Es un paso fundamental que el Congreso Nacional comience nuevamente a discutir una nueva ley para posibilitar el acceso a la información del Estado
Por: Fernando Straface*
La lista de beneficiarios de determinados planes sociales, la de proveedores de las dependencias del Estado, los requisitos para acceder a una beca estudiantil o a un medicamento gratuito, el total de causas que tramita y resuelve cada juzgado federal, o a la nómina de empleados con cargos públicos no deberían constituir información controvertida ni de difícil acceso para cualquier ciudadano. Desde 1994, el reconocimiento del derecho humano a la información tiene, en nuestro país, rango constitucional. Sin embargo, el Congreso de la Nación todavía tiene pendiente la sanción de una ley nacional de acceso a la información pública que asegure un efectivo y ágil acceso a la información del Estado.
En 2003, un proyecto de ley obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero no fue aprobado en la Cámara alta y perdió estado parlamentario en 2006, lo que dejó inconclusa esta iniciativa de la Oficina Anticorrupción. En el nivel regional, la Argentina es de los pocos países de América Latina que no cuenta con una ley nacional de acceso a la información pública, aunque el Decreto 1.172/03, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, regula el acceso en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
Pese a la carencia de una ley nacional, 12 de las 24 jurisdicciones del país avanzaron en iniciativas para promover mayores niveles de acceso a la información a través de diversas normativas. Ante la multiplicidad de iniciativas a nivel provincial y local, la necesidad de contar con un marco que articule estas normativas en el nivel federal se torna, entonces, evidente.
En este contexto, el Congreso de la Nación ha sido recientemente el escenario de un renovado impulso por consolidar la promoción de un marco legal que garantice el respeto de este derecho humano fundamental, no sólo útil para impulsar la transparencia del Estado sino también el ejercicio de otros derechos, como la salud o la educación. Más de 17 proyectos de ley sobre acceso a la información pública han sido presentados por distintos legisladores, y algunas de las iniciativas ya se debaten en ambas Cámaras. Al mismo tiempo, el proceso de debate se ha ampliado y se incorporaron recomendaciones de expertos de instituciones de la sociedad civil que trabajan en la temática, entre ellas CIPPEC.
Algunos de los proyectos adoptan las recomendaciones que al respecto hizo la Organización de Estados Americanos (OEA) en su “Ley Modelo” y cuentan con cláusulas específicas que crean una sólida autoridad de aplicación de la ley, encargada de asegurar el respeto de los mecanismos de acceso a la información por parte de todas las dependencias gubernamentales. La OEA también aboga por el establecimiento de procesos que respondan a los principios de informalidad, gratuidad y máxima transparencia al definir los mecanismos concretos de acceso a la información. En este sentido, algunas de las iniciativas que se encuentran en debate en el Parlamento proponen cláusulas claras al respecto, y brindan herramientas concretas para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información. Entre otras cuestiones, para asegurar que todos los ciudadanos sean libres de pedir la información adecuada, es necesario reducir los requisitos formales al mínimo indispensable: el patrocinio letrado o la exigencia de aranceles para iniciar los trámites no deberían primar sobre el derecho a la información.
El acceso a la información pública garantiza la existencia de mecanismos de rendición de cuentas del Estado. Abrir nuevas vías de información transparenta procesos históricamente ligados con la reproducción de prácticas clientelares, habilita espacios de monitoreo ciudadano y legitima el trabajo de los buenos funcionarios públicos, entre otras cuestiones. El ejercicio del derecho de acceso a la información mina la cultura del secreto e, incluso, puede resultar en una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Desde CIPPEC celebramos la discusión de estos proyectos de ley en el Congreso, que promueven la transparencia y la rendición de cuentas del Estado. Los actuales debates parlamentarios son una oportunidad única para cancelar una de las deudas pendientes en materia legislativa que dejó la reforma constitucional de 1994 y garantizar la vigencia plena del derecho a la información.
*Director Ejecutivo de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
Fuente: Diario El Cronista
