Por: Hugo Alconada Mon
En un estricto silencio, el Gobierno intentó armar durante los últimos meses un equipo de trabajo con un objetivo preciso: avanzar desde distintas áreas contra el Grupo Clarín. Para eso, según reconstruyó La Nación de dos fuentes oficiales que participaron en esas reuniones
reservadas, incluyó a funcionarios de alto y mediano rango de seis organismos -en teoría autónomos- del Estado nacional.Las reuniones -al menos dos- se celebraron entre fines de febrero y mediados de marzo de este año, dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, que conduce Julio Alak. Pero ante la ausencia del ministro, la voz cantante la llevó el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.
La premisa quedó clara desde el primer encuentro. "¿Cómo le entramos a Clarín?", fue el disparador, según indicaron a La Nacion fuentes que participaron en los encuentros, aunque desde la UIF matizaron la pregunta.
Allegados a Sbattella indicaron que el grupo se centró en el "caso Arbizu". Es decir, Hernán Arbizu, el ex ejecutivo del JP Morgan que, requerido por la Justicia estadounidense por protagonizar un fraude millonario contra sus clientes, denunció ante el juez Sergio Torres supuestas operaciones de lavado de dinero y evasión de 200 grandes clientes. Arbizu acusó a directivos de Clarín, y tanto Néstor como Cristina Kirchner citaron el caso en sus ataques contra ese grupo.
Alak fue más contundente en su negativa ante la consulta de La Nación. Confirmó que se celebraron las reuniones, pero dijo que se convocaron para coordinar la respuesta del Estado al informe que redactó la misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). "Las reuniones no tuvieron como objetivo una empresa o sector en particular", afirmó.
Sin embargo, las fuentes oficiales que participaron de esos encuentros y a las que consultó La Nacion desmintieron que se hubiera siquiera aludido al GAFI. Ese reporte es el foco de otras reuniones multidisciplinarias que se celebraron en el Ministerio de Justicia.
Bajo el mando de Sbattella, aquellas reuniones reservadas incluyeron a emisarios del Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Quedó afuera, en cambio, la Secretaría de Comercio Interior, que lidera Guillermo Moreno, enemigo de Sbattella tanto o más que de Clarín.
Por el BCRA participó el nuevo subgerente general de asuntos jurídicos, Marcos Moiseeff. Ascendió a ese cargo a principios de enero tras redactar un e-mail (mientras se encontraba de licencia y en exceso de su competencia laboral) que el Gobierno utilizó como "dictamen" para fundamentar el despido de Martín Redrado de la entidad.
"Valor añadido"
El equipo, sin embargo, se disolvió pronto. "Se terminó en la práctica cuando la UIF intentó querellar directamente en el expediente Arbizu", precisó una alta fuente oficial. "Ocurrió que el Central y otros no aportaron valor añadido sobre los delitos precedentes para esa investigación y mostraron una falta de voluntad política para comprometerse", explicó.
La UIF registra antecedentes contra Clarín. En diciembre, su entonces presidenta, Rosa Falduto, recibió la orden de "avanzar" contra ese grupo. Prometió evaluar si era posible, pero luego de que La Nación reveló ese pedido, se negó a avanzar. Le costó su desplazamiento "a pedido de la Presidenta y el ex presidente", según relataron a La Nación actuales y ex funcionarios al tanto de esas discusiones.
Ya al frente de la UIF, Sbattella intentó coordinar las iniciativas del Estado. A la AFIP le pidió que le precisara cuántos de los clientes denunciados por Arbizu se acogieron al blanqueo el año pasado. Pero la AFIP demoró su respuesta.
El BCRA le planteó escollos similares. Expuso que evaluaba "plantear la figura del sabotaje del mercado financiero". Y, además, el Central ya actuaba como querellante en el caso Arbizu desde fines de 2009, cuando Redrado aún era su presidente. La presentación la firmó, entre otros, Moiseeff.
Fuente: Diario La Nación