Ya hace mucho tiempo que la presidenta emplea una retórica distorsiva para justificar sus verdaderas aspiraciones. Defender los intereses del país es, en realidad, defender los intereses del gobierno que ella encarna, defender un “relato oficial” sin matices ni disensos, que pretende erigirse en el árbitro de los intereses nacionales.
Sería oportuno que el legítimo malestar de la presidenta con los medios de prensa independientes fuera expuesto como lo que realmente es. Es su mortificación y el de su gobierno. Que no pretenda darle un carácter epopéyico que, por supuesto, no tiene. Hablemos claro. Son la presidenta y su gobierno los molestos con la prensa libre. No lo es la Nación argentina.
La prensa libre, con sus aciertos y con sus errores, ha contribuido a la existencia misma del sistema republicano y democrático de gobierno, dentro de los turbulentos procesos vividos en la Argentina, de los que no han estado exentas, con diversa responsabilidad, todas las manifestaciones de nuestra vida institucional.
La única vara para medir las conductas de todos los protagonistas es la vara de la honestidad. En las virulentas décadas del terror en nuestra patria hubo las más variadas conductas. Acertadas o equivocadas. Pero el único común denominador para juzgarlas es la honestidad con la cual actuó cada uno de los protagonistas.
El gobierno actual ha pretendido establecer, per se y a través de algunos de sus más virulentos voceros oficiosos, un maniqueo sistema de calificación de conductas, despreciable por su carácter único y elitista, como por la falacia intencionada que encierra.
Atajos para asfixiar a la prensa
Son diversos los atajos que procura emplear el gobierno para asfixiar y controlar a la prensa independiente. Por un lado, lleva adelante una arbitraria distribución de la publicidad oficial. Pagada con la contribución de todos los argentinos pero destinada sólo a los medios que cantan loas al gobierno nacional.
Por otro lado, y ya casi agotando el arsenal de medidas restrictivas para el ejercicio de la necesaria actividad empresaria periodística, está desplegando toda su artillería para controlar totalmente a Papel Prensa S.A., so pretexto de asegurar el abastecimiento de “papel para todos”.
Si hubiera un interés del gobierno nacional en torno a la producción y abastecimiento de papel para diarios, lejos de promover intervenciones estatales innecesarias, el Estado debería, en primer lugar, asegurar la importación de papel sin arancel alguno, como se logró en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. También velar por el cumplimiento de la producción de Papel del Tucumán, la restante fábrica nacional que hoy no produce. Y cumplir la obligación contractual de retirarse de Papel Prensa.
Los medios independientes argentinos sabemos lo que ha ocurrido cuando el Estado pretendió tutelar "igualitariamente" la entrega de papel. Quienes apoyaban incondicionalmente al gobierno disponían de partidas ilimitadas de papel. Quienes no amplificaban el discurso oficial, debieron reducir paginado y tirada, cuando no dejar de aparecer lisa y llanamente.
El anacrónico dictamen conocido esta semana transgrede el artículo 32 de la Constitución (que impide dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa) y el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (que prohíbe el control abusivo del Estado en la producción de papel para periódicos).
La iniciativa contempla la creación de un órgano de fiscalización con un director designado por el Poder Ejecutivo.
La Constitución busca preservar a la prensa independiente para que fiscalice al poder y permita que la ciudadanía, dotada de información sobre la gestión de sus gobernantes, pueda participar y nutrir al sistema democrático. Aquí se invierte la lógica constitucional, y la lógica a secas, transformando en fiscalizador a quien debe ser fiscalizado. Un sistema político con medios controlados por el gobierno es, en el mejor de los casos, una farsa de la democracia.
Un proyecto que intenta defender principios quebrando los que rigen a nuestro sistema constitucional, a la economía y a la lógica, puede destruir aquello que pretende preservar.
Buenos Aires, 24 de octubre de 2010