En el plenario de las comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión, recibieron a representantes de medios independientes y a especialistas en derecho constitucional que expusieron sobre publicidad oficial. El jueves 12 continúa la ronda de exposiciones
En el marco de la discusión por los proyectos que buscan regular la publicidad oficial, el plenario de las comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión de Diputados recibió a juristas y organizaciones representantes de medios independientes en la Sala 1 del Anexo. Estuvieron presentes los abogados constitucionalistas Félix Long y Eduardo Barcesat, el especialista en derecho administrativo Agustín Gordillo, el titular de FARCo – Foro Argentino Radio Comunitarias-, Néstor Busso y el titular de la Comisión de Empresas de Medios de Comunicación Independientes, Heber Martínez.
Existen diez proyectos sobre la temática. Mientras que nueve de ellos provienen del arco antikirchnerista, sólo uno surgió de una aliada del gobierno: la diputada Silvia Vázquez (Concertación-Forja), quien lo presentó en la última semana ante la inminencia de su tratamiento. Así, con mayoría en la Cámara baja, la oposición unificó sus diversas propuestas en un único expediente, aún sujeto a modificaciones durante el trascurso de la ronda de exposiciones.
Esto hizo enervar a la presidenta de la Comisión de Comunicaciones, Silvia Vázquez, quien criticó a un matutino nacional por haber publicado los puntos esenciales del pre-dictamen de la oposición con respecto a los proyectos de publicidad oficial. “No nos gusta que por fuera del Parlamento nos digan qué tenemos que hacer, sobre todo cuando es una corporación que defiende sus intereses. Me gustaría creer que nadie tiene un dictamen ya hecho, porque le estaríamos faltando el respecto a los diputados, a los invitados, porque les estarían diciendo que no los están escuchando, sino haciendo un ‘como si’”, fustigó.
En tanto, el primero en exponer en el plenario fue Néstor Busso, titular de FARCo y del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, quien explicó que “lo importante es que el pueblo pueda saber qué medio está recibiendo publicidad de parte de quien”. “Hoy un grupo mediático recibe casi el 30 % de la publicidad oficial, es escandaloso, ningún grupo debe recibir más del 3 %”, ejemplificó. En tanto, evidenció la importancia de establecer cupos por provincias y en la ciudad de Buenos Aires, siguiendo los criterios de la coparticipación federal de impuestos, ya que “solamente los medios porteños reciben más del 90 %”. A su vez, reclamó que se destine “no menos del 33 % a medios de entidades sociales o sin fines de lucro”, en sintonía con el proyecto apoyado por el oficialismo.
Por su parte, Agustín Gordillo, especialista en derecho administrativo, declaró que la cuestión central pasa por definir “quien va a administrar” el régimen de pauta. Gordillo propuso la creación de un “Tribunal Administrativo” dirigido por el propio Congreso, que establezca pautas de “proporcionalidad, razonabilidad y trasparencia”. Además, el Tribunal debería tener independencia de la administración del Poder Ejecutivo.
Luego fue el turno de Heber Martínez, titular de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente, quien explicó cómo la publicidad oficial influye en los medios privados de gestión comercial. Asimismo, hizo referencia a la aplicación de la ley de medios en el mercado comunicacional: “genera más costos, pero a su vez tiene una integración a medios comunitarios, genera diversidad de medios, aunque tiene que ir acompañada de un sustento económico. Necesitamos medidas para subsistir, no tenemos miedo a competir, queremos igualdad de condiciones”, expresó Martínez.
Posteriormente, el abogado constitucionalista Félix Long le siguió en la exposición. “La publicidad oficial está íntimamente conectada con la libertad de expresión, al igual que el principio de igualdad”, manifestó Long. En tanto, propuso que “se debería crear el Registro Público donde todos los que aspiran a recibir publicidad estén inscriptos para evitar discrecionalidad, porque hay formas indirectas que impiden al ciudadano llegar a la mayor diversidad de información”.
El último en dar su opinión en el Anexo de Diputados, fue Eduardo Barcesat, también abogado constitucionalista. Barcesat hizo hincapié en diferenciar la comunicación como mercancía o derecho humano. “Hay que favorecer el acceso a la información, tiene que ser una política de Estado, los grandes medios hacen de esto una forma para imponer sus intereses”, concluyó.
En tanto, el cronograma de la discusión establece que, una vez concluida la etapa de consultas -que continúa el jueves que viene-, se recibirá al Poder Ejecutivo y recién el martes 31 de agosto los legisladores estarían en condiciones de obtener dictamen, momento en que se incorporaría la Comisión de Presupuesto y Hacienda al debate.
Fuente: Noticias del Congreso
