Por: Alejandro Bercovich
Tras su ajustada aunque muy festejada victoria contra la oposición parlamentaria en el affaire Marcó del Pont, el Gobierno busca asestarle otro golpe a quien atribuye
un rol protagónico en el armado anti-K: el Grupo Clarín. El flamante jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, pidió a la Justicia que el organismo sea aceptado como querellante en la causa que investiga supuestas cuentas no declaradas en el exterior de los directivos y principales accionistas del holding. Es el caso que disparó el economista arrepentido Hernán Arbizu, perseguido por los tribunales de Estados Unidos, quien se autoinculpó por haber realizado presuntas transacciones ilegales en favor de ricos y famosos argentinos cuando trabajaba para el banco JP Morgan. La megacausa –en manos del juez Sergio Torres– salpica también a otros empresarios como José Cartellone, Eduardo Costantini, Marcelo Mindlin y Carlos Pedro Blaquier.La movida de Sbatella, que viene intentando sin éxito la AFIP desde que se inició la investigación, apunta a abrirle al Gobierno los expedientes en manos de la Justicia sobre el Grupo Clarín. Así, los Kirchner accederían a la información financiera clave que sus directivos deberán entregar al juez Torres para probar que lo que dice Arbizu es mentira. Por ejemplo, todos los movimientos de las cuentas declaradas por Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y José Aranda, enemigos públicos de la Casa Rosada.
El caso de Arbizu, quien decidió prender el ventilador cuando JP Morgan lo echó y pidió su captura por haber transferido dinero sin autorización entre cuentas de sus clientes, fue revelado por Crítica de la Argentina en junio de 2008 (ver aparte). La UIF, donde Sbatella desembarcó hace apenas un mes, es el organismo encargado de combatir el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas, del narcotráfico y vinculadas con estafas al Estado.
En el escrito que presentó la UIF ante la Justicia –al que accedió en exclusiva este diario–, el ente argumenta que algunos de los señalados por Arbizu pueden haber realizado maniobras ilegales en perjuicio de las AFJP, antes de su estatización. Pone como ejemplo la emisión de acciones de Clarín en 2007, que al momento de su oferta tenían un alto valor “y a los pocos días cayó estrepitosamente, después de su colocación”.
“El único lugar donde se podía encontrar esa cantidad de dinero era en las AFJP, y por eso se diseña esa operación”, dice el escrito. También se pregunta “por qué el declarante (Arbizu) utilizó en la indagatoria de su extradición las palabras ‘lavado de dinero’”. Según las fuentes consultadas, el arrepentido prestó una nueva declaración en secreto ante la UIF hace dos semanas. El ente depende del Ministerio de Justicia, aunque trabaja codo a codo con Economía para investigar delitos financieros.
El mes pasado, la AFIP había logrado que la Sala II de la Cámara Federal la habilitara como querellante. Pero luego el juez Torres volvió a negárselo y deslizó que el interés oficial era político. “Sorprende la insistencia y urgencia argüidas” por la AFIP, justificó. Sbatella y su flamante vice, Gabriel Cuomo, detallaron por eso el porqué de su interés en un extenso escrito de 24 páginas. El nuevo jefe de la UIF es un viejo conocido del holding mediático. Sobre el final del gobierno de Néstor Kirchner intentó bloquear desde la comisión antimonopolios la fusión entre Cablevisión y Multicanal, que dejó en manos de Clarín casi la mitad de los abonados del país. No lo logró porque la autorizó Guillermo Moreno.
Hernán Arbizu, perfil de un financista arrepentido
Hernán Arbizu es un bicho raro. Casi dos años atrás, a sus 39, el economista argentino interrumpió una meteórica carrera en Wall Street cuando el banco JP Morgan lo echó y lo enjuició por haber transferido dinero sin autorización de un cliente a otro para cubrir una operación que le había salido mal.
Hasta entonces manejaba una cartera de inversiones de más de 200 millones de dólares de argentinos, uruguayos, paraguayos y chilenos ricos que querían tener su dinero a salvo en el extranjero.
Cuando la Justicia estadounidense pidió su captura, él decidió presentarse espontáneamente en los tribunales argentinos, autoinculpándose de haber colaborado en supuestas maniobras de lavado de dinero y fuga ilegal de divisas por parte de empresas y millonarios locales.
Entre los clientes figuran los que al Gobierno más le gustaría desenmascarar: el grupo Clarín y sus tres principales ejecutivos.
La autodenuncia de Arbizu apunta a que su condena sea más leve que la que esperaba en Nueva York por el desfalco de casi 3 millones de dólares que le achaca JP Morgan.
Por tal motivo se presentó como una especie de “arrepentido” del mundo de las finanzas. Y contó por primera vez cómo participan –siempre según su testimonio– los grandes bancos en las maniobras de los más ricos para burlar los límites de cada país.
Carlos Bulgheroni, Eduardo Constantini y Carlos Pedro Blaquier son algunos de los empresarios que Arbizu señaló como clientes a los que el JP Morgan ayudaba a administrar su dinero en el exterior. Constantini, dueño de Nordelta, respondió rápido que todas sus cuentas están en blanco.
Pero para JP Morgan hay otro inconveniente: la entidad sólo está habilitada en la Argentina como banca de inversión, por lo cual no puede salir a captar ahorros como cualquier banco.
La lista de clientes que presentó Arbizu ante el juez Sergio Torres, revelada por este diario a mediados de 2008, consta de más de 20 carillas.
Según el economista arrepentido, ninguno llevaba allí menos de 25 millones de dólares.
El banco JP Morgan demandó a Arbizu. Acusó a su ex empleado argentino de robarle 2,8 millones de dólares de cuentas de clientes. En paralelo, Estados Unidos exige su extradición.
El segundo mayor banco de Estados Unidos presentó una demanda civil 17 meses después de la detención de Arbizu en julio de 2008 en Buenos Aires.
Fuente: Crítica de la Argentina