Clic en la imagen para ampliar
lunes, 31 de mayo de 2010
"Siempre estamos hablando con todos... con los compañeros de Crítica"
Los trabajadores Crítica de la Argentina convocaban a una movilización al Ministerio de Trabajo, Av. Leandro N. Alem 630, para solicitar la pronta efectivización del compromiso asumido por el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, el 
pasado 17 de mayo, de gestionar con caracter de urgente el pago de la publicidad que el gobierno nacional le debe al diario, con la condición de que ese dinero sea derivado exclusivamente a saldar los haberes impagos del personal.
Tomada estaba por esa hora en Rosario. Buena oportunidad para consultarle que tiene para decir con respecto al pedido realizado oportunamente.
Daniel Berretoni, conductor del Programa "Contra la Pared*", estaba en la conferencia de prensa donde el ministro anunciaba la puesta en marcha del programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” y solícito se encaminó luego de la presentación a buscar una respuesta. Me escribe Daniel: "lo que me pediste está en los últimos 50 segundos, el gracias, gracias, es de un secretario de Tomada, ¿conferencia?, menos de 7 minutos para todos los medios que fuimosa escuchar el anuncio para los/as jóvenes "ni-ni..." (ni trabajan, ni estudian)". Respuesta a los compañeros de Crítica "ninguna":
*Contra la Pared. Lunes a viernes de 21 a 22 hs. Aire Libre, Radio Comunitaria
pasado 17 de mayo, de gestionar con caracter de urgente el pago de la publicidad que el gobierno nacional le debe al diario, con la condición de que ese dinero sea derivado exclusivamente a saldar los haberes impagos del personal.Tomada estaba por esa hora en Rosario. Buena oportunidad para consultarle que tiene para decir con respecto al pedido realizado oportunamente.
Daniel Berretoni, conductor del Programa "Contra la Pared*", estaba en la conferencia de prensa donde el ministro anunciaba la puesta en marcha del programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” y solícito se encaminó luego de la presentación a buscar una respuesta. Me escribe Daniel: "lo que me pediste está en los últimos 50 segundos, el gracias, gracias, es de un secretario de Tomada, ¿conferencia?, menos de 7 minutos para todos los medios que fuimosa escuchar el anuncio para los/as jóvenes "ni-ni..." (ni trabajan, ni estudian)". Respuesta a los compañeros de Crítica "ninguna":
*Contra la Pared. Lunes a viernes de 21 a 22 hs. Aire Libre, Radio Comunitaria
Augusto Dos Santos: “La transición a la democracia apenas está empezando”
Augusto Dos Santos es el Ministro paraguayo de Comunicación para el Desarrollo. El miembro del gobierno que encabeza Fernando Lugo analiza las dificultades para implementar el cambio en Paraguay: la herencia aún vigente de la dictadura, el obstruccionismo de los partidos tradicionales, el clientelismo, el papel de los medios de comunicación
Por: Washington Uranga, Desde Asunción
¿Cómo caracteriza la situación política del Paraguay dos años después de la asunción del presidente Fernando Lugo?
El resultado electoral del 20 de abril del 2008 no produce necesariamente un cambio en la cultura de la ciudadanía y de
los actores políticos. De hecho hay muchas ilusiones que hoy pudieron haberse desinflado. Son ilusiones que pretendían que Paraguay cambiaría a partir del 21 de abril del 2008. Esto no pudo ocurrir porque hemos sido castigados por el mismo tipo de dictadura que vivieron otros países, pero además por la intolerancia y el clientelismo político que se proyectaron durante veinte años tras la caída de la dictadura. La política funcionaba exclusivamente a través de la clientela y produjo lo que se puede denominar los veinte años perdidos de la transición democrática. Técnicamente la transición está empezando ahora, veinte años después del fin de la dictadura. Y en estas condiciones es muy difícil conjugar las expectativas con las posibilidades de cambio.
¿Es el único motivo?
No. A lo anterior se debe sumar la enorme resistencia de los sectores que detentaban el poder. No solamente el poder político –que es el menor poder en Paraguay– sino el poder fáctico: las mafias que controlan todo el sistema de contrabando, que manejan esta prodigiosa industria de la falsificación; la mafia de los cigarrillos que llevan humo a todos los países vecinos; la mafia de las drogas. Esos son varios carteles que durante mucho tiempo sostuvieron una forma de construcción política y que ahora ven peligrar seriamente sus negocios por un proceso que pretende adecentar la gestión. Y lo tercero, que es inevitable mencionar, son nuestros propios errores. Somos un gobierno conformado por un proyecto político absolutamente heterogéneo, partidos que se encontraron en el camino y que dijeron “hagamos un cambio político”. Pero además las personas que se encuentran en este momento en la gestión provienen, en su gran mayoría, de organizaciones no gubernamentales y otros emprendimientos de ese tipo, y todavía tardan en sintonizar, no con la gestión, sino con esa enciclopedia de mañas burocráticas que dejó sembrada el proceso anterior.
Desde afuera da la sensación de que el gobierno de Fernando Lugo “está cercado”.
Así es. El único cambio que se pudo producir en la función pública es en las islas de los puestos de confianza. Tenemos una legislación que impide otro tipo de cambios. En gran medida la función pública responde políticamente al partido que ya no está en el gobierno, porque los funcionarios públicos se alinean con esos políticos. De cualquier manera nuestra decisión es respetar la dignidad de todos los funcionarios y tratar de consensuar un proyecto de gestión pública que sea coherente con el cambio.
¿Y la relación con el Parlamento?
Es otro elemento que produce esa sensación de captura del Poder Ejecutivo. Un Parlamento adverso, eminentemente obstruccionista, con algunas situaciones alevosas como el caso de la obstrucción a la designación de embajadores. Yo no descarto errores nuestros, pero lo más difícil en este momento es construir el consenso con el Parlamento. Hay una posición obstruccionista y, en algunos actores, existe directamente un interés destituyente. Tampoco se ha logrado una mesa de diálogo que sirva para construir una agenda de prioridades.
¿Y en la ciudadanía?
El panorama es totalmente distinto y absolutamente esperanzador. Las organizaciones sociales quieren coordinar acciones y siguen firmes las esperanzas de que sus expectativas sean cubiertas por el gobierno que, a su vez, quiere mantener una interlocución directa con la ciudadanía. Este también es un aspecto en discusión. Ultimamente hubo algunas movilizaciones por parte de los gobernadores, solicitando que su intermediación fuera más visible. Muchos de estos gobernadores responden al Partido Colorado. El gobierno responde que no habrá de confrontar en lo mínimo con la institucionalidad, pero que al mismo tiempo no va a resignar su experiencia de diálogo directo con la ciudadanía. Es la única garantía que tenemos de sostener un proceso de cambio.
En sectores afines al gobierno se habla mucho de democracia participativa. También se conocen las resistencias de dirigentes políticos de la oposición, que señalan que se intenta suplantar a la democracia representativa.
La Constitución habla de la democracia participativa. La perversión semántica está de fiesta en Paraguay. Las cuestiones que son normales y obvias para cualquier sitio del mundo aquí se someten a tremendas discusiones. Se ha satanizado la democracia participativa y la más mínima intención de discutir el tratamiento informativo de los medios; se ha imputado como sospechoso de estar cargada de ideologías la voluntad del gobierno de construir proyectos sociales. Imagínese que el Gabinete Social no obtuvo presupuesto del Parlamento y se le recortaron todos los recursos, no tiene un guaraní para invertir en la lucha contra la pobreza. ¿Qué país estamos discutiendo? Hay un hemisferio que trata de sostener el país que existía, mientras el otro no deja de pelear por un proceso de cambio y no se va a resignar antes de lograrlo.
En medio de este contexto.¿cuáles son los logros que se pueden ver en estos dos años?
Hemos construido una estructura institucional, una estación de despegue. Unimos en un corpus un archipiélago de instituciones que funcionaban en diferentes ámbitos, para todas las direcciones y sin ningún tipo coordinación. En lo social, con un Gabinete Social que funciona y en lo comunicativo también. Es un primer paso silencioso de institucionalización que tiene buenos resultados. La lucha contra la corrupción no puede ser solamente policíaca, porque sólo con represión la corrupción sería reprimida y reconstituida permanentemente. Para eliminar la corrupción hay que construir una institucionalidad consistente. En esto se está trabajando con bastante éxito. Por otra parte se está construyendo la red social. En dos años este gobierno ya hizo tres recorridos por todo el país, por todas las capitales departamentales y tomó contacto con las autoridades y con las redes sociales. Está instalada ya una red capilar del proceso. Falta un paso mucho más decisivo: que eso comience a funcionar. Y no está funcionando sencillamente porque el Parlamento se encargó de ahogarnos en términos de recursos.
¿Qué se pudo lograr en materia de gestión?
Se avanzó en obras y tareas emblemáticas como el caso de la reivindicación de Itaipú. La represa tiene 35 años y ningún gobierno quiso discutir con Brasil la reclamación paraguaya de un trato justo en relación con la inmensa riqueza que produce ese emprendimiento binacional. Por primera vez el 20 de julio del año pasado se instaló una mesa de discusión y los presidentes de los dos países están dando ya testimonio de los avances al respecto. Esa ha sido una bandera muy fuerte del gobierno. El otro tema en el que todavía no se han podido dar pasos más trascendentales, pero para lo que hay ya un plan, es la reforma agraria. Este país tiene una injustísima distribución de la tierra. Parece una discusión del siglo antepasado pero sigue vigente. Se ha definido también una estructura que tiene que funcionar. En términos sociales los planes de ayuda condicionada, que durante los gobiernos anteriores no llegaban sino a 13 mil familias, se han extendido paulatinamente a 100 mil familias y para fin de año estaremos llegando a 200 mil familias. Por primera vez en la historia de Paraguay se ha declarado la gratuidad de la salud, en diciembre del 2008. Eso demostró cómo los recursos eran definitivamente dilapidados en vez de ser aplicados a cuestiones tan sencillas como garantizar la salud universal.
¿Y las cuentas pendientes...?
Son muchas. Fundamentalmente construir una respuesta a pesar de las obstrucciones. Este gobierno tiene pendiente la necesidad de tener un plan A, en base a la posibilidad de un consenso político, y un plan B, que sin generar turbulencia alguna en la institucionalidad y en el funcionamiento de las instituciones del Estado sepa asistir la lucha contra la pobreza en el marco de peores obstrucciones que puedan existir. Ese es el desafío más importante. El proceso de construcción está en marcha y yo creo que estamos en condiciones de asumir algunas de estas alternativas. Reitero: no estamos hablando de confrontaciones institucionales, sino sencillamente de cómo haríamos para construir un proyecto que brinde mayores posibilidades a los sectores marginados sin contar con un debido acompañamiento presupuestario por parte del Parlamento. Estamos recurriendo incluso a la cooperación internacional. Y Paraguay no es un país difícil de cambiar; es un país pequeño de seis millones de habitantes. Es lamentable que no exista un consenso político; es miserable cualquier proceso de obstrucción; es sencillamente robar un plato de comida. Pero con esas pautas se debe convivir.
Leyendo los diarios y escuchando las radios las críticas al gobierno aparecen por doquier. Paradójicamente, en medio de ese escenario, se acusa al gobierno de coartar y limitar la libertad de expresión.
No hay un solo gesto en ese sentido. Nosotros somos una especie de damnificados de Chávez. Lo digo con mucho respeto por nuestros gobiernos y por nuestros países. Los medios utilizan, en una especie de operación preventiva, el estandarte de Chávez como antítesis o como símbolo de un supuesto atentado contra la libertad de expresión. Yo no juzgo la gestión de Chávez al respecto –estamos siempre en contacto fraterno como países– pero la cantilena en los medios es que Chávez nos lleva, como si fuera una especie de flautista de Hamelin, hacia el camino de coartar la libertad de expresión. No hay ni una medida ni un solo gesto del gobierno en esa dirección desde el 15 de agosto del 2008 hasta hoy. Es una caricatura lamentable que tenemos que aguantar también porque creemos que en Paraguay todavía necesitamos atravesar un tiempo importante de consolidación institucional para poder discutir ciertas cosas como, por ejemplo, el tema de la regulación de los medios. Hablar de regulación de medios en este tiempo en Paraguay es someter a la ciudadanía a un desgaste innecesario en medio de un debate entre sordos. Mientras tanto creo que la opción más importante es la consolidación de los medios estatales. Los medios públicos en Paraguay pueden ser mucho más incidentes que en cualquier país del mundo. Es un país pequeño, con seis millones de habitantes, con mucha homogeneidad cultural donde los medios públicos pueden ser muy incidentes una vez que ellos se consoliden. Estamos hablando de medios públicos y no de medios de gobierno.
Llama la atención la denominación del ministerio a su cargo, creado en esta gestión: Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo. Con ese título no existe en ninguno de los países latinoamericanos ni en el resto del mundo. ¿Por qué ese nombre?, ¿Qué significa?, ¿Por qué comunicación para el desarrollo?
Porque no se puede hablar de comunicación pública sin comunicación para el desarrollo y menos en sociedades como éstas. Yo creo que no incluir la comunicación para el desarrollo en las políticas de comunicación del Estado es como admitir que nuestra comunicación es meramente instrumentalista, meramente difusionista. El desarrollo no es meramente una cuestión de lucha contra la pobreza, de mejorar las prácticas culturales o de producción. Es apuntar a la necesidad de que el cambio cultural se instale en la ciudadanía, es marcar un proyecto. Se mencionaba lo que para algunos puede parecer exótico como denominación. A mí me parece obvio y absolutamente apropiado al cambio que se pretende vivir en Paraguay. En este momento estamos trabajando con siete universidades públicas del interior para la instalación de la cátedra de comunicación para el desarrollo. Nos gustaría que junto a los comunicadores que trabajan en la construcción de las noticias todos los días, se generen también agentes locales de desarrollo desde la comunicación, trabajadores de comunicación que sean específicos para las cooperativas, las organizaciones, los ministerios. Este es el objetivo de incluir esta línea.
¿De qué medios de comunicación dispone el gobierno?
Prácticamente de nada. Los procesos anteriores desmantelaron y destruyeron los medios públicos. Quedamos con dos radios. La Radio Nacional de Paraguay con equipos totalmente obsoletos y 43 discos después de tener la discoteca más grande de Paraguay. A ésta se suma la radio de Pilar a la que, en un año, le cambiamos el transmisor después de 50 años. Lo mismo estamos por hacer con Radio Nacional. Ya no pensamos en el pasado, creemos que el desafío ahora es construir medios públicos que sean fortalecidos en el compromiso del proceso de cambio. Este es un país que tiene 17 provincias o departamentos. Estamos en el proceso de instalar diez radios públicas entre este año y el próximo. Y el gran sueño es poner a funcionar, para el 14 de mayo del 2011, el primer canal público de televisión del Paraguay. Todo está bien encaminado. No podemos fallar porque no nos sobran monedas. Estamos condenados a no fallar, a que todos nuestros emprendimientos sean certeros. El proyecto de la televisión pública incluye un canal de aire, un sistema satelital y unas 17 repetidoras en todo el país con pequeños canales locales. Pero en medio de eso estamos en la exótica iniciativa de transformar nuestros medios de gobierno en medios públicos. La gente empezó a escuchar sobre medios públicos ahora y muchas veces nos sentimos discutiendo con nadie estas ideas. Es más: muchas veces nos sentimos discutiendo al interior del gobierno. Como los medios de gobierno servían exclusivamente para promocionar a los ministros y compañía, cambiar esos procesos conlleva también enfrentamientos con las culturas de gestión.
¿Es posible?
No hay otra alternativa. La corresponsabilidad en la gestión de los medios públicos entre el Estado y la sociedad civil es empoderar a la ciudadanía y esto puede ser absolutamente trascendente.
Militante de la comunicación
Augusto Dos Santos (49 años) es periodista y siempre se pensó a sí mismo dentro de esa tarea, lejos de imaginar la gestión de gobierno que hoy le toca desempeñar como secretario de Información y Comunicación para el Desarrollo, una cartera con rango ministerial creada por Fernando Lugo al acceder a la presidencia de Paraguay. Católico como Lugo, conoce al actual presidente por haber compartido con él espacios eclesiásticos desde la misma trinchera. Dos Santos es un profesional enamorado de la radio y dirigió varias emisoras, entre ellas la poderosa Radio Cáritas, de Asunción. Habla el guaraní con la misma fluidez que el castellano. Hombre de amplias vinculaciones en América latina, trabajó también como capacitador para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y se lo puede definir claramente como un militante de la comunicación, en su país y en el continente.
Imagen: Bernardino Avila
Fuente: Diario PáginaI12
Por: Washington Uranga, Desde Asunción
¿Cómo caracteriza la situación política del Paraguay dos años después de la asunción del presidente Fernando Lugo?
El resultado electoral del 20 de abril del 2008 no produce necesariamente un cambio en la cultura de la ciudadanía y de
los actores políticos. De hecho hay muchas ilusiones que hoy pudieron haberse desinflado. Son ilusiones que pretendían que Paraguay cambiaría a partir del 21 de abril del 2008. Esto no pudo ocurrir porque hemos sido castigados por el mismo tipo de dictadura que vivieron otros países, pero además por la intolerancia y el clientelismo político que se proyectaron durante veinte años tras la caída de la dictadura. La política funcionaba exclusivamente a través de la clientela y produjo lo que se puede denominar los veinte años perdidos de la transición democrática. Técnicamente la transición está empezando ahora, veinte años después del fin de la dictadura. Y en estas condiciones es muy difícil conjugar las expectativas con las posibilidades de cambio.¿Es el único motivo?
No. A lo anterior se debe sumar la enorme resistencia de los sectores que detentaban el poder. No solamente el poder político –que es el menor poder en Paraguay– sino el poder fáctico: las mafias que controlan todo el sistema de contrabando, que manejan esta prodigiosa industria de la falsificación; la mafia de los cigarrillos que llevan humo a todos los países vecinos; la mafia de las drogas. Esos son varios carteles que durante mucho tiempo sostuvieron una forma de construcción política y que ahora ven peligrar seriamente sus negocios por un proceso que pretende adecentar la gestión. Y lo tercero, que es inevitable mencionar, son nuestros propios errores. Somos un gobierno conformado por un proyecto político absolutamente heterogéneo, partidos que se encontraron en el camino y que dijeron “hagamos un cambio político”. Pero además las personas que se encuentran en este momento en la gestión provienen, en su gran mayoría, de organizaciones no gubernamentales y otros emprendimientos de ese tipo, y todavía tardan en sintonizar, no con la gestión, sino con esa enciclopedia de mañas burocráticas que dejó sembrada el proceso anterior.
Desde afuera da la sensación de que el gobierno de Fernando Lugo “está cercado”.
Así es. El único cambio que se pudo producir en la función pública es en las islas de los puestos de confianza. Tenemos una legislación que impide otro tipo de cambios. En gran medida la función pública responde políticamente al partido que ya no está en el gobierno, porque los funcionarios públicos se alinean con esos políticos. De cualquier manera nuestra decisión es respetar la dignidad de todos los funcionarios y tratar de consensuar un proyecto de gestión pública que sea coherente con el cambio.
¿Y la relación con el Parlamento?
Es otro elemento que produce esa sensación de captura del Poder Ejecutivo. Un Parlamento adverso, eminentemente obstruccionista, con algunas situaciones alevosas como el caso de la obstrucción a la designación de embajadores. Yo no descarto errores nuestros, pero lo más difícil en este momento es construir el consenso con el Parlamento. Hay una posición obstruccionista y, en algunos actores, existe directamente un interés destituyente. Tampoco se ha logrado una mesa de diálogo que sirva para construir una agenda de prioridades.
¿Y en la ciudadanía?
El panorama es totalmente distinto y absolutamente esperanzador. Las organizaciones sociales quieren coordinar acciones y siguen firmes las esperanzas de que sus expectativas sean cubiertas por el gobierno que, a su vez, quiere mantener una interlocución directa con la ciudadanía. Este también es un aspecto en discusión. Ultimamente hubo algunas movilizaciones por parte de los gobernadores, solicitando que su intermediación fuera más visible. Muchos de estos gobernadores responden al Partido Colorado. El gobierno responde que no habrá de confrontar en lo mínimo con la institucionalidad, pero que al mismo tiempo no va a resignar su experiencia de diálogo directo con la ciudadanía. Es la única garantía que tenemos de sostener un proceso de cambio.
En sectores afines al gobierno se habla mucho de democracia participativa. También se conocen las resistencias de dirigentes políticos de la oposición, que señalan que se intenta suplantar a la democracia representativa.
La Constitución habla de la democracia participativa. La perversión semántica está de fiesta en Paraguay. Las cuestiones que son normales y obvias para cualquier sitio del mundo aquí se someten a tremendas discusiones. Se ha satanizado la democracia participativa y la más mínima intención de discutir el tratamiento informativo de los medios; se ha imputado como sospechoso de estar cargada de ideologías la voluntad del gobierno de construir proyectos sociales. Imagínese que el Gabinete Social no obtuvo presupuesto del Parlamento y se le recortaron todos los recursos, no tiene un guaraní para invertir en la lucha contra la pobreza. ¿Qué país estamos discutiendo? Hay un hemisferio que trata de sostener el país que existía, mientras el otro no deja de pelear por un proceso de cambio y no se va a resignar antes de lograrlo.
En medio de este contexto.¿cuáles son los logros que se pueden ver en estos dos años?
Hemos construido una estructura institucional, una estación de despegue. Unimos en un corpus un archipiélago de instituciones que funcionaban en diferentes ámbitos, para todas las direcciones y sin ningún tipo coordinación. En lo social, con un Gabinete Social que funciona y en lo comunicativo también. Es un primer paso silencioso de institucionalización que tiene buenos resultados. La lucha contra la corrupción no puede ser solamente policíaca, porque sólo con represión la corrupción sería reprimida y reconstituida permanentemente. Para eliminar la corrupción hay que construir una institucionalidad consistente. En esto se está trabajando con bastante éxito. Por otra parte se está construyendo la red social. En dos años este gobierno ya hizo tres recorridos por todo el país, por todas las capitales departamentales y tomó contacto con las autoridades y con las redes sociales. Está instalada ya una red capilar del proceso. Falta un paso mucho más decisivo: que eso comience a funcionar. Y no está funcionando sencillamente porque el Parlamento se encargó de ahogarnos en términos de recursos.
¿Qué se pudo lograr en materia de gestión?
Se avanzó en obras y tareas emblemáticas como el caso de la reivindicación de Itaipú. La represa tiene 35 años y ningún gobierno quiso discutir con Brasil la reclamación paraguaya de un trato justo en relación con la inmensa riqueza que produce ese emprendimiento binacional. Por primera vez el 20 de julio del año pasado se instaló una mesa de discusión y los presidentes de los dos países están dando ya testimonio de los avances al respecto. Esa ha sido una bandera muy fuerte del gobierno. El otro tema en el que todavía no se han podido dar pasos más trascendentales, pero para lo que hay ya un plan, es la reforma agraria. Este país tiene una injustísima distribución de la tierra. Parece una discusión del siglo antepasado pero sigue vigente. Se ha definido también una estructura que tiene que funcionar. En términos sociales los planes de ayuda condicionada, que durante los gobiernos anteriores no llegaban sino a 13 mil familias, se han extendido paulatinamente a 100 mil familias y para fin de año estaremos llegando a 200 mil familias. Por primera vez en la historia de Paraguay se ha declarado la gratuidad de la salud, en diciembre del 2008. Eso demostró cómo los recursos eran definitivamente dilapidados en vez de ser aplicados a cuestiones tan sencillas como garantizar la salud universal.
¿Y las cuentas pendientes...?
Son muchas. Fundamentalmente construir una respuesta a pesar de las obstrucciones. Este gobierno tiene pendiente la necesidad de tener un plan A, en base a la posibilidad de un consenso político, y un plan B, que sin generar turbulencia alguna en la institucionalidad y en el funcionamiento de las instituciones del Estado sepa asistir la lucha contra la pobreza en el marco de peores obstrucciones que puedan existir. Ese es el desafío más importante. El proceso de construcción está en marcha y yo creo que estamos en condiciones de asumir algunas de estas alternativas. Reitero: no estamos hablando de confrontaciones institucionales, sino sencillamente de cómo haríamos para construir un proyecto que brinde mayores posibilidades a los sectores marginados sin contar con un debido acompañamiento presupuestario por parte del Parlamento. Estamos recurriendo incluso a la cooperación internacional. Y Paraguay no es un país difícil de cambiar; es un país pequeño de seis millones de habitantes. Es lamentable que no exista un consenso político; es miserable cualquier proceso de obstrucción; es sencillamente robar un plato de comida. Pero con esas pautas se debe convivir.
Leyendo los diarios y escuchando las radios las críticas al gobierno aparecen por doquier. Paradójicamente, en medio de ese escenario, se acusa al gobierno de coartar y limitar la libertad de expresión.
No hay un solo gesto en ese sentido. Nosotros somos una especie de damnificados de Chávez. Lo digo con mucho respeto por nuestros gobiernos y por nuestros países. Los medios utilizan, en una especie de operación preventiva, el estandarte de Chávez como antítesis o como símbolo de un supuesto atentado contra la libertad de expresión. Yo no juzgo la gestión de Chávez al respecto –estamos siempre en contacto fraterno como países– pero la cantilena en los medios es que Chávez nos lleva, como si fuera una especie de flautista de Hamelin, hacia el camino de coartar la libertad de expresión. No hay ni una medida ni un solo gesto del gobierno en esa dirección desde el 15 de agosto del 2008 hasta hoy. Es una caricatura lamentable que tenemos que aguantar también porque creemos que en Paraguay todavía necesitamos atravesar un tiempo importante de consolidación institucional para poder discutir ciertas cosas como, por ejemplo, el tema de la regulación de los medios. Hablar de regulación de medios en este tiempo en Paraguay es someter a la ciudadanía a un desgaste innecesario en medio de un debate entre sordos. Mientras tanto creo que la opción más importante es la consolidación de los medios estatales. Los medios públicos en Paraguay pueden ser mucho más incidentes que en cualquier país del mundo. Es un país pequeño, con seis millones de habitantes, con mucha homogeneidad cultural donde los medios públicos pueden ser muy incidentes una vez que ellos se consoliden. Estamos hablando de medios públicos y no de medios de gobierno.
Llama la atención la denominación del ministerio a su cargo, creado en esta gestión: Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo. Con ese título no existe en ninguno de los países latinoamericanos ni en el resto del mundo. ¿Por qué ese nombre?, ¿Qué significa?, ¿Por qué comunicación para el desarrollo?
Porque no se puede hablar de comunicación pública sin comunicación para el desarrollo y menos en sociedades como éstas. Yo creo que no incluir la comunicación para el desarrollo en las políticas de comunicación del Estado es como admitir que nuestra comunicación es meramente instrumentalista, meramente difusionista. El desarrollo no es meramente una cuestión de lucha contra la pobreza, de mejorar las prácticas culturales o de producción. Es apuntar a la necesidad de que el cambio cultural se instale en la ciudadanía, es marcar un proyecto. Se mencionaba lo que para algunos puede parecer exótico como denominación. A mí me parece obvio y absolutamente apropiado al cambio que se pretende vivir en Paraguay. En este momento estamos trabajando con siete universidades públicas del interior para la instalación de la cátedra de comunicación para el desarrollo. Nos gustaría que junto a los comunicadores que trabajan en la construcción de las noticias todos los días, se generen también agentes locales de desarrollo desde la comunicación, trabajadores de comunicación que sean específicos para las cooperativas, las organizaciones, los ministerios. Este es el objetivo de incluir esta línea.
¿De qué medios de comunicación dispone el gobierno?
Prácticamente de nada. Los procesos anteriores desmantelaron y destruyeron los medios públicos. Quedamos con dos radios. La Radio Nacional de Paraguay con equipos totalmente obsoletos y 43 discos después de tener la discoteca más grande de Paraguay. A ésta se suma la radio de Pilar a la que, en un año, le cambiamos el transmisor después de 50 años. Lo mismo estamos por hacer con Radio Nacional. Ya no pensamos en el pasado, creemos que el desafío ahora es construir medios públicos que sean fortalecidos en el compromiso del proceso de cambio. Este es un país que tiene 17 provincias o departamentos. Estamos en el proceso de instalar diez radios públicas entre este año y el próximo. Y el gran sueño es poner a funcionar, para el 14 de mayo del 2011, el primer canal público de televisión del Paraguay. Todo está bien encaminado. No podemos fallar porque no nos sobran monedas. Estamos condenados a no fallar, a que todos nuestros emprendimientos sean certeros. El proyecto de la televisión pública incluye un canal de aire, un sistema satelital y unas 17 repetidoras en todo el país con pequeños canales locales. Pero en medio de eso estamos en la exótica iniciativa de transformar nuestros medios de gobierno en medios públicos. La gente empezó a escuchar sobre medios públicos ahora y muchas veces nos sentimos discutiendo con nadie estas ideas. Es más: muchas veces nos sentimos discutiendo al interior del gobierno. Como los medios de gobierno servían exclusivamente para promocionar a los ministros y compañía, cambiar esos procesos conlleva también enfrentamientos con las culturas de gestión.
¿Es posible?
No hay otra alternativa. La corresponsabilidad en la gestión de los medios públicos entre el Estado y la sociedad civil es empoderar a la ciudadanía y esto puede ser absolutamente trascendente.
Militante de la comunicación
Augusto Dos Santos (49 años) es periodista y siempre se pensó a sí mismo dentro de esa tarea, lejos de imaginar la gestión de gobierno que hoy le toca desempeñar como secretario de Información y Comunicación para el Desarrollo, una cartera con rango ministerial creada por Fernando Lugo al acceder a la presidencia de Paraguay. Católico como Lugo, conoce al actual presidente por haber compartido con él espacios eclesiásticos desde la misma trinchera. Dos Santos es un profesional enamorado de la radio y dirigió varias emisoras, entre ellas la poderosa Radio Cáritas, de Asunción. Habla el guaraní con la misma fluidez que el castellano. Hombre de amplias vinculaciones en América latina, trabajó también como capacitador para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y se lo puede definir claramente como un militante de la comunicación, en su país y en el continente.
Imagen: Bernardino Avila
Fuente: Diario PáginaI12
Ley de Medios: El Gobierno apeló el fallo contra la “cláusula de desinversión”
El procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, presentó la apelación contra el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal que suspendió, mediante una medida cautelar, la denominada “cláusula de desinversión” de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La demanda había sido presentada por el Grupo Clarín
A través de un recurso, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha expuso como argumento de su reclamo la "gravedad institucional" que, a su criterio, genera la medida provisoria del tribunal, porque priorizó los intereses de un grupo por encima de los de toda la sociedad. Minutos antes del cierre de la jornada judicial y tras asistir a la presentación por parte de la Corte de la "digitalización" de la Constitución Nacional de 1853, el procurador Da Rocha firmó el recurso extraordinario contra la resolución dictada semanas atrás por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.
En declaraciones a los periodistas realizadas en Tribunales Da Rocha explicó que la ley contempla "derechos de orden público, que afectan a toda la sociedad, porque tienen que ver con la libertad de expresión". Con la vigencia de la ley 26.522 "cualquier ciudadano puede expresarse por medios públicos", agregó el procurador.
El 14 de mayo último la Sala I de la Cámara confirmó el fallo de primera instancia que suspendió el artículo 161 de la ley, que establece el plazo máximo de un año para que los titulares de licencias vigentes al momento de sanción de la norma se sujeten a las disposiciones de la misma. El tribunal respondió de esa manera a un recurso del Gobierno Nacional contra las medidas cautelares que, a pedido del Grupo Clarín S.A. había ordenado en primera instancia el juez Eduardo Carbone de los artículos 41 (transferencias de licencias) y 161 (readecuación) de la ley 26.522.
La Sala I de la Cámara revocó entonces la suspensión por parte de Carbone del artículo 41, pero aclaró que la aplicación del 161 implicaría una "desinversión forzada". "Es oportuno recordar que nadie tiene derecho al mantenimiento de la ley ni a oponerse a cambios en la política legislativa, salvo que ello comporte la violación de derechos adquiridos o de una situación jurídicamente protegida al amparo de la legislación anterior", expuso el tribunal en aquella ocasión.
Los camaristas María Najurieta y Francisco de las Carreras evaluaron que mientras el artículo 41 de la ley impide la libre disposición de las licencias y autorizaciones, estableciendo excepciones que requieren previa autorización, el artículo 161 obliga a los titulares de medios a realizar transferencias dentro del plazo de un año, bajo apercibimiento de sanciones.
La causa llegaría a la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado sobre otra medida cautelar, en ese caso de la Cámara Federal de Mendoza, que mantiene suspendida la totalidad de la ley por presuntas irregularidades en el tratamiento parlamentario de la misma.
Fuente: Diario PáginaI12
A través de un recurso, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha expuso como argumento de su reclamo la "gravedad institucional" que, a su criterio, genera la medida provisoria del tribunal, porque priorizó los intereses de un grupo por encima de los de toda la sociedad. Minutos antes del cierre de la jornada judicial y tras asistir a la presentación por parte de la Corte de la "digitalización" de la Constitución Nacional de 1853, el procurador Da Rocha firmó el recurso extraordinario contra la resolución dictada semanas atrás por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.
En declaraciones a los periodistas realizadas en Tribunales Da Rocha explicó que la ley contempla "derechos de orden público, que afectan a toda la sociedad, porque tienen que ver con la libertad de expresión". Con la vigencia de la ley 26.522 "cualquier ciudadano puede expresarse por medios públicos", agregó el procurador.
El 14 de mayo último la Sala I de la Cámara confirmó el fallo de primera instancia que suspendió el artículo 161 de la ley, que establece el plazo máximo de un año para que los titulares de licencias vigentes al momento de sanción de la norma se sujeten a las disposiciones de la misma. El tribunal respondió de esa manera a un recurso del Gobierno Nacional contra las medidas cautelares que, a pedido del Grupo Clarín S.A. había ordenado en primera instancia el juez Eduardo Carbone de los artículos 41 (transferencias de licencias) y 161 (readecuación) de la ley 26.522.
La Sala I de la Cámara revocó entonces la suspensión por parte de Carbone del artículo 41, pero aclaró que la aplicación del 161 implicaría una "desinversión forzada". "Es oportuno recordar que nadie tiene derecho al mantenimiento de la ley ni a oponerse a cambios en la política legislativa, salvo que ello comporte la violación de derechos adquiridos o de una situación jurídicamente protegida al amparo de la legislación anterior", expuso el tribunal en aquella ocasión.
Los camaristas María Najurieta y Francisco de las Carreras evaluaron que mientras el artículo 41 de la ley impide la libre disposición de las licencias y autorizaciones, estableciendo excepciones que requieren previa autorización, el artículo 161 obliga a los titulares de medios a realizar transferencias dentro del plazo de un año, bajo apercibimiento de sanciones.
La causa llegaría a la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado sobre otra medida cautelar, en ese caso de la Cámara Federal de Mendoza, que mantiene suspendida la totalidad de la ley por presuntas irregularidades en el tratamiento parlamentario de la misma.
Fuente: Diario PáginaI12
Condenaron a Editorial Perfil por nota que genera sospecha infundada sobre la sexualidad de Emanuel Ortega
Responsabilidad de los Medios de Comunicación. Derecho a la Intimidad y al Honor. Personalidad pública. Cantante y actor nacional. Publicación periodística que genera sospecha infundada sobre aspectos vinculados a su sexualidad. Fotografía de dos jóvenes besándose. Notable parecido físico con el actor. Retrato titulado con el nombre de una canción compuesta por éste (“Enamorarte”). Dolo. Derecho a la identidad personal. Condena a la editorial y a la editora responsable
O., E. c/Editorial Perfil S.A. y otros s/Daños y Perjuicios s/Sumario”
El magistrado de grado considera que el parecido físico del actor con el joven que aparece en el retrato dándose un beso con el Sr. T., resulta innegable, y asimismo reputa que el texto que se añade a la imagen alude inequívocamente al Sr. O., al llevar el título de “Enamorarte”, idéntico al de la canción por éste compuesta, que operaba como cortina musical de la telenovela que se emitía con el mismo nombre, que también protagonizaba el accionante.
Tomando como base el testimonio de la camarera Trapanesi, que se autodenomina presidenta del club de “fans” del actor, quien puso de manifiesto la existencia de un rumor previo acerca de una presunta homosexualidad del mismo, el magistrado colige que ello fue aprovechado por la accionada para jugar con el parecido físico entre el joven de la foto y aquél, duda que fue difundida en un programa televisivo de “chimentos”, donde se especuló con el tema, en virtud de lo cual descarta la aplicación de la doctrina de la real malicia invocada en su auxilio por la editora y concluye que obró con dolo, no pudiendo justificarse la intrusión en la intimidad y el honor del actor, dado que o hubo conocimiento de la falsedad de la insinuación en el sentido que O. era la persona retratada, o se la formuló con notoria despreocupación por desentrañar la verdad, dado que existían otras fotografías tomadas evidentemente en el mismo evento que permitían apreciar la verdadera identidad del participante de la escena.
De modo general coincido con las apreciaciones del magistrado de grado en el sentido que considera que a través de la publicación cuestionada se han lesionado derechos del actor.”
Quedó avalado que hubo secuencias fotográficas obtenidas por un profesional free-lance y adquiridas por la editorial, de las cuales se obtuvieron tres, debiendo la demandada asumir la responsabilidad en la elección para publicar la única de ellas en donde las semejanzas de rasgos, al tratarse de tomas de perfil, podría llegar a inducir que se trataba del cantante. Pero no bastó ello.”
Coincido con el sentenciante que el texto añadido a la fotografía alude sin hesitación al actor y la circunstancia de que el encabezamiento, si bien es idéntico a la canción, guarda diferencia con el nombre de la novela no puede erigirse en atenuante, dado que En Amor Arte, no sólo juega con la fonética que resulta similar, sino que las diferencias son nimias con el título de la canción, que no presenta espacios ni letras mayúsculas en el caso de la frase citada.
Obvio resulta que la “noticia” era sembrar la intriga, generar la duda, inducir a confusión, a tenor de la relación que se advierte entre la imagen y la información que se proporciona o se deja entrever.
La afectación que expresa sufriera el accionante a su vida privada y de relación, resultaría como ya se anticipara, no de modo directo, sino a través de la sugerencia que se insinúa respecto de su verdad personal, distinta a su verdadera identidad. Y aquí no puedo menos que coincidir con Matilde Zavala de González en su obra “Resarcimiento de Daños”, Tomo 2C, Edit. Hammurabi, cuando a fs.244 desarrolla el tema del derecho a la verdad sobre la propia identidad personal. Allí se repasa la condición del ser humano y su aspiración a que su verdad personal se proyecte socialmente, vale decir a través de los vínculos que se establecen con los demás a través de distintos medios y formas. Ello implica, dice acertadamente la actora, “una exigencia de respeto de la propia singularidad: que los otros no tergiversen el modo en que uno mismo es”.
No pueden válidamente deformarse o tergiversarse realidades ajenas, tampoco rehacerlas al gusto de quien las transmite, mostrándolas distintas a lo que son, cualquiera sea el móvil de la falsificación, vbgr. capricho, conveniencia, maldad, intereses diversos.
Debieron extremarse los cuidados para evitar ulterioridades dañosas, que no las habría habido si ninguna referencia se efectuaba o más aún, si frente al parecido físico se dejaba claramente asentado que no se trataba de la persona del actor, como ciertamente lo sabía la editora, que poseía los elementos corroborantes consistentes en las dos restantes tomas.
Corresponde entonces confirmar la sentencia recurrida en la responsabilidad que decide respecto de la editorial y la editora responsable.”
Fuente: ElDial Express
O., E. c/Editorial Perfil S.A. y otros s/Daños y Perjuicios s/Sumario”
El magistrado de grado considera que el parecido físico del actor con el joven que aparece en el retrato dándose un beso con el Sr. T., resulta innegable, y asimismo reputa que el texto que se añade a la imagen alude inequívocamente al Sr. O., al llevar el título de “Enamorarte”, idéntico al de la canción por éste compuesta, que operaba como cortina musical de la telenovela que se emitía con el mismo nombre, que también protagonizaba el accionante.
Tomando como base el testimonio de la camarera Trapanesi, que se autodenomina presidenta del club de “fans” del actor, quien puso de manifiesto la existencia de un rumor previo acerca de una presunta homosexualidad del mismo, el magistrado colige que ello fue aprovechado por la accionada para jugar con el parecido físico entre el joven de la foto y aquél, duda que fue difundida en un programa televisivo de “chimentos”, donde se especuló con el tema, en virtud de lo cual descarta la aplicación de la doctrina de la real malicia invocada en su auxilio por la editora y concluye que obró con dolo, no pudiendo justificarse la intrusión en la intimidad y el honor del actor, dado que o hubo conocimiento de la falsedad de la insinuación en el sentido que O. era la persona retratada, o se la formuló con notoria despreocupación por desentrañar la verdad, dado que existían otras fotografías tomadas evidentemente en el mismo evento que permitían apreciar la verdadera identidad del participante de la escena.
De modo general coincido con las apreciaciones del magistrado de grado en el sentido que considera que a través de la publicación cuestionada se han lesionado derechos del actor.”
Quedó avalado que hubo secuencias fotográficas obtenidas por un profesional free-lance y adquiridas por la editorial, de las cuales se obtuvieron tres, debiendo la demandada asumir la responsabilidad en la elección para publicar la única de ellas en donde las semejanzas de rasgos, al tratarse de tomas de perfil, podría llegar a inducir que se trataba del cantante. Pero no bastó ello.”
Coincido con el sentenciante que el texto añadido a la fotografía alude sin hesitación al actor y la circunstancia de que el encabezamiento, si bien es idéntico a la canción, guarda diferencia con el nombre de la novela no puede erigirse en atenuante, dado que En Amor Arte, no sólo juega con la fonética que resulta similar, sino que las diferencias son nimias con el título de la canción, que no presenta espacios ni letras mayúsculas en el caso de la frase citada.
Obvio resulta que la “noticia” era sembrar la intriga, generar la duda, inducir a confusión, a tenor de la relación que se advierte entre la imagen y la información que se proporciona o se deja entrever.
La afectación que expresa sufriera el accionante a su vida privada y de relación, resultaría como ya se anticipara, no de modo directo, sino a través de la sugerencia que se insinúa respecto de su verdad personal, distinta a su verdadera identidad. Y aquí no puedo menos que coincidir con Matilde Zavala de González en su obra “Resarcimiento de Daños”, Tomo 2C, Edit. Hammurabi, cuando a fs.244 desarrolla el tema del derecho a la verdad sobre la propia identidad personal. Allí se repasa la condición del ser humano y su aspiración a que su verdad personal se proyecte socialmente, vale decir a través de los vínculos que se establecen con los demás a través de distintos medios y formas. Ello implica, dice acertadamente la actora, “una exigencia de respeto de la propia singularidad: que los otros no tergiversen el modo en que uno mismo es”.
No pueden válidamente deformarse o tergiversarse realidades ajenas, tampoco rehacerlas al gusto de quien las transmite, mostrándolas distintas a lo que son, cualquiera sea el móvil de la falsificación, vbgr. capricho, conveniencia, maldad, intereses diversos.
Debieron extremarse los cuidados para evitar ulterioridades dañosas, que no las habría habido si ninguna referencia se efectuaba o más aún, si frente al parecido físico se dejaba claramente asentado que no se trataba de la persona del actor, como ciertamente lo sabía la editora, que poseía los elementos corroborantes consistentes en las dos restantes tomas.
Corresponde entonces confirmar la sentencia recurrida en la responsabilidad que decide respecto de la editorial y la editora responsable.”
Fuente: ElDial Express
Anuncian despidos en el Diario La República de Corrientes
Conflicto en el Diario La República. Crisis en el diario y estado de alerta
La empresa periodística dijo que inició el trámite de declaración de crisis que contempla el despido de 18 trabajadores del medio.
Los periodistas por su parte dijeron que "es inaceptable" tal medida y que buscarán un consenso hasta último momento pero desde la Asociación de periodistas de Corrientes aseguraron que se encuentran en estado de alerta y no descartan medidas de fuerza.
Esta mañana, se reunieron en la Subsecretaría de Trabajo los representantes legales del Diario La República y los periodistas que trabajan en el medio. Desde la empresa aseguraron que ya comenzó el trámite para declarar la crisis lo que significaría el despido de 18 trabajadores de prensa.
Los colegas periodistas manifestaron su rechazo ante la iniciativa que según manifiestan los empresarios, es para evitar el cierre. La Asociación de Periodistas de Corrientes dijo a través de su representante que “el despido de 18 compañeros, como pretende la empresa, es algo inaceptable. Estamos en asamblea permanente, y no descartamos medidas de fuerza”.
Periodistas, diagramadores, fotógrafos y correctores dejaron en claro que buscarán “una salida consensuada, porque no queremos ‘ir al choque’. La idea es defender como sea nuestra fuente de trabajo", aseguraron.
Fuente: Sobre Tablas
Trabajadores del diario La República se declaran en asamblea permanente y alerta
La medida surge ante la preocupación por la presentación de un “procedimiento preventivo de crisis” por parte de la patronal; según los propietarios, podría derivar en 18 despidos.
Trabajadores del diario La República se declararon hoy 31 de mayo en estado de “asamblea permanente” y de “alerta”. La medida responde a la preocupación extrema del personal de este matutino frente a la presentación de un “procedimiento preventivo de crisis” por parte de la empresa ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. En este documento se anticipan, entre otras posibles medidas, 18 despidos.
La decisión se tomó en una asamblea realizada en la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC), por unanimidad de los trabajadores presentes, en horas del mediodía. El gremio aportó el asesoramiento legal del caso.
La situación del diario
Más allá de la presentación realizada por la dirección de la empresa, Medios del Iberá SA, la crisis laboral dentro del diario no es nueva. Hace menos de un mes La República se imprime de lunes a viernes y ya no los sábados ni domingos. Esta decisión empresarial fue justificada en la supuesta necesidad de reducir costos.
Desde ese momento los trabajadores de La República tomaron contacto y se asesoraron con la APC, previendo medidas más extremas por parte de la patronal. Esto se concretó con el “procedimiento preventivo de crisis” solicitado el viernes 28 de mayo pasado.
¿Qué es un “procedimiento preventivo de crisis?
“Procedimiento preventivo de crisis” es una figura legal creada por el Gobierno nacional en 2002, época en que el país atravesaba una situación económica y social particular y totalmente diferente de la actual. Invoca, entre otros, los artículos sobre indemnización de la Ley de Contrato de Trabajo.
Dicho decreto podría habilitar a la empresa en crisis a acceder a ciertos beneficios impositivos y económicos en general. Establece, entre otras cuestiones, que la empresa puede suspender personal pero no despedir.
La presentación
La empresa Medios del Iberá SA alega en su presentación ante Trabajo que podría despedir a 18 trabajadores de una plantilla de 40. Es decir, casi el 50 por ciento.
El documento habla también de reducir la jornada laboral de los empleados. Y asegura que podría reducir el número de páginas del diario de 32 a 20.
Medidas
La declaración de “asamblea permanente” y de “alerta” fue tomada por los trabajadores en el marco del inicio de un plan de lucha en defensa de la fuente laboral.
La empresa periodística dijo que inició el trámite de declaración de crisis que contempla el despido de 18 trabajadores del medio.
Los periodistas por su parte dijeron que "es inaceptable" tal medida y que buscarán un consenso hasta último momento pero desde la Asociación de periodistas de Corrientes aseguraron que se encuentran en estado de alerta y no descartan medidas de fuerza.Esta mañana, se reunieron en la Subsecretaría de Trabajo los representantes legales del Diario La República y los periodistas que trabajan en el medio. Desde la empresa aseguraron que ya comenzó el trámite para declarar la crisis lo que significaría el despido de 18 trabajadores de prensa.
Los colegas periodistas manifestaron su rechazo ante la iniciativa que según manifiestan los empresarios, es para evitar el cierre. La Asociación de Periodistas de Corrientes dijo a través de su representante que “el despido de 18 compañeros, como pretende la empresa, es algo inaceptable. Estamos en asamblea permanente, y no descartamos medidas de fuerza”.
Periodistas, diagramadores, fotógrafos y correctores dejaron en claro que buscarán “una salida consensuada, porque no queremos ‘ir al choque’. La idea es defender como sea nuestra fuente de trabajo", aseguraron.
Fuente: Sobre Tablas
Trabajadores del diario La República se declaran en asamblea permanente y alerta
La medida surge ante la preocupación por la presentación de un “procedimiento preventivo de crisis” por parte de la patronal; según los propietarios, podría derivar en 18 despidos.
Trabajadores del diario La República se declararon hoy 31 de mayo en estado de “asamblea permanente” y de “alerta”. La medida responde a la preocupación extrema del personal de este matutino frente a la presentación de un “procedimiento preventivo de crisis” por parte de la empresa ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. En este documento se anticipan, entre otras posibles medidas, 18 despidos.
La decisión se tomó en una asamblea realizada en la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC), por unanimidad de los trabajadores presentes, en horas del mediodía. El gremio aportó el asesoramiento legal del caso.
La situación del diario
Más allá de la presentación realizada por la dirección de la empresa, Medios del Iberá SA, la crisis laboral dentro del diario no es nueva. Hace menos de un mes La República se imprime de lunes a viernes y ya no los sábados ni domingos. Esta decisión empresarial fue justificada en la supuesta necesidad de reducir costos.
Desde ese momento los trabajadores de La República tomaron contacto y se asesoraron con la APC, previendo medidas más extremas por parte de la patronal. Esto se concretó con el “procedimiento preventivo de crisis” solicitado el viernes 28 de mayo pasado.
¿Qué es un “procedimiento preventivo de crisis?
“Procedimiento preventivo de crisis” es una figura legal creada por el Gobierno nacional en 2002, época en que el país atravesaba una situación económica y social particular y totalmente diferente de la actual. Invoca, entre otros, los artículos sobre indemnización de la Ley de Contrato de Trabajo.
Dicho decreto podría habilitar a la empresa en crisis a acceder a ciertos beneficios impositivos y económicos en general. Establece, entre otras cuestiones, que la empresa puede suspender personal pero no despedir.
La presentación
La empresa Medios del Iberá SA alega en su presentación ante Trabajo que podría despedir a 18 trabajadores de una plantilla de 40. Es decir, casi el 50 por ciento.
El documento habla también de reducir la jornada laboral de los empleados. Y asegura que podría reducir el número de páginas del diario de 32 a 20.
Medidas
La declaración de “asamblea permanente” y de “alerta” fue tomada por los trabajadores en el marco del inicio de un plan de lucha en defensa de la fuente laboral.
Academia de Televisión de España premia al periodista Hernán Zin
La Academia de las Ciencias y las Artes de televisión de España reconocerá el próximo 9 de junio la labor del periodista y escritor argentino Hernán Zin, por su denuncia de problemas como el de los pederastas europeos en el sudeste 
asiático o la violación de mujeres como arma de guerra
En un comunicado difundido hoy, la Academia señala que el reconocimiento se llevará a cabo durante la ceremonia de sus duodécimos Premios Anuales.
Para argumentar el reconocimiento de la labor de Zin, esa institución señala que desde hace 17 años este periodista trabaja en zonas muy pobres y violentas del mundo.
Recuerda que ha rodado documentales, escrito libros y reportajes desde más de 40 países de África, Asia y América Latina y que ha colaborado con medios españoles, latinoamericanos y de otros países del mundo.
Entre sus libros se encuentran "Llueve sobre Gaza", "Un voluntario en Calcuta", "La libertad del compromiso" y "Helado y patatas fritas".
Su último documental, "Villas miseria", retrata la vida de los habitantes de barrios de chabolas en tres continentes.
En abril de 2011 estrenará su nuevo trabajo, "La guerra contra las mujeres", que, fruto de tres años de rodaje, recoge testimonios de víctimas de la violación como arma de guerra en Bosnia, Sudán, Congo, Ruanda, Chad, Liberia y Kenia.
El 9 de junio tendrá lugar la entrega de los XII Premios Anuales de la Academia de Televisión, una ceremonia a la que está previsto que asistan más de 800 profesionales de la televisión en España.
Fuente: Agencia EFE
asiático o la violación de mujeres como arma de guerraEn un comunicado difundido hoy, la Academia señala que el reconocimiento se llevará a cabo durante la ceremonia de sus duodécimos Premios Anuales.
Para argumentar el reconocimiento de la labor de Zin, esa institución señala que desde hace 17 años este periodista trabaja en zonas muy pobres y violentas del mundo.
Recuerda que ha rodado documentales, escrito libros y reportajes desde más de 40 países de África, Asia y América Latina y que ha colaborado con medios españoles, latinoamericanos y de otros países del mundo.
Entre sus libros se encuentran "Llueve sobre Gaza", "Un voluntario en Calcuta", "La libertad del compromiso" y "Helado y patatas fritas".
Su último documental, "Villas miseria", retrata la vida de los habitantes de barrios de chabolas en tres continentes.
En abril de 2011 estrenará su nuevo trabajo, "La guerra contra las mujeres", que, fruto de tres años de rodaje, recoge testimonios de víctimas de la violación como arma de guerra en Bosnia, Sudán, Congo, Ruanda, Chad, Liberia y Kenia.
El 9 de junio tendrá lugar la entrega de los XII Premios Anuales de la Academia de Televisión, una ceremonia a la que está previsto que asistan más de 800 profesionales de la televisión en España.
Fuente: Agencia EFE
Rubén Juárez 1948 - 2010
Los restos del eximio músico del dos por cuatro de 62 años y más de 40 de trayectoria artística, serán velados a partir de las primeras horas de esta tarde en la Legislatura porteña
El bandoneonista y cantautor Rubén Juárez falleció esta mañana en el porteño Sanatorio Güemes donde se encontraba internado desde el viernes, debido a un "deterioro importante" en su salud, víctima de un cáncer de próstata que lo venía castigando desde hace varios años
Los restos del eximio músico del dos por cuatro de 62 años y más de 40 de trayectoria artística, serán velados a partir de las primeras horas de esta tarde en la Legislatura porteña.
Dueño en su momento del recordado Café Homero en la zona de Palermo, Juárez se había radicado desde hace algunos años en Carlos Paz, Córdoba, su provincia natal, ya que había nacido en la ciudad de Ballesteros.
Decía Juárez sobre su residencia, que "tal asentamiento me hace ver las cosas de otra forma: Uno no tiene ganas de correr, todo es más despacio e incluso me divierto con la gente, en el supermercado, por la calle. Todo es más natural, sin clichés armados".
Juárez tenía dos años cuando su familia dejó Córdoba para mudarse a la bonaerense ciudad de Avellaneda, donde él, a los seis años, empezó a estudiar bandoneón y guitarra y en 1956 integró como bandoneonista la orquesta típica del club Independiente.
Comenzó su etapa profesional al ganar un concurso de cantantes organizado por una cantina de barrio y luego concretó giras por las provincias a dúo con el guitarrista Héctor Arbelo, quien había acompañado al afamado cantor Julio Sosa hasta que éste murió, poco tiempo antes.
En una de esas turnés, Juárez conoció a Horacio Quintana, ex vocalista de la orquesta de Lucio Demare, quien quedó gratamente sorprendido por las cualidades del joven artista y trabó con él una amistad que al bandoneonista le abrió las puertas de Caño 14, el más importante reducto tanguero capitalino de los '60, y le facilitó grabar en 1969, para Odeón, su primer disco con el tango "Para vos, canilla", del propio Quintana y Julio Gutiérrez Martín.
"El tango vive un momento de gran ebullición como danza -comentó Juárez hace algunos años-. Se está bailando mucho tango en todo el mundo, pero todavía nos falta consolidarnos bien en lo autoral, porque aunque hay cosas nuevas, los clásicos siguen predominando. Hay gente joven que tiene muchas ganas y está buscando un lugar, pero también deberían estudiar un poco más y escuchar a los maestros".
"Me siento un afortunado por todo lo que la vida me dio -comentó en esa oportunidad-, tuve el honor de participar de la orquesta de Aníbal Troilo "Pichuco", mi gran maestro; admiré y admiro al genial Astor Piazzolla, y la asignatura que me quedó pendiente fue haber grabado algo con ellos".
Fuente: Agencia TelAm
El bandoneonista y cantautor Rubén Juárez falleció esta mañana en el porteño Sanatorio Güemes donde se encontraba internado desde el viernes, debido a un "deterioro importante" en su salud, víctima de un cáncer de próstata que lo venía castigando desde hace varios añosLos restos del eximio músico del dos por cuatro de 62 años y más de 40 de trayectoria artística, serán velados a partir de las primeras horas de esta tarde en la Legislatura porteña.
Dueño en su momento del recordado Café Homero en la zona de Palermo, Juárez se había radicado desde hace algunos años en Carlos Paz, Córdoba, su provincia natal, ya que había nacido en la ciudad de Ballesteros.
Decía Juárez sobre su residencia, que "tal asentamiento me hace ver las cosas de otra forma: Uno no tiene ganas de correr, todo es más despacio e incluso me divierto con la gente, en el supermercado, por la calle. Todo es más natural, sin clichés armados".
Juárez tenía dos años cuando su familia dejó Córdoba para mudarse a la bonaerense ciudad de Avellaneda, donde él, a los seis años, empezó a estudiar bandoneón y guitarra y en 1956 integró como bandoneonista la orquesta típica del club Independiente.
Comenzó su etapa profesional al ganar un concurso de cantantes organizado por una cantina de barrio y luego concretó giras por las provincias a dúo con el guitarrista Héctor Arbelo, quien había acompañado al afamado cantor Julio Sosa hasta que éste murió, poco tiempo antes.
En una de esas turnés, Juárez conoció a Horacio Quintana, ex vocalista de la orquesta de Lucio Demare, quien quedó gratamente sorprendido por las cualidades del joven artista y trabó con él una amistad que al bandoneonista le abrió las puertas de Caño 14, el más importante reducto tanguero capitalino de los '60, y le facilitó grabar en 1969, para Odeón, su primer disco con el tango "Para vos, canilla", del propio Quintana y Julio Gutiérrez Martín."El tango vive un momento de gran ebullición como danza -comentó Juárez hace algunos años-. Se está bailando mucho tango en todo el mundo, pero todavía nos falta consolidarnos bien en lo autoral, porque aunque hay cosas nuevas, los clásicos siguen predominando. Hay gente joven que tiene muchas ganas y está buscando un lugar, pero también deberían estudiar un poco más y escuchar a los maestros".
"Me siento un afortunado por todo lo que la vida me dio -comentó en esa oportunidad-, tuve el honor de participar de la orquesta de Aníbal Troilo "Pichuco", mi gran maestro; admiré y admiro al genial Astor Piazzolla, y la asignatura que me quedó pendiente fue haber grabado algo con ellos".
Fuente: Agencia TelAm
Mirá el programa de Lalo Mir en el Canal Encuentro con Rubén Juarez - "Encuentro en el Estudio". Rubén Juarez protagoniza un show en vivo en el que toca cinco de sus principales obras y transmite los aspectos más importantes de su carrera.
Miralo en línea acá
Miralo en línea acá
Denuncia AdEPA "indebida presión" sobre Papel Prensa
Clic en la imagen para ampliarAnte lo que definió como una "indebida presión" del Gobierno sobre Papel Prensa SA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) difundió una solicitada en la que "exhorta a los poderes públicos a conducir sus acciones de gobierno por el cauce seguro que ofrece -a todos los argentinos- el respeto irrestricto a la Constitución y las leyes".
La entidad que agrupa a los editores de más de 150 publicaciones periodísticas -diarios y revistas- de todo el país, que llegan a más de 6 millones de lectores, reclamó que se defina "una política de Estado" que garantice la provisión de papel como "insumo básico para la prensa y la libertad de expresión". Esa política, remarcó, debe "promover el desarrollo de una prensa sin ataduras, que haga su trabajo con una libertad que es útil para la sociedad y las instituciones democráticas y republicanas".
El contenido de la solicitada de AdEPA coincide con la preocupación que el 14 de este mes había expresado la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) ante la posibilidad de que "los gobiernos de turno puedan participar en las decisiones concernientes al abastecimiento de papel".
"En la actualidad, y por lo que trasciende de expresiones vertidas por los accionistas de Papel Prensa, es intención del gobierno nacional tener un rol controlante dentro de las decisiones que se tomen en la citada empresa", había remarcado ADIRA.
AdEPA expresó una preocupación similar al exponer que se observa un "planteo de exigencias irracionales" a la empresa Papel Prensa SA, que es el principal proveedor de la Argentina de papel de diario, un insumo vital para la prensa gráfica. La empresa abastece el 75% de la demanda nacional, en tanto que el resto se importa sin ningún tipo de aranceles, por lo que Papel Prensa compite sin protección oficial alguna con los productos importados.
En su planteo, AdEPA -cuyo objeto social es defender la libertad de expresión y de prensa en toda la Argentina- repudió lo que definió como la "indebida presión del Gobierno sobre la única empresa del rubro que cumple regularmente con los pedidos de las editoras".
"Es cierto que en los picos de demanda su capacidad de producción se puede ver sobrepasada, pero una política integral para el sector debe incluir variantes aptas para superar los ciclos de escasez, como el sistema de libre comercialización y competencia que rige en el país y permite la importación de papel sin aranceles ni tasas", remarcó la Asociación.
"AdEPA siempre ha pedido -y pide- soluciones dentro del derecho. Con la misma conducta y convicción rechaza los procedimientos torcidos. Ninguna persecución es admisible, aunque pueda representar circunstanciales beneficios para algunos", añadió la entidad que preside Gustavo Vittori, titular de El Litoral, de Santa Fe, y que agrupa a medios periodísticos de amplia diversidad ideológica en todo el país.
"Las necesidades de las publicaciones que AdEPA representa deben cubrirse en el marco de la Constitución nacional y las normas civiles y comerciales vigentes. Y de una política de Estado que involucre una amplia gama de temas conexos a un mismo fin: promover el desarrollo de una prensa sin ataduras."
Fuente: Diario La Nación
domingo, 30 de mayo de 2010
Tecnología y democratización de medios en América Latina
Por: Frida Modak*
La cercanía del Campeonato Mundial de Fútbol ha puesto de manifiesto la carrera tecnológica a que se ven enfrentadas las empresas televisivas para ofrecer transmisiones de mayor calidad.
Pero los avances tecnológicos son un aspecto de los cambios que se requieren en los medios y no sólo en los audiovisuales.
El tema está presente en prácticamente todos los países de América Latina, porque lo que empezó con las transmisiones de las cadenas televisivas extranjeras y se consideró un logro que nos ponía en comunicación con el resto del mundo, se ha extendido a los periódicos y las radioemisoras.
Esto no sólo está referido a empresas estadounidenses.
Los grupos Planeta y Prisa, españoles, también están adquiriendo radios y diarios y en ocasiones eso les permite acceder a canales de televisión.
Al comprar el periódico El Tiempo, Planeta adquirió también TV Colombia, el tercer canal privado de ese país, cuya señal llega a Centroamérica y el Caribe y además a la costa Este de Estados Unidos.
Por su parte, el grupo Prisa adquirió, entre otras, las seis estaciones de radio con mayor sintonía en Chile, lo que teóricamente le da influencia sobre el sesenta por ciento de la audiencia del país.
Los radiodifusores chilenos protestaron, pero más bien porque la legislación española impide que ellos puedan comprar radios en España.
Cambios en las leyes
En esta situación que se da en nuestra región, se están haciendo cambios en la legislación, los que inciden en lo tecnológico.
En Chile, por ejemplo, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se planteó dictar una ley sobre televisión digital, pero aún no ha sido aprobada por el parlamento.
El actual gobierno de Sebastián Piñera se propone que este año quede aprobada la ley y que para el mundial de fútbol los canales televisivos, tanto el estatal como los privados, transmitan en su señal digital porque tienen, desde antes, autorización para una señal de prueba que vence en octubre.
Pero esto no democratiza la televisión chilena, porque en el 60 por ciento de los hogares sólo se accede a las transmisiones de televisión abierta.
El ministro de telecomunicaciones dio a conocer un plan para que en un máximo de ocho años se haya realizado la transición al sistema digital.
Sostuvo también que "no vemos ninguna razón política o técnica para seguir privando a los más pobres de acceder a un adelanto tecnológico que ya existe".
"Hoy es tiempo de partir con la televisión digital abierta y gratuita, sin detenernos hasta que este beneficio está disponible en cada hogar de Chile", agregó.
La intención vale, dice el refrán, pero para recibir en buena forma la televisión digital hay que tener un televisor adecuado o en su defecto comprar un decodificador.
En Chile esos equipos valen cuarenta mil pesos, que equivalen más menos a 80 dólares y los sectores de menores ingresos que, no pueden comprarse otro televisor, tampoco pueden adquirir el decodificador.
De una u otra manera llegamos al fondo del asunto que es la democratización de los medios, lo que no sólo se refiere a los contenidos, porque también incide en la realidad económica de los sectores mayoritarios de cada país.
Argentina
El ley de medios más completa que se ha dictado en América Latina es la que se aprobó por amplia mayoría el año pasado en el parlamento argentino y no ha podido ser aplicada debido a los recursos presentados ante los tribunales por distintos opositores a la misma.
Al iniciar estas líneas, la Corte Suprema de ese país había declarado admisible el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo para que se aplique la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y giró el caso al procurador general para que emita un dictamen y entonces la Corte resolverá. Se calcula un plazo de 10 días.
Ahora bien, la ley lo que hace es abrir los medios audiovisuales, radio y televisión, permitiendo que tanto las empresas del ramo como los gobiernos provinciales y municipales, así como las cooperativas, las universidades, las organizaciones sin fines de lucro y los pueblos originarios puedan acceder a una licencia para operarlos.
Al mismo tiempo, se ponen límites a la concentración de licencias, fijando topes a la cantidad de ellas que puede tener un mismo concesionario, rebajándolas de las 24 actuales a 10.
Se determina también que ningún operador podrá dar servicio a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los suscriptores. Las concesiones serán por 10 años, prorrogables por otros 10 y no se podrá renovar una tercera vez.
La ley tiene otros aspectos interesantes que atañen al uso del lenguaje de señas y de audio descripción para personas con discapacidades diversas.
Se contempla además el abono social en el caso de que en un lugar haya un solo prestador de servicio, a objeto de que todos los habitantes del sector tengan acceso a la radiodifusión o a la televisión.
En fin, se trata de una ley que modifica a fondo la legislación vigente, que es la dictada en 1982 por la última dictadura militar.
El texto aprobado favorece al prestador de servicios nacional, limita la participación del capital extranjero en los medios y crea órganos colegiados para la aplicación, interpretación y cumplimiento de esta ley.
Y como el mundial de fútbol no podía estar ajeno a la discusión de estos días, trascendió que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández distribuirá 1.2 millones de decodificadores en forma gratuita para que los sectores de bajos recursos también puedan ver el campeonato a través de la señal digital que emitirá Canal 7, que es el estatal.
Los beneficiados serán los que no reciben señal por cable ni por satélite y que sólo ven cuatro señales.
Y esto tiene muy contento a Maradona, quien mientras se debatía el proyecto dijo: "Me hace muy feliz que todos los argentinos por igual, desde cualquier rincón del país puedan ver y disfrutar del fútbol, que tantas alegrías nos brinda".
(*) La autora es periodista chilena radicada en México, colaboradora de Prensa Latina
Fuente: Prensa Latina
La cercanía del Campeonato Mundial de Fútbol ha puesto de manifiesto la carrera tecnológica a que se ven enfrentadas las empresas televisivas para ofrecer transmisiones de mayor calidad.
Pero los avances tecnológicos son un aspecto de los cambios que se requieren en los medios y no sólo en los audiovisuales.
El tema está presente en prácticamente todos los países de América Latina, porque lo que empezó con las transmisiones de las cadenas televisivas extranjeras y se consideró un logro que nos ponía en comunicación con el resto del mundo, se ha extendido a los periódicos y las radioemisoras.
Esto no sólo está referido a empresas estadounidenses.
Los grupos Planeta y Prisa, españoles, también están adquiriendo radios y diarios y en ocasiones eso les permite acceder a canales de televisión.
Al comprar el periódico El Tiempo, Planeta adquirió también TV Colombia, el tercer canal privado de ese país, cuya señal llega a Centroamérica y el Caribe y además a la costa Este de Estados Unidos.
Por su parte, el grupo Prisa adquirió, entre otras, las seis estaciones de radio con mayor sintonía en Chile, lo que teóricamente le da influencia sobre el sesenta por ciento de la audiencia del país.
Los radiodifusores chilenos protestaron, pero más bien porque la legislación española impide que ellos puedan comprar radios en España.
Cambios en las leyes
En esta situación que se da en nuestra región, se están haciendo cambios en la legislación, los que inciden en lo tecnológico.
En Chile, por ejemplo, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se planteó dictar una ley sobre televisión digital, pero aún no ha sido aprobada por el parlamento.
El actual gobierno de Sebastián Piñera se propone que este año quede aprobada la ley y que para el mundial de fútbol los canales televisivos, tanto el estatal como los privados, transmitan en su señal digital porque tienen, desde antes, autorización para una señal de prueba que vence en octubre.
Pero esto no democratiza la televisión chilena, porque en el 60 por ciento de los hogares sólo se accede a las transmisiones de televisión abierta.
El ministro de telecomunicaciones dio a conocer un plan para que en un máximo de ocho años se haya realizado la transición al sistema digital.
Sostuvo también que "no vemos ninguna razón política o técnica para seguir privando a los más pobres de acceder a un adelanto tecnológico que ya existe".
"Hoy es tiempo de partir con la televisión digital abierta y gratuita, sin detenernos hasta que este beneficio está disponible en cada hogar de Chile", agregó.
La intención vale, dice el refrán, pero para recibir en buena forma la televisión digital hay que tener un televisor adecuado o en su defecto comprar un decodificador.
En Chile esos equipos valen cuarenta mil pesos, que equivalen más menos a 80 dólares y los sectores de menores ingresos que, no pueden comprarse otro televisor, tampoco pueden adquirir el decodificador.
De una u otra manera llegamos al fondo del asunto que es la democratización de los medios, lo que no sólo se refiere a los contenidos, porque también incide en la realidad económica de los sectores mayoritarios de cada país.
Argentina
El ley de medios más completa que se ha dictado en América Latina es la que se aprobó por amplia mayoría el año pasado en el parlamento argentino y no ha podido ser aplicada debido a los recursos presentados ante los tribunales por distintos opositores a la misma.
Al iniciar estas líneas, la Corte Suprema de ese país había declarado admisible el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo para que se aplique la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y giró el caso al procurador general para que emita un dictamen y entonces la Corte resolverá. Se calcula un plazo de 10 días.
Ahora bien, la ley lo que hace es abrir los medios audiovisuales, radio y televisión, permitiendo que tanto las empresas del ramo como los gobiernos provinciales y municipales, así como las cooperativas, las universidades, las organizaciones sin fines de lucro y los pueblos originarios puedan acceder a una licencia para operarlos.
Al mismo tiempo, se ponen límites a la concentración de licencias, fijando topes a la cantidad de ellas que puede tener un mismo concesionario, rebajándolas de las 24 actuales a 10.
Se determina también que ningún operador podrá dar servicio a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los suscriptores. Las concesiones serán por 10 años, prorrogables por otros 10 y no se podrá renovar una tercera vez.
La ley tiene otros aspectos interesantes que atañen al uso del lenguaje de señas y de audio descripción para personas con discapacidades diversas.
Se contempla además el abono social en el caso de que en un lugar haya un solo prestador de servicio, a objeto de que todos los habitantes del sector tengan acceso a la radiodifusión o a la televisión.
En fin, se trata de una ley que modifica a fondo la legislación vigente, que es la dictada en 1982 por la última dictadura militar.
El texto aprobado favorece al prestador de servicios nacional, limita la participación del capital extranjero en los medios y crea órganos colegiados para la aplicación, interpretación y cumplimiento de esta ley.
Y como el mundial de fútbol no podía estar ajeno a la discusión de estos días, trascendió que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández distribuirá 1.2 millones de decodificadores en forma gratuita para que los sectores de bajos recursos también puedan ver el campeonato a través de la señal digital que emitirá Canal 7, que es el estatal.
Los beneficiados serán los que no reciben señal por cable ni por satélite y que sólo ven cuatro señales.
Y esto tiene muy contento a Maradona, quien mientras se debatía el proyecto dijo: "Me hace muy feliz que todos los argentinos por igual, desde cualquier rincón del país puedan ver y disfrutar del fútbol, que tantas alegrías nos brinda".
(*) La autora es periodista chilena radicada en México, colaboradora de Prensa Latina
Fuente: Prensa Latina
sábado, 29 de mayo de 2010
Crítican a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación en Santa Rosa
El diario La Arena de La Pampa se pregunta para que fue la reunión de la Autoridad de aplicación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El matutino sostiene: "no sólo no hubo una reunión formal de la AFSCA, sino que tampoco se produjo el debate anunciado en la Universidad, y menos aún sus autoridades le concedieron una audiencia a la Cooperativa Popular de Electricidad ni le dieron explicaciones a la Municipalidad sobre porqué no respondieron las notas cursadas preguntando por la situación legal de Cablevisión"
El presidente de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación, Juan Gabriel Mariotto, dijo algo sin decirlo expresamente: que Cablevisión, la empresa que monopoliza el servicio de cable en Santa Rosa, no tiene licencia para brindar el servicio. Y que en algunos lugares usa la licencia de Multicanal, pero factura a su nombre.
El funcionario kirchnerista respondió textualmente cuando este diario le preguntó sobre si Cablevisión tiene o no licencia: "Doy una respuesta general, no específica. Multicanal tiene licencias para operar en determinados distritos. Esa empresa fue absorbida irregularmente por Cablevisión. O sea que los abonados reciben las facturas a nombre de Cablevisión, pero Cablevisión opera con licencias de Multicanal". ¿Habrá hablado elípticamente sobre la realidad santarroseña?
Lo que no hizo Mariotto fue darle respuesta a las tres notas que la Municipalidad le envió preguntándole si Cablevisión tiene autorización para brindar el servicio de tevé por cable. Frente a ese requerimiento específico, sólo manifestó que "están en el Departamento de Asuntos Jurídicos" y que serán contestadas "en breve".
La primera nota fue remitida el 15 de enero, la segunda el 12 de febrero -solicitando un pronto despacho- y la restante el 15 de abril. Lo que pidió el intendente Francisco Torroba es que la AFSCA precise cuál es la situación de la empresa prestataria de la firma que pertenece al Grupo Clarín y que monopoliza el mercado santarroseño. El Ministerio de Economía de la Nación, ante una inquietud similar, ya remitió la documentación requerida.
Mariotto es la máxima autoridad del organismo nacional creado para controlar la aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual -más conocida como Ley de Medios-, cuya vigencia está suspendida por una medida cautelar de una jueza mendocina. La Arena habló a solas con el funcionario en dos momentos, antes y después del acto realizado en la Universidad.
- Una consulta específica. ¿Tiene conocimiento de que el municipio le envió varias notas preguntando específicamente por la fusión entre Cablevisión y Multicanal?
- Sí, se están tramitando en el Departamento de Asuntos Jurídicos, para tener precisiones sobre las consultas.
- ¿Cuál es hoy la situación legal de Cablevisión? ¿Tiene o no licencia para operar?
- La empresa llevó adelante una fusión (con Multicanal) sin ninguna autorización. Ese es un tema que está en la Corte Suprema. La realidad es que las empresas no estaban autorizadas a fusionarse, pero desde el 1 de mayo se fusionaron de hecho en muchos puntos del país (NdeR: en el Aula Magna dijo que fue "casi de prepo"). Por eso se está esperando el fallo de la Corte.
- ¿Pero quién tiene licencia para brindar el servicio, Cablevisión o Multicanal?
- Tendría que revisar bien los expedientes, yo ahora de memoria no me animo a decirlo. Debería revisarlos para dar una respuesta precisa.
- La impresión en Santa Rosa es que el gobierno nacional habla mucho en defensa de la desmonopolización de los medios, pero frente a un municipio que pelea a favor de ese precepto, la AFSCA demora mucho su respuesta y no lo defiende.
- No, no hay mora. Los municipios tienen potestad para habilitar o no un cableado, o para disponer si debe ser aéreo o subterráneo. Eso no está en discusión. Por lo de la fusión, las empresas han ido a la justicia para intentar revertir una resolución de la Autoridad de Aplicación que establece que no pueden trabajar fusionadamente.
- ¿Cuándo tendrá la municipalidad de Santa Rosa una respuesta sobre si Cablevisión tiene o no licencia?
- En breve. Las notas están en Asuntos Jurídicos. Ocurre que no tengo en mente todos los pedidos que ingresan por mesa de entrada.
- Lo único que se le pregunta es si Cablevisión tiene o no licencia.
- Doy una respuesta general, no específica. Multicanal tiene licencias para operar en determinados distritos. Esa empresa fue absorbida irregularmente por Cablevisión. O sea que los abonados reciben las facturas a nombre de Cablevisión, pero Cablevisión opera con licencias de Multicanal.
- ¿Eso es irregular?
- Para nosotros sí.
- ¿Si Multicanal operara con su licencia sería regular?
- En muchos aspectos sería regular. Pero ello no es obstáculo para que el municipio fije las condiciones del cableado, más allá de la titularidad de la licencia. Son dos cosas diferentes.
- Pero una depende del municipio y la otra de Nación.
- El permiso del cableado depende siempre del municipio.
- Pero la inquietud de la municipalidad sobre la titularidad de la licencia debe ser respondida por Nación.
- ... Por la Autoridad de Aplicación.
Respaldo político
La segunda parte de la charla se dio cuando Mariotto salía del hall de la Universidad.
- Una pregunta desde lo político: Usted habla permanentemente de las presiones que recibió y recibe el gobierno nacional por impulsar la Ley de Medios, pero cuando una comuna del interior le envía notas, no las responde. Acá se lo siente como que desde la Autoridad de Aplicación no se respalda políticamente al municipio en su pelea contra la desmonopolización.
- No es que falte respaldo político. Hay trámites que administrativamente deben ajustarse a lo existe en los expedientes. No se pude hacer una mirada política frente a una consulta, sino que debe dar una respuesta jurídica y precisa; y es lo que hará la Autoridad. Tampoco doy una mirada política cuando digo que la fusión (entre Cablevisión y Multicanal) se hizo sin ningún tipo de aprobación. No es una interpretación política, es un hecho de la realidad. La Afsca actuó para que la fusión no se produzca porque esta violando no sólo el espíritu de la ley de la democracia, sino que también viola la vieja ley 22.285 de la dictadura (NdeR: la que fue reemplazada por la 26.522).
- Se insiste. Imagínese que si el gobierno nacional sufre presiones, qué puede pasarle a una ciudad de algo más de 100.000 habitantes. Por eso, más allá de lo jurídico y de las facultades de la comuna para el cableado, parece necesario un apoyo político real para dar esta pelea.
- Para eso vinimos a La Pampa. Tomamos contacto con esta realidad, observamos que existe una gran inquietud y rápidamente daremos respuestas.
Capitanich y la corte
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, estimó que la Corte Suprema de Justicia no debería demorarse "más de 30 o 60 días" en resolver el recurso del procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, contra la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dispuesta por una jueza mendocina a pedido de Enrique Thomas, diputado nacional del PJ disidente.
A su vez, el presidente de la AFSCA, Gabriel Mariotto, al hablar en el Aula Magna, manifestó que "estamos muy cerquita" de que la ley 26.522 entre en vigencia, y consideró que el diputado Thomas tiene una "dudosa legitimidad" para haber pedido la suspensión.
La CPE sólo recibió una promesa
Después de una hora y media de exposiciones en el Aula Magna, la pregunta surgió sola: ¿a que vino la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación Audiovisual a Santa Rosa? La explicación oficial fue que su presidente, Juan Gabriel Mariotto, y los directores Jorge Capitanich, Claudio Schifer, Eduardo Seminara y el pampeano Manuel Baladrón (la oposición aún no designó los lugares vacantes), llegaron para realizar la segunda reunión del organismo en el interior del país.
Sin embargo, no sólo no hubo una reunión formal de la AFSCA, sino que tampoco se produjo el debate anunciado en la Universidad, y menos aún sus autoridades le concedieron una audiencia a la Cooperativa Popular de Electricidad ni le dieron explicaciones a la Municipalidad sobre porqué no respondieron las notas cursadas preguntando por la situación legal de Cablevisión.
La única promesa que recibieron sus autoridades fue que Mariotto u otros directores podrían recibirlas el lunes o martes, en Buenos Aires, para hablar de la posibilidad a futuro de ofrecer televisión por cable y plantear sus quejas por el cableado ilegal que tendió Cablevisión en 200 manzanas de la ciudad utilizando las columnas de la entidad.
La CPE estuvo presente en la charla con una delegación concurrida: el presidente Oscar Nocetti, el consejero Hugo Martina, la representante ante la Fepamco, Mercedes Tubán, el gerente general Ariel Martínez y el gerente de Telecomunicaciones, Fabián Denda. Ellos fueron con expectativas, pensando en que Baladrón podría acercarlos a Mariotto. Pero eso no ocurrió. Apenas se quedaron con aquella promesa. Por eso cabe el interrogante: ¿cómo cinco funcionarios que vinieron desde Buenos Aires, en avión, para hablar específicamente de la Ley de Medios, no tuvieron media hora para escuchar las inquietudes de la empresa más importante de La Pampa, y una institución que respaldó la norma y que desde hace viene luchando por ingresar al mercado de cable con la promesa de bajar los costos?
¿Qué pasó entonces en esos 90 minutos? Hablaron Mariotto y los cuatro directores, escucharon una sola pregunta (los tres restantes expositores se dedicaron a detallar situaciones particulares) y se fueron tan rápidamente como llegaron. Para lo único que tuvieron tiempo extra fue para reunirse en su despacho con el gobernador Oscar Mario Jorge. Una fuente ligada a las organizaciones que impulsaron la venida de la Autoridad, fue muy gráfica: "Tuvieron tiempo para ver al gobernador, pero no para escucharnos a nosotros".
En la sala hubo alrededor de 170 personas, con mucho marinismo y kirchnerismo y nada de vernismo. El listado incluyó al intendente Francisco Torroba; al viceintendente Guillermo Di Liscia; al ex gobernador Rubén Marín; a los ex ministros Rodolfo Gazia y Miguel Tanos; al delegado del Inadi, Santiago Ferrigno; al delegado local del Pami, Heriberto Mediza; al presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Oscar Nocetti; al jefe de la CGT-Zona Sur, Jorge Lezcano; a la secretaria general de los docentes, Noemí Tejeda; al presidente de Corpico, Miguel Langé; al diputado provincial Mariano Fernández; a representantes de Carta Abierta; al concejal Eduardo Molteni; a sindicalistas; a dirigentes de movimientos sociales, etc.
El rector Sergio Baudino dio la venida desde el escenario, que sólo estuvo adornado por tres banderas, una de DNI, la agrupación peronista que terminó cuarta en las elecciones en la Facultad de Económicas y Jurídicas; y dos de la Juventud Universitaria Peronista, que no se presentó en las recientes elecciones. El séptimo nombre de la cabecera fue el de Raúl Ortiz, secretario general de la Gobernación y representante pampeano en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Hay 15.000 operadores
En su discurso, Mariotto reiteró que "no puede haber monopolios ni posiciones dominantes" y que ello "no es una inquietud política de un sector, sino la necesidad de toda la comunidad". Lo ejemplificó diciendo que "ninguna universidad pública alzó su voz en contra" de la Ley de Medios, a pesar de la diversidad de opiniones que coexisten.
Indicó que muchos gobiernos debieron "hocicar" frente a las presiones corporativas y resaltó que "Mendoza (donde se dictó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley) es una provincia particularmente vinculada a grupos monopólicos" (NdeR: ahí es fuerte el Grupo Vila y también pesa el Grupo Clarín). En ese sentido recordó las restricciones que tuvo Canal 7 cuando quiso instalar una repetidora en San Rafael.
Capitanich remarcó que la "estrategia defensiva" de los grupos monopólicos apunta centralmente a dos artículos de la nueva ley, el 42 y el 161. El primero hace referencia a la facultad de la AFSCA para otorgar licencias, y el segundo fija un plazo máximo para el proceso de desinversión, por el que los propietarios de medios deben adecuarse a la cantidad máximo del número de licencias que pueden tener. También expresó que es imprescindible un ordenamiento del espectro radioeléctrico ya que un relevamiento preliminar mostró que "hay 15.000 operadores de radios AM y FM y canales de televisión".
"Los monopolios hacen creer que los políticos somos basura, pero permiten que cualquiera prendido a un micrófono pueda distorsionar la realidad todos los días", enfatizó el mandatario chaqueño. Esa frase fue aplaudida, y lo mismo ocurrió cuando mencionó la presencia de Marín. Justamente ambos charlaron animadamente al concluir el acto.
Con relación a los expositores, Daniel Blandi comentó cómo Emisora Pampeana tuvo que transformarse en una cooperativa de trabajo a partir de que el último dueño abandonó la empresa (Mariotto aseguró que con la nueva ley eso no ocurriría porque las licencias serán intransferibles); Avelino Rodríguez, de la Asociación Patagónica de Radiodifusores, se quejó porque "Manolito" (así lo llamó a Baladrón) no consiguió que la AFSCA los recibiera; y Carlos Villarreal, del Frente Barrial Petete Juárez, agradeció la presencia de los funcionarios nacionales.
El único que preguntó fue Flavio Frangolini, en nombre del Sindicato de Prensa local. Cuestionó que la Ley de Medios no cumpliera con el punto de los 21 de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que diferencia claramente lo que deben ser medios del Estado de medios gubernamentales. Mariotto respondió que la norma "refleja a rajatablas" los 21 puntos de la Coalición.
Trabajadores de Canal 3
Trabajadores de Canal 3 (el canal gubernamental de La Pampa) le entregaron una nota a Mariotto remarcando que la emisora es "un medio público estatal, sostenido con fondos de toda la comunidad pampeana", que no cumple "con su función social" ni "respeta el pluralismo en todas sus manifestaciones, posibilitando el acceso a las diferentes voces". Agregaron que "desde hace tiempo estamos reclamando que deje de aplicarse la censura extrema que viene ejerciéndose desde hace años, en abierta contraposición con los fines para los cuales fue creada".
Torroba quiere que Mariotto le otorgue una licencia a la CPE
Oscar Nocetti, presidente de la CPE, sostuvo que tras la audiencia pública del jueves de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación, "al menos pudimos establecer una reunión con (su titular, Juan) Mariotto y (el director Manuel) Baladrón para el martes que viene en Buenos Aires".
Pese a que era intención de los cooperativistas tener una reunión con los visitantes, éstos se fueron sin atenderlos apenas terminada la audiencia, como también hicieron con el intendente Francisco Torroba y el viceintendente Guillermo Di Liscia, que en vano esperaron la entrevista pautada con los funcionarios nacionales.
"Nos interesan algunas cosas que nos dejaron preocupados y otras que queremos aclarar, queremos ver la cuestión del cableado y cómo sigue esto, porque hubo algunas definiciones: que no están las licencias, ni de Multicanal ni de Cablevisión, por lo que la red de fibra óptica que han tirado es cuanto menos ilegal".
-Nocetti, ¿quién tiene la licencia?
-Se supone que la debe tener el primigenio dueño de los canales (Pampa TV). Aquí hay un problema, como dirían nuestros amigos los gitanos, de que están flojos de papeles.
-Pero la Autoridad Federal de Aplicación tiene que tener conocimiento de esto.
-Supongo que sí, pero hasta no hace mucho tiempo nada se movía en el ComFeR sin que el multimedio tuviera conocimiento y diera sus opiniones.
-Pero esa historia pasó.
-Por eso mismo, cuando quisieron acomodar los papeles fue tarde. El problema ahora, me parecen quien va a tener que tomar decisiones muy serias, no digo drásticas, es el municipio.
-¿Usted dice que la comuna debería bajar los cables?
-No sé si tiene otra alternativa, porque haberse tendido una red de fibra óptica en 200 manzanas sin tener licencia que lo habilite, es un hecho cuanto menos grave.
-Es como abrir un comercio sin habilitación municipal.
-Sí, o me pongo a circular en un taxi sin tener la patente. Ahora la pelota está en el campo de municipio.
-¿Pero la comuna no necesita el amparo legal del informe de la Autoridad de Aplicación en esto de la licencia?
-Sí, hasta ahora lo que la autoridad de aplicación ha dicho es que las licencias no existen, pero que no se atreven a decirlo con todas las letras porque el tema está en la justicia y hasta que no se expida la Corte ellos no pueden expresarse, salvo en media lengua, con lo cual no deja de tener cierta lógica. Pero lo que nos dejó más preocupados es que ayer (en la audiencia) se dijo que si la Corte se expide a favor de la Ley de Medios, viene la reglamentación, que será sometida a consideración de la sociedad en audiencias públicas, lo que llevará mucho tiempo y como los papeles que hay que hacer para solicitar las licencias y el modo en que se llenan y presentar al ex Comfer, que a su vez depende de cómo se reglamente la ley, a nuestro juicio podría demorar mucho o bastante la entrega de licencia para dar el servicio de TV por cable. Una vez que salga la reglamentación (de la ley) vendrán otra vez los recursos ante la justicia.
Un pedido frustrado
El intendente Francisco Torroba recibió la palabra de Manuel Baladrón de que al terminar la audiencia pública, el jueves en la UNLPam, sería recibido por el titular de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación, Juan Mariotto.
El jefe comunal iba a concurrir al encuentro, el que se haría en una oficina del Rectorado, junto al viceintendente Guillermo Di Liscia y la concejal Alicia Iribarren.
Pero pese a los oficios de Baladrón, apenas terminó la audiencia, Mariotto y su gente se retiró raudamente del lugar sin que se concretara el encuentro con la delegación municipal, como tampoco con los directivos de la CPE, aunque a éstos al menos se les comunicó que la semana que viene serían recibidos por Mariotto en Buenos Aires.
"Me llamó Baladrón por teléfono para decirme que estaban retrasados, que se iba a demorar un poco lo de la audiencia, y fue cuando le pedí que nos recibiera Mariotto, Me dijo que no había problemas, que nos íbamos a reunir en algún lugar del Rectorado", le relató a La ARENArena el intendente Torroba.
"Después, en la UNLPam, me encontré con Baladrón y me confirmó que ya estaba todo listo para la reunión, aunque no aprecié mucha voluntad para que el encuentro se concretara", continuó el jefe comunal.
Finalizada la audiencia, y aduciendo que las autoridades nacionales debían trasladarse a la residencia oficial del gobernador Jorge para almorzar, un colaborador de Baladrón le propuso a Torroba, que esperaba con Di Liscia e Iribarren, que se sumara al contingente y participara de la comida. "No acepté, porque mi intención era hablar con Mariotto y la residencia no era el lugar indicado para hacerlo, máxime que allí habría mucha gente. Después de eso, no supe más nada, o mejor dicho nos quedamos sin la reunión".
El interés de las autoridades municipales en conversar con el titular de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación no sólo pasaba por la polémica desatada en torno al cableado realizado por una empresa del grupo "Clarín", sino que eran portadores de un pedido para Mariotto: que se le permita a la CPE prestar el servicio de televisión por cable.
"Queríamos pedirle personalmente al titular de la Autoridad Federal de Aplicación que le otorgara una licencia provisoria a la CPE para que pueda dar el servicio, hasta tanto se aclare lo de la Ley de Medios y su implementación", expresó el intendente Torroba.
"No es tan sencillo"
El intendente Francisco Torroba expresó que el titular de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación, Juan Mariotto, incurrió en una contradicción con respecto a la inexistencia de una licencia habilitante para Cablevisión: "Es la misma autoridad de aplicación (ex ComFeR) la que le exige a la empresa que no abandone el servicio" en Santa Rosa.
"Lo que dijo Mariotto es una obviedad; la utilización del espacio aéreo es una prerrogativa municipal, algo que nadie discute. Ahora, todas las empresas que prestan un servicio tienen una autoridad de aplicación, la que permite que una empresa lleve seis años sin autorización o licencia, como dice la ordenanza, lo que es reconocer que están en otro mundo, que no se cumplió ninguna función".
-En definitiva, una empresa, sea cual sea, que durante seis años tendió cables en forma ilegal.
-Mariotto pudo haber dicho esto hace cuatro o cinco meses cuando desde la Municipalidad se le pidió información. Insisto, si la autoridad de aplicación no tiene (otorgada la) licencia, ¿por qué no interviene si es la autoridad de aplicación del espectro?
-¿Qué espera la Municipalidad para tomar una determinación sobre este tema del cableado?
-Espero que la justicia resuelva la medida cautelar (presentada por Cablevisión), porque esto va a dar una orientación. Y fíjese que la justicia ante esta medida cautelar, que habitualmente se expide con prontitud, ha abierto a prueba y pide información. No es tan sencillo poner o sacar, porque toda resolución que tome el intendente tiene consecuencias. No es tan sencillo decir que se puede hacer tal cosa, porque hay antecedentes que se fueron acumulando. Por eso digo que hubiera sido muy bueno que lo que nos prometió el servicio jurídico de la Autoridad Federal de Aplicación se hubiera plasmado por escrito en tiempo y forma, no a la pasada.
-Mariotto dice que la potestad en el tema del cableado la tiene la comuna.
-Es una expresión de él. Nosotros tomamos la decisión de esperar con prudencia qué decide la justicia.
Fuente: Diario La Arena
El presidente de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación, Juan Gabriel Mariotto, dijo algo sin decirlo expresamente: que Cablevisión, la empresa que monopoliza el servicio de cable en Santa Rosa, no tiene licencia para brindar el servicio. Y que en algunos lugares usa la licencia de Multicanal, pero factura a su nombre.
El funcionario kirchnerista respondió textualmente cuando este diario le preguntó sobre si Cablevisión tiene o no licencia: "Doy una respuesta general, no específica. Multicanal tiene licencias para operar en determinados distritos. Esa empresa fue absorbida irregularmente por Cablevisión. O sea que los abonados reciben las facturas a nombre de Cablevisión, pero Cablevisión opera con licencias de Multicanal". ¿Habrá hablado elípticamente sobre la realidad santarroseña?
Lo que no hizo Mariotto fue darle respuesta a las tres notas que la Municipalidad le envió preguntándole si Cablevisión tiene autorización para brindar el servicio de tevé por cable. Frente a ese requerimiento específico, sólo manifestó que "están en el Departamento de Asuntos Jurídicos" y que serán contestadas "en breve".
La primera nota fue remitida el 15 de enero, la segunda el 12 de febrero -solicitando un pronto despacho- y la restante el 15 de abril. Lo que pidió el intendente Francisco Torroba es que la AFSCA precise cuál es la situación de la empresa prestataria de la firma que pertenece al Grupo Clarín y que monopoliza el mercado santarroseño. El Ministerio de Economía de la Nación, ante una inquietud similar, ya remitió la documentación requerida.
Mariotto es la máxima autoridad del organismo nacional creado para controlar la aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual -más conocida como Ley de Medios-, cuya vigencia está suspendida por una medida cautelar de una jueza mendocina. La Arena habló a solas con el funcionario en dos momentos, antes y después del acto realizado en la Universidad.
- Una consulta específica. ¿Tiene conocimiento de que el municipio le envió varias notas preguntando específicamente por la fusión entre Cablevisión y Multicanal?
- Sí, se están tramitando en el Departamento de Asuntos Jurídicos, para tener precisiones sobre las consultas.
- ¿Cuál es hoy la situación legal de Cablevisión? ¿Tiene o no licencia para operar?
- La empresa llevó adelante una fusión (con Multicanal) sin ninguna autorización. Ese es un tema que está en la Corte Suprema. La realidad es que las empresas no estaban autorizadas a fusionarse, pero desde el 1 de mayo se fusionaron de hecho en muchos puntos del país (NdeR: en el Aula Magna dijo que fue "casi de prepo"). Por eso se está esperando el fallo de la Corte.
- ¿Pero quién tiene licencia para brindar el servicio, Cablevisión o Multicanal?
- Tendría que revisar bien los expedientes, yo ahora de memoria no me animo a decirlo. Debería revisarlos para dar una respuesta precisa.
- La impresión en Santa Rosa es que el gobierno nacional habla mucho en defensa de la desmonopolización de los medios, pero frente a un municipio que pelea a favor de ese precepto, la AFSCA demora mucho su respuesta y no lo defiende.
- No, no hay mora. Los municipios tienen potestad para habilitar o no un cableado, o para disponer si debe ser aéreo o subterráneo. Eso no está en discusión. Por lo de la fusión, las empresas han ido a la justicia para intentar revertir una resolución de la Autoridad de Aplicación que establece que no pueden trabajar fusionadamente.
- ¿Cuándo tendrá la municipalidad de Santa Rosa una respuesta sobre si Cablevisión tiene o no licencia?
- En breve. Las notas están en Asuntos Jurídicos. Ocurre que no tengo en mente todos los pedidos que ingresan por mesa de entrada.
- Lo único que se le pregunta es si Cablevisión tiene o no licencia.
- Doy una respuesta general, no específica. Multicanal tiene licencias para operar en determinados distritos. Esa empresa fue absorbida irregularmente por Cablevisión. O sea que los abonados reciben las facturas a nombre de Cablevisión, pero Cablevisión opera con licencias de Multicanal.
- ¿Eso es irregular?
- Para nosotros sí.
- ¿Si Multicanal operara con su licencia sería regular?
- En muchos aspectos sería regular. Pero ello no es obstáculo para que el municipio fije las condiciones del cableado, más allá de la titularidad de la licencia. Son dos cosas diferentes.
- Pero una depende del municipio y la otra de Nación.
- El permiso del cableado depende siempre del municipio.
- Pero la inquietud de la municipalidad sobre la titularidad de la licencia debe ser respondida por Nación.
- ... Por la Autoridad de Aplicación.
Respaldo político
La segunda parte de la charla se dio cuando Mariotto salía del hall de la Universidad.
- Una pregunta desde lo político: Usted habla permanentemente de las presiones que recibió y recibe el gobierno nacional por impulsar la Ley de Medios, pero cuando una comuna del interior le envía notas, no las responde. Acá se lo siente como que desde la Autoridad de Aplicación no se respalda políticamente al municipio en su pelea contra la desmonopolización.
- No es que falte respaldo político. Hay trámites que administrativamente deben ajustarse a lo existe en los expedientes. No se pude hacer una mirada política frente a una consulta, sino que debe dar una respuesta jurídica y precisa; y es lo que hará la Autoridad. Tampoco doy una mirada política cuando digo que la fusión (entre Cablevisión y Multicanal) se hizo sin ningún tipo de aprobación. No es una interpretación política, es un hecho de la realidad. La Afsca actuó para que la fusión no se produzca porque esta violando no sólo el espíritu de la ley de la democracia, sino que también viola la vieja ley 22.285 de la dictadura (NdeR: la que fue reemplazada por la 26.522).
- Se insiste. Imagínese que si el gobierno nacional sufre presiones, qué puede pasarle a una ciudad de algo más de 100.000 habitantes. Por eso, más allá de lo jurídico y de las facultades de la comuna para el cableado, parece necesario un apoyo político real para dar esta pelea.
- Para eso vinimos a La Pampa. Tomamos contacto con esta realidad, observamos que existe una gran inquietud y rápidamente daremos respuestas.
Capitanich y la corte
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, estimó que la Corte Suprema de Justicia no debería demorarse "más de 30 o 60 días" en resolver el recurso del procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, contra la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dispuesta por una jueza mendocina a pedido de Enrique Thomas, diputado nacional del PJ disidente.
A su vez, el presidente de la AFSCA, Gabriel Mariotto, al hablar en el Aula Magna, manifestó que "estamos muy cerquita" de que la ley 26.522 entre en vigencia, y consideró que el diputado Thomas tiene una "dudosa legitimidad" para haber pedido la suspensión.
La CPE sólo recibió una promesa
Después de una hora y media de exposiciones en el Aula Magna, la pregunta surgió sola: ¿a que vino la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación Audiovisual a Santa Rosa? La explicación oficial fue que su presidente, Juan Gabriel Mariotto, y los directores Jorge Capitanich, Claudio Schifer, Eduardo Seminara y el pampeano Manuel Baladrón (la oposición aún no designó los lugares vacantes), llegaron para realizar la segunda reunión del organismo en el interior del país.
Sin embargo, no sólo no hubo una reunión formal de la AFSCA, sino que tampoco se produjo el debate anunciado en la Universidad, y menos aún sus autoridades le concedieron una audiencia a la Cooperativa Popular de Electricidad ni le dieron explicaciones a la Municipalidad sobre porqué no respondieron las notas cursadas preguntando por la situación legal de Cablevisión.
La única promesa que recibieron sus autoridades fue que Mariotto u otros directores podrían recibirlas el lunes o martes, en Buenos Aires, para hablar de la posibilidad a futuro de ofrecer televisión por cable y plantear sus quejas por el cableado ilegal que tendió Cablevisión en 200 manzanas de la ciudad utilizando las columnas de la entidad.
La CPE estuvo presente en la charla con una delegación concurrida: el presidente Oscar Nocetti, el consejero Hugo Martina, la representante ante la Fepamco, Mercedes Tubán, el gerente general Ariel Martínez y el gerente de Telecomunicaciones, Fabián Denda. Ellos fueron con expectativas, pensando en que Baladrón podría acercarlos a Mariotto. Pero eso no ocurrió. Apenas se quedaron con aquella promesa. Por eso cabe el interrogante: ¿cómo cinco funcionarios que vinieron desde Buenos Aires, en avión, para hablar específicamente de la Ley de Medios, no tuvieron media hora para escuchar las inquietudes de la empresa más importante de La Pampa, y una institución que respaldó la norma y que desde hace viene luchando por ingresar al mercado de cable con la promesa de bajar los costos?
¿Qué pasó entonces en esos 90 minutos? Hablaron Mariotto y los cuatro directores, escucharon una sola pregunta (los tres restantes expositores se dedicaron a detallar situaciones particulares) y se fueron tan rápidamente como llegaron. Para lo único que tuvieron tiempo extra fue para reunirse en su despacho con el gobernador Oscar Mario Jorge. Una fuente ligada a las organizaciones que impulsaron la venida de la Autoridad, fue muy gráfica: "Tuvieron tiempo para ver al gobernador, pero no para escucharnos a nosotros".
En la sala hubo alrededor de 170 personas, con mucho marinismo y kirchnerismo y nada de vernismo. El listado incluyó al intendente Francisco Torroba; al viceintendente Guillermo Di Liscia; al ex gobernador Rubén Marín; a los ex ministros Rodolfo Gazia y Miguel Tanos; al delegado del Inadi, Santiago Ferrigno; al delegado local del Pami, Heriberto Mediza; al presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Oscar Nocetti; al jefe de la CGT-Zona Sur, Jorge Lezcano; a la secretaria general de los docentes, Noemí Tejeda; al presidente de Corpico, Miguel Langé; al diputado provincial Mariano Fernández; a representantes de Carta Abierta; al concejal Eduardo Molteni; a sindicalistas; a dirigentes de movimientos sociales, etc.
El rector Sergio Baudino dio la venida desde el escenario, que sólo estuvo adornado por tres banderas, una de DNI, la agrupación peronista que terminó cuarta en las elecciones en la Facultad de Económicas y Jurídicas; y dos de la Juventud Universitaria Peronista, que no se presentó en las recientes elecciones. El séptimo nombre de la cabecera fue el de Raúl Ortiz, secretario general de la Gobernación y representante pampeano en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Hay 15.000 operadores
En su discurso, Mariotto reiteró que "no puede haber monopolios ni posiciones dominantes" y que ello "no es una inquietud política de un sector, sino la necesidad de toda la comunidad". Lo ejemplificó diciendo que "ninguna universidad pública alzó su voz en contra" de la Ley de Medios, a pesar de la diversidad de opiniones que coexisten.
Indicó que muchos gobiernos debieron "hocicar" frente a las presiones corporativas y resaltó que "Mendoza (donde se dictó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley) es una provincia particularmente vinculada a grupos monopólicos" (NdeR: ahí es fuerte el Grupo Vila y también pesa el Grupo Clarín). En ese sentido recordó las restricciones que tuvo Canal 7 cuando quiso instalar una repetidora en San Rafael.
Capitanich remarcó que la "estrategia defensiva" de los grupos monopólicos apunta centralmente a dos artículos de la nueva ley, el 42 y el 161. El primero hace referencia a la facultad de la AFSCA para otorgar licencias, y el segundo fija un plazo máximo para el proceso de desinversión, por el que los propietarios de medios deben adecuarse a la cantidad máximo del número de licencias que pueden tener. También expresó que es imprescindible un ordenamiento del espectro radioeléctrico ya que un relevamiento preliminar mostró que "hay 15.000 operadores de radios AM y FM y canales de televisión".
"Los monopolios hacen creer que los políticos somos basura, pero permiten que cualquiera prendido a un micrófono pueda distorsionar la realidad todos los días", enfatizó el mandatario chaqueño. Esa frase fue aplaudida, y lo mismo ocurrió cuando mencionó la presencia de Marín. Justamente ambos charlaron animadamente al concluir el acto.
Con relación a los expositores, Daniel Blandi comentó cómo Emisora Pampeana tuvo que transformarse en una cooperativa de trabajo a partir de que el último dueño abandonó la empresa (Mariotto aseguró que con la nueva ley eso no ocurriría porque las licencias serán intransferibles); Avelino Rodríguez, de la Asociación Patagónica de Radiodifusores, se quejó porque "Manolito" (así lo llamó a Baladrón) no consiguió que la AFSCA los recibiera; y Carlos Villarreal, del Frente Barrial Petete Juárez, agradeció la presencia de los funcionarios nacionales.
El único que preguntó fue Flavio Frangolini, en nombre del Sindicato de Prensa local. Cuestionó que la Ley de Medios no cumpliera con el punto de los 21 de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que diferencia claramente lo que deben ser medios del Estado de medios gubernamentales. Mariotto respondió que la norma "refleja a rajatablas" los 21 puntos de la Coalición.
Trabajadores de Canal 3
Trabajadores de Canal 3 (el canal gubernamental de La Pampa) le entregaron una nota a Mariotto remarcando que la emisora es "un medio público estatal, sostenido con fondos de toda la comunidad pampeana", que no cumple "con su función social" ni "respeta el pluralismo en todas sus manifestaciones, posibilitando el acceso a las diferentes voces". Agregaron que "desde hace tiempo estamos reclamando que deje de aplicarse la censura extrema que viene ejerciéndose desde hace años, en abierta contraposición con los fines para los cuales fue creada".
Torroba quiere que Mariotto le otorgue una licencia a la CPE
Oscar Nocetti, presidente de la CPE, sostuvo que tras la audiencia pública del jueves de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación, "al menos pudimos establecer una reunión con (su titular, Juan) Mariotto y (el director Manuel) Baladrón para el martes que viene en Buenos Aires".
Pese a que era intención de los cooperativistas tener una reunión con los visitantes, éstos se fueron sin atenderlos apenas terminada la audiencia, como también hicieron con el intendente Francisco Torroba y el viceintendente Guillermo Di Liscia, que en vano esperaron la entrevista pautada con los funcionarios nacionales.
"Nos interesan algunas cosas que nos dejaron preocupados y otras que queremos aclarar, queremos ver la cuestión del cableado y cómo sigue esto, porque hubo algunas definiciones: que no están las licencias, ni de Multicanal ni de Cablevisión, por lo que la red de fibra óptica que han tirado es cuanto menos ilegal".
-Nocetti, ¿quién tiene la licencia?
-Se supone que la debe tener el primigenio dueño de los canales (Pampa TV). Aquí hay un problema, como dirían nuestros amigos los gitanos, de que están flojos de papeles.
-Pero la Autoridad Federal de Aplicación tiene que tener conocimiento de esto.
-Supongo que sí, pero hasta no hace mucho tiempo nada se movía en el ComFeR sin que el multimedio tuviera conocimiento y diera sus opiniones.
-Pero esa historia pasó.
-Por eso mismo, cuando quisieron acomodar los papeles fue tarde. El problema ahora, me parecen quien va a tener que tomar decisiones muy serias, no digo drásticas, es el municipio.
-¿Usted dice que la comuna debería bajar los cables?
-No sé si tiene otra alternativa, porque haberse tendido una red de fibra óptica en 200 manzanas sin tener licencia que lo habilite, es un hecho cuanto menos grave.
-Es como abrir un comercio sin habilitación municipal.
-Sí, o me pongo a circular en un taxi sin tener la patente. Ahora la pelota está en el campo de municipio.
-¿Pero la comuna no necesita el amparo legal del informe de la Autoridad de Aplicación en esto de la licencia?
-Sí, hasta ahora lo que la autoridad de aplicación ha dicho es que las licencias no existen, pero que no se atreven a decirlo con todas las letras porque el tema está en la justicia y hasta que no se expida la Corte ellos no pueden expresarse, salvo en media lengua, con lo cual no deja de tener cierta lógica. Pero lo que nos dejó más preocupados es que ayer (en la audiencia) se dijo que si la Corte se expide a favor de la Ley de Medios, viene la reglamentación, que será sometida a consideración de la sociedad en audiencias públicas, lo que llevará mucho tiempo y como los papeles que hay que hacer para solicitar las licencias y el modo en que se llenan y presentar al ex Comfer, que a su vez depende de cómo se reglamente la ley, a nuestro juicio podría demorar mucho o bastante la entrega de licencia para dar el servicio de TV por cable. Una vez que salga la reglamentación (de la ley) vendrán otra vez los recursos ante la justicia.
Un pedido frustrado
El intendente Francisco Torroba recibió la palabra de Manuel Baladrón de que al terminar la audiencia pública, el jueves en la UNLPam, sería recibido por el titular de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación, Juan Mariotto.
El jefe comunal iba a concurrir al encuentro, el que se haría en una oficina del Rectorado, junto al viceintendente Guillermo Di Liscia y la concejal Alicia Iribarren.
Pero pese a los oficios de Baladrón, apenas terminó la audiencia, Mariotto y su gente se retiró raudamente del lugar sin que se concretara el encuentro con la delegación municipal, como tampoco con los directivos de la CPE, aunque a éstos al menos se les comunicó que la semana que viene serían recibidos por Mariotto en Buenos Aires.
"Me llamó Baladrón por teléfono para decirme que estaban retrasados, que se iba a demorar un poco lo de la audiencia, y fue cuando le pedí que nos recibiera Mariotto, Me dijo que no había problemas, que nos íbamos a reunir en algún lugar del Rectorado", le relató a La ARENArena el intendente Torroba.
"Después, en la UNLPam, me encontré con Baladrón y me confirmó que ya estaba todo listo para la reunión, aunque no aprecié mucha voluntad para que el encuentro se concretara", continuó el jefe comunal.
Finalizada la audiencia, y aduciendo que las autoridades nacionales debían trasladarse a la residencia oficial del gobernador Jorge para almorzar, un colaborador de Baladrón le propuso a Torroba, que esperaba con Di Liscia e Iribarren, que se sumara al contingente y participara de la comida. "No acepté, porque mi intención era hablar con Mariotto y la residencia no era el lugar indicado para hacerlo, máxime que allí habría mucha gente. Después de eso, no supe más nada, o mejor dicho nos quedamos sin la reunión".
El interés de las autoridades municipales en conversar con el titular de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación no sólo pasaba por la polémica desatada en torno al cableado realizado por una empresa del grupo "Clarín", sino que eran portadores de un pedido para Mariotto: que se le permita a la CPE prestar el servicio de televisión por cable.
"Queríamos pedirle personalmente al titular de la Autoridad Federal de Aplicación que le otorgara una licencia provisoria a la CPE para que pueda dar el servicio, hasta tanto se aclare lo de la Ley de Medios y su implementación", expresó el intendente Torroba.
"No es tan sencillo"
El intendente Francisco Torroba expresó que el titular de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación, Juan Mariotto, incurrió en una contradicción con respecto a la inexistencia de una licencia habilitante para Cablevisión: "Es la misma autoridad de aplicación (ex ComFeR) la que le exige a la empresa que no abandone el servicio" en Santa Rosa.
"Lo que dijo Mariotto es una obviedad; la utilización del espacio aéreo es una prerrogativa municipal, algo que nadie discute. Ahora, todas las empresas que prestan un servicio tienen una autoridad de aplicación, la que permite que una empresa lleve seis años sin autorización o licencia, como dice la ordenanza, lo que es reconocer que están en otro mundo, que no se cumplió ninguna función".
-En definitiva, una empresa, sea cual sea, que durante seis años tendió cables en forma ilegal.
-Mariotto pudo haber dicho esto hace cuatro o cinco meses cuando desde la Municipalidad se le pidió información. Insisto, si la autoridad de aplicación no tiene (otorgada la) licencia, ¿por qué no interviene si es la autoridad de aplicación del espectro?
-¿Qué espera la Municipalidad para tomar una determinación sobre este tema del cableado?
-Espero que la justicia resuelva la medida cautelar (presentada por Cablevisión), porque esto va a dar una orientación. Y fíjese que la justicia ante esta medida cautelar, que habitualmente se expide con prontitud, ha abierto a prueba y pide información. No es tan sencillo poner o sacar, porque toda resolución que tome el intendente tiene consecuencias. No es tan sencillo decir que se puede hacer tal cosa, porque hay antecedentes que se fueron acumulando. Por eso digo que hubiera sido muy bueno que lo que nos prometió el servicio jurídico de la Autoridad Federal de Aplicación se hubiera plasmado por escrito en tiempo y forma, no a la pasada.
-Mariotto dice que la potestad en el tema del cableado la tiene la comuna.
-Es una expresión de él. Nosotros tomamos la decisión de esperar con prudencia qué decide la justicia.
Fuente: Diario La Arena
viernes, 28 de mayo de 2010
Allanaron la casa de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble
Los domicilios de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera fueron allanados nuevamente esta tarde, en operativos que fueron calificados como "violentos, vejatorios e innecesarios" por los abogados de la defensa
"Es realmente incomprensible que contando con una muestra sanguínea brindada voluntariamente por los jóvenes en diciembre pasado, y con
nuevas muestras de material genético obtenidas en un allanamiento un día después, se los exponga nuevamente a esta innecesaria vejación", sostuvo Alejandro Carrió, abogado de los hermanos.
"Los jóvenes fueron muy claros cuando ratificaron que ellos habían entregado su sangre para la realización del análisis en sede judicial, tal como había sido ordenado por todas las instancias de la Justicia. Y le pidieron a la jueza que escuche sus reclamos en el sentido de que se respete ese modalidad, que les ofrece seguridad y que fue avalada en su momento por la Cámara de Casación y la Corte Suprema", agregó.
En tanto, Roxana Piña, también abogada de los hermanos, agregó que "resulta innecesario este allanamiento aún para el supuesto de que no se atiendan los reclamos de los jóvenes". Marcela y Felipe han dicho reiteradamente que temen una manipulación de los análisis y reclaman mayores garantías porque el Banco de Datos Genéticos depende desde el año pasado del Poder Ejecutivo Nacional.
"Para ese caso ya se hizo un allanamiento en diciembre pasado, por lo que este de hoy resulta doblemente vejatorio e intimidatorio", dijo Piña y agregó: "Es un evidente exceso, hubo amenazas de policías, persecuciones a los automóviles de los hermanos, y hasta llegaron a amenazarnos con armas a los abogados". También requirieron prendas íntimas de los hermanos, algo absolutamente inusual. "Y tuvieron cercados los domicilios durante varias horas, se trata de un cúmulo de abusos gravísimos", concluyó.
Fuente: Diario Clarín
"Es realmente incomprensible que contando con una muestra sanguínea brindada voluntariamente por los jóvenes en diciembre pasado, y con
nuevas muestras de material genético obtenidas en un allanamiento un día después, se los exponga nuevamente a esta innecesaria vejación", sostuvo Alejandro Carrió, abogado de los hermanos."Los jóvenes fueron muy claros cuando ratificaron que ellos habían entregado su sangre para la realización del análisis en sede judicial, tal como había sido ordenado por todas las instancias de la Justicia. Y le pidieron a la jueza que escuche sus reclamos en el sentido de que se respete ese modalidad, que les ofrece seguridad y que fue avalada en su momento por la Cámara de Casación y la Corte Suprema", agregó.
En tanto, Roxana Piña, también abogada de los hermanos, agregó que "resulta innecesario este allanamiento aún para el supuesto de que no se atiendan los reclamos de los jóvenes". Marcela y Felipe han dicho reiteradamente que temen una manipulación de los análisis y reclaman mayores garantías porque el Banco de Datos Genéticos depende desde el año pasado del Poder Ejecutivo Nacional.
"Para ese caso ya se hizo un allanamiento en diciembre pasado, por lo que este de hoy resulta doblemente vejatorio e intimidatorio", dijo Piña y agregó: "Es un evidente exceso, hubo amenazas de policías, persecuciones a los automóviles de los hermanos, y hasta llegaron a amenazarnos con armas a los abogados". También requirieron prendas íntimas de los hermanos, algo absolutamente inusual. "Y tuvieron cercados los domicilios durante varias horas, se trata de un cúmulo de abusos gravísimos", concluyó.
Fuente: Diario Clarín
Los hermanos Herrera de Noble se opusieron a que se utilicen sus muestras de sangre
Los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Felipe y Marcela Noble Herrera, se opusieron hoy a que se utilicen sus muestras de sangre y se negaron también a realizarse nuevas extracciones para que esos resultados sean cotejados con otros de familiares de secuestrados en la 
última dictadura
Así lo informó hoy la fiscal de San Isidro Rita Molina, luego de entrevistarse con Felipe y Marcela, en el marco de la causa que lleva adelante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien había citado a los jóvenes para que respondieran hoy a esos requerimientos.
"Se negaron rotundamente a que sea utilizado el material que tenemos", contó Molina luego de mantener una audicencia de dos horas con los hijos adoptivos de Herrera de Noble, quienes -dijo- "tienen derecho" a oponerse a la medida.
La jueza federal Arroyo Salgado citó a Felipe y Marcela luego de reiterados fallos judiciales que dejaron firme una decisión de la Cámara Federal de San Martín en cuanto a determinar si ambos jóvenes fueron apropiados durante la dictadura.
Los hijos adoptivos de Herrera de Noble se extrajeron sangre el año pasado pero en el Cuerpo Medico Forense, dependiente de la Corte Suprema y a condición de que las muestras sólo fueran comparadas con dos familias querellantes en la causa.
Como estas muestras no pueden usarse en el Banco Nacional, la justicia buscó el consentimiento de los jóvenes para una nueva extracción, ya que no se puede hacer de manera compulsiva.
Con todo, la fiscal advirtió que "no es necesario el consentimiento" para ordenar el entrecruzamiento de datos obtenidos a través de muestras genéticas y no descartó que el lunes próximo se decida una nueva medida.
De esta forma, Molina aclaró que si bien no puede obligarlos a extraerse nuevamente sangre, sí puede ordenar estudios con las muestras ya obtenidas o con futuras muestras que se adquieran en los domicilios.
"El objetivo de esta fiscal es conocer la verdad y la verdad sólo la tenemos que obtener con las muestras y con el examen de histocompatibilidad, no sólo con la familia querellante sino con todas las muestras que hay en el Banco genético", insistió.
Molina remarcó la necesidad de "terminar con este tema que perjudica tanto a los chicos como a la sociedad toda, que está expectante ante (la comisión de) un supuesto delito".
Fuentes judiciales habían manifestado esta semana que si los hijos adoptivos de la dueña de Clarín se negaban a nuevas extracciones, los estudios de ADN deberían hacerse sobre muestras encontradas en objetos personales de ambos.
La causa judicial abierta por denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en el caso, investiga si ambos hermanos fueron adoptados ilegalmente por la directora de Clarín en la dictadura y sustraídos a secuestradas que dieron a luz en centros clandestinos de detención.
Ernestina Herrera de Noble esta imputada en el caso y estuvo detenida en su momento por orden del luego destituido ex juez federal Norberto Marquevich, primer magistrado del caso.
Posteriormente fue liberada y la causa siguió su curso hasta que el año pasado la Cámara de San Martín amplió el objeto procesal para determinar si fueron sustraídos a detenidos desaparecidos en general y no sólo demostrar si son hijos biológicos de dos familias querellantes en la causa, que los reclaman.
Los Noble habían aceptado hacerse los ADN para ser comparados sólo con muestras de estas dos familias y en el Cuerpo Médico Forense, algo rechazado ya en distintas instancias judiciales donde quedó firme la resolución de hacer los estudios de manera general en el Banco Nacional, donde se almacenan todas las muestras.
Fuente: Agencia TelAm
última dictaduraAsí lo informó hoy la fiscal de San Isidro Rita Molina, luego de entrevistarse con Felipe y Marcela, en el marco de la causa que lleva adelante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien había citado a los jóvenes para que respondieran hoy a esos requerimientos.
"Se negaron rotundamente a que sea utilizado el material que tenemos", contó Molina luego de mantener una audicencia de dos horas con los hijos adoptivos de Herrera de Noble, quienes -dijo- "tienen derecho" a oponerse a la medida.
La jueza federal Arroyo Salgado citó a Felipe y Marcela luego de reiterados fallos judiciales que dejaron firme una decisión de la Cámara Federal de San Martín en cuanto a determinar si ambos jóvenes fueron apropiados durante la dictadura.
Los hijos adoptivos de Herrera de Noble se extrajeron sangre el año pasado pero en el Cuerpo Medico Forense, dependiente de la Corte Suprema y a condición de que las muestras sólo fueran comparadas con dos familias querellantes en la causa.
Como estas muestras no pueden usarse en el Banco Nacional, la justicia buscó el consentimiento de los jóvenes para una nueva extracción, ya que no se puede hacer de manera compulsiva.
Con todo, la fiscal advirtió que "no es necesario el consentimiento" para ordenar el entrecruzamiento de datos obtenidos a través de muestras genéticas y no descartó que el lunes próximo se decida una nueva medida.
De esta forma, Molina aclaró que si bien no puede obligarlos a extraerse nuevamente sangre, sí puede ordenar estudios con las muestras ya obtenidas o con futuras muestras que se adquieran en los domicilios.
"El objetivo de esta fiscal es conocer la verdad y la verdad sólo la tenemos que obtener con las muestras y con el examen de histocompatibilidad, no sólo con la familia querellante sino con todas las muestras que hay en el Banco genético", insistió.
Molina remarcó la necesidad de "terminar con este tema que perjudica tanto a los chicos como a la sociedad toda, que está expectante ante (la comisión de) un supuesto delito".
Fuentes judiciales habían manifestado esta semana que si los hijos adoptivos de la dueña de Clarín se negaban a nuevas extracciones, los estudios de ADN deberían hacerse sobre muestras encontradas en objetos personales de ambos.
La causa judicial abierta por denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en el caso, investiga si ambos hermanos fueron adoptados ilegalmente por la directora de Clarín en la dictadura y sustraídos a secuestradas que dieron a luz en centros clandestinos de detención.
Ernestina Herrera de Noble esta imputada en el caso y estuvo detenida en su momento por orden del luego destituido ex juez federal Norberto Marquevich, primer magistrado del caso.
Posteriormente fue liberada y la causa siguió su curso hasta que el año pasado la Cámara de San Martín amplió el objeto procesal para determinar si fueron sustraídos a detenidos desaparecidos en general y no sólo demostrar si son hijos biológicos de dos familias querellantes en la causa, que los reclaman.
Los Noble habían aceptado hacerse los ADN para ser comparados sólo con muestras de estas dos familias y en el Cuerpo Médico Forense, algo rechazado ya en distintas instancias judiciales donde quedó firme la resolución de hacer los estudios de manera general en el Banco Nacional, donde se almacenan todas las muestras.
Fuente: Agencia TelAm
Encuentro regional de radios comunitarias en Río Gallegos
Comenzara hoy y se extenderá hasta mañana en la EGB Nº19. El taller promovido por FARCo, pero con el apoyo de Nación, capacitará a personas y ONG´S que tengan relación con radios comunitarias, educativas y de frontera, entre otras. 
El temario, que apunta a los jóvenes especialmente, incluirá producción periodística-creativa
La EGB Nº 19 será sede del primer encuentro regional de radios comunitarias. Será un taller con modalidad teórico- práctico que capacitará a las personas que desarrollan actividades dentro de radios comunitarias, como así también a organizaciones que podrán acceder a este medio debido a la nueva Ley de Servicios Audiovisuales que rige en nuestro país.
Federico Barese, de Radio Estación Sur de la Plata junto a Judith Gerbaldo, directora de Formación de FARCo -Foro Argentino de Radios Comunitarias– y otros especialistas disertarán hoy y mañana.
La actividad formará parte del proyecto nacional “Todas las voces, Todos” que lleva adelante FARCo con el área de proyectos especiales de la actual autoridad de aplicación ex ComFeR con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Es en este contexto en el cual este proyecto se inició el año pasado y se extiende hasta julio de este año.
Consiste de un plan de capacitación único en su tipo en Latinoamérica, que abarca a 100 emisoras comunitarias, juveniles, de fronteras, educativas e interculturales. “Mas de 100 emisoras de todo el país nucleadas en torno a este proyecto que apunta la formación de las radios y gente que las integra en torno al proyecto político comunicativo”, detalló Judith Gerbaldo, directora de Formación de FARCo TiempoSur.
El año pasado se efectuaron visitas a las emisoras del país a modo de relevamiento para conocer cual es la realidad de estas radios a nivel nacional. Luego, se diseñaron 10 encuentros regionales, uno de ellos es el que se realizará hoy en nuestra ciudad, y simultáneamente se realiza en Córdoba.
El taller -que también está destinado a las ONG´S las que de acuerdo a la nueva ley podrán acceder a este medio de difusión- será teórico práctico y se llevará a cabo hoy y mañana de 14:00 a 18:00 en la EGB Nº19.
Apuntará especialmente a temáticas para los jóvenes, como por ejemplo: producción periodística, producción creativa, profundización del propio proyecto de la radio, como fortalecer las radios, dificultades de las emisoras, características de las radios comunitarias en nuestro país y en el continente, como así también su rasgo identitarios.
La actividad servirá de diagnóstico para adentrase en el panorama provincial de este tipo de emisoras, en la que participarán organizaciones de Tierra del Fuego y Chubut, dado que es el punto más cercano en donde se concretará el encuentro.
La formación guarda una profunda relación con la nueva Ley de Servicios Audiovisuales. Gerbaldo recordó que FARCo fue una de las organizaciones que promovió la democratización de la radiodifusión en Argentina. “Haber conseguido desarrollar este proyecto es muy importante porque va a contribuir a fortalecer los proyectos existentes y de la mano de la nueva ley poder trabajar los desafíos que se les viene a los medios de comunicación en el marco de los ejes de esta ley”, precisó.
FARCo
Es la organización que agrupa emisoras que ejercen la radiodifusión como un servicio a la comunidad y la comunicación como un derecho de todas las personas. Es una red de radios que busca construir un camino común para apoyarse y fortalecer la comunicación de nuestro pueblo.
Nuclea a radios de entidades u organizaciones sociales que desarrollan una comunicación pluralista y participativa como canal de expresión de los sectores sociales y culturales con menor posibilidad de acceso a los medios con fines exclusivamente comerciales.
Las radios integrantes de FARCo ejercen la radiodifusión como un servicio y no como una simple actividad comercial-lucrativa.
La entidad se identifica como parte del amplio movimiento social que trabaja por una sociedad más justa, solidaria y sin exclusiones.
Es una red que impulsa el desarrollo y la articulación de organizaciones sociales y populares.
Defiende y promueve la democratización de la comunicación como condición necesaria para la democratización de la sociedad.
Detecta con preocupación y denuncia la creciente concentración en la propiedad de los medios.
Foto: Judith Gerbaldo, como integrante del equipo de formación de ALER, en un Taller con los compañeros de Radio Pio XII de Bolivia
Fuente: Tiempo Sur
El temario, que apunta a los jóvenes especialmente, incluirá producción periodística-creativaLa EGB Nº 19 será sede del primer encuentro regional de radios comunitarias. Será un taller con modalidad teórico- práctico que capacitará a las personas que desarrollan actividades dentro de radios comunitarias, como así también a organizaciones que podrán acceder a este medio debido a la nueva Ley de Servicios Audiovisuales que rige en nuestro país.
Federico Barese, de Radio Estación Sur de la Plata junto a Judith Gerbaldo, directora de Formación de FARCo -Foro Argentino de Radios Comunitarias– y otros especialistas disertarán hoy y mañana.
La actividad formará parte del proyecto nacional “Todas las voces, Todos” que lleva adelante FARCo con el área de proyectos especiales de la actual autoridad de aplicación ex ComFeR con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Es en este contexto en el cual este proyecto se inició el año pasado y se extiende hasta julio de este año.
Consiste de un plan de capacitación único en su tipo en Latinoamérica, que abarca a 100 emisoras comunitarias, juveniles, de fronteras, educativas e interculturales. “Mas de 100 emisoras de todo el país nucleadas en torno a este proyecto que apunta la formación de las radios y gente que las integra en torno al proyecto político comunicativo”, detalló Judith Gerbaldo, directora de Formación de FARCo TiempoSur.
El año pasado se efectuaron visitas a las emisoras del país a modo de relevamiento para conocer cual es la realidad de estas radios a nivel nacional. Luego, se diseñaron 10 encuentros regionales, uno de ellos es el que se realizará hoy en nuestra ciudad, y simultáneamente se realiza en Córdoba.
El taller -que también está destinado a las ONG´S las que de acuerdo a la nueva ley podrán acceder a este medio de difusión- será teórico práctico y se llevará a cabo hoy y mañana de 14:00 a 18:00 en la EGB Nº19.
Apuntará especialmente a temáticas para los jóvenes, como por ejemplo: producción periodística, producción creativa, profundización del propio proyecto de la radio, como fortalecer las radios, dificultades de las emisoras, características de las radios comunitarias en nuestro país y en el continente, como así también su rasgo identitarios.
La actividad servirá de diagnóstico para adentrase en el panorama provincial de este tipo de emisoras, en la que participarán organizaciones de Tierra del Fuego y Chubut, dado que es el punto más cercano en donde se concretará el encuentro.
La formación guarda una profunda relación con la nueva Ley de Servicios Audiovisuales. Gerbaldo recordó que FARCo fue una de las organizaciones que promovió la democratización de la radiodifusión en Argentina. “Haber conseguido desarrollar este proyecto es muy importante porque va a contribuir a fortalecer los proyectos existentes y de la mano de la nueva ley poder trabajar los desafíos que se les viene a los medios de comunicación en el marco de los ejes de esta ley”, precisó.
FARCo
Es la organización que agrupa emisoras que ejercen la radiodifusión como un servicio a la comunidad y la comunicación como un derecho de todas las personas. Es una red de radios que busca construir un camino común para apoyarse y fortalecer la comunicación de nuestro pueblo.
Nuclea a radios de entidades u organizaciones sociales que desarrollan una comunicación pluralista y participativa como canal de expresión de los sectores sociales y culturales con menor posibilidad de acceso a los medios con fines exclusivamente comerciales.
Las radios integrantes de FARCo ejercen la radiodifusión como un servicio y no como una simple actividad comercial-lucrativa.
La entidad se identifica como parte del amplio movimiento social que trabaja por una sociedad más justa, solidaria y sin exclusiones.
Es una red que impulsa el desarrollo y la articulación de organizaciones sociales y populares.
Defiende y promueve la democratización de la comunicación como condición necesaria para la democratización de la sociedad.
Detecta con preocupación y denuncia la creciente concentración en la propiedad de los medios.
Foto: Judith Gerbaldo, como integrante del equipo de formación de ALER, en un Taller con los compañeros de Radio Pio XII de Bolivia
Fuente: Tiempo Sur
SiGeN investigará una denuncia contra Papel Prensa
La Sindicatura General de la Nación indagará sobre una acusación acerca de retornos en la compañía de capitales mixtos. El reclamo fue formulado por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, durante una asamblea de la firma
La Sindicatura General de la Nación (SiGeN) investigará una denuncia sobre retornos en Papel Prensa formulada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, durante una asamblea de la compañía de capitales mixtos.
El pedido para que la SiGeN tome cartas en el asunto fue realizado por el propio Moreno, que en una nota dirigida al titular del ente contralor, Daniel Reposo, pidió que "se investiguen los hechos oportunamente relatados en la Asamblea General Ordinaria celebrada en la empresa el día 20 de mayo".
De acuerdo al acta de esa reunión en Papel Prensa, a la que TelAm tuvo acceso y difundió la semana pasada, el secretario de Comercio Interior afirmó que la firma "ha funcionado en las últimas décadas con retornos de proveedores recolectados por el actual gerente Jorge Noseda y repartidos personalmente a los accionistas".
La denuncia de Moreno fue ratificada luego por el ex dueño del diario La Razón José Pirillo, quien relató que las empresas no habían hecho aportes "sino que los aportes que debían hacer los tres diarios a Papel Prensa se habían efectuado vía retornos que pagaban las empresas constructoras de la planta de Papel Prensa".
Esos retornos, de acuerdo a lo expresado por el funcionario en la asamblea de accionistas del pasado jueves 20 de mayo, oscilan "entre el 10 y el 15 por ciento de cada factura de compra".
"No se trata de versiones periodísticas de fuentes no conocidas sino de directivos de esta empresa que informan que el señor Noseda era el ´cajero` para recolectar el 10 o el 15% de las facturas de los proveedores que era reciclado a los accionistas", aseveró Moreno ante el resto del Directorio de Papel Prensa.
Además, en esa reunión en la representó al Estado nacional como socio de la firma, aseguró que en un informe que está elaborando "se sabrá la conducta de los accionistas y de las personas físicas que operaban en nombre de personas jurídicas".
También, el secretario de Comercio Interior planteó "muchas dudas respecto de cómo se produjeron las transacciones entre los accionistas originarios de la empresa, los que en la actualidad tienen el capital mayoritario", o sea Clarín y La Nación.
"Esas dudas nacieron en razón de que las transacciones finales fueron hechas en lo que se ha dado en llamar el comprobado terrorismo de Estado, en el que una banda facciosa apoderada del poder de la República trabajó como brazo armado de algunos pseudos empresarios para beneficiar sus negocios", aseveró.
Fuente: Agencia TelAm
La Sindicatura General de la Nación (SiGeN) investigará una denuncia sobre retornos en Papel Prensa formulada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, durante una asamblea de la compañía de capitales mixtos.
El pedido para que la SiGeN tome cartas en el asunto fue realizado por el propio Moreno, que en una nota dirigida al titular del ente contralor, Daniel Reposo, pidió que "se investiguen los hechos oportunamente relatados en la Asamblea General Ordinaria celebrada en la empresa el día 20 de mayo".
De acuerdo al acta de esa reunión en Papel Prensa, a la que TelAm tuvo acceso y difundió la semana pasada, el secretario de Comercio Interior afirmó que la firma "ha funcionado en las últimas décadas con retornos de proveedores recolectados por el actual gerente Jorge Noseda y repartidos personalmente a los accionistas".
La denuncia de Moreno fue ratificada luego por el ex dueño del diario La Razón José Pirillo, quien relató que las empresas no habían hecho aportes "sino que los aportes que debían hacer los tres diarios a Papel Prensa se habían efectuado vía retornos que pagaban las empresas constructoras de la planta de Papel Prensa".
Esos retornos, de acuerdo a lo expresado por el funcionario en la asamblea de accionistas del pasado jueves 20 de mayo, oscilan "entre el 10 y el 15 por ciento de cada factura de compra".
"No se trata de versiones periodísticas de fuentes no conocidas sino de directivos de esta empresa que informan que el señor Noseda era el ´cajero` para recolectar el 10 o el 15% de las facturas de los proveedores que era reciclado a los accionistas", aseveró Moreno ante el resto del Directorio de Papel Prensa.
Además, en esa reunión en la representó al Estado nacional como socio de la firma, aseguró que en un informe que está elaborando "se sabrá la conducta de los accionistas y de las personas físicas que operaban en nombre de personas jurídicas".
También, el secretario de Comercio Interior planteó "muchas dudas respecto de cómo se produjeron las transacciones entre los accionistas originarios de la empresa, los que en la actualidad tienen el capital mayoritario", o sea Clarín y La Nación.
"Esas dudas nacieron en razón de que las transacciones finales fueron hechas en lo que se ha dado en llamar el comprobado terrorismo de Estado, en el que una banda facciosa apoderada del poder de la República trabajó como brazo armado de algunos pseudos empresarios para beneficiar sus negocios", aseveró.
Fuente: Agencia TelAm
Carta abierta la Presidenta
Los trabajadores del diario Crítica de la Argentina concurrirán el viernes 28, a las 17, a la Casa Rosada para entregar a la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, una carta por la cual le pedirán una urgente reunión y su intervención 
en el conflicto
Además, resolvieron continuar con la permanencia pacífica durante las veinticuatro horas en los puestos de trabajo en defensa de la fuente laboral y la continuidad del diario y con la exigencia del pronto pago de los salarios adeudados.
El próximo lunes 31 de mayo, a las 13, convocan a una movilización al Ministerio de Trabajo, Av. Leandro N. Alem 630, para solicitar la pronta efectivización del compromiso asumido por el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, el pasado día 17, en el sentido de gestionar el pago de la publicidad que el gobierno nacional le debe al diario, con la condición de que ese dinero sea derivado exclusivamente a saldar los haberes impagos del personal.
Por otra parte, el jueves 27 por la tarde, se llevó a cabo en distintas redacciones de diarios, revistas y agencias de noticias la segunda jornada de solidaridad con el diario Crítica, que adoptó distintas modalidades en cada medio: paros de una hora, aplausos y asambleas. Los trabajadores que participaron en la jornada pertenecen a los diarios BAE, Página/12, Popular, Crónica, El Argentino, Tiempo Argentino, Miradas al Sur, El Cronista y La Nación; Editorial Perfil; las agencias Télam, DyN y NA y Canal 13/TN.
en el conflictoAdemás, resolvieron continuar con la permanencia pacífica durante las veinticuatro horas en los puestos de trabajo en defensa de la fuente laboral y la continuidad del diario y con la exigencia del pronto pago de los salarios adeudados.
El próximo lunes 31 de mayo, a las 13, convocan a una movilización al Ministerio de Trabajo, Av. Leandro N. Alem 630, para solicitar la pronta efectivización del compromiso asumido por el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, el pasado día 17, en el sentido de gestionar el pago de la publicidad que el gobierno nacional le debe al diario, con la condición de que ese dinero sea derivado exclusivamente a saldar los haberes impagos del personal.
Por otra parte, el jueves 27 por la tarde, se llevó a cabo en distintas redacciones de diarios, revistas y agencias de noticias la segunda jornada de solidaridad con el diario Crítica, que adoptó distintas modalidades en cada medio: paros de una hora, aplausos y asambleas. Los trabajadores que participaron en la jornada pertenecen a los diarios BAE, Página/12, Popular, Crónica, El Argentino, Tiempo Argentino, Miradas al Sur, El Cronista y La Nación; Editorial Perfil; las agencias Télam, DyN y NA y Canal 13/TN.
jueves, 27 de mayo de 2010
El oficialismo no se presentó a discutir los proyectos de "Publicidad oficial"
Pasa el Bicentenario y todo vuelve a la normalidad. Con escasa convocatoria, la Comisión de Libertad de Expresión discutió brevemente los proyectos que buscan regular la publicidad oficial. Silvana Giudici, diputada de la UCR, calificó de “escandalosa” la asignación publicitaria gubernamental e insistió en criticar la nueva Ley de Medios
Este mediodía, la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados se reunió para discutir los proyectos de publicidad oficial en la sala 2 del Anexo. Ante una escasa convocatoria, la diputada Silvana Giudici, presidenta de la comisión, consideró que era un “gran avance” la búsqueda de una ley “transparente y equitativa” en la materia.
Sin la presencia del oficialismo, se acordó que por lo pronto los proyectos sobre publicidad oficial serán debatidos el martes que viene en una reunión de asesores. “Una vez que tengamos los consensos, solicitaremos a la Comisión de Comunicaciones que, en realidad es la de cabecera, que se trate en un plenario”, explicó Giudici sobre el futuro de las propuestas en la Cámara baja.
En tanto, en cuanto a los motivos de los proyectos impulsados por el arco opositor, la diputada radical destacó que “la distribución de publicidad oficial es escandalosa, ha crecido exponencialmente y además se utiliza como un elemento de presión sobre la línea editorial de los medios, por eso regular la publicidad oficial mejora la libertad de expresión y de prensa”, según manifestó en dialogo con este medio.
La base del proyecto presentado por Giudici plantea la creación de un registro público donde el ciudadano inmediatamente pueda informarse sobre los recursos que se utilizan, qué medios los cobran, cuál es el plazo y cómo está el trámite de cada una de las carpetas.
“Este gobierno ha establecido un cerco informativo sobre los puntos más álgidos de la gestión. En cuanto a publicidad oficial, recientemente negaron un pedido de organizaciones civiles sobre la ejecución del gasto en publicidad oficial. Es la primera vez que esto sucede”, manifestó la legisladora de la UCR.
Al respecto de la breve reunión del día de hoy, consideró que era “un pasito más cerca hacia un consenso”, debido a que se confía en que el oficialismo esté de acuerdo en transparentar la asignación de recursos, porque también ha presentado proyectos.
La Ley de Medios y la Corte
Como acérrima opositora a la nueva ley de servicios audiovisuales, la diputada radical opinó sobre el tratamiento de la norma que llevará a cabo el máximo tribunal de justicia del país. “La Corte podrá resolver sobre este fallo, pero hay otras causas que cuestionan artículos que no van a ser puestos en vigencia, los de desinversión por ejemplo, tienen cuatro fallos que los mantienen suspendidos”, consideró en dialogo con NCN.
Sucede que todavía no se está discutiendo judicialmente el contenido de la ley, sino la forma. “Está suspendida por las irregularidades cometidas durante el tratamiento, más allá de esto hay otras causas que tienen que ver con la inconstitucionalidad manifiesta de artículos que van en contra de toda jurisprudencia argentina”, manifestó.
A su vez, insistió en que hubo un “tratamiento irregular”, motivo por el cual “si la Corte Suprema mantiene el amparo la ley seguirá suspendida, si no entrara en vigencia parcialmente, porque hay artículos que son los más complejos, los claramente inconstitucionales, que están suspendidos y que no se pueden aplicar”.
Sobre las declaraciones del subsecretario General de la Presidencia, Gustavo López, quien opinó que el plazo de resolución de la Corte no debe superar el mes, Giudici manifestó que se trataba de “una presión”. “Un funcionario público pertenece a un poder del Estado y la Corte Suprema pertenece a otro, entonces no se puede ejercer ningún tipo de presión sobre los jueces”, agregó.< Finalmente, consultada sobre el supuesto encuentro de Héctor Magnetto, titular de Clarín, con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, admitió desconocer el hecho, aunque advirtió que “ni pública, ni privada, ninguna presión se debe ejercer sobre los jueces”.
Fuente: Noticias del Congreso Nacional
Este mediodía, la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados se reunió para discutir los proyectos de publicidad oficial en la sala 2 del Anexo. Ante una escasa convocatoria, la diputada Silvana Giudici, presidenta de la comisión, consideró que era un “gran avance” la búsqueda de una ley “transparente y equitativa” en la materia.
Sin la presencia del oficialismo, se acordó que por lo pronto los proyectos sobre publicidad oficial serán debatidos el martes que viene en una reunión de asesores. “Una vez que tengamos los consensos, solicitaremos a la Comisión de Comunicaciones que, en realidad es la de cabecera, que se trate en un plenario”, explicó Giudici sobre el futuro de las propuestas en la Cámara baja.
En tanto, en cuanto a los motivos de los proyectos impulsados por el arco opositor, la diputada radical destacó que “la distribución de publicidad oficial es escandalosa, ha crecido exponencialmente y además se utiliza como un elemento de presión sobre la línea editorial de los medios, por eso regular la publicidad oficial mejora la libertad de expresión y de prensa”, según manifestó en dialogo con este medio.
La base del proyecto presentado por Giudici plantea la creación de un registro público donde el ciudadano inmediatamente pueda informarse sobre los recursos que se utilizan, qué medios los cobran, cuál es el plazo y cómo está el trámite de cada una de las carpetas.
“Este gobierno ha establecido un cerco informativo sobre los puntos más álgidos de la gestión. En cuanto a publicidad oficial, recientemente negaron un pedido de organizaciones civiles sobre la ejecución del gasto en publicidad oficial. Es la primera vez que esto sucede”, manifestó la legisladora de la UCR.
Al respecto de la breve reunión del día de hoy, consideró que era “un pasito más cerca hacia un consenso”, debido a que se confía en que el oficialismo esté de acuerdo en transparentar la asignación de recursos, porque también ha presentado proyectos.
La Ley de Medios y la Corte
Como acérrima opositora a la nueva ley de servicios audiovisuales, la diputada radical opinó sobre el tratamiento de la norma que llevará a cabo el máximo tribunal de justicia del país. “La Corte podrá resolver sobre este fallo, pero hay otras causas que cuestionan artículos que no van a ser puestos en vigencia, los de desinversión por ejemplo, tienen cuatro fallos que los mantienen suspendidos”, consideró en dialogo con NCN.
Sucede que todavía no se está discutiendo judicialmente el contenido de la ley, sino la forma. “Está suspendida por las irregularidades cometidas durante el tratamiento, más allá de esto hay otras causas que tienen que ver con la inconstitucionalidad manifiesta de artículos que van en contra de toda jurisprudencia argentina”, manifestó.
A su vez, insistió en que hubo un “tratamiento irregular”, motivo por el cual “si la Corte Suprema mantiene el amparo la ley seguirá suspendida, si no entrara en vigencia parcialmente, porque hay artículos que son los más complejos, los claramente inconstitucionales, que están suspendidos y que no se pueden aplicar”.
Sobre las declaraciones del subsecretario General de la Presidencia, Gustavo López, quien opinó que el plazo de resolución de la Corte no debe superar el mes, Giudici manifestó que se trataba de “una presión”. “Un funcionario público pertenece a un poder del Estado y la Corte Suprema pertenece a otro, entonces no se puede ejercer ningún tipo de presión sobre los jueces”, agregó.< Finalmente, consultada sobre el supuesto encuentro de Héctor Magnetto, titular de Clarín, con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, admitió desconocer el hecho, aunque advirtió que “ni pública, ni privada, ninguna presión se debe ejercer sobre los jueces”.
Fuente: Noticias del Congreso Nacional
Libertad de expresión en Chile: Un derecho que se concursa
Por: Victoria Lozano
Esta mañana llegaron a las dependencias de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), distintas organizaciones sociales y radios comunitarias de la Región Metropolitana, para exigir que se cumpla el derecho a la libertad de
emitir opinión y de informar de todas las personas, estipulado en la Constitución Política del Estado Chileno, y la libertad de expresión, derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948.
La convocatoria a esta movilización fue hecha por la radio comunitaria Sin Tierra, de Villa la Reina, creada por varios actores sociales de la población y autogestionada hace más de un año. Uno de sus gestores, Fidel Galaz, explica que “nuestra radio nace por la necesidad esencial de comunicarse y fortalecer el conocimiento y organización entre los vecinos.
“Lamentablemente a una dirigenta vecinal no le acomodaron las críticas que se le hacían a su actuar y nos denunció a la Subtel, teniendo yo que enfrentar un largo juicio en mi contra”, enfatizó Galaz.
A la manifestación se sumaron organizaciones sociales, reporteros independientes y medios de comunicación que se encuentran en la misma situación de ilegalidad y que son reconocidas en el medio popular por su perseverancia y sacrificio, como es el caso de la radio 1º de Mayo, de la población La Victoria, quienes también pudieron ingresar a la sala donde se reunieron con los representantes de la Subtel, Carlos Núñez, jefe de gabinete de la subsecretaría, Pablo Cereceda, periodista de la institución y Enoc Araya, jefe de Concesiones.
En esta reunión los comunicadores populares expusieron que demandan la regularización de legalidad para que radio Sin Tierra, pueda mantenerse al aire y la derogación del artículo 36B de la ley 18.168, que señala las penas a las que están expuestas quienes transmitan ilegalmente y que incluyen el presidio y multas que pueden llegar hasta las 5 mil UTM (más de 180 millones de pesos).
Nicolás Toro, de la comuna de la Reina, puntualizó lo dañino que es para la sociedad que el poder de los medios de comunicación se concentre en tan pocas manos, como sucede hoy en Chile, así como el insuficiente espacio otorgado a las radios comunitarias (que alcanzará según la nueva ley, a sólo un 5% del espectro radial), porcentaje que no alcanza a cubrir a todas las radios existentes que funcionan hoy en la marginalidad, ni menos impulsa la creación de nuevos medios comunitarios.
Frente a esta exposición, Carlos Núñez (Subtel), contestó que “independiente de estar o no de acuerdo con la ley, tenemos la obligación de cumplirla -como institución-. Al recibir una denuncia, debemos estudiar el caso y entregar los antecedentes al ministerio público”.
Y Pablo Cereceda, agregó: “Desafortunadamente, mientras se tramitó por casi tres años la nueva ley de radiodifusión comunitaria, no hubo interés político, de ningún sector, por aumentar el espectro para estas radios ni tampoco para derogar el artículo 36B. Estos dos aspectos fueron propuestos por la Subtel, y ningún parlamentario acogió esta iniciativa. Por lo tanto, no depende de nosotros que esta situación se modifique, porque finalmente las leyes, no se deciden aquí”.
La incapacidad de la Subtel de resolver esta problemática, sólo dio espacio para que las autoridades se comprometieran a informar esta situación en instancias superiores y a asesorar a todas las radios comunitarias que quieran concursar por ser legal aunque, finalmente -y por ser finito el espectro radial concursable, en caso de haber varias radios pretendiendo un mismo espacio en igualdad de condiciones, se decidirá por sorteo azaroso, sacando una bolita que definirá cual radio gana el concurso.
Al finalizar la reunión, Marco Cáceres de la radio 1º de Mayo, le indicó a Cereceda que “en esta institución se dicen imparciales, pero hay una política de hostigamiento hacia los medios comunitarios que viven bajo la constante amenaza. Es súper fácil la postura de la imparcialidad, por eso yo no trabajo en la Subtel, sino que en un medio representativo de la comunidad y de los trabajadores. Puede ser bonita tu pega, pero en definitiva, uno en esta vida tiene que tomar posición, si realmente quiere que la realidad cambie”.
Fidel Galaz, de radio Sin Tierra, señaló al término de la jornada que “nosotros vamos a seguir transmitiendo en la ilegalidad porque no estamos de acuerdo con la burocracia y falta de igualdad que existe en los trámites de las concesiones. Sentimos que la fuerza y la capacidad de revertir la situación están aquí afuera, en el poder popular”.
Ver artículo que explica por qué la Ley atenta contra los derechos fundamentales acá
Fuente: El Ciudadano
Esta mañana llegaron a las dependencias de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), distintas organizaciones sociales y radios comunitarias de la Región Metropolitana, para exigir que se cumpla el derecho a la libertad de
emitir opinión y de informar de todas las personas, estipulado en la Constitución Política del Estado Chileno, y la libertad de expresión, derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948.La convocatoria a esta movilización fue hecha por la radio comunitaria Sin Tierra, de Villa la Reina, creada por varios actores sociales de la población y autogestionada hace más de un año. Uno de sus gestores, Fidel Galaz, explica que “nuestra radio nace por la necesidad esencial de comunicarse y fortalecer el conocimiento y organización entre los vecinos.
“Lamentablemente a una dirigenta vecinal no le acomodaron las críticas que se le hacían a su actuar y nos denunció a la Subtel, teniendo yo que enfrentar un largo juicio en mi contra”, enfatizó Galaz.
A la manifestación se sumaron organizaciones sociales, reporteros independientes y medios de comunicación que se encuentran en la misma situación de ilegalidad y que son reconocidas en el medio popular por su perseverancia y sacrificio, como es el caso de la radio 1º de Mayo, de la población La Victoria, quienes también pudieron ingresar a la sala donde se reunieron con los representantes de la Subtel, Carlos Núñez, jefe de gabinete de la subsecretaría, Pablo Cereceda, periodista de la institución y Enoc Araya, jefe de Concesiones.
En esta reunión los comunicadores populares expusieron que demandan la regularización de legalidad para que radio Sin Tierra, pueda mantenerse al aire y la derogación del artículo 36B de la ley 18.168, que señala las penas a las que están expuestas quienes transmitan ilegalmente y que incluyen el presidio y multas que pueden llegar hasta las 5 mil UTM (más de 180 millones de pesos).
Nicolás Toro, de la comuna de la Reina, puntualizó lo dañino que es para la sociedad que el poder de los medios de comunicación se concentre en tan pocas manos, como sucede hoy en Chile, así como el insuficiente espacio otorgado a las radios comunitarias (que alcanzará según la nueva ley, a sólo un 5% del espectro radial), porcentaje que no alcanza a cubrir a todas las radios existentes que funcionan hoy en la marginalidad, ni menos impulsa la creación de nuevos medios comunitarios.
Frente a esta exposición, Carlos Núñez (Subtel), contestó que “independiente de estar o no de acuerdo con la ley, tenemos la obligación de cumplirla -como institución-. Al recibir una denuncia, debemos estudiar el caso y entregar los antecedentes al ministerio público”.
Y Pablo Cereceda, agregó: “Desafortunadamente, mientras se tramitó por casi tres años la nueva ley de radiodifusión comunitaria, no hubo interés político, de ningún sector, por aumentar el espectro para estas radios ni tampoco para derogar el artículo 36B. Estos dos aspectos fueron propuestos por la Subtel, y ningún parlamentario acogió esta iniciativa. Por lo tanto, no depende de nosotros que esta situación se modifique, porque finalmente las leyes, no se deciden aquí”.
La incapacidad de la Subtel de resolver esta problemática, sólo dio espacio para que las autoridades se comprometieran a informar esta situación en instancias superiores y a asesorar a todas las radios comunitarias que quieran concursar por ser legal aunque, finalmente -y por ser finito el espectro radial concursable, en caso de haber varias radios pretendiendo un mismo espacio en igualdad de condiciones, se decidirá por sorteo azaroso, sacando una bolita que definirá cual radio gana el concurso.
Al finalizar la reunión, Marco Cáceres de la radio 1º de Mayo, le indicó a Cereceda que “en esta institución se dicen imparciales, pero hay una política de hostigamiento hacia los medios comunitarios que viven bajo la constante amenaza. Es súper fácil la postura de la imparcialidad, por eso yo no trabajo en la Subtel, sino que en un medio representativo de la comunidad y de los trabajadores. Puede ser bonita tu pega, pero en definitiva, uno en esta vida tiene que tomar posición, si realmente quiere que la realidad cambie”.
Fidel Galaz, de radio Sin Tierra, señaló al término de la jornada que “nosotros vamos a seguir transmitiendo en la ilegalidad porque no estamos de acuerdo con la burocracia y falta de igualdad que existe en los trámites de las concesiones. Sentimos que la fuerza y la capacidad de revertir la situación están aquí afuera, en el poder popular”.
Ver artículo que explica por qué la Ley atenta contra los derechos fundamentales acá
Fuente: El Ciudadano