Usted fue profesor de Derechos del Consumidor y miembro fundador del Instituto de
Derecho del Consumidor. ¿Se afectan los derechos del consumidor si una sola empresa concentra el 80% de la provisión de acceso a la televisión por cable en la Ciudad de Buenos Aires, como es el caso de la fusión entre Multicanal y Cablevisión?Si son temas judiciables, tengo prohibido adelantar una opinión. Hay dos áreas, una es si el mercado se organiza con una estructura competitiva o monopólica, o cuál es el grado donde deja de ser competitivo y pasa a ser monopólico. Esa es una cuestión de Derecho Público de organización de mercado. El Derecho del Consumidor se enfoca en la perspectiva del ciudadano: si tiene derecho a optar o no tiene derecho a optar y qué cantidad de opciones.
¿Cuáles son las tendencias mundiales respecto de la defensa de los derechos del consumidor en los países más desarrollados?
En la medida en que se incrementan las opciones, mejora la posición del consumidor; lo que pasa es que depende de cada sector y de cada región. Hay áreas donde es muy difícil incrementar tanto las opciones: si las incrementa mucho, se incrementan también los gastos. Tienen que tener una estructura competitiva, pero viable, y tiene que haber opciones compatibles con los recursos. Hay que analizarlo en los distintos casos.
¿Debería opinar si es más conveniente para el consumidor la existencia de más alternativas?
Son materias que podrían estar dentro del sistema judicial argentino y llegar a la Corte, entonces yo no puedo adelantar una opinión. Lo que quiero decir, en general, es que se analiza caso por caso. Lo que es bueno para un caso, a lo mejor no lo es para el otro.
¿Se afectan los derechos de empresas a las que se obliga a desinvertir en un plazo excesivamente apresurado?
Siempre quiero contestar todas las preguntas en la medida que no implique adelantar opinión sobre el caso. En esto hay casos planteados, lamento no poder.
En su discurso del Bicentenario destacó la necesidad de que bienes y libertades de los ciudadanos estén protegidos y remarcó que el Poder Judicial debe poner límites a los otros poderes porque es su función Constitucional. ¿Esa mención fue una señal sobre que los límites que tiene el Estado de afectar derechos adquiridos y una alusión inequívoca a que la Corte declarará inconstitucional los artículos de la Ley de Medios que imponen desinversión en plazos cortos?
No, todas las interpretaciones pueden ser hechas. Lo que yo he planteado es cuáles son los principios básicos sobre los que podemos tener un contrato social. El respeto de la propiedad y del contrato está en la Constitución, y la Corte lo ha dicho en numerosas oportunidades. En los casos concretos es diferente, hay muchos matices. Por empezar, el abogado se puede equivocar y hacer mal la demanda, puede no tener la prueba, equivocarse en el procedimiento, puede haber un caso con matices diferentes. Uno no puede decir cómo va a resolver un caso.
El procurador Esteban Righi propuso revocar la resolución de la Cámara Federal de Mendoza que suspendió la aplicación de la Ley de Medios. ¿Cuánto demorará la Corte en expedirse?
La medida cautelar dictada por el juez de primera instancia y ratificada por la Cámara, que es lo que tenemos hoy en la Corte, no juzga la ley. Las medidas cautelares se dictan por razones de urgencia, entonces la decisión tiene que ser rápida, y nuestra decisión va a estar dentro de los tiempos razonables. Cada uno de los jueces tiene que ver el dictamen, analizar, y… bueno, fijaremos una fecha para resolver. La Corte puede decir: “Está bien suspender toda la ley durante la tramitación del proceso o no está bien”.
¿Es cuestión de semanas o de meses?
De semanas, por eso también el procurador ha dictaminado rápido. Estamos hablando de la medida cautelar, no del fondo. Seguirá el juicio, y después llegará el juicio a la Corte.
¿La medida cautelar es suspensiva de toda la ley?
Si se la mantiene, la ley queda suspendida, y si no se la mantiene, no queda suspendida y se aplica.
Las otras cautelares, ¿suspenderán la aplicación de la ley?
Algunas suspenden dos artículos… Hay distintas situaciones. No podemos saber cuántas presentarán, porque hay gente que puede decir: “A mí esto me afecta”. Y tiene derecho a presentar algo.
¿Podría suceder que la acumulación de amparos genere que la cuestión de fondo lleve años para resolverse?
No, no son situaciones que lleven años.
Ver entrevista completa acá
Debaten una reforma a la Ley de Medios
Opositores descuentan que la Corte destrabará su aplicación. Pero a su vez mantendrá las cautelares que impiden desmembrar a Clarín. El rechazo a 6, 7, 8 une legisladores
Por: Rodolfo Barros
Legisladores de la oposición comenzaron la semana que pasó a reunirse, enviarse mensajes de texto y hacerse llamadas telefónicas con el objetivo de aunar voluntades para reformar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que fue sancionada por abrumadora mayoría el 10 de octubre pasado y fue impulsada por la administración Kirchner con el objetivo de desmembrar al Grupo Clarín, al que considera culpable de la derrota electoral de Néstor Kirchner en las legislativas. La LSCA se encuentra suspendida por una cautelar a favor del diputado mendocino del Peronismo Federal, Enrique Thomas. Se descuenta que la Corte levantará esa medida en las próximas semanas, lo que favorecerá la posición gubernamental.
Pero entre legisladores se espera que el máximo tribunal equilibre la balanza y falle a favor de otras cautelares que suspenden la aplicación de los artículos 41 y 161, mejor conocidos como los de obtención de licencias, es decir, los que determinan quiénes y cómo pueden ser dueños de radios y canales, y el de desinversión, el proceso de desarmado de los grandes multimedios.
La legisladora del GEN Margarita Stolbizer, y Silvana Guidice, de la UCR, acordaron el jueves presentar un proyecto en conjunto, pero esperan que se les unan más congresistas.
Thomas, que tiene diálogo fluido con Giúdice, inició también conversaciones con representantes de los socialistas y de Libres del Sur –que lideran Pino Solanas y Claudio Lozano– para conformar un “espacio de trabajo” para redactar un proyecto de reforma cuyos principios comenzarán a circular la semana que viene, aunque “sin apuro”, explicó el mendocino.
Entre los socialistas y la izquierda que votaron por el proyecto oficial hay “bronca” por la programación en Canal 7, en especial el uso de fondos públicos para programas como 6, 7, 8. Solanas dijo publicamente que “si para esto votamos la ley, mejor tirarla a la basura y hacer otra”.
Los “principios de acuerdo” cerrados entre Stolbizer, Giúdice y Thomas son:
- La autoridad de aplicación debe ser verdaderamente federal y dejar para las provincias y municipios la regulación de la TV por cable.
- Los mecanismos de desinversión deben tener en cuenta que en 2006 se prorrogó por diez años las licencias para los principales canales.
- Los límites a la concetración son los de la Ley de Defensa de la Competencia que debe ser reformada.
Las precarias condiciones que unirán a la oposición para lograr aprobar una reforma a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impiden, desde los inicios del debate, pensar que las herederas de Entel, Telefónica y Telecom, logren el permiso para entrar en el mundo de los medios y ofrecer el triple play al que están habilitados los cableros por no haber adquirido un monopolio natural.
“Es inexorable que los marcos de telecomunicaciones y medios se unan, pero las condiciones políticas no están dadas para avanzar”, aseguró un asesor legislativo.
Otro, que fue director del Comfer, lo explicó de esta manera: “Clarín, que es representado por Giúdice, y De Narváez, del Peronismo Federal, en el que está Thomas, y es socio de Daniel Vila y José Luis Manzano, dueños de Supercanal, que tiene el segundo cable más grande de la Argentina, no quieren a Telefónica robándoles abonados”.
Giúdice y Thomas desmienten esas vinculaciones, aunque ambos comparten la postura de no dejar entrar a las telefónicas al negocio de la televisión paga.
Fuente: Diario Perfil