Alrededor de 3.500 personas se reunieron el viernes pasado frente a la municipalidad de Córdoba en apoyo a la implementación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por el Congreso en octubre de 2009. Mientras tanto, otras multitudinarias manifestaciones también se sucedieron en distintas ciudades del país: Rosario, Buenos Aires, Mendoza, La Pampa y Bariloche.
En todos los casos, autoconvocados a través de la red social Facebook, los concurrentes protestaron contra una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones mendocina del pasado 25 de marzo, la cual ratificó una medida anterior de la jueza Olga Pura de Arrabal que suspendió la aplicación y reglamentación de la ley 26552. Ambas resoluciones hacen lugar a un amparo presentado por el diputado nacional Enrique Thomas, quien objetó el procedimiento llevado adelante durante el tratamiento del proyecto de ley en el Congreso.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue un proyecto largamente discutido en el país por medio de foros y audiencias públicas, cuya iniciativa pertenece principalmente a la Coalición por una Radiodifusión Democrática (CRD). La normativa supone un importante reordenamiento para la radiodifusión argentina y deja sin efecto una ley anterior, sancionada durante la última dictadura militar.
La medida es polémica en tanto pone sobre la mesa un debate siempre presente en las sociedades democráticas sobre el derecho a la información y la libre expresión de los pueblos. La justicia ya ha recibido varios amparos en su contra.
Comercio y Justicia consultó a especialistas en la temática y a sectores involucrados.
Miguel J. Rodríguez Villafañe, Abogado
El especialista en Derecho a la Información cuestiona la suspensión: “Esta ley es producto de la sociedad y ha tenido una fuerte militancia social. Me parece una falta de respeto que diputados nacionales pongan trabas a una de la leyes generadas en el marco del consenso social por cuestiones vinculadas a la formalidad, pretendiendo retrotraernos a una ley que fue sancionada en la época de la dictadura militar", señaló. La estrategia que propone Villafañe es la presentación de un recurso, por parte del estado nacional, ante la Corte Suprema de Justicia: “Es urgente el avocamiento por per saltum de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de crear un criterio único y definitivo en la temática”.
Luis Lázzaro, Gerente de la AuFerEl Coordinador del ex Comité Federal de Radiodifusión y ahora de la Autoridad Federal participó de la manifestación en la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Comercio y Justicia afirmó: "En realidad, la ley está vigente, es legítima y fue sancionada con amplia mayoría. El tema es que acá hay una minoría económica y política que lo quiere impedir".
"La normativa -prosiguió el funcionario- está en línea con los tratados internacionales de derechos humanos y de derecho a la información. Por eso, ni desde el punto de vista político, ni del histórico o del derecho se puede negar su legitimidad y legalidad. Básicamente es el ejercicio legítimo del derecho del pueblo argentino y todos los elementos judiciales que pueda presentar el Estado nacional tienen que ver con la defensa de este derecho".
Daniel Koci, Docente Universitario
Titular de Legislación de la Comunicación en la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Nacional de Villa María y profesor de Derecho de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, Daniel Koci participa de los debates universitarios sobre la nueva normativa. Su postura tiene puntos en común con la de Villafañe: “Yo creo que hay que mantener y reconocer la institucionalidad porque el poder judicial es el garante de las instituciones y controla la constitucionalidad y la legalidad de las normas. Yo esperaría que la Corte Suprema utilizara la vía extraordinaria de la gravedad institucional para pronunciarse sobre este tema. La Corte ya dio muestras cabales de solidez, independencia, capacidad e imparcialidad, sobre todo en materia de libertad de expresión”.
Nahum Mirad, Presidente de DyPRALos Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (DyPRA) fueron protagonistas activos de los debates en torno al nuevo proyecto de normativización de los servicios de comunicación, ahora convertido en ley. En el marco de la dificultad para la reglamentación, el titular de la organización declaró: “Creemos que la demora en la aplicación de una ley aprobada en un proceso inédito de debates y participación social es un verdadero despropósito. La nueva normativa no implica sólo alterar condiciones en el mercado de medios, sino que implica -fundamentalmente- una ley de la Democracia para fortalecer la Democracia, dando lugar a voces excomulgadas del espacio público desde que entró en vigencia la ley de la dictadura".
Fuente: Comercio y Justicia