La Asociación por los Derechos Civiles participó de la reunión conjunta de las Comisiones de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión. Pidió que se sancione una ley que regule la publicidad oficial de acuerdo a estándares de libertad de expresión y transparencia y presentó un documento con propuestas
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) participó este jueves de la reunión conjunta llevada a cabo por las Comisiones de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión para debatir la regulación de la publicidad oficial. Allí pidió que se sancione una ley que respete los estándares en materia de libertad de expresión y transparencia y presentó un documento con propuestas.
“La ausencia de un marco normativo que otorgue equidad, transparencia y control a los fondos públicos destinados a publicidad promueve decisiones arbitrarias y facilita el uso excesivamente discrecional de la pauta oficial”, sostuvo la ADC.
La utilización de la publicidad estatal para premiar medios afines o castigar a los críticos constituye un mecanismo de censura indirecta, de acuerdo a los principios del sistema interamericano de derechos humanos, que fueran retomados por nuestra Corte Suprema de Justicia al fallar en el caso del diario Río Negro. En ese sentido, la ADC recordó que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA ha hecho especial hincapié en la necesidad de contar con reglas adecuadas para regular el reparto de la pauta.
La ADC advirtió que una regulación democrática de la publicidad oficial debe impedir su utilización arbitraria para castigar o premiar a los medios de acuerdo a sus líneas editoriales, o por razones políticas o de afinidad personal, y garantizar, asimismo, un ámbito de diversidad y pluralismo informativo, de acuerdo a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino.
Entre otros principios de regulación, la ADC consideró que una ley sobre publicidad oficial debería: definir claramente qué se entiende por publicidad oficial, incluir un ámbito amplio de aplicación, exigir una adecuada planificación de los recursos, respetar el principio de utilidad pública de la pauta y establecer mecanismos que eviten el uso propagandístico de los avisos oficiales, en particular durante las elecciones. Además debería incluir mecanismos que garanticen la transparencia y el control de los fondos públicos destinados a publicidad oficial.
En el documento presentado por la ADC también se sostiene que la asignación de publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación debe responder a criterios claros y transparentes, que sean neutrales desde el punto de vista de la línea editorial del medio. A juicio de la ADC, dichos criterios deberían tener en cuenta la efectividad del mensaje a comunicar, la razonabilidad en el uso de los fondos públicos, y la necesidad de evitar que la publicidad oficial se concentre en pocos medios o tipos de medios, de modo de cumplir con la obligación estatal de fomentar un sistema de comunicación plural y diverso.
El documento también hace un repaso por las discusiones sobre regulación de la publicidad oficial que tienen lugar en varios países de la región, como Uruguay, Chile, Colombia y México.
La ADC considera que una ley que regule la distribución de publicidad oficial resulta impostergable para avanzar en la promoción de la libertad de expresión en el país, en línea con otras reformas normativas importantes llevadas a cabo por este Congreso, como la despenalización de las calumnias e injurias para cuestiones de interés público y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una normativa sobre el tema necesariamente debe estar acompañada de la sanción de una ley nacional de acceso a la información pública y complementarse con una discusión sobre las políticas públicas necesarias para asegurar la diversidad y el pluralismo informativo.
Finalmente, una ley del Congreso sería muy importante como ejemplo para que las distintas provincias y municipios también legislen sobre la materia.
Fuente: ADC
