El constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe calificó como “aberrantes” los fallos que en Mendoza y Salta suspendieron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y consideró necesario que el Estado utilice un per saltum para que la Corte Suprema falle y así evitar demoras.
A pesar de las apelaciones por parte de particulares y del Gobierno nacional, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permanece suspendida por dos fallos judiciales en las provincias de Mendoza y Salta.
Desde la nueva autoridad de aplicación, el coordinador General, Luis Lázzaro, cuestionó esta estrategia de la oposición de judicializar una ley que obtuvo amplia mayoría al ser votada en el Congreso.
“Está más que claro que buscan resolver en la Justicia lo que no pudieron hacer con los votos en el libre ejercicio de la democracia”, dijo molesto y destacó las marchas en diferentes provincias que reclamaron la aplicación de la ley: “La misma gente que se movilizó para la democratización de la comunicación y una ley en democracia, es la que está ahora pide que se aplique. Esto va a seguir en la medida en que no se permita que se lleven adelante las normas democráticamente obtenidas en el Congreso”, aseguró en diálogo con la prensa.
Los dos fallos coincidieron en suspender la norma en su totalidad y para todo el país a partir de medidas cautelares presentadas por el diputado Enrique Thomas, en Mendoza, y Beatriz Daher, en Salta.
En este sentido, el abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, titular de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación, consideró estas medidas judiciales como hechos “aberrantes” que “rompen principios básicos del derecho, como la presunción de la validez de la norma, ya que sólo excepcionalmente se considera que no es valida una ley, y máxime en una medida cautelar, sin escuchar a la otra parte, sin tener mayores elementos y sobre un ámbito propio del poder legislativo”.
El ex juez federal también cuestionó que hayan suspendido la aplicación general de la ley. “Ni siquiera respeta las reglas del juego, porque cada juez puede fallar en un caso concreto y no puede extralimitarse. Eso es gravísimo”, dijo y explicó que “se excedieron en sus funciones porque sólo puede fallar para las personas que hacen la presentación, no para generalidades. Esto es una desnaturalización del papel del poder judicial, que es el control de la constitucionalidad, pero sólo para casos concretos”.
También coincidió con Lázzaro en que “los diputados no pueden agraviarse por cuestión del funcionamiento de cada cámara, porque eso lo tiene que resolver en el poder legislativo, no tiene que inmiscuirse el poder judicial”.
Por último, el abogado consideró necesaria la utilización de un per saltum, recurso que permite saltar instancias de tribunales inferiores para que resuelva la Corte Suprema de Justicia, ya que están en juego valores fundamentales como la libertad de expresión.
“Creo que es urgente que el Estado nacional plantee un per saltum a la Corte para unificar las causas y que el máximo tribunal tome una postura para evitar que se siga demorando, porque la estrategia es que mientras se trata de solucionar un tema se active en otro lado. Si no nos podrían tener 2 años hasta que llega a la Corte”, detalló.
A la estrategia judicial se sumó ayer un proyecto del diputado mendocino Omar de Marchi, del Partido Demócrata, que impulsa modificar el artículo 161 de la ley, que da el plazo de un año para desprenderse de licencias. El legislador propuso excluir del plazo de desinversión a los grupos concentrados que antes de sancionarse la ley eran titulares de más licencias de las permitidas, amparándose en derechos adquiridos.
Sobre esto, Lázzaro opinó que la idea de los derechos adquiridos “consagra situaciones monopólicas que violan el artículo de libertad de expresión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jose de Costa Rica)”, y recordó que muchas empresas “consiguieron esos medios con decretos de necesidad de urgencia dictados en la época del menemismo, que no fueron objeto de la crítica que es el del pago de la deuda. Estos favorecieron la concentración, especialmente el 1005/99 (que aumentó la cantidad de licencia por licenciatario)”.
