Las redes digitales de televisión por cable y la nueva ley
La industria del Cable en la Argentina muestra el proceso de desarrollo más dinámico de América Latina. Nuestro país presenta los niveles de penetración más elevados de la región y precios en el rango inferior de los países de America Latina. Esta situación expresa una intensa dinámica competitiva del sector que compite en sus diversos productos con otras plataformas como el satélite en televisión paga y la red de telecomunicaciones
en Internet. En estos momentos la industria puede ser desarticulada por la nueva Ley de Medios, que limita el desarrollo del Cable en pos de beneficiar a los monopolios de telecomunicaciones.El Cable y sus redes digitales son un activo estratégico que el país ha consolidado merced a la iniciativa privada, sin subsidios ni protecciones de ningún tipo, con un nivel de desarrollo comparable al del primer mundo, con operadores privados de capital nacional y con potencial para competir en el mercado de la banda ancha.
El Cable no usa espectro
La nueva Ley establece para el Cable un estricto régimen de licencias, cuando las transmisiones son por vínculo físico y no usan un bien limitado como el espectro radioeléctrico.
La ausencia de una regulación excesiva para la industria de la TV por Cable en el país, es una de las principales razones de su explosivo desarrollo en los últimos 20 años. Pero, mientras la tendencia en el mundo va hacia una mayor flexibilización de las autorizaciones para los servicios que no usan espectro radioeléctrico, la Ley argentina crea una regulación rígida, que desalienta la instalación de redes alternativas de telecomunicaciones, y fragmenta y reduce el área de servicios de las empresas.
Esta normativa consagra una discriminación negativa en pos de las empresas telefónicas, que heredaron la red pública dominante y gozan de una licencia indefinida en el tiempo, mientras que a sus potenciales competidores, a los que se debería promover, se le pone un límite de 10 años.
Alentar las inversiones millonarias necesarias para una red digital alternativa, precisa de racionalidad, previsibilidad y seguridad jurídica que no vendrá de una autoridad administrativa con poder discrecional para poner en juego una red física que involucra sofisticados activos y tecnologías.
Una regulación apropiada para licencias que no ocupan espectro radioeléctrico, consistiría en un sistema de permisos renovables indefinidamente, siempre que la empresa cumpla con sus obligaciones.
La amenaza de las cooperativas de servicios públicos
La nueva Ley habilita el ingreso a la TV por Cable de cooperativas, que explotan servicios públicos de telefonía o distribución de electricidad en condiciones monopólicas en sus regiones de operación. Esto desplazará de los pueblos del interior a las PYMES de TV por Cable.
Desde su monopolio, las cooperativas podrían practicar conductas predatorias y anticompetitivas: (I) “subsidios cruzados” entre la actividad monopólica que desarrollan y la TV por Cable, para desplazar al competidor de este último mercado; (II) “precios predatorios”, que afecten la estabilidad del servicio del Cable PYME; (III) "prácticas atadas", imponiendo el servicio en competencia a sus clientes cautivos; (IV) negar a sus competidores “facilidades esenciales” (acceso a los postes; interconexión) para el desarrollo del Cable e Internet.
Como todas las cooperativas, estos monopolios locales de servicios públicos además tienen privilegios impositivos y normalmente reciben créditos blandos; ventajas que no tiene una empresa PYME. Los operadores de Cable se han desarrollado en intensa competencia y desean marcos regulatorios racionales y equilibrados. Las cooperativas telefónicas disponen de privilegios impositivos y de protección de mercado por décadas, impidiendo la competencia en los sectores eléctrico y de telecomunicaciones, excluyendo la competencia potencial de la industria del Cable. La regulación pública no atiende a estos injustificados desequilibrios y atenta así contra el bienestar de los consumidores.
Las PYMES del Cable, para desarrollarse en beneficio de los ciudadanos y los sectores de la creación de contenidos, necesitan que se respete el acuerdo alcanzado con la sanción de la Ley 26.053 del año 2005, que permite otorgar licencias a entidades sin fines de lucro y rechaza el ingreso de las que prestan servicios públicos donde haya un operador de Cable. En su defecto, debemos participar desde hoy del diseño de una Ley adaptada a la industria de medios genuinamente competitiva y dinámica, sin prejuicios, y pensando en el futuro. Esta legislación de medios es inadaptada para el desarrollo de la industria.
Límites al desarrollo de la red de Cable
La nueva Ley argentina incorpora límites al desarrollo de la red digital alternativa, en vez de propender a una plena digitalización de la población con opciones competitivas. Esta legislación genera una discriminación en detrimento de la plataforma de servicios por Cable, competidor natural y eficiente de las redes de telecomunicaciones en los servicios de banda ancha y telefonía.
Establece un límite de 24 licencias, restricción inexistente en los países que cuentan con una dinámica industria de medios. No hay razón tecnológica, económica o de diversidad que justifique este límite. Mientras, las empresas de telefonía fija, celular (en este caso, sí usan espectro), o de TV satelital pueden llegar a todo el territorio nacional, sin la restricción del Cable a 24 localidades.
Igualmente, no es lógico limitar la expansión del Cable al 35% de abonados, que conspira contra la eficiencia del sector, no sólo en la oferta de TV por Cable sino también en el indispensable desarrollo de Internet. Se daña así de forma definitiva la competencia existente en la provisión de acceso a banda ancha. En poco tiempo, las consecuencias las pagarán los ciudadanos en precios, diversidad y calidad. No es así como nuestro país reducirá la brecha digital entre sectores sociales con acceso y sin acceso, ni tampoco la brecha digital con los países con regulación inteligente. Los argentinos debemos combatir el analfabetismo digital y no impulsarlo.
Una nueva regulación
Se debería diseñar, de cara al futuro, un régimen de transición que asegure una competencia equilibrada y racional entre varias plataformas tecnológicas y que no destruya un activo de desarrollo social: las redes TV de Cable. El objetivo de largo plazo debería ser que la “convergencia” conlleve beneficios para la competencia y los consumidores, y no depredación en el corto y mediano plazo.
La ley se encuentra suspendida judicialmente en su aplicación tal como se esperaba luego del apuro notorio de su tratamiento en el cual no hubo espacio para la reflexión y la defensa de ideas. Esperamos que, una vez reestablecido lo que es justo con el accionar del poder judicial, esto coopere y ayude para promover en el Congreso el tratamiento de una legislación consensuada. Debemos desarrollar una legislación que respete los puntos de vista de todos los actores -basada en el conocimiento de los especialistas de la regulación y de la industria- y que refleje con racionalidad el interés público.