defender la regulación de Papel Prensa"La situación argentina no es similar a la de Venezuela. Nadie tiene interés en mantener esta confusión, a la vez falsa y peligrosa", afirmó RSF en un extenso comunicado en el que se refiere a la "guerra mediática" entre el ejecutivo de Cristina Kirchner y Clarín, principal grupo multimedia del país.
El comunicado publicado en París explica ese enfrentamiento a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) y la ley para regular Papel Prensa, y la retirada de la licencia de Fibertel, empresa proveedora de internet propiedad de Clarín. RSF expresa su apoyo a la SCA ("ley de medios") porque "no tiene como objetivo, ni siquiera de manera indirecta, de reducir al silencio a los grupos de prensa concernidos".
"Tampoco revela un proyecto gubernamental de coerción y acaparamiento de los medios de comunicación para crear un oligopolio a las órdenes del jefe de Estado ni hubo censura directa o cierre de medios de comunicación", afirma.
Bajo el título "La guerra mediática aún puede parar", la entidad defensora de la libertad de prensa se refiere al caso de Papel Prensa, empresa controlada por Clarín desde 1977 --en plena dictadura militar (1976-1983)-- y proveedora casi exclusiva del papel de diarios en Argentina.
RSF consideró que las acusaciones vertidas por el ejecutivo contra el grupo Clarín en este caso "recuerdan el peor periodo de la historia del país".
Sin embargo opina que "no es nada conveniente que un único grupo de prensa posea la mitad de las acciones de la única empresa de suministro de papel de prensa con una tarifa sin regulación (...) necesaria en nombre del pluralismo".
"Son pocos los medios gráficos que pueden afrontar un precio impuesto por los periódicos más grandes del país", entiende.
El otro gran diario argentino, La Nación, controla el 22% de Papel Prensa, participada por el Estado en 27,46%.
RSF dice que la relación entre el gobierno kirchnerista, en el poder desde 2003 --con el ex presidente Néstor Kirchner-- y la prensa "ha sido siempre controversial" y considera que "el gobierno no tendría que haber replicado a los grupos de prensa dominantes mezclando varios ámbitos (económico, político, editorial)" pues "todo poder democrático debe aceptar la crítica pública, aunque sea dura".
El informe:
La “guerra mediática” aún puede parar
La relación entre el gobierno kirchnerista, desde el poder en 2003 y ahora representado por Cristina Kirchner desde 2007 hasta la actualidad, y la prensa ha sido siempre controversial. Luego de conceder el permiso para que el Grupo Clarín unificara dentro de su holding a las proveedoras de televisión paga Cablevisión y Multicanal (al final de su mandato), emprendió una embestida contra la posición monopólica del Grupo, que cuenta con más de 30 empresas; todas vinculadas a los medios de comunicación. Entre ellos se encuentran el diario Clarín, de mayor tirada nacional, La Razón, de distribución gratuita, La Voz del Interior, el más importante de Córdoba, Los Andes, el más importante de Mendoza, el único diario deportivo Olé. También es dueño de Canal 13, Radio Mitre, y tiene participación en la agencia de noticias privada DYN. Además, el Grupo Clarín es accionista mayoritario en Papel Prensa, constituido ahora en la madre de las batallas entre el multimedios conducido por Ernestina Herrera de Noble y el Ejecutivo nacional.
El caso Papel Prensa
Papel Prensa es la principal empresa dedicada a la fabricación de papel para diarios. Acapara el 70 por ciento del mercado local. Propiedad mayoritaria del Grupo Clarín (49%), desde su hegemónica posición, maneja e impone el precio del insumo sin ningún tipo de regulación. El Estado nacional posee el 27,46%, mientras que La Nación maneja el 22 %.
Según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en junio de 2010, la papelera vendió a sus empresas relacionadas entre el 70 y 80 por ciento de su producción. Esto la convierte en un proveedor casi exclusivo de Clarín, La Nación y de sus sub empresas. Sucede que son pocos los medios gráficos que pueden afrontar un precio impuesto por los periódicos más grandes del país.
El gobierno asestó un golpe preciso en la médula del monopolio mediático al enviar al Congreso un proyecto de ley para regular Papel Prensa. Para legitimar su iniciativa, elaboró un informe que revela las presuntas irregularidades en la venta de la empresa durante la última dictadura militar a los actuales dueños. Bajo el nombre de “Papel Prensa: La verdad” y con los testimonios de la mujer del ex propietario David Graiver, Lidia Papaleo, y del testaferro de Graiver, Rafael Ianover, el texto repasa las presiones que impuso la junta militar para que cedieran la compañía a Clarín, La Nación y La Razón, diario que fue luego absorbido por Clarín.
David Graiver falleció el 7 de julio de 1976, poco después del golpe de Estado, en un accidente aéreo en México. A principios del año siguiente, los integrantes Grupo Graiver fueron ilegalmente detenidos y sus bienes confiscados. A principios de este mes de septiembre de 2010, la presidenta Cristina Kirchner instruyó al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, para que impulsara un pedido ante la Justicia y así determinar si se produjeron crímenes de lesa humanidad para forzar la venta.
Paralelamente, mientras los legisladores kirchneristas trabajan a contrarreloj para votar el proyecto, el Grupo Clarín y La Nación logran abroquelar a la oposición para denunciar a la movida oficialista como un supuesto ataque a la libertad de prensa. Desde las principales páginas de ambos periódicos y desde el canal Todo Noticias, propiedad de Clarín, ponen en duda la versión oficial de la historia. Isidoro Graiver, hermano de David, declaró ante la Justicia y, según ese diario, insistió en que no recibió amenazas para transferir las acciones de la empresa. “Desacreditó por completo la versión alentada por el Gobierno sobre irregularidades en la operación”, señaló Clarín en una de sus últimas ediciones.
Pero el encono del matrimonio presidencial y la prensa opositora se repercutió en otros terrenos. A pesar de autorizar que Cablevisión, propiedad de Clarín, comprara Multicanal y se transformase en la mayor empresa servidora de Internet y televisión paga, los Kirchner emprendieron una batalla mediática, judicial y política contra el periódico.
Tres años después de esa firma, y bajo la orden de la presidenta Cristina Kirchner, el ministro de Economía, Amado Boudou, anuló el matrimonio de esas empresas al remarcar que "adquirieron una cantidad de acciones adicional a la que ya poseían, por lo que resultaban titulares, directa e indirectamente, de aproximadamente el 60 y el 40%, respectivamente, de las acciones de Cablevisión". Enmarcado en este escenario, también cayó la empresa proveedora de Internet Fibertel, dependiente de Cablevisión. El gobierno le dio de baja la licencia porque “funcionaba de manera ilegal”. Nuevamente los diputados “anti-K” dispararon contra la decisión oficialista aduciendo una “persecución contra los que piensan diferente”.
El contexto de la Ley SCA
La iniciativa que más sacudió el avispero fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Con la aprobación parlamentaria, en octubre del año 2009, la SCA reemplazó a la antigua normativa, creada durante la dictadura, y según sus autores apunta democratizar el mercado de las frecuencias. En una nueva decisión polémica, el 1 de septiembre, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley mediante un decreto de necesidad y urgencia. Como su aplicación se encuentra suspendida porque todavía hay varias presentaciones judiciales en contra, la oposición denunció que el Gobierno “salteó la justicia” e intentó, hasta ahora sin suerte, bloquearla en el Congreso.
Las arremetidas emprendidas por el lado de los Kirchner para intentar amedrentar al gigante mediático se multiplicaron. Mientras que el ex presidente vapuleaba al Grupo Clarín en cada discurso que podía, las agrupaciones vinculadas al gobierno empapelaban la ciudad de Buenos Aires con leyendas que quedarían en la memoria: “Todo Noticias = Todo Negativo” y el no menos contundente “Clarín miente”.
Lo que si quedará en la retina de los empleados del “gran diario argentino” fue la invasión de los doscientos inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que llegaron a las oficinas del diario para controlar los balances. El hecho se produjo en medio del debate por la Ley SCA, en septiembre de 2009.
El estratégico fútbol
El programa “Fútbol para Todos” también fue un cimbronazo en el mercado de la comunicación. Hasta la aplicación de este programa, en septiembre de 2009, la transmisión del fútbol argentino (todas sus categorías) estaba monopolizado por la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), propiedad de Torneos y Competencias (TYC) y de Clarín en partes iguales. Los partidos más importantes eran codificados y los abonados del cable debían pagar un plus para mirarlos. Una vez acordado un nuevo contrato con el Estado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) marginó a TSC a pesar de las demandas millonarias que podrían advenirse.
Actualmente, la AFA recibe 600 millones de pesos (120 millones de euros) por parte del Estado por la transmisión de los partidos de la primera división. Según distintos cálculos, el “Fútbol para Todos” le cuesta al Estado poco más de 1.5 pesos por ciudadano al mes.
Conclusiones y recomendaciones Entorno a la Ley SCA
La libertad de prensa como libertad editorial no se debe confundir con la defensa de los intereses económicos de los medios de comunicación. Sobre todo de los más importantes. La ley SCA condena, efectivamente, la situación de casi monopolio de algunos grupos de prensa, pero aquél casi monopolio mediático supone un problema real de pluralismo. La SCA no tiene como objetivo, ni siquiera de manera indirecta, de reducir al silencio a los grupos de prensa concernidos. Tampoco revela un proyecto gubernamental de coerción y de acaparamiento de los medios de comunicación audiovisuales para crear un oligopolio a las órdenes del Jefe del Estado. No hubo censura directa o cierre de medios de comunicación. La situación argentina no es similar a la de Venezuela. Nadie tiene interés en mantener esta confusión, a la vez falsa y peligrosa.
La evolución legislativa en Argentina corresponde al camino emprendido por otros países de la zona (Uruguay, Brasil, Ecuador, pronto Bolivia), confrontados ellos también a una tradicional superconcentración mediática. Esta evolución, que incluye a la vez la despenalización de los delitos de prensa como en Argentina, va acompañada de la puesta en marcha de medios públicos hasta ahora débiles o inexistentes. El desarrollo de un servicio de información pública - en la medida en que el poder que la promueve respete su independencia - tampoco supone ningún problema de principio.
La LSCA debe mantener su objetivo para corregir los desequilibrios del paisaje audiovisual, particularmente apremiantes en Argentina y garantizar un mejor reparto de las frecuencias entre medios privados, medios públicos en desarrollo y medios comunitarios. Por esta razón, apoyamos este texto, tal como lo hicieron los relatores especiales por la libertad de expresión de la ONU y de la OEA. Fruto de una larga reflexión en la sociedad y votado según las normas por mayoría en el Congreso, el texto se debe aplicar con, como corolario, un reparto justo de la publicidad oficial. La garantía de imparcialidad debe ser la misma en la atribución de las frecuencias. En los dos casos, bajo la égida de una autoridad de regulación independiente y que incluya a representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
Entorno a los casos Papel Prensa y Fibertel
Las acusaciones del gobierno hacia el Grupo Clarín en el caso Papel Prensa son de una gravedad extrema y recuerdan el peor período de la historia del país. No debemos pronunciarnos sobre el fondo de este asunto en la ausencia de pruebas definitivas de cargo o descargo. Es la justicia argentina, independiente y soberana, la que tiene que pronunciarse y no el poder ejecutivo. Lamentamos que tal caso haya alimentado el contraataque del gobierno frente a Clarín y La Nación cuando ésta no era su apuesta. De la misma manera, pensamos que el hecho de no renovar la licencia del proveedor Fibertel, respaldado por el Grupo Clarín, es demasiado rápido y brutal. Una negociación era posible, incluso a través de una puesta en conformidad con la ley. En un lapso de tiempo tan corto, esta medida se ve como un ensañamiento contra el grupo de prensa.
De forma general, el gobierno no tendría que haber replicado a los grupos de prensa dominantes mezclando varios ámbitos (económico, político, editorial…). De hecho, este método se comprobó en otras partes de América Latina y desgraciadamente alimenta la confrontación. La línea editorial de un medio de comunicación es una cosa. El trabajo diario de sus empleados es otra. El pasado y los errores de su dirección otra distinta. Los periodistas de Clarín y La Nación no tienen que sufrir ninguna estigmatización por parte del poder. Sin embargo es lo que ocurrió bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), que negaba cualquier conferencia de prensa en la Casa Rosada, o bien mandaba a doscientos funcionarios de la administración de ingresos a la sede de Clarín, el 10 de septiembre de 2009. Designar a la prensa como “enemiga” no resuelve nada y expone la profesión a nuevos riesgos. Todo poder democrático debe aceptar la crítica pública, aunque sea dura.
Un aspecto del caso Papel Prensa llama nuestra atención. No es nada conveniente que un único grupo de prensa posea la mitad de las acciones de la única empresa de suministro de papel de prensa y practique una tarificación sin regulación. Esta regulación es necesaria, siempre en nombre del pluralismo y del reparto justo de los medios de publicación.
Para seguir esta situación de la forma más justa, Reporteros sin Fronteras publicará pronto la entrevista de un representante de cada parte. Queremos pensar que puede parar la “guerra mediática”.
Fuente: Agencia AFP y Reporteros sin Fronteras