Ante un nuevo 28 de Septiembre, Día Internacional del Derecho a Saber -la fecha quedó fijada a partir del encuentro internacional de organizaciones no gubernamentales encargadas de promover el acceso a la información que se realizó en Sofía (Bulgaria) en 2002, cuando también se creó la Red de Defensores del Acceso a la Información (Freedom of Information Advocates, FOIA, por sus siglas en inglés)-, reclamamos porque se respete este derecho humano fundamental, ya que sin información no hay verdadera democracia ni los ciudadanos se sienten comprometidos para un mayor protagonismo social.
En la provincia de Santa Fe, desde hace más de siete años, numerosos proyectos en la materia fueron presentados por diputados de distintas extracciones políticas -demócratas progresistas, radicales, socialistas, justicialistas-, y mientras la Cámara Baja aprobó los distintos proyectos en forma unánime, el bloque de senadores justicialistas buscó los diversos atajos para introducir en esos mismos proyectos, que contaban con media sanción, las diversas formas restrictivas a las que podía recurrir. De ahí que días atrás desde la Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional de nuestro gremio se realizó una reunión con el jefe del bloque justicialista, Ricardo Spinozzi, con la finalidad de exponer la preocupación por tantos escollos y pedirle en particular, y luego a la Legislatura en general, que aprueben una ley sin restricciones.
Cabe recordar que el gobernador Hermes Binner firmó meses atrás un decreto en la materia, una iniciativa importante que comprende sólo a las estructuras que componen el Poder Ejecutivo provincial, pero que no alcanza ni al Poder Legislativo ni al Judicial. Esta Comisión del SPR cree necesario señalar que en todas las áreas donde existen decretos, por ejemplo en el Poder Ejecutivo Nacional y en las ciudades donde hay ordenanzas de acceso a la información, Rosario y Santa Fe entre ellas, debe realizarse un trabajo de mayor difusión para que el conjunto de los habitantes conozcan su existencia. Es sabido que un derecho que no se conoce no puede ser ejercido, una de las razones por las que hay pocas consultas en los ámbitos en que el acceso a conocer la información en poder del Estado está reconocido.
En el Congreso de la Nación
El acceso a la información pública también fue motivo de reparos por parte de legisladores nacionales durante muchos años. Recientemente, en el Senado se consideró el proyecto del legislador Samuel Manuel Cabanchik, representante de la Alianza Coalición Cívica por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autor de un texto que merece observaciones ya que no se adapta totalmente a los estándares internacionales en la materia y que ya obtuvo una aprobación en general y podría ser tratado en la próxima sesión en particular. Entre esas observaciones que generan preocupación, está la inclusión, de quienes están obligados a brindar información, de las personas jurídicas privadas, tales como los sindicatos, las obras sociales y las mutuales, entre otros. Al mismo tiempo el texto fija grandes sanciones para los supuestos de incumplimiento.
Si bien el proyecto Cabanchik sólo hace referencia a la información relacionada con los subsidios que las instituciones citadas en el párrafo anterior puedan recibir, demuestra gran incongruencia con la limitación en similar obligación en cabeza de los poderes Judicial y Legislativo, los que sólo deben brindar información relacionada con cuestiones administrativas. De esta manera las sentencias judiciales, por ejemplo, que son un instrumento público de interés social relevante quedan en la esfera de reserva. Lo mismo ocurre en relación con la Legislatura.
Este proyecto, a la vez que genera esta exigencia para entes privados, cuando de lo que se trata es de la información en poder del Estado, y limita las obligaciones de los poderes Legislativo y Judicial, no prevé el mecanismo a través del cual las personas interesadas puedan ejercer su derecho, ni fija plazos máximos dentro de los cuales debe darse respuesta a sus inquietudes.
Es importante en este día llamar la atención de nuestros legisladores, tanto provinciales como nacionales e invitarlos a debatir y sancionar una ley en la materia, que signifique el real reconocimiento de este derecho en toda su amplitud, sin limitaciones ni incorporaciones extraordinarias que alteren su esencia.
Rosario, 28 de septiembre de 2010
Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional
Sindicato de Prensa Rosario