Por. Diego Igal
Y, Ley de Medios y digitalización mediante, habrá nuevos canales para difundir este tipo de contenidos, que no son rentables para los privados.
Los ciudadanos de la llamada Madre Patria asisten en estos primeros días de 2010 a un fenómeno inédito: la pantalla de la televisión pública no tiene avisos publicitarios. La medida posicionó a TVE como líder de audiencia y logró récords de encendido en acontecimientos que antes no movían la aguja del rating, como la entrega de los premios Goya, algún partido de la Copa del Rey o una vieja película de Hollywood.
Y si la prensa de la península ibérica en general tiene algunos años de ventaja en diversos aspectos respecto de la argentina, sobre los canales o radios públicos, en particular nadie discute la conveniencia de que el Estado los controle o que existan regulaciones que aquí son impensables.
En todo caso se debaten contenidos o esta política de evitar la publicidad en la TVE, que allá generó acusaciones al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de que favorecía a los amigos de empresas privadas.
En la Argentina se suele cuestionar a Canal 7 con una mirada privatista, la misma que permitió el remate menemista a precio vil en los 90 de Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles, YPF, Segba, Entel, Gas del Estado y Obras Sanitarias.
En esa discusión, que nunca empieza, por lo que nunca termina, se tiran cifras fuera de contexto y se habla de que la corrupción y el mal gerenciamiento provocan déficit (algo a lo que los privados tampoco pueden escapar) cuando en ningún rincón del planeta se pretende que una empresa estatal de este rubro genere dinero sino que cumpla los tres objetivos básicos de informar, educar y entretener.
Será entonces que aquel axioma de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen se puede adaptar a la prensa y afirmar que las sociedades tienen los medios que consumen. Y en las empresas propiedad del Estado es donde más se cristaliza: recorrer la historia de canales, radios u otros servicios públicos es ir de la mano de los vaivenes históricos del país con una matriz que no difiere de la de otros rincones del planeta.
Así como los años menemistas quedaron en la historia como los del inicio de la concentración en la propiedad de medios (con el eufemismo de desregulación) y la invasión privada sobre lo público, el gobierno de Cristina Kirchner quedará en los libros como el único desde el regreso de la democracia que concretó (porque la iniciativa la tuvieron otros) la derogación de la ley de radiodifusión de la última dictadura militar.
La nueva norma (que lleva el número 26.522) establece medios estatales más participativos, algo que resulta inédito también.
La Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), que reunirá a todos los servicios de radiodifusión sonora y televisiva que en este momento se encuentran bajo la órbita del Estado Nacional, tendrá por primera vez un directorio con representantes designados por el Poder Ejecutivo (el presidente y el director), el Legislativo (tres directores) y un Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos que garantiza mayor participación social.
En Europa se consigue
Guillermo Mastrini, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la de Quilmes, recuerda que los medios públicos en Europa nacieron con una serie de privilegios para evitar la competencia y que para asegurarles la subsistencia se los financió con dinero que provenía de un sistema de pago al que aportaban los dueños de televisores, que aún existe en algunos países.
“El canon posibilitó además que los servicios públicos se mantuvieran ajenos a la influencia de la publicidad como fuente de financiamiento, ya que la misma no estaba permitida en la televisión de la mayoría de los países europeos”, recuerda.
Los españoles entonces parecen volver sobre la historia. La decisión de TVE se enmarca en un sistema por el cual la mitad del financiamiento de la corporación sale del Estado y la otra mitad con un impuesto extra a las telefónicas (9 por ciento), más el 3 por ciento de ingresos de las televisiones privadas abiertas y el 1,5 de las de pago.
Tampoco tiene publicidad la British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión, BBC) del Reino Unido –tal vez un paradigma de empresa pública independiente y de excelencia–, que se financia con una licencia que deben pagar todos los propietarios de televisores en Gran Bretaña, más las ganancias de la venta de libros, videos y otros productos relacionados con sus programas. Además de transmitir TV y radio en todo el mundo tiene un servicio web de referencia que financia la Cancillería británica.
La Deutsche Welle y la Radiotelevisione Italiana se sostienen en gran parte con el aporte estatal y en el caso de la segunda, el modelo de gerenciamiento es similar al que ahora –Ley de Servicios Audiovisuales mediante– tendrá el Canal 7 en cuanto a la conformación del directorio.
En Estados Unidos, el Public Broadcasting Service (PBS) y la National Public Radio (NPR) se financian con aportes mixtos del gobierno y estaciones afiliadas que retransmiten la señal por todo el país.
Mastrini alerta sobre algo que ocurrió en el Viejo Continente que bien podría trasladarse a la Argentina: “Contrariamente a lo sostenido por los apologistas del mercado, la aparición de canales privados de televisión ha implicado homogeneización de la programación en torno a los gustos masivos (programas de entretenimientos y concursos) y una baja en la calidad general del servicio televisivo. Sin embargo, el mayor peligro que debe enfrentar la sociedad europea es la creciente concentración en la propiedad de los medios, que amenaza el pluralismo propio de las sociedades democráticas”.
Según Mastrini, “los servicios públicos de televisión no tuvieron su origen en una opción progresista sino en el balance de las fuerzas e intereses de los actores implicados en su creación. Pese a ello, es necesaria la defensa de servicios públicos de radiodifusión fuertes e independientes, ya que hoy constituyen el único medio de comunicación en el que participan sectores sociales más amplios que el mundo de los negocios”.
Por eso, agrega el académico, “el sector privatista, no conforme con la ruptura del monopolio, aboga por la desaparición de las cadenas públicas, con un mal usado argumento de libertad de prensa y racionalización de los recursos públicos. El futuro de la televisión pública se halla en peligro, y dependerá de una correlación de fuerzas que en estos momentos le es desfavorable. Esto implica un enorme desafío para las corporaciones públicas, que deberán labrarse una nueva identidad que les permita recobrar su legitimidad, sin perder aquellos rasgos que las distinguen de la televisión comercial. Por supuesto, no será tarea fácil”.
La Ley de Servicios Audiovisuales plantea un nuevo escenario para el sector de medios y allí el Gobierno parece buscar tener un papel más importante que el actual.
La RTA (ex Sistema Nacional de Medios Públicos), que además de Canal 7 y Radio Nacional componen Radiodifusión Argentina en el Exterior y nueve emisoras comerciales, será la base para nuevas señales que vendrán con la digitalización, como una de cine a cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, otra infantil (craneada por gente del canal Encuentro) y una de noticias.
La inversión en RTA de los últimos tres años fue de 142,1 millones de pesos, en 2007; 205,5 millones, en 2008 y 332,2 millones el año último. A través de sus 295 estaciones repetidoras de aire y el 99,5 por ciento de los cableoperadores, Canal 7 llega a más de 20 millones de habitantes.
Es difícil cuantificar si ese dinero es mucho o es poco porque habría que determinar con qué se compara y porque no hay información del sector privado disponible.
Sí se podría mencionar la inversión en publicidad que recibieron todos los medios el año último: un total de 8.843 millones de pesos, de los cuales 3.400 millones correspondieron a TV abierta, 844 al cable y 311 a radio, según los números de la Cámara Argentina de Centrales de Medios (Cacem). Ese dinero fue un 16,2 por ciento más que en 2008 y para este 2010 se prevé más crecimiento aún.
Según la Cacem, tres ítems marcarán la inversión de este 2010: el Mundial de Fútbol, los festejos del Bicentenario y la implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales.
Lo que está claro es que Canal 7, como otras emisoras del Estado, tiene una función más allá de las cuentas, que tiene que ver con expresar una identidad nacional, ser federal y dar cabida a todo lo que los medios comerciales ignoran porque, precisamente, no es rentable. No parece que experiencias como las actuales no vayan en ese rumbo.
Fuente: Caras y Caretas