D´Elía reclama 2 millones de pesos de resarcimiento a los jueces mendocinos que suspendieron la aplicación de la Ley. Es por supuestos daños y perjuicios al no poder hacer uso de dos señales que tiene en concesión
La Justicia fijó para esta tarde la audiencia de mediación en la causa por la cual el oficialista Luis D'Elía exige dos millones de pesos de resarcimiento a los jueces mendocinos que hicieron lugar a un recurso por el que se suspendió la aplicación de la Ley de Medios.
El trámite se llevará a cabo desde las 16 en Viamonte 1592 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la acción de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) contra la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal, los camaristas que confirmaron la decisión y el diputado cuyano Enrique Thomas, quien había realizado la presentación judicial.
La pretensión de D'Elía es que se les reconozcan daños y perjuicios por dos millones de pesos al no poder, por la decisión de los jueces, hacer uso de dos señales que la FTV tiene en concesión a partir de la sanción, en octubre último de la Ley 26.522 de Servicios Audiovisuales de Comunicación.
Mientras que desde el entorno del diputado Thomas dijeron desconocer que se haya fijado para hoy la audiencia, desde la FTV confirmaron su realización y que se espera la presencia de Thomas y los jueces Arrabal, Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra Fernández.
"La ley 26.522 representa la democratización del espacio radioeléctrico, sin duda un hecho muy temido por los grupos monopólicos que buscan continuar controlando la opinión pública. El accionar del diputado Thomas al igual que el de estos jueces, está causando un perjuicio enorme a un amplio sector social al que esta ley le concedió la representación que merecen", señaló D'Elía.
A raíz de la presentación, la magistrada mendocina denunció la semana pasada su "preocupación", ya que, según consideró, "la demanda es a todas luces jurídicamente improcedente" y se le dio curso "en una jurisdicción (Buenos Aires) manifiestamente incompetente en lo territorial, dado que el hecho que se endilga se produce en Mendoza, donde también residen los demandados".
Incluso, la magistrada envió una nota al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para que "tome la intervención pertinente, en defensa de los hechos que son propios como magistrada de la Nación".
Fuente: DyN
