martes, 10 de agosto de 2010

En medio de acusaciones cruzadas, comenzó el debate por la publicidad oficial

En el plenario de Comunicaciones y Libertad de expresión de Diputados, se presentaron los diez proyectos que buscan regular la pauta oficial a manos del gobierno. Un enfrentamiento entre la oficialista Diana Conti y la radical Silvana Giudici convulsionó la discusión en el Anexo
Tras varios intentos de la oposición por debatir la regulación de la publicidad oficial, esta tarde finalmente se realizó el primer plenario de las comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión de la Cámara baja para comenzar a discutir los diez proyectos que hay sobre la temática. Mientras que nueve de ellos provienen del arco antikirchnerista –que buscará unificarlos en un único expediente-, sólo uno surgió de una aliada del gobierno: la diputada Silvia Vázquez (Concertación-Forja), quien lo presentó ayer ante la inminencia de su tratamiento.
El cronograma de su discusión establece que la semana próxima se recibirá a los sectores abocados en la temática, especialistas en derecho comunicacional y administrativo. Una vez concluida la etapa de consultas, se recibirá al Poder Ejecutivo y recién el martes 31 de agosto los legisladores estarían en condiciones de obtener dictamen, momento en que se incorporaría la Comisión de Presupuesto y Hacienda al debate.
Esta tarde cada uno de los mentores de los proyectos explicaron sus iniciativas. Comenzó Eduardo Macaluse, diputado del Interbloque Proyecto Sur, cuyo expediente toma como base la experiencia de Tierra del Fuego. El proyecto de Macaluse fue presentado antes de la Ley de Medios, de modo que se debe trabajar en una “compatibilización”. Entre otras cosas, crea una comisión de control de la publicidad oficial -con legisladores, representantes de sectores de entidades periodísticas y del ámbito de la comunicación social- y establece que la Secretaría de Comunicaciones deberá presentar un plan anual de pauta que pase por el Congreso, “esto garantiza que no haya discrecionalidad de mano del Poder Ejecutivo”, manifestó el diputado del Interbloque Proyecto Sur. “Que haya una lay antes del fin de año que podamos llegar a un acuerdo racional entre todos”, finalizó.
Posteriormente fue el turno de Federico Pinedo, titular del bloque PRO. “Nuestra preocupación es que no se utilice la publicidad oficial como presión política de los medios, que no sea un método de propaganda”, argumentó el macrista. Su expediente le exige al Poder Ejecutivo “que digan cual es el interés de la publicidad, a que publico está dirigido y cuál es su costo”. En materia de designación, establece la creación de un Registro de Medios, en el cual las empresas mediáticas compitan en base al requisito de cobertura y penetración del mensaje.

El cruce
La presidenta de Libertad de Expresión, Silvana Giudici recordó a su turno que “hace tres años buscamos avanzar en un tema que Comunicaciones es cabecera”, pasándole factura a su colega Vázquez, presidenta de dicho cuerpo. En tanto, el proyecto de la radical fue presentado en 2006, pero algunas circunstancias cambiaron la visión de sus prioridades, es el caso de un fallo en Neuquén que estableció la necesidad de regular la pauta oficial.
Como incentivos adicionales para la presentación de su expediente, la radical mencionó “el incremento escandaloso de los recursos del año 2003 a la fecha: de 46 millones pasamos a más de 829 en 2009, en ese incremento hay una intencionalidad, es una herramienta de censura indirecta, se utiliza para premiar a medios que hablen bien del gobierno”.
Pero entre los diputados presentes estaba la oficialista Diana Conti quien, fiel a su estilo, no iba a quedarse callada tras la arremetida de Giudici. “Algunos creen que a mayor regulación es mejor, pero hay más puestos de peaje, más coimas, creo que la regulación genera privación de libertad”, arrancó. Y refiriéndose a los argumentos de la diputada radical, castigó: “A eso lo escucho a cada rato en televisión, como buena empleada de algunos medios que es”. Entonces la presidenta de Libertad de Expresión estalló en un grito: “te callas la boca si no queres tener problemas conmigo”, le advirtió. Así, Vázquez tuvo que poner paños fríos para que pudiera continuar la sesión. Y Patricia Bulrrich, de la Coalición Cívica, le reprochó: “le tendría que pedir disculpas Conti, porque es una ofensa, no está queriendo hacer política, sino politiquería”.

Más proyectos
Con los ánimos ya calmos, Bullrich continuó la defensa de su proyecto. “Están tomando decisiones con el dinero del Estado, se elige de manera discrecional los medios”, insistió. A su vez, mencionó que la construcción de pautas plantea que no existan actos de discriminación, y “la elección de un medio implica un acto de discriminación, implica decidir qué medio puede llevar el mensaje oficial y qué medio no”, disparó.
En similares términos se expresaron Alicia Terada, de la Coalición Cívica, y Virginia Linares, del GEN, también autoras de proyectos. Por su parte, Roy Cortina, del socialismo, defendió su postura: “me da la sensación de lo que sucede con el gobierno actual es un capítulo más de lo que ha sucedido en estos años de la democracia”. Cortina explicó que busca crear una Agencia Central de Difusión en el seno de los tres poderes y que su propuesta incorpora el Plan Anual de publicidad oficial con su correspondiente monto presupuestario. Del mismo modo, establece restricciones tendientes a garantizar que la publicidad oficial no se utilice para propaganda electoral.
Quien cerró la presentación fue la propia presidenta de Comunicaciones, Silvia Vázquez. “Me parece que tenemos una oportunidad de ir fijando pautas que tengan que ver con la relación de otras leyes, como la ley de Servicios Audiovisuales. Si esta discusión la limitamos a una puja de oficialismo y oposición nos vamos a quedar afuera de sancionar una buena norma para el porvenir”, comenzó. Y diferenciándose de Giudici, recalcó que “son los medios de comunicación privados los que se llevaron la mayor cantidad de publicidad oficial, los holdings de medios son los que más se beneficiaron de todos los organismos estatales”.

Fuente:
Noticias del Congreso