la regulación, el control y la sanción también cabe para los nuestros".
El documento concluye: "Sin políticas de Estado, sin reglas claras, sin regulación, sin control, es imposible democratizar la comunicación".
Fuente: Diario Últimas Noticias